El juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina de Kirchner por considerarla “jefa” de una asociación ilícita en la causa por supuestos pagos de coimas de empresarios a exfuncionarios por la obra pública durante su mandato.

Fuentes judiciales informaron a NA que el magistrado además procesó también a ex funcionarios y empresarios.

En la víspera Cristina cuestionó los allanamientos en su vivienda de El Calafate y difundió un video en el que denunció un faltante de objetos personales de valor luego del operativo que ordenó el juez federal Claudio Bonadio en sus casas de Santa Cruz y Recoleta tras conseguir el aval del Senado en sesión especial.

“Esta casa, hace tres semanas fue más que allanada, literalmente tomada por la gente que Bonadio envió no para recabar información en la causa que tiene a su cargo sino simplemente como un capítulo más de humillación y de persecución”, lanzó.

Semanas atrás, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 que encabeza Bonadio difundió un informe sobre la causa de los Cuadernos en el que sostuvo que los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, junto al exministro de Planificación Federal Julio de Vido, “comandaron una organización delictiva” tendiente a la percepción de sumas de dinero ilegítimas.

Según el magistrado, esta organización estaba conformada por “funcionarios públicos” y se valía de “medios oficiales” como vehículos, empleados, equipos de telefonía celular y otros elementos para recaudar dinero de “diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.

Para la investigación, este procedimiento se extendió entre los años 2008 y 2015. El informe da cuenta que a través de distintas medidas de prueba como tareas de inteligencia, informes, e intervenciones telefónicas pudo comprobarse la “verosimilitud” de la información plasmada en los registros del chofer Oscar Centeno.

Así, indica que se obtuvieron indicios que “prima facie” permitieron sostener que, durante los ocho años mencionados los funcionarios Roberto Baratta, Nelson Javier Lazarte, Hernán Camilo Gomez, Fabián Ezequiel García Ramón, Rafael Enrique Llorens y Walter Fagyas “efectuaron cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno”.

Estos, los derivaban a otros funcionarios como José María Olazagasti, Hugo Martín Larraburu, Juan Manuel Abal Medina y Héctor Daniel Muñoz “quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido”.

El financista, en su confesión, también afirmó que juntó “70 millones” de coimas para la constructora Gotti de Lázaro Báez. Dijo que la orden había sido de Cristina Kirchner.

Ernesto Clarens contó que “no recibía órdenes directas” de Néstor Kirchner (a quien llamaban “Rico McPato”) ni de Cristina (alias “La Araña”), sino a través de Lázaro Báez o José López. En su confesión reveló dos misiones increíbles y hasta ahora desconocidas: recaudar coimas por 30 millones de pesos para el plan Sueños

Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo y otros 70 para la empresa constructora Gotti. La revelación se suma al destino de otra parte de los 200 millones de dólares recolectados por la mano derecha del ex ministro de Planificación Julio De Vido, Roberto Baratta, según los cuadernos del remisero Oscar Centeno: los bolsillos de los Kirchner, el financiamiento ilegal de las campañas electorales K y la agrupación “Justicia Legítima”.

Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, en su última confesión Clarens aportó nuevos datos sensibles que amplían el universo de las empresas que pagaban coimas y el mecanismo usado para esta “máquina de recaudar” que funcionó entre el 2003 y el 2015.

La información se conoce en momentos en que el juez federal Claudio Bonadio está terminado de redactar las resoluciones en las cuales, seguramente, procesará con pedido de desafuero y detención a la ex presidenta y actual senadora de Unidad Ciudadana y la mayoría del resto de los imputados en esta causa.

En su larga confesión, el financista confirmó que tanto Néstor como Cristina “estaban al tanto” de los pagos que se le encomendaban a través de terceros, aunque afirmó que no los conoció personalmente y que ellos tenían, en el 2003, referencias de él como “el financista de Lázaro Báez”.

Uno de esos pagos fue para “el plan Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo” por una orden que recibió del ex secretario de Obras Públicas, José López. Las fuentes estimaron que esta recaudación fue en el 2013 cuando, a raíz de una investigación de Clarín, estalló el escándalo del desvío de 200 millones de pesos fondos públicos que habían sido destinados para el plan de viviendas sociales que manejó Sergio Schoklender hasta pelearse con Hebe de Bonafini y había que tapar los agujeros de las Madres de Plaza de Mayo.

Clarín

Bonadio lo aceptó el jueves como imputado colaborador, luego de que diera más nombres de empresarios y datos sobre cómo blanqueaba la plata. Reveló que entregaba bolsos con plata que llegaban al ex matrimonio presidencial.

Bolsos con dinero que iban al sur, financieras, pesos convertidos en dólares a través de varias maniobras, la relación de Néstor Kirchner con Lázaro Báez, las coimas que pagaban empresas nucleadas en la Cámara de la Construcción, son sólo algunos segmentos de las más de cuarenta páginas que constituyen la confesión de Ernesto Clarens, el financista K que logró convertirse en imputado colaborador en la causa de los cuadernos de la corrupción.

Fueron tres las oportunidades en las que el financista vinculado a Néstor Kirchner y a Lázaro Báez tuvo que presentarse ante el fiscal Carlos Stornelli para declarar y mejorar su confesión. Sólo así, con mayores precisiones sobre el complejo entramado financiero que permitió la exteriorización de millones de dólares que se recaudaban de los cobros realizados a empresas contratistas del Estado, iba a poder acceder al status de imputado colaborador.

La confesión de Clarens ahora dejó mucho más. Admitió ante la Justicia que él cobraba coimas de los empresarios de la construcción, que hacía esas labores de financista con ese dinero, y que era el secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, ya fallecido, el que pasaba a buscar por su oficina a retirar bolsos para dárselos a los ex Presidentes.

Además de recaudar los fondos ilegales, Clarens contó que armó la estructura financiera para convertir “a dólares con sus propias financieras, el dinero recaudado”, se sospecha que el fin último era “exteriorizarlos y parte pasaba por Uruguay.
La indagatoria supera las cuarenta páginas y cuenta con listado de empresas contratistas y obras asignadas a las mismas, se dividió en dos tramos. En primer lugar hizo referencia a lo que sucedió en Santa Cruz, allí su rol estuvo más vinculado a las tareas financieras: estructuró las operaciones necesarias para dar curso a Gotti SA, la principal constructora que tuvo Santa Cruz hasta 2003.

El empresario Gabriel Romero, de Emepa, confesó haber pagado coimas por 600.000 dólares para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara por decreto la concesión de la explotación de la Hidrovía , el tramo del río Paraná-Paraguay que permite conectar el Atlántico y Asunción para el comercio internacional.

Pero además de estas revelaciones, Romero dijo que le entregaba al secretario de Trasporte Ricardo Jaime un retorno del 10 al 15% de los subsidios que recibía por su empresa Ferrovías y además le daba una cuota anual de 500 mil dólares para asegurarse el control de los negocios ligados al transporte.

Anteayer, el empresario Aldo Roggio admitió ante la Justicia que tenía que pagarle a Jaime el 5% de los subsidios que recibía Metrovías, la empresa concesionaria del subte.

Con la declaración de Romero, quedó eximido su ejecutivo Rodolfo Poblete, que efectuó los pagos y que anoche fue liberado desde los tribunales de Comodoro Py 2002.

Hasta ahora, los cuadernos de Centeno habían identificado un pago de Poblete en nombre de Emepa en 2010 -el segundo-, pero ahora se tiene la historia completa. Romero le dijo al fiscal Carlos Stornelli que realizó dos pagos de 300.000 dólares cada uno para que el kirchnerismo firmara el decreto que le aseguró la continuidad del millonario negocio.

Alberto Colombres Garmendia, legislador de Cambiemos en la provincia, dijo a LV7 que “presente un proyecto en 2016 y no tiene dictamen y ahora estoy presentando una nota solicitando que dictamen sobre la materia”.

El pedido de Colombres Garmendia, se suma al denominado “Grupo del 81”, que solicitó en una carta restituir el nombre Julio Argentino Roca a la avenida Kirchner, en el sur de la capital. El escrito, dirigido al intendente de Cambiemos, Germán Alfaro, rescata la figura del ex presidente tucumano, atribuyéndole haber fijado los límites con Chile, impulsar la educación pública obligatoria, y la creación del Registro Civil.

“Es una ofensa a los próceres”, dijo el legislador y aseguró “hay que dejar transcurrir el tiempo necesario (la ley fija 10 años) para homenajear y en este caso se descubrió que fue el gobierno más corrupto de la historia”.

El juez Claudio Bonadio pidió este viernes a la Oficina Anticorrupción el listado de obras públicas pagadas con dinero de la Nación durante el período kirchnerista, para investigar el presunto pago de coimas por parte de empresarios corruptos.

Trascendió que la investigación apuntará especialmente a “megaobras”, como la ciudad Lomas de Tafí en Tucumán.

La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (Cambiemos) ya había pedido que se revisara la actuación del ex gobernador tucumano José Alperovich y de empresarios tucumanos, en el marco de la investigación que lleva adelante por el presunto pago de sobreprecios en obras públicas durante el kirchnerismo.

Elías de Pérez sostiene que el actual senador nacional Alperovich estaría involucrado, junto al detenido ex secretario de Obras Públicas, José López , en el presunto pago de sobreprecios de un 30% en la ejecución del mega-emprendimiento habitacional Lomas de Tafí. Esto implicaría una coima de 300 millones de pesos, teniendo en cuenta que el costo de Lomas de Tafí superó los 900 millones de pesos, aunque inicialmente estaban presupuestados menos de 600 millones.

“Se pagó 900 pesos por metro cuadrado de construcción, cuando revistas especializadas de esa época (2005) y personas idóneas mencionaban que el costo era de 710 pesos, con todos los detalles terminados”, manifestó la senadora.

Por esa razón, pidió que Alperovich sea investigado en las causas que involucran a López, a la ex presidenta, Cristina Kirchner y a otros ex funcionarios, entre ellos López y el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, por supuestas irregularidades en la ejecución de planes de obras públicas.

En su escrito, Elías de Pérez hizo mención al expediente caratulado “Durán Gustavo-Calvo Alfredo sobre defraudación contra la administración pública”, que se inició en 2014 por una denuncia suya.

La senadora de Cambiemos dijo que “en la denuncia por Lomas de Tafí se denuncia el pago de sobreprecios de un 30% en la ejecución de las casas”. Y agregó que en el expediente “queda probada la enorme vinculación que tenía Alperovich con López, De Vido y la ruta del dinero K”.

En este sentido, Elías de Pérez recordó que “las obras públicas llegaban a Tucumán a través de López, quien no pudo haber hecho lo que hizo sin la complicidad directa del ex gobernador Alperovich, que era el que firmaba con él los pactos correspondientes”.

Elías de Pérez dijo que en su escrito solicitaron al juez Ercolini que se tenga en cuenta como documento probatorio un capítulo del libro “Alperovich, el zar tucumano”, de los periodistas Nicolás Balinotti y José Sbrocco, en el que se detalla el mecanismo de “retornos” en la obra pública. “Nos reunimos con la gente que se menciona en el libro y nos confirmaron que el señor (Enrique) Galera venía a Tucumán a retirar los fondos en bolsas de residuos. Este es uno de los testaferros de López”, detalló la parlamentaria oficialista.

Además, justificó su decisión de recurrir a la Justicia Federal “porque en Tucumán las causas por corrupción, lamentablemente, no caminan porque los jueces y los fiscales no tienen intención de investigar”.

Contexto

La causa de las valijas trajo consigo un nuevo ímpetu de “deskirchnerización”. En todo el país se reprodujeron las iniciativas para remover el nombre del ex presidente, Néstor Carlos Kirchner (2003-2007), de barrios, avenidas, calles y edificios públicos.

A nivel nacional, la diputada de la Coalición Cívica Lucila Lehmann presentó el viernes un proyecto de ley para que el Centro Cultural Kirchner (CCK) vuelva a su nombre original: Centro Cultural del Bicentenario. Según la diputada, la promulgación de la ley 26.794, que impulsó el gobierno de Cristina Fernández, “no ha contribuido a la unión de los argentinos sino que ha profundizado su división”. Y agregó: “las actuales investigaciones penales que desmenuzan una trama de corrupción vinculada con la anterior gestión de gobierno, hacen que sea impropio seguir manteniendo el nombre del ex presidente”, aseguró Lehmann. La diputada insistió que en la anterior gestión se realizó un “excesivo culto a la personalidad de Kirchner”.

En Tucumán, el conjunto de ciudadanos denominado “Grupo del 81”, solicitó en una carta restituir el nombre Julio Argentino Roca a la avenida Kirchner, en el sur de la capital. El escrito, dirigido al intendente de Cambiemos, Germán Alfaro, rescata la figura del ex presidente tucumano, atribuyéndole haber fijado los límites con Chile, impulsar la educación pública obligatoria, y la creación del Registro Civil.

“Fue lamentable cambiar apresuradamente un tramo de la artería con el nombre de Kirchner. Ahora, con el conocimiento de hechos que si bien no han sido evaluados acabadamente aún por la justicia, hacen presumir que el extinto presidente no merece que Tucumán le brinde respeto y menos aún admiración”, versa el escrito, firmado por Rafael Bulacio, entre otros.

Los Primeros

Informe del diario El Tribuno

A Raúl Vertúa, el empresario que se sumó el pasado viernes a los detenidos de la causa de los cuadernos, Enarsa le adjudicó en 2014 las obras del Gasoducto del NEA que abandonó, en diciembre de 2015, con los trabajos a medias.

Esas obras, según estudios comparativos publicados por El Tribuno en agosto de 2016, se contrataron con un sobreprecio del 77%.

Servicios Vertúa dejó los trabajos el 4 de diciembre de 2015, en medio de conflictos sociales que, según denuncias, promovió la propia contratista con activistas pago de la agrupación Quebracho.

Antes de retirarse, dejando un avance de obra del 53,92% y más de 100 kilómetros de caños enterrados con cuestionables prácticas, Vertúa había cobrado $733 de los $1.280 millones convenidos. El 9 de diciembre de 2015, un día antes del cambio de gobierno, reclamó otros $538 millones por actualización de costos y supuestos incumplimientos de Enarsa.

En base a una auditoría que reflejó irregularidades, la nueva conducción de la empresa nacional de energía rescindió el contrato en mayo de 2017 y volvió a licitar, tres meses después, los trabajos pendientes.

Carlos Mundín, otro de los empresarios imputados, ejecutó en Salta millonarios proyectos de infraestructura ligados a dos sonadas causas de corrupción: Lava Jato (Brasil) y Skanska (Argentina).

En agosto de 2016, el Gobierno nacional suspendió las obras que la empresa de Mundín, BTU, realizaba en la planta compresora de gas de Pichanal, como subcontratista de Odebrech, luego de que Nación Fideicomisos detectara un sobreprecio del 400%.

En la causa del Lava Jato, la brasileña Odebrecht reconoció que pagó coimas por 35 millones de dólares a funcionarios argentinos.

BTU, como subcontratista de Odebrecht, también ejecutó en Salta las plantas compresoras de La Candelaria -que costó más de 50 millones de dólares- y la de Lumbreras. Según el expediente penal del caso Skanska, esas instalaciones y las de Torzalito se contrataron en 2005 con sobreprecios del 81,6% y el 118%.

Electroingeniería, el grupo del encausado Gerardo Ferreyra, construyó en Salta el tramo oeste del anillado de alta tensión NOA-NEA con un presunto sobreprecio del 86%.

El citado tramo del anillado eléctrico regional de 500 kilovoltios (KV) fue adjudicado en 2008 por el disuelto Ministerio de Planificación Federal de la Nación en $987 millones.

El costo final de la obra, sin embargo, ascendió dos años después a $2.525 millones.

En los dos años que llevó la instalación de la línea, los costos se elevaron un 156%. Con la inflación del período ponderada, el sobreprecio se ubicó en torno del 86%.

En la provincia, el grupo empresario del cordobés Ferreyra también explotó la concesión de peaje que tenía Vial NOA en Cabeza de Buey (ruta 9/34). La salida de la firma subsidiaria de Electroingeniería fue escandalosa.

Una gigantesca caja

Entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, el Ministerio de Planificación Federal canalizó más de 60.000 contrataciones de obras públicas por un total de $ 596.000 millones.

En las licitaciones que convocó la cartera conducida por Julio De Devido por su cuenta intervinieron más de 150 empresas.

Otras 1.600 empresas intervinieron en los procesos licitatorios que ejecutaron provincias y municipios a través de acuerdos firmados con el disuelto Ministerio que tiene a casi todos los exfuncionarios que dependían de De Vido denunciados, imputados, procesados y, en algunos casos, ya condenados en distintas causas federales.

José López (exsecretario de Obras Públicas); Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi (exsecretarios de Transporte), Daniel Cámeron (exsecretario de Energía); Roberto Baratta (exmano derecha de De Vido); Exequiel Espinosa (expresidente de Enarsa) y Néstor Ulloa (exgerente de Nación Fideicomisos) integran la lista de los más comprometidos.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificó que este lunes se presentará en Comodoro Py a declarar en el marco de la causa que la investiga por presuntas coimas en la obra pública.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la senadora publicó: “Mañana lunes voy a presentarme en Comodoro Py, como lo hice ante cada requerimiento judicial. A lxs compañerxs que querían movilizarse para acompañarme, les pido por favor que no lo hagan”.

Cristina será la última en la lista de una lista de indagatorias en el marco de la causa por los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, el número dos de Julio De Vido.

Asimismo, el Senado sesionará el próximo miércoles para tratar la autorización que pidió Bonadio para allanar los domicilios de la ex presidenta, en medio de desavenencias en el Bloque Justicialista.

La semana pasada, los senadores de Cambiemos y del Bloque Justicialista postergaron esa decisión debido a que los fundamentos que le requirieron a Bonadio como condición para tratar el pedido de allanamiento llegaron a la Cámara alta minutos antes de iniciar la sesión.

Además, el documento enviado por el juez contenía información de la causa sobre el supuesto pago de coimas en la obra pública que los legisladores consideraron que no era “prudente” dar a conocer públicamente cuando el expediente tiene secreto de sumario.

Seis años y medio después de que estallara el caso, el exvicepresidente Amado Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, de cumplimiento “inmediato”, en la causa por la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica.

El proceso oral comenzó el pasado 3 de octubre y, además de Boudou, fueron juzgados su amigo, el empresario José María Núñez Carmona; el abogado Alejandro Vanderbroele, titular de The Old Fund; a Rafael Resnnick Brenner, jefe de asesores de la AFIP; Guido Forcieri, exfuncionario del Ministerio de Economía; y Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa.

El exvicepresidente fue condenado por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. También fue condenado Núñez Carmona a 5 años y seis meses de prisión, mientras que Vandrebroele recibió dos años en suspenso y tres de tareas comunitarias.

Según la acusación, mientras ocupaba el cargo de ministro de Economía, Boudou -a través de su amigo Carmona y el abogado Vandenbroele como intermediarios- se interesó por la adquisición del 70 por ciento de las acciones de la quebrada compañía encargada de la impresión de papel moneda, por lo que puso en marcha su salvataje.

Boudou negó siempre la imputación, de igual modo que conocer a Vandenbroele: sostuvo que el levantamiento de la quiebra estuvo vinculado a fondos del banquero Raúl Moneta. “Jamás negocié por mí ni a través de terceros la compra del 70% del paquete accionario”, aseguró hoy antes de la lectura del veredicto. Agregó que “el propio (Alejandro) Vanderbroele dijo que cohecho no existió”.

Los condenados son:

Amado Boudou: cinco años y diez meses de prisión, con inmediata detención, por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

José María Núñez Carmona: cinco años y seis meses de prisión, con inmediata detención y multa de $ 90.000.

Nicolás Tadeo Ciccone: cuatro años y seis meses, con multa de $ 90.000 y pago de costas, con inmediata prisión domiciliaria.

Alejandro Vanderbroele: dos de prisión en suspenso, con multa de $ 90.000 y tres años de tareas comunitarias no remuneradas en favor de una institución de bien púbico, a razón de 40 horas mensuales, fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.

Rafael Resnick Brenner: partícipe necesario de los delitos de tres años en suspenso, inhabilitación especial perpetua y costas, más tres años de tareas comunitarias no remuneradas en favor de una institución de bien público, 40 horas mensuales, fijar residencia y someters al cuidado de un patronato.

Guido Forcieri: como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua y tres años de tareas comunitarias no remuneradas.

Pero además, los magistrados ordenaron la extracción de testimonios de la sentencia para averiguar la posible comisión del delito de falso testimonios de los testigos Gabriel Bianco (exdirectivo de Telefé) y Lautaro Lionel Mauro (exasesor de Daniel Scioli) y de la posible participación en los hechos del empresario de Mar del Plata, Rodolfo Martín Usuna.

Los jueces que votaron la sentencia fueron María Gabriela López Iñíguez con disidencia parcial, respeto a la calificación legal de algunos condenados; Néstor Guillermo Costabel y Pablo Daniel Bertucci.