Así se expresó el Concejal Raúl Pellegrini en referencia a la notificación que recibió por parte del presidente del Concejo, Armando Cortalezzi, para que los concejales de Cambiemos reduzcan la planta de empleados en un 60 por ciento.

“Ellos tienen 10 concejales entre el PJ y Bussi. Funcionan en tándem y obedecen a Manzur, esto quiere decir que el que se pone en contra de Manzur va a tener problemas y es una muestra de la forma autoritaria que tiene de gobernar”, relató Pellegrini en dialogo con LV7.

Agregó además que “como no pudieron conseguir mayor presupuesto para prebendas ahora cargan contra nosotros, porque la reducción es solamente para nosotros”.

El exgobernador y actual diputado nacional del FpV es investigado contrataciones irregulares en las Unidades de Pronta Atención (UPA) de la provincia de Buenos Aires.

El fiscal Álvaro Garganta pidió que el exgobernador Daniel Scioli y varios integrantes de su gobierno vayan a juicio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros.

Se trata de una investigación por contrataciones irregulares en las Unidades de Pronta Atención (UPA) de la provincia de Buenos Aires.

En el marco de una situación de crisis en la televisión por la caída en las audiencias y en los ingresos por publicidad, la compañía que tiene la concesión de Canal 9 presentó ante la Secretaría de Trabajo un proceso preventivo de crisis.

En un comunicado que hizo circular por los pasillos del canal, la empresa informó a sus empleados que «la compañía se encuentra en una situación económico-financiera crítica, que le hace imposible asumir los compromisos de pago de salarios y, más aún, los incrementos salariales solicitados (…) Es por ello que, debido a la gravedad y magnitud de la crisis, la compañía está presentando ante el Ministerio de Trabajo un procedimiento preventivo de crisis», agrega la información en referencia a la Secretaría que tiene a cargo Jorge Triaca.

En esa línea, el grupo que controla Canal 9, Telearte SA aseguró que «a lo largo de estos años, la empresa ha realizado todos los esfuerzos posibles a fin de evitar esta situación». «Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, la delicada situación que desde hace algunos años atraviesa la televisión abierta, sumada a la rigidez de los Convenios Colectivos y en muchas ocasiones la intransigencia de los sindicatos para la modificación y optimización de los recursos, han llevado a la compañía a esta instancia crítica», destacó el comunicado.

Este jueves por la mañana, autoridades del canal y representantes de los trabajadores mantuvieron una nueva reunión en la que se analizó la situación de la empresa, que emplea a unos 600 trabajadores, y que este año empezó a producir contenido en la Argentina después de años de haber puesto al aire programas enlatados producidos en otros países.

Uno de los planteos de Telearte tiene que ver con que en el marco de una caída generalizada en el encendido en la televisión de aire (el rating promedio de 2017 fue el más bajo desde 2004), y en la recaudación publicitaria (se registró una caída de la inversión real del 70% en el último año), es que las empresas tienen que lidiar con cambios en los hábitos de consumo de las personas, mientras los sindicatos se muestran inflexibles a la hora de defender tareas laborales establecidas en un convenio de 1975.

Es que como sucedió en otras ramas de la industria periodística y del entretenimiento, los avances tecnológicos derivaron en un gran cambio en torno a las necesidades de equipamiento y de fuerza laboral necesarios para poner al aire un programa de televisión, hacer circular un diario en papel o montar una obra de teatro, por ejemplo.

Eso obligó a las empresas del rubro a adaptarse a la nueva realidad, que tiene otras exigencias. Un ejemplo de esto es Telefe. Cuando Viacom compró el canal, hizo un diagnóstico de situación y determinó que tenía que establecer un plan de retiros voluntarios (ofrecen el 135% de indemnización) para reducir la masa de trabajadores (el canal espera que sean alrededor de 500) y proyectar un futuro de rentabilidad para la empresa.

Los más de 40 años que tiene el Convenio Colectivo 131 de 1975 -cuando gobernaba Isabel Perón, no existía internet ni las cámaras robóticas- es uno de los problemas que cita Canal 9 como causa de su situación económica. Es que, por ejemplo, la letra del acuerdo contempla una jornada laboral de seis horas, algo que estaba fundamentado en que en esa época, las cámaras de televisión pesaban más de 200 kilos y generaban hasta 55 grados de temperatura, por lo que eran necesarias tres personas para hacer un trabajo que en sets de TV modernos hace un trabajador.

Otro ejemplo de esto tiene que ver con los móviles: según el convenio, un equipo de exteriores tiene que llevar a un conductor, un mecánico, un técnico, un productor, un sonidista y un camarógrafo, además del movilero.

Esta multiplicidad de puestos deriva en la existencia de más de 113 categorías con sus respectivas subcategorías y escalas, lo que implica la existencia de tareas que se superponen y de personas que no tienen nada que hacer.

El convenio de trabajo firmado en 1975 impone a las empresas algunas condiciones que hoy se hacen prácticamente imposibles desde lo económico como la establecida en el Artículo 152 que señala la obligatoriedad de entregar dos mudas de ropa a todo el personal por año. En esa línea, el convenio también contempla en el Artículo 147 que un empleado con tres años de antigüedad tiene derecho a pedir licencia sin goce de sueldo por hasta 90 días.

Este problema ya había sido planteado por el fundador y CEO de Mercadolibre, Marcos Galperín, quien advirtió en reiteradas oportunidades que el marco laboral de la Argentina «se basa en empleos que van a desaparecer», algo que ya sucede en la televisión abierta nacional, así como en otras industrias.

La presentación de Canal 9 ante la Secretaría de Trabajo es un ejemplo más de lo complicado que es llevar adelante un medio de comunicación en un marco de revolución tecnológica, caída del rating y de la publicidad.

Mientras el grueso del PJ conmemora su día más importante con actos y lanzamientos de candidaturas, un ex funcionario decidió hacer algo diferente.

Bernardo García Hamilton, ex legislador, funcionario y militante del PJ visitó en el Hogar San Roque a su maestra de primer grado, la señorita Leo Chiuchiolo.

García Hamilton realizó la visita junto a su esposa María Elena y expresó que “el mejor homenaje a la lealtad es visitar a quien dio parte de si para la educación de miles de tucumanos desde la escuela Mitre”.

“Estamos preparando los festejos para el Día de la Madre en la Casa del Bicentenario, Adolfo de la Vega al 500”, dijo a LV7 José Ramallo, coordinador de la municipalidad.

La novedad en esta oportunidad será que se implementará una mateada mientras se juega un bingo. “La yerba, el azúcar y el pan lo ponemos nosotros”, dijo el funcionario.

La cita es el sábado a partir de las 17. Los premios del bingo serán electrodomésticos y luego habrá espectáculos y recitales.

En los trailers de la Nación, se podrá gestionar el DNI, se facilitará el acceso a distintos trámites del PAMI, ANSES.

Los vecinos de Villa 9 de Julio podrán acceder esta semana a los múltiples servicios del programa nacional “El Estado en tu Barrio”. El operativo estará este martes 16 de octubre, de 13 a 18; y desde este miércoles 17 hasta el viernes 19 de octubre, en el horario de 8 a 13, en el predio del Complejo Muñoz, ubicado en Balcarce al 2.500.

En los trailers de la Nación, se podrá gestionar el DNI, se facilitará el acceso a distintos trámites del PAMI y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y se brindará asesoramiento sobre la Tarifa Social Federal.

En tanto, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a través de su Dirección de Familia, también participará del operativo con distintas prestaciones, como los servicios de asistencia social y de prevención de violencia contra las mujeres, asesoramiento sobre trámites por discapacidad y programas para la creación de huertas familiares.

La excandidata presidencial peruana y líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue liberada este miércoles después de permanecer una semana en prisión acusada de un presunto plan para lavar activos durante la campaña de 2011.

El juez César Sahuanay, de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, dispuso la libertad de Fujimori al declarar nula la orden de detención de 10 días dictaminada por un juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.

«Han sido siete días de calvario», declaró sonriente a la prensa Keiko, al abandonar el edificio del tribunal acompañada de su marido, Mark Vito, su hermana Sachi y su abogada. La excandidata estuvo detenida en la sede de la Prefectura de Lima. Otros inculpados también fueron liberados.

«Estoy agradecida, a pesar de la injusticia, con tantas muestras de solidaridad», agregó.

La hipótesis de la fiscalía señalaba que la líder de Fuerza Popular encabeza una organización criminal que tenía la finalidad de lograr el poder político en las instituciones del Estado.

Sin embargo, la corte declaró que el juez que ordenó el arresto, Richard Concepción Carhuancho, había cometido dos irregularidades al disponer la detención de Keiko: copiar y pegar los argumentos de la fiscalía en su resolución y emplear «conocimiento privado» que tenía sobre el caso.

Horas antes, Fujimori había afirmado en el tribunal que «es importante señalar que este partido (Fuerza Popular) no es una organización criminal, ni otros partidos políticos, como ahora también se les está investigando. Solicito a ustedes señores magistrados tomar una decisión justa; sobre ustedes recae la posibilidad de poner fin a este atropello, y lo hago en nombre de mis hijas, de mi esposo, de mi familia y de las familias que se encuentren privadas de su libertad».

El fiscal José Domingo Pérez investiga el caso de presunto lavado de 1,2 millones de dólares que Odebrecht presuntamente otorgó para la campaña presidencial de Fujimori en 2011.

La excandidata, que ese año perdió los comicios ante Ollanta Humala, niega haber recibido dinero de la constructora brasileña y afirma que su detención es una persecución política de sus enemigos.

El expresidente Alan García (2006-2011), otro investigado por el caso Odebrecht, se mostró en desacuerdo con la detención de Fujimori.

En 2017, el juez Richard Concepción, que dispuso la prisión de Fujimori, también ordenó prisión por 18 meses para Humala (2011-2016) y su esposa, así como la captura del exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006), quien se encuentra en Estados Unidos. Estos tres últimos casos también están vinculados a presunta corrupción con Odebrecht, empresa que corrompía a funcionarios a cambio de obtener importantes contratos.

Al igual que en otros países de Latinoamérica, el caso Odebrecht ha provocado una profunda crisis en Perú que ha salpicado a toda la élite política vigente. La fiscalía investiga a todos los presidentes que han gobernado el país desde 2001 hasta marzo de 2018 por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.

Fuente: AP y AFP

De los principales protagonistas de la jornada, solo dos utilizaron un avión comercial: el
exgobernador y candidato a presidente, Daniel Scioli, y el diputado nacional por el
Frente Renovador y líder del gremio de la Sanidad, Héctor Daer.

Los primeros en llegar a la provincia fueron Roberto Fernández,secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), quien compartió su viaje ­la matrícula de la aeronave es LV­BRE­ con el exjefe de gabinete sciolista Alberto Pérez.

Unas horas después aterrizó en el Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín
Matienzo el Learjet LV­ FUF con el empresario de medios Daniel Vila y Argentino
Geneiro, secretario de Capacitación de Uthgra, hombre cercano a Barrionuevo.

El gastronómico Barrionuevo, junto a su esposa, la diputada massista Graciela Camaño,
utilizaron el Cessna 560 (LV­CAK) de la gobernación de Tucumán. Pero no estuvieron
solos, ahí también volaron Rubén Sandoval (Perfumistas) y Carlos Spadone.

Otros sindicalistas que compartieron vuelo privado fueron José Luis Lingieri, líder de
sindicato de Obras Sanitarias, y el mandamás de UPCN, Andrés Rodríguez. Los
gremialistas usaron la aeronave que pertenece a la firma Servicios y Emprendimientos
Aeronáuticos S.A., empresa que solía alquilar la gobernación bonaerense bajo el
mandato de Scioli.

La Nación

La delegación nacional ya suma 24 preseas, en una cosecha récord que todavía puede engrosarse. Los hitos en disciplinas que llevaban décadas sin medallas de oro

Buenos Aires 2018 no solo se destaca por la organización, calificada con «11 puntos» por Thomas Bach, director del Comité Olímpico Internacional; no solo ha asombrado al mundo por el fervor del público que se volcó a respirar el espíritu olímpico, al punto de que se registraron filas de varias horas para ver las disciplinas más taquilleras. La presente edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud también es significativa porque la delegación de Argentina ya logró el mejor medallero de su historia.

Por el momento, Argentina suma 24 medallas: 11 de oro, 6 de plata y 7 de bronce. Si a ese acumulado le sumamos las preseas obtenidas por atletas de la delegación en equipos mixtos, el número asciende a 30.

Si la comparación se circunscribe solo a las dos ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la diferencia es abismal. En Singapur 2010, Argentina sumó cinco medallas. La única dorada se la adjudicó Brian Toledo en lanzamiento de jabalina. En Nanjing 2014, la cosecha subió a siete, con Francisco Saubidet Birkner como ganador de la medalla de oro en yachting.

En los Juegos Olímpicos abiertos, la mejor marca de Argentina se repitió en tres oportunidades: la delegación nacional logró siete medallas en Amsterdam 1928, Berlín 1936 y Londres 1948. La mayor cosecha de oros (tres) se dio en Amsterdam 1928, Los Ángeles 1932, Londres 1948 y Río de Janeiro 2016, con las conquistas de los Leones en hockey sobre césped masculino, Paula Pareto en judo y la dupla Santiago Lange y Cecilia Carranza en vela.

Una de las impactantes volcadas de Fausto Ruesga
Una de las impactantes volcadas de Fausto Ruesga
Los logros de Argentina en Buenos Aires 2018 ofrecen otras perlas. Por ejemplo, Fausto Ruesga igualó la marca que ostentaba Javier Mascherano, con dos medallas de oro en Juegos Olímpicos. Claro que el joven basquetbolista lo consiguió en una misma edición: se consagró con el equipo de básquet 3X3 y en el certamen de volcadas.

Desde Delfo Cabrera (maratón) en 1948 que Argentina no lograba una presea dorada en una prueba de atletismo en un Juego Olímpico. Lo consiguió Nazareno Sasia en lanzamiento de bala. Brian Arregui volvió a subir al deporte nacional a lo más alto del podio en boxeo, un hito que no se daba también desde la cita de Londres, con Pascual Pérez y Rafael Iglesias.

Para alcanzar esta actuación histórica, el deporte argentino se preparó a conciencia incluso desde antes de que el 4 de julio de 2013, en Lausana, se anunciara que la ciudad de Buenos Aires había superado en la final a Medellín (Colombia) y Glasgow (Escocia) para albergar la primera cita olímpica de Argentina, cumpliendo el sueño que había germinado Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino. En cada disciplina se realizó una selección minuciosa de los representantes, con un trabajo de detección de talentos en todo el país que quedará como un invaluable legado a futuro.

Y la cosecha todavía puede engrosarse. Mañana, la selección de futsal masculina irá por la presea de bronce ante Egipto. Lo propio harán Mirco Cuello y Oriana Saputo en boxeo. Y Juan Salsench comienza la etapa eliminatoria en karate, con el anhelo de pelear por una medalla. Porque Argentina ya hizo historia. Pero en Buenos Aires 2018 se acostumbró a seguir corriendo los límites.

Gustavo Melella fue acusado formalmente en la Justicia fueguina por el fiscal Guillermo Quadrini, a partir de la denuncia de una de sus presuntas víctimas

Gustavo Melella, intendente de la segunda ciudad de Tierra del Fuego, fue formalmente imputado este mediodía de abuso sexual simple por el fiscal mayor Guillermo Quadrini, quien se reintegró hoy después de una semana de licencia médica.

Según pudo saber Infobae de fuente judiciales, Quadrini resolvió así impulsar la investigación a partir de la denuncia de uno de los tres obreros de la construcción que declararon en la Justicia de Río Grande haber sido víctimas de acoso y abuso sexual, revelada el fin de semana por este medio. Se trata de Mario (cuyo apellido se mantiene en reserva por pedido de su abogado), quien ya había sido aceptado como querellante.

Seguí leyendo: Trabajo por favores sexuales, las exigencias de un intendente de Tierra del Fuego

Para el fiscal mayor del Distrito Judicial Norte, la víctima contó que Melella «lo habría obligado a materializar actos sexuales contra su voluntad frente al temor que, -según su relato- implicaba negarse, dada su condición de Intendente y máxima autoridad de la ciudad».

Es por eso que Quadrini consideró que «los hechos descriptos y que forman parte del expediente -en principio y sin perjuicio del devenir de la instrucción- resultarían constitutivos del delito de abuso sexual bajo la modalidad de ¨abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder¨, previsto y reprimido en el art.119, primer párrafo del Código Penal».

El fiscal también adhirió a las medidas de prueba solicitadas por la defensa del denunciante, Francisco Giménez, entre las cuales figuran el pedido de informes a las compañías telefónicas sobre las líneas de los denunciantes, del «emisario» que le habría enviado el intendente a uno de ellos, la del empleado del Concejo Deliberante Héctor Daldi, y la del propio Melella, «con la finalidad de comprobar si las comunicaciones están relacionadas con la investigación».

En el caso de los otros dos denunciantes, Damián Rivas y Alfredo Suasnabar -a quienes Infobae entrevistó en Río Grande en exclusiva-, el fiscal Pablo Candela, que subrogaba a Quadrini, dispuso su desestimación el 3 de septiembre, solo un día hábil después que las víctimas pidieran que se instara la acción penal por los delitos de índole sexual. El fiscal no ordenó ninguna medida de prueba antes de rechazar la denuncia.

Rivas y Suasnabar declararon como testigos -con la obligación de decir la verdad– en la causa abierta por posibles irregularidades en la obra pública local en favor de «empresas amigas», el viernes 31 de agosto, a partir de una denuncia de Giménez. Fue en ese marco que contaron haber sido víctimas del acoso y abuso sexual por parte de Melella. Ambos pedirán esta semana ser a su vez querellantes.

El juez Raúl Sahade ahora debe resolver si acepta la desestimación por parte del fiscal Candela de esas otras dos denuncias o si, al ejercer el control de la legalidad de esa decisión, la rechaza.

El mismo fiscal Candela, en marzo pasado, había impulsado la investigación contra un oficial inspector de la Policía Provincial -Julio César Rockenbach- a partir de la denuncia de una integrante de la misma fuerza de menor rango, por «acoso sexual» y «violencia de género». La mujer policía había denunciado que su superior la había invitado a «hacer cucharita en la cama», entre otras insinuaciones de índole sexual y de acoso verbal en forma reiterada. En este caso, Candela imputó a Rockenbach de abuso sexual simple en grado de tentativa.

Infobae