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El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó sin prisión preventiva al periodista Daniel Santoro por su supuesta vinculación con la organización que integraba Marcelo D’Alessio, que se dedicaba a realizar espionaje ilegal, según confirmaron fuentes judiciales . Además, embargó los bienes del periodista por tres millones de pesos.

En la resolución, Ramos Padilla procesó a Santoro por presunta coacción y tentativa de extorsión en la causa que investiga supuestos actos de espionaje ilegal y extorsión sobre distintos empresarios. El juez señaló que el periodista habría participado de al menos tres hechos, pero sostuvo que no formó parte de la asociación ilícita, por lo cuál, le dictó la falta de mérito por ese delito.

A Santoro se lo investiga como partícipe necesario de los delitos de coacción y extorsión en perjuicio del exdirectivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat y del empresario Mario Cifuentes en el marco de la causa conocida como el caso D’Alessio. .

El mes pasado, Santoro declaró ante Ramos Padilla en el juzgado de Dolores y negó la presunta vinculación con la banda que integraba el falso abogado Marcelo D’Alessio, detenido por extorsión y espionaje ilegal, y que desconocía las tareas que llevaba adelante esta organización delictiva.

«D’Alessio usó mi nombre sin mi consentimiento. Fue fuente mía para cuatro o cinco notas, pero soy totalmente ajeno a los delitos que le imputan», sostuvo el periodista.

Ramos Padilla consideró probado en su resolución que la banda «requirió la participación de Santoro» para llevar a cabo la extorsión contra Brusa Dovat y Cifuentes. El juez expuso durante más de 250 páginas distintas pruebas sobre el supuesto rol del periodista, así como chats y fotos que lo vinculan con D’Alessio.

«Existió una coordinación entre lo actuado por la asociación ilícita y las conductas llevadas a cabo por Santoro al punto tal que las acciones de éste favorecieron los planes extorsivos que llevó adelante la organización durante más de dos años. La actividad de Santoro se constituyó como una herramienta fundamental de la organización para consumar sus planes ilícitos, ya sean extorsivos o de «blanqueo» y/o direccionamiento de información en el circuito legal», escribió Ramos Padilla.

El juez primero se pregunta durante la resolución sobre el conocimiento de Santoro sobre estos planes y después asegura que los hechos «dan cuenta del conocimiento que tuvo de que con su actividad llevaba adelante un aporte significativo para la concreción de los planes criminales».

El empresario Cifuentes, dueño de la firma OPS, relató ante la Justicia que en medio de la extorsión de D’Alessio, el falso abogado le adelantó que sería mencionado en un programa de televisión. Esa noche, Santoro nombró a la firma OPS en medio de otra noticia, como una supuesta equivocación. Al día siguiente, D’Alessio volvió a alertar al empresario -siempre según su testimonio- y el periodista volvió a mencionar a OPS.

Apoyo a Santoro
La citación a indagatoria de Santoro había despertado la reacción de distintos sectores de la sociedad, que reclamaron que la Justicia está criminalizando la actividad periodística. Más de 400 periodistas firmaron una solicitada en apoyo de Santoro, entre ellas, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

El periodista había dicho antes de la indagatoria que su citación era una maniobra para perjudicar la investigación de casos de corrupción, como la de los cuadernos de las coimas, un expediente que instruyó el fiscal Carlos Stornelli, también salpicado por el caso D’Alessio.

La Nación