En el día después de finalizado el juicio por encubrimiento de la muerte de Paulina Lebbos, Alberto dijo que “estoy tranquilo y ahora se abre otra etapa que es la de acabar con la impunidad”.

En dialogo con LV7, Lebbos señaló que “se ha logrado comprobar que todas acusaciones que hicimos desde el 2006 no eran un circo como decía Beatriz Rojkes. Se condeno a los que eran funcionarios de Alperovich y era lo que yo venía denunciando durante años”.

El juicio, que empezó el 6 de febrero de 2018 y duró más de un año, culminó este lunes cuando los jueces del tribunal tucumano Rafael Macorito, Carlos Caramuti y Dante Ibáñez resolvieron condenar por encubrimiento a 6 años de cárcel a Eduardo di Lella, ex secretario de Seguridad de la provincia, y a Hugo Sánchez, ex jefe de la Policía de Tucumán. Además, los inhabilitaron por 10 años para ocupar cargos públicos.

En cambio, les dieron penas de 5 años de prisión por encubrimiento a Nicolás Barrera, ex subjefe de la Fuerza, y a Héctor Brito, ex jefe de la Unidad Regional Norte. Al primero lo inhabilitaron por nueve años para ocupar cargos públicos y, al segundo, por ocho.

El tribunal resolvió que Sánchez siga preso pero también dispuso la prisión preventiva de los otros tres condenados. Fue entonces que uno de los jueces interrumpió la lectura del fallo y le pidió al jefe de la custodia que los arreste.

En tanto, Waldino Rodríguez, ex policía de Raco, recibió la condena de 3 años de cárcel condicional, por lo que no va preso.

A Roberto Gómez, por su parte, acusado de partícipe necesario del secuestro y crimen de Paulina, decidieron absolverlo. Sí pidieron que se investigue si incurrió en el delito de encubrimiento. El fiscal Carlos Sale había pedido 10 años de cárcel para él.

Para Lebbos, formaban parte de una asociación delictiva que se dedico a destruir pruebas para proteger al gobierno y agregó que “hay que tener cuidado porque los asesinos andan sueltos y entre nosotros”.

Sin embargo ,el principal acusado Roberto Luis Gómez fue absuelto y las condenas de los otros 5 acusados, varían entre los 3 y 6 años de prisión.

Los jueces de la Sala III en lo Penal Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Rafael Macoritto, dictaron este lunes la sentencia del juicio por el asesinato de Paulina Lebbos que inició hace un año tras la extensa e incansable lucha del Alberto Lebbos, el padre de la joven asesinada y abandonada a la vera de la ruta provincial 341. La Justicia determinó una indemnización de 11 millones de pesos para la familia Lebbos por los daños causados.

Las condenas:

Hugo Sánchez: el ex jefe de la policía fue condenado a a 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación para cargos públicos, por los cargos de encubrimiento agravado, falsificación de instrumento público, coacción y abuso de autoridad

Eduardo Di Lella: el ex secretario de Seguridad fue condenado a 6 años de prsión, inhabilitación por 10 años a cargos público, por encubrimiento agravado, falsificación de instrumento público, coacción y abuso de autoridad.

Héctor Rubén Brito: el ex subjefe de la Regional Norte acusado de encubrimiento agravado, falsificación de instrumento público, coacción y abuso de autoridad fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión.

Nicolás Barrera: el subjefe de la Policía fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión e inhabilitación a cargos públicos, por encubrimiento agravado, falsificación de instrumento público, coacción y abuso de autoridad.

Waldino Rodríguez: el ex policía acusado de encubrimiento agravado fue condenado a 3 años de prisión condicional y a realizar tareas comunitarias de 10 horas semanales.

Roberto Luis Gómez: el acusado de ser coautor del asesinato de la joven fue absuelto.

El fiscal Carlos Sale había solicitado en su alegato penas de entre 6 y 10 años para los seis acusados sometidos al proceso, la mas alta para Gómez que finalmente no se cumplió, mientras que la querella solicitó prisión perpetua para ese acusado y penas de entre 7 y 14 años y medio para los demás.

El crimen de Paulina, fue perpetrado el 26 de febrero de 2006, cuando la joven salió de un boliche de la zona conocida como el ex Abasto, adonde había ido a bailar con su amiga Virginia Mercado (quien según la sentencia será investigada por falso testimonio) para festejar que había aprobado una materia de la universidad.

A las 6.30 de la mañana, las chicas subieron a un remís color bordó del que Virginia descendió primero en su domicilio de La Rioja al 400, mientras que Lebbos siguió viaje hasta la casa de su novio, aunque nunca llegó a destino.

Luego de 13 días de búsqueda, el cuerpo sin vida de la joven fue hallado al costado de la ruta provincial 341, a la altura de Tapia.

Este lunes, desde las 8.30 de la mañana, se reanudará el juicio oral y público por el asesinato de Paulina Lebbos tras el receso por la feria judicial. Al igual que en el 2018, las audiencias se desarrollarán en el Palacio de Justicia de la calle Lamadrid.

Alberto Lebbos: “Creo que Paulina cayó en manos de una banda de degenerados”
Durante la semana está prevista la presentación de los alegatos de Carlos Posse (defensor del ex policía Waldino Rodriguez) y Macario Santamarina (defensor de Roberto Luis Gómez, quien es el único acusado por el homicidio).

Después será el turno de los representantes de la Provincia de Tucumán en la demanda civil, Carlos Parajón Ferullo y Cecilia Vaccaro.

Los Primeros

Esta mañana comenzaron a exponerse los alegatos en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos y su posterior encubrimiento. En la oportunidad, el actor civil, Roberto Tejerizo, solicitó un resarcimiento económico para la hija de la víctima.

La demanda total es de $ 10.585.768 y apunta a Roberto Gómez (único imputado por el homicidio); a los ex comisarios Hugo Sánchez, Nicolás Barrera, Héctor Brito y al ex secretario de seguridad de la provincia Eduardo Di Lella (imputados por el encubrimiento del homicidio); y al Superior Gobierno provincial de Tucumán por daños y perjuicios.

El monto planteado por Alberto Lebbos se basa en la aplicación del salario mínimo vital y móvil e incluye los conceptos de daño emergente, lucro cesante, pérdida de chances y daño moral.

El juicio se reanudará el lunes 17 con el alegato del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Carlos Sale. También se lo podrá seguir en vivo a través de la plataforma YouTube, en el canal de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Al finalizar el alegato de Tejerizo, la defensa del ex jefe de Policía volvió a pedir el cese de prisión de Hugo Sánchez. El imputado se encuentra bajo prisión preventiva desde el 25 de abril de este año. Pero el Tribunal rechazó por unanimidad ese pedido.

La Gaceta

En el marco del juicio por el crimen y posterior encubrimiento de la joven estudiante de Comunicación Social, Paulina Lebbos declaró Daniel Pablo Alperovich y afirmó que en julio de 2006 había viajado, junto con su hermano Gabriel, a Bulgaria para participar en un campeonato mundial de taekwondo.

El menor de los hijos varones del ex gobernador de Tucumán, José Alperovich respondió ante el Tribunal que no recordaba dónde estuvo el 25 y 26 de febrero de ese mismo año, momento de la desaparición la joven.

El cuerpo fue hallado el 11 de marzo cerca de la ruta 341, en Tapia. “En ese momento, cuando ocurrió (la muerte de Paulina) salía muy poco”, manifestó Alperovich.

Luego contó que su padre le había dicho que la supuesta vinculación a la muerte de Paulina, bajo la línea de los hijos del poder, respondía a una cuestión política.

También declaró Jorge Gassenbauer y señaló que la desaparición y el hallazgo del cuerpo de la joven había sido “un tema que había conmocionado a la opinión pública y, en especial, al Gobierno”. Aclaró: “no conocía las tareas específicas que se desarrollaban de la causa” y sostuvo que participó en reuniones en la casa del exgobernador pero nunca relacionado a seguridad.

Que Diario

A través de las redes sociales, Beatriz Rojkés de Alperovich emitió un comunicado en el que pidió que se esclarezca qué sucedió con Paulina Lebbos, luego de declarar este martes como testigo en el juicio por la muerte de la joven.

“Es importante que la Justicia esclarezca qué sucedió, cómo sucedió y lograr que haya justicia para Paulina“, fue lo que dijo la presidenta del Partido Justicialista en el texto que subió en su cuenta de Facebook.

Este martes a la tarde, la presencia de la ex senadora y esposa del ex gobernador, José Alperovich, generó un inusual revuelo en el Palacio, ya que desde temprano se hicieron presentes para acompañarla familares y dirigentes políticos.

El comunicado completo

Quiero compartir con ustedes que presté declaración testimonial en el juicio que busca esclarecer el crimen de Paulina Lebbos. Mi familia y yo respondimos a todos los requerimientos y lo seguiremos haciendo. Consideramos importante que la Justicia esclarezca qué sucedió, cómo sucedió y lograr que haya justicia para Paulina.

La violencia contra las mujeres, los femicidios, la trata de personas y la vulnerabilidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; así como la restitución y la ampliación de derechos, siempre han sido temas prioritarios en mi agenda como legisladora nacional, al frente de la Red de Mujeres de Tucumán y ahora, como presidenta del Partido Justicialista de Tucumán.

Acompaño la visibilización de estas problemáticas para que podamos construir nuevos paradigmas sociales de igualdad y de justicia.

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió que no corresponde que el senador y ex gobernador José Alperovich comparezca en el juicio oral del caso “Lebbos”. Con los votos de los vocales Antonio Gandur (preopinante), Daniel Possey René Goane, el alto tribunal hizo lugar a un recurso de queja que había presentado Alperovich para impedir que la Sala III de la Cámara en lo Penal de esta ciudad lo convoque a contestar repreguntas en forma oral y pública, en la propia sala de enjuiciamiento.

La Corte notificó la sentencia favorable al ex gobernador en coincidencia con la lectura de las respuestas por escrito que este mandó a los interrogantes que formularon las partes. Ese acto celebrado ayer generó dudas y nuevos planteos, y, por ello, el tribunal integrado por los camaristas Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto dispuso que Alperovich completara el cuestionario antes de resolver si otorgaba otras medidas, entre ellas un careo con el padre de la víctima, Alberto Lebbos. La sentencia de la Corte en principio impedirá todo acto que implique la presencia de Alperovich en el juicio desarrollado por el homicidio de Paulina Lebbos. Contra el fallo del alto tribunal aún es posible articular un recurso extraordinario con el fin de procurar su revisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los vocales Gandur, Goane y Posse consideraron que los fueros de Alperovich lo eximían de la obligación de testificar en forma personal y directa ante el tribunal del juicio, tal y como está previsto en el Código Procesal Penal de Tucumán. Ese digesto provee a ciertos funcionarios públicos de la posibilidad de declarar por escrito bajo juramento. En diciembre, Macoritto, Caramuti e Ibáñez habían considerado que Alperovich y otros funcionarios ofrecidos como testigos podían acogerse a la modalidad especial, pero que, en virtud de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, estaban en condiciones de ser convocados al juicio en el caso de que sus respuestas generaran nuevas preguntas. La asistencia a esa convocatoria, sin embargo, quedaba a criterio del funcionario testigo puesto que, por la existencia de inmunidades, la Justicia no disponía de la posibilidad de obligarlo a comparecer con auxilio de la fuerza pública.

Fuente La Gaceta

Gustavo Carlino, abogado defensor del Comisario Nicolás Barrera, dijo a LV7 que “la situación de mi defendido es inmejorable. De todos los testigos que pasaron por el tribunal, el único que señaló a Barrera es un policía corrupto, que está preso desde 2013, y se llama Antonio García”.

Nicolás Barrera es imputado en el juicio por encubrimiento del asesinato de Paulina Lebbos por que desempeñaba en el 2006 como Sub Jefe de la Policía de la Provincia y se sospecha de entorpecimiento de la investigación junto a otros jefes policiales y funcionarios del área de seguridad del entonces gobernador José Alperovich.

“Barrera estuvo a cargo de la seguridad de un partido que disputaron San Martin y Atlético Tucumán y se desocupo a las 21,30. Nunca estuvo en Raco”, resaltó Carlino y dijo “no saber” a quien se encubre en este crimen pero que le llama la atención “que no se siguió ningún protocolo, se apartaron del código procesal y las cosas no se hicieron correctamente”.

Un testigo que se presentó este miércoles a declarar en el juicio por Paulina Lebbos por error terminó explicando cómo funciona uno de los mecanismos más misteriosos de la Policía de Tucumán: los servicios adicionales.

Luis Alberto Mansilla fue citado como testigo por la defensa del ex jefe de Policía, Hugo Sánchez, acusado de encubrir el crimen de Paulina Lebbos. El martes por la tarde, cuando ya se encontraba en la sala de testigos, José Luis Chabán, abogado de Sánchez, ofreció desistir de su declaración y de la de otro policía citado, pero la propuesta fue rechazada por Emilio Mrad, querellante en representación de Alberto Lebbos. “Quiero escuchar a los testigos”, dijo.

Cuando Mansilla ingresó a la sala, prestó juramento y, de inmediato, Chabán solicitó que se retire un momento. Entonces, explicó que había sido citado por error, creyendo que el ex policía había participado de la investigación del crimen de Paulina cuando en realidad había investigado el de Beatriz Argañaraz (desaparecida y asesinada ese mismo año). Sin embargo, Mrad insistió en interrogarlo.

Efectivamente, Mansilla no había asistido al lugar del hallazgo ni había tenido intervención en la causa que se juzga. Sin embargo, otro dato resultó de interés para las partes: el testigo, en la época del crimen, era el jefe de la División Policía Adicional. “Mi función era administrar los servicios adicionales que prestaban los efectivos bajo un régimen especial”, explicó el testigo.

Los “adicionales” son servicios de seguridad que prestan los miembros de la fuerza cuando no están trabajando, es decir, en sus descansos. Los destinatarios son personas, organismos, comercios, fiestas, edificios y todo aquel que requiera -y pague- una vigilancia especial. Se trata de un sistema interno de la Policía, no auditado y cuyo funcionamiento siempre fue misterioso.

Mrad comenzó a indagar en detalles de las funciones que el testigo prestaba pero fue insistentemente interrumpido por el defensor de Sánchez, que se opuso a las preguntas por considerar que se alejaban del objeto del juicio. “Los adicionales se prestaban en todos los puntos de la provincia y es mi interés indagar si se le dio instrucciones a esos policías para que busquen a Paulina cuando estaba desaparecida”, explicó el abogado de Lebbos y el tribunal consideró que sí era pertinente profundizar esa línea.

El testigo dijo que, desde su división, sólo se administraban cuentas de grandes instituciones: bancos y una estación de servicios. Explicó que eran objetivos con quienes se firmaba un contrato y que “necesitaban que se facture” el servicio, aunque no aclaró si a otros “clientes” se les cobraba sin facturar. Detalló que, con el dinero que se recaudaba se pagaba el trabajo de los policías que realizaban esa labor, previa “retención” de un monto que era depositado en la cuenta de la Policía.

El monto que debe pagar quien solicite estos servicios es determinado por el jefe de Policía, quien establece el valor de la hora de vigilancia, dijo el testigo Mansilla. Además, señaló que desde la repartición a su cargo sólo se administraba el dinero y los turnos y que las órdenes operativas (en este caso, alguna supuesta instrucción de estar atentos por la desaparición de Paulina) eran emanadas por otros jefes.

Un párrafo aparte constituyó su relato de los espectáculos deportivos. Los estadios, aseguró, también contratan servicios adicionales, pero esos ingresos eran administrados por la sección Seguridad Deportiva. El jefe de esa repartición era en 2006 y sigue siendo Jorge Díaz, indicó. “¿De quién depende esa sección?”, preguntó Mrad al testigo. “Mire, en cierta forma es un área que depende de Policía Adicional, pero más que nada tenía relación directa con el jefe de Operaciones”, esbozó el testigo Mansilla.

“Espero que el tema de cómo son los servicios adicionales algún día se pueda saber públicamente, sería una buena medida republicana”, dijo el vocal del tribunal Dante Ibáñez. “Comparto”, agregó el presidente, Carlos Caramuti.

Una caja misteriosa

De acuerdo a un análisis que realizó el Tribunal de Cuentas (TC) en septiembre del año pasado, los servicios adicionales generan ingresos a la Policía del orden de los $ 500.000 diarios. Según informó entonces La Gaceta, en 2016 ingresaron a la Policía de Tucumán $ 184,9 millones por esos conceptos.

Los auditores observaron que el servicio tiene un tratamiento “extra sistema”. “No existe en el Sistema de Administración Financiera y Control (Safyc) ningún registro presupuestario, financiero ni contable” señalaron en aquella oportunidad el presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf y los vocales Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci.

“Corresponde, conforme lo normado por la Ley de Administración Financiera: que la totalidad de los fondos de esta operatoria sean incorporados y registrados en el Presupuesto de la Provincia”, indicó el organismo. Y resolvió “recomendar al Poder Ejecutivo (…) que arbitre las medidas conducentes a la regularización de las situaciones observadas”.

Este sistema viene operando de esta manera desde hace 48 años. Fue instaurado en 1970 por una ley de la Provincia y reglamentado por un decreto. Durante los últimos años, varios proyectos de ley buscaron regularlos e, incluso, prohibirlos. Entre los argumentos, se señala que se trata de verdaderos negocios de algunos jefes de comisarías o zonales, en muchos casos no facturados y por los que se establece un mecanismo de recaudación paralelo y de “premios y castigos” para los subordinados que deseen obtener ese ingreso extra. Sin embargo, ninguna de las inciativas prosperó en la Legislatura.

Que Diario