El Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, presentó una aplicación (de escritorio y celular) que permitirá analizar un listado pormenorizado de objetos secuestrados por la Justicia.

El listado de bienes (teléfonos, televisores, tablet, hidrolavadoras, etc) secuestrados por el Ministerio Fiscal en ocasión de robos y otros delitos, podrá ser consultado a partir de hoy por la población, en razón de que el Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, presentó una aplicación (de escritorio y celular) que permitirá que esto se concrete. En razón de ello, las víctimas de hechos delictivos podrán recuperar sus bienes, si estos figuran en el listado, ingresando a: recuperados.mpftucuman.gob.ar

Posteriormente deberán dirigirse a la Oficina de Atención al Ciudadano, dependiente del Ministerio Fiscal, que funciona en avenida Sarmiento N° 431, en el horario de 7.00 a 13.00, con os antecedentes que identificaron el producto para su localización.

“Ahora estamos anunciando una aplicación donde pueden consultarse los objetos que se han secuestrado (de aquí en adelante) para que de esa manera puedan venir a reclamarlos y recuperarlos. Más allá de este acercamiento al ciudadano y de un servicio a la víctima, esta iniciativa sirve para la investigación porque agrega una prueba más, que es el reconocimiento del elemento que fue objeto del delito y quien está imputado por el mismo”, dijo Jiménez en rueda de prensa.

La metodología por la cual se irá actualizando la nómina de objetos secuestrados, también fue explicada por el Ministro. “Están las fotografías de los objetos y la descripción. En la Oficina de Atención al Ciudadano los van a conducir hacia la fiscalía donde está el secuestro y la causa. En este momento, comenzamos con esta aplicación con motivo de los secuestros y allanamientos que realizó la Fiscalía II de Delitos Complejos, a cargo de la doctora Mariana Rivadeneira, pero ya hay una resolución del Ministerio Público hacia todos los fiscales para que nos informen y nos envíen las imágenes y todos los datos que nosotros les requerimos en un anexo de descripción de los objetos y sus características, para que vayan incorporándose a esta aplicación. Queremos que sea diario este enriquecimiento”, precisó.

Finalmente, el jefe de los fiscales reflexionó acerca de este nuevo dispositivo implementado dentro del marco de su plan estratégico. “Es un muy buen avance a los fines de estar cerca de la gente, de prestar un nuevo servicio y también de investigar, al aportar más pruebas hacia el delito. El objetivo común entre la gente y el Ministerio es que el delincuente esté preso y tenga las pruebas suficientes para que se haga responsable de su conducta”, concluyó.

Héctor Daer, uno de los jefes de la central obrera, aseguró que la compensación “aleja” la posibilidad de una medida de fuerza. Serían 5 mil pesos, pagaderos en dos tramos junto a los haberes de noviembre y enero.

La CGT le puso puntos suspensivos a un nuevo paro. Héctor Daer, uno de los secretarios generales, afirmó que la decisión del Gobierno de implementar -por medio de un decreto- el bono de fin de año “aleja” la posibilidad de una medida de fuerza.

Daer pronunció estos conceptos al finalizar la reunión plenaria de la central obrera. Según aseguró, el decreto ya está redactado y se encuentra a la firma del presidente Mauricio Macri.

“El bono será de 5.000 pesos, pagaderos en dos cuotas de 2,500, con los sueldos de noviembre y de enero”, confirmó el jefe gremial. Regiría para el sector privado y quedarían exceptuados del reclamo los estatales, las empleadas domésticas y los ruralistas, que se rigen por otros parámetros.

Héctor Daer, tras el final de la reunión plenaria de la CGT. “El bono es un esfuerzo que tiene que hacer el sector privado”, afirmó.

“Se trata de un esfuerzo que tiene que hacer el sector empresarial para poner dinero en la calle y hacer girar la rueda económica, que también los beneficia”, resumió Daer.

En esa misma línea, el maquinista Omar Maturano aseguró -tras finalizar la reunión- que “no habrá paro”.

Clarín

A pesar de que las elecciones se realizaran en abril del 2019, ya existen denuncias por maniobras prescriptivas a una de las candidatas.

Tal es el caso de la ex presidenta, María Laura Paz Posse, quien tiene intenciones de competir nuevamente y que realizó estas denuncias por LV7.

“Agreden e inventan sanciones”, dijo al respecto a la actual comisión directiva y los acusó de querer proscribirla con una denuncia ante el tribunal de ética del 2013.

“Ahora resucitaron un expediente del 2013 que está incompleto y que lo voy a hacer revisar con un escribano y después voy a ir a la justicia”, destacó.

El año 2019 se prepara para recibir cambios significativos en el Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes, conocido como Monotributo.

El primer cambio transcendental se verá reflejado en las escalas del régimen.

La escala mínima “A” tendría un tope de facturación de $139.000 al año, con un promedio de $11.200 mensuales. El impuesto integrado para esta categoría será de $1.150.

Del otro lado de la tabla, la escala máxima para servicios “H” tendría un tope de facturación de $1.152.000 al año, con un promedio de $96.000 mensuales, mientras que para ventas “K” tendría un tope de facturación de $1.728.000 al año, con un promedio de $144.000 mensuales. El impuesto integrado para será de $6.100 y $9.600 respectivamente.

Otro cambio relevante, será la implementación total de la Factura electrónica. A partir del 1º de abril ningún monotributista podrá usar factura manual, dejarán de tener vigencia las excepciones actuales. Por lo tanto, los monotributistas deberán optar por utilizar factura electrónica o controlador fiscal/impresora fiscal.

El último cambio que comenzará a aplicarse progresivamente a partir del próximo año es la unificación de la liquidación y pago del monotributo con los regímenes simplificados/locales de Ingresos Brutos de diversos fiscos provinciales. El caso de AGIP es el más avanzado, pero se está trabajando para implementar un sistema similar con ARBA.

Los monotributistas deberán estar atentos a estos cambios y adaptarse a ellos para no sufrir sanciones y multas.

Adela Seguí, Decana de la Facultad de Derecho de UNT, se refirió así al escándalo que generó la irrupción de Víctor Chocobar, docente suspendido y acusado de acoso por una alumna, a la clase que estaba a cargo de otro docente.

“Uno no puede imaginar que un docente irrumpa en una clase, utilice el espacio y se apodere de esa clase. Utilizó a los estudiantes para hacer un descargo y, lo peor de todo, para hacerlo participes de sus dichos aberrantes y discriminatorios de las 4 mujeres que lo acusaron. Lo que ha dicho es una barbaridad y constituye un delito”, señaló Adela Seguí al respecto de lo que dijo Chocobar acusando a las mujeres de denunciante como prostitutas.

“El rectorado mandó ayer a la siesta la resolución, por la mañana no la habíamos recibido”, dijo al respecto de la resolución que dice que a Chocobar se le termina la suspensión pero no puede tener contactos con alumnos.

“Elaboración de material docente y nos vamos a asegurar que no tenga contactos con alumnos. Hay algunas oficinas en donde el contacto con alumnos es nula”, continuó la decana.

Es parte del compromiso que asumió el Gobierno en la mesa de diálogo que convocó el ministro Dante Sica con CGT y empresarios, y que alumbró un bono de $5.000 pagadero en noviembre y enero.

El Gobierno aplicará un freno a los despidos a través de la creación de una instancia administrativa previa y obligatoria. Se trata de un proyecto de decreto complementario al que se publicará entre hoy y mañana para disponer un bono de hasta $5.000 en dos cuotas de $2.500 con los salarios de noviembre y enero, luego del acuerdo alcanzado este martes en una mesa de diálogo con la CGT y las principales cámaras empresarias con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, a la cabeza. El nuevo requisito para las cesantías, de acuerdo a lo negociado hasta ahora, será para todas las desvinculaciones sin causa en el sector privado.

El planteo para poner un cepo a los despidos formaba parte del pliego de demandas de la CGT al Ejecutivo y, según la “mesa chica” de la central, su implementación es una de las condiciones para no llamar a un nuevo paro nacional. De hecho el Consejo Directivo de la organización volverá a reunirse esta tarde, luego de haber pasado a un cuarto intermedio el miércoles de la semana pasada, para analizar el resultado de las tratativas con la administración de Mauricio Macri y el empresariado.

En uno de los borradores de decreto que Gobierno, CGT y empresarios cruzaron ayer se establecía que ante la determinación de echar a un trabajador sin causa justificada la empresa deberá, antes, comunicarlo a la Secretaría de Trabajo y al sindicato correspondiente. Una vez notificadas las partes se impulsará la apertura de una mesa de diálogo para sondear opciones menos drásticas como suspensiones, reducción de horas o de sueldo o cambio de tareas, explicaron los responsables de la redacción.

La iniciativa, de todos modos, generó entre algunos dirigentes patronales incluso más resistencia que la fijación del bono de 5.000 pesos. Los empleadores temen que la nueva instancia termine por asentarse de manera definitiva y convertirse en una traba burocrática para cualquier reorganización interna.

El bono

En cuanto al pago extra, los técnicos de Trabajo, CGT y las cámaras de industriales (UIA), Comercio (CAC y CAME) y Construcción (Camarco) terminarán de definir un texto acordado de decreto para su publicación. La idea es tenerlo resuelto antes del debate que habrá por la tarde en el Consejo Directivo de la central sindical. En ese ámbito había una expectativa mayoritaria de dejar sin efecto la amenaza de llamar a un quinto paro nacional contra Macri a fin de mes por 36 horas y con movilización a la Plaza de Mayo. Por fuera de la CGT otros sectores, como el que encabeza Hugo Moyano y las dos CTA, presionaban ayer para que se le pusiera fecha a la huelga.

En la mesa técnica se encontraban los funcionarios de Producción y Trabajo junto a los abogados sindicales Federico West Ocampo (Sanidad, a la cabeza), Alberto Tomassone (Comercio) y Marta Pujadas (albañiles, Uocra) y el laboralista patronal Daniel Funes de Rioja (vicepresidente segundo de la UIA). Ayer Funes de Rioja advirtió que “más del 60% de las empresas (del rubro industrial) no podrán hacer frente al bono” acordado. El aviso evocó un acuerdo similar que el Gobierno impulsó en noviembre de 2016 por un pago extraordinario de $2.000 que tuvo escasa repercusión en el sector privado.

Hasta anoche estaba acordado que el bono será de hasta $5.000 (las empresas podrán superarlo pero en ese caso deberá ser remunerativo) en dos cuotas iguales con los sueldos de noviembre y enero, y de pago obligatorio a los trabajadores del sector privado aunque el Gobierno mantuvo al margen, hasta ahora, a los rurales y a los del servicio doméstico por entender que se rigen por su propia normativa, distinta de la ley de Contrato de Trabajo. La exclusión afectaría así a casi dos millones de empleados formales y, con más razón, a otro tanto que se desempeña en ambas actividades sin estar registrado.

La otra incógnita son los empleados estatales. Está definido que no formarán parte del decreto pero el líder del gremio de empleados públicos UPCN, Andrés Rodríguez, inició negociaciones con el vicejefe de Gabinete Andrés Ibarra exministro de Modernización- para abrir una negociación complementaria de esa paritaria e incluir un pago no remunerativo y también un porcentaje adicional al 25% pactado hasta ahora en dos instancias previas en lo que va del año.

Daniel Deiana, titular de la Mutualidad Provincial, confirmó que en los próximos meses se concretará el proyecto de construcción de 125 viviendas para los afiliados. Estas se suman a las 300 ya construidas y que forman parte del Barrio Mutualidad 1, ubicado en la zona sur de la capital tucumana.

En dialogo con LV7, Deiana dijo que “Aquellos interesados tienen que tener un ingreso por grupo familiar de entre 20 y 30 mil pesos mensuales, no deben tener viviendas y deben cumplir con la calificación del banco para obtener el crédito. El proceso de inscripción comienza el 15 de noviembre y se extenderá por cuatro meses, es decir, hasta marzo del 2019”.
“Está destinado a aquello socios que no tienen vivienda y que pueden acceder a los créditos que ofrecen con los bancos que nosotros estamos trabajando”, agrego Deiana.

Explicó además que” esta nueva etapa de construcción se realizará con fondos propios de la Mutualidad, no habrá vinculación con el Instituto Provincial de la Vivienda. En este sentido, el titular de la entidad aseguró que “ya se hizo la división de los terrenos y hay cuatro modelos de viviendas ya finalizadas para que la gente las conozca. La idea es que el año que viene ya comencemos a entregar”.

Asimismo confirmó que “para el 2019 y para los que no pudieron entrar este año, se trabajará en 300 viviendas más en la misma zona en la cual, 26 hectáreas, pertenecen a la Mutualidad”.

Este miércoles, en el programa que conduce Noemí Colombano en LV7, se presentó el dúo MYA para promocionar su nuevo disco.

“Fuego”, es el nombre del single que compuso el dúo compuesto por Maxi Espindola y Agustín Bernasconi. La canción cuenta con la participación de la cantante y compositora dominicana Leslie Grace.
Escuche la entrevista completa.

Esta noche, Independiente de Avellaneda y San Martín disputarán su partido postergado. En la primera fecha de la Superliga Argentina, el Rojo decidió no disputar este cotejo ya que la entidad viajaba a Japón a jugar la Copa Suruga Bank. Con arbitraje de Facundo Tello, en el estadio Libertadores de América y con transmisión de LV7. El encuentro comenzará a las 20.15 y la previa del Depotivo, con toda la información, a las 19.

El equipo que dirige Walter Coyette realizará un solo cambio con respecto al último partido, en el que derrotaron 2 a 0 a San Martín de San Juan. Adrían Arregui llegó a la quinta amarilla y Julián Vitale, ex Rojo, lo reemplazará.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aclaró que el acuerdo por el bono de $ 5.000 excluye a los empleados estatales y anticipó que evalúan la “obligatoriedad” del pago y la apertura de una línea de financiamiento bancario para las empresas que no pueden pagarlo.

“Tuvimos una muy buena reunión entre la CGT y lo sectores empresariales. El bono sería compensatorio y no remunerativo en dos cuotas, en principio sería para el sector privado, hasta que el público no cierre sus paritarias”, subrayó el funcionario en diálogo con radio Continental. En un principio trascendió que los trabajadores del Estado también recibirían el extra de fin de año, pero se aclaró que UPCN todavía tiene una cláusula de revisión para ejecutar en la paritaria y otro bono para cobrar antes del cierre de 2018.
La idea es abonar dos bonos para el sector privado de $ 2.500 antes y después del medio aguinaldo de diciembre, es decir en noviembre y enero próximos, como paliativo ante la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores tras las subas de precios luego de la devaluación del peso. “El último acuerdo no lo cumplieron, queremos un decreto”, sintetizó el líder cegetista Héctor Daer, anfitrión del cónclave con Sica, la UIA y la CAC en la sede de la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA).

“Los gremios planteaban que podía haber algún tipo de flexibilidad. Vamos a hablar con el sistema financiero para ver si hay algún tipo de financiación para las empresas que no lo puedan pagar”, remarcó al deslizar la posibilidad de asistir a los empresarios que no pueden afrontar un desembolso de esta magnitud, en medio de la crisis, el parate del consumo y la altísima presión impositiva.

Mientras tanto, los secretarios de Trabajo, Jorge Triaca, y el de Modernización, Andrés Ibarra, continúan discutiendo salarios con Andrés Rodríguez, de UPCN. (Ministerio de Trabajo)
El secretarios de Trabajo, Jorge Triaca, y el de Modernización, Andrés Ibarra, continúan discutiendo salarios con Andrés Rodríguez, de UPCN. (Ministerio de Trabajo)
La CGT se llevó de la mesa de negociación con el Gobierno el pago de un bono de fin de año de hasta $5.000 para los trabajadores asalariados. Y aunque la cabeza del gremio de estatales estuvo en esa reunión, había dudas si la suma alcanzaría a los empleados públicos. El titular de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez y fuentes de la Casa Rosada confirmaron que se están discutiendo las cifras.