El departamento que Cristina Kirchner tiene en Recoleta fue anoche el escenario de un operativo policial. Es que el juez Claudio Bonadio ordenó a la Policía Federal retirar 31 cuadros de la propiedad ubicada en el cruce de Uruguay y Juncal.

Las obras de arte, valuadas en 4 millones dólares, habían quedado sin trasladar de los allanamientos que se realizaron en agosto pasado en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción.

El allanamiento al departamento de CFK se realizó el pasado 23 de agosto y se extendió durante alrededor de 13 horas. También hubo procedimientos en Río Gallegos y en El Calafate, en la provincia de Santa Cruz.

La medida había sido autorizada por el Senado por unanimidad, luego de que la ex jefa de Estado planteara una serie de exigencias con la intención de condicionar a Bonadio.

El abogado Carlos Beraldi, a cargo de la defensa de Cristina Kirchner, aseguró en ese momento que el allanamiento en el departamento de la ex mandataria en Recoleta fue ilegal.

“Por disposición del juez (Claudio) Bonadio me fue obligado a retirarme del domicilio y así evitar que yo, como abogado defensor, controle el procedimiento”, señaló en esa oportunidad.

Es por considerarla como presunta jefa de una asociación ilícita. Las acusación fueron ratificadas para varios exfuncionarios. El fallo benefició a empresarios.

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva para la expresidenta Cristina de Kirchner como jefa de una asociación ilícita y 27 hechos de cohecho en la causa por los cuadernos de la corrupción. La medida alcanza a otros exfuncionarios, mientras que favoreció a un grupo de empresarios, muchos de los cuales declararon como arrepentidos.

La confirmación del procesamiento de la exmandataria era el hecho judicial al cual el juez federal Claudio Bonadio había dejado supeditado un nuevo pedido de desafuero contra la exmandataria.

La exmandataria rompió el silencio desde su cuenta de Twitter tras el procesamiento y sostuvo que la “Cámara Federal hizo exactamente lo que publicó Clarín: dijo que soy la jefa de una asociación ilícita (una más y van) y dejó afuera a los empresarios”.

La Sala I de la Cámara Federal ratificó además el procesamiento y la prisión preventiva para el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex secretario de Obra Pública José López y el ex subsecretario de Control y Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, todos ya detenidos, como organizadores de la asociación ilícita.

La Cámara Federal validó la constitucionalidad de la figura del arrepentido en el caso, confirmó a Bonadio en la investigación y se consideró como “prueba válida” a los ocho cuadernos del remisero de Baratta, el chofer Oscar Centeno, uno de los arrepentidos, cuyo procesamiento quedó ahora ratificado como miembro de asociación ilícita.

“Los ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno entre 2005 y 2010, y nuevamente desde 2013 a 2015, son testimonios de la realidad; el más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno de la última década”, sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en el fallo al que accedió Télam.

En los cuadernos escritos por Centeno “se relatan infinidad de trayectos por las calles de esta ciudad y del conurbano, cientos de nombres y de lugares, múltiples escenas surcadas por un mismo denominador común: el dinero”, destacaron los camaristas.

Para la Cámara Federal, Centeno “fue testigo de numerosas actividades donde el dinero era el protagonista” ya que “lo vio desfilar en bolsos, mochilas y bolsas, tanto en residencias como en vehículos, en hoteles o en la vía pública, desde los más diversos orígenes, pero con pocos puntos de destino”.

Sobre los destinos del dinero, los magistrados destacaron que, de acuerdo al relato de Centeno, fue en una primera etapa a “los domicilios del (entonces) matrimonio presidencial” y en “el segundo período de narración” a la vivienda de Baratta y a la Quinta de Olivos.

A la mayoría de los empresarios imputados, la Cámara Federal porteña les dictó la falta de mérito con relación al delito de asociación ilícita, y los procesó por cohecho (coimas), un delito más grave que el de dádivas, imputado en algunos casos por Bonadio.

En ese mayoritario grupo de 22 empresarios aparecen, entre otros, el ex director de Iecsa Angel Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y los empresarios Aldo Roggio, y el CEO de Techint, Luis Betnaza.

Los tres empresarios que quedaron, según el fallo de la Cámara, dentro de la asociación ilícita fueron el financista Ernesto Clarens (organizador), el ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner (organizador), y Gerardo Ferreyra.

Clarens y Wagner permanecerán en libertad tras haberse acogido al régimen de los imputados colaboradores o arrepentidos, mientras que Ferreyra seguirá en prisión.

El Tribunal de Apelaciones confirmó además los procesamientos con prisión preventiva de los ex funcionarios Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Oscar Thomas, como miembros de asociación ilícita.

La Cámara Federal revocó, además, la falta de mérito con la que habían sido beneficiados los empresarios Jorge Neira, Héctor Sánchez Caballero, Rodolfo Poblete, Héctor Zabaleta y Francisco Valenti, y los procesó como partícipes necesarios de cohecho, al hacer lugar a una apelación al respecto de los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.

Entre los beneficiados por el fallo aparecen el ex juez federal Norberto Oyarbide y los ex funcionarios kirchneristas Oscar Parrilli, Javier Fernández y Jorge Mayoral, cuyos procesamientos fueron revocados y quedaron con falta de mérito.

En los casos de Oyarbide y Fernández, los jueces Bruglia y Bertuzzi entendieron que no fueron parte del supuesto sistema de recaudación de fondos ilegales pero podrían haber recibido dinero de la asociación ilícita, por lo que ordenaron extraer testimonios y enviarlos a sorteo para ser investigados.

El Tribunal ordenó liberar a ocho detenidos: a los ex funcionarios Hernán Gómez, Fabián García Rawson, Walter Fagyas y Hernán del Río y a los empreseradios Raúl Vertúa, Carlos Mundin, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain, estos dos últimos con prisión domiciliaria hasta el momento.

Ambito

El juez Claudio Bonadio dictó además la falta de mérito del director de Pampa Energía,
Marcelo Mindlin, en el marco de la misma causa.
Paolo Rocca, líder del Grupo Techint, fue procesado por orden del juez federal Claudio Bonadioen el marco de la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno por pago de sobornos en obra pública.

Vale recordar que por la causa ya estaba procesado Luis Betnaza, director de la compañía Techint, a quien Rocca le atribuyó la responsabilidad por el pago de las coimas durante el kirchnerismo.

De esta manera, para el juez quedó comprobado el pago de coimas por parte de esa compañía a exfuncionarios en el marco de la estatización de la empresa Sidor en Venezuela.

Asimismo, el magistrado dictó la falta de mérito para el director de Pampa Energía, Marcelo Mindlin.

El juez Claudio Bonadio había ordenado su detención. Estuvo casada con el secretario privado de Néstor Kirchner, quien aparece varias veces mencionado en los cuadernos de Oscar Centeno

Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de los Kirchner, se entregó este martes en los tribunales de Comodoro Py. Pesaba en su contra una orden de detención dictada por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción.

Los investigadores consideran que Pochetti es un engranaje clave para recuperar 70 millones de dólares que se habrían repartido entre familiares de Muñoz y muchos de los cuales se habrían invertido en propiedades en los Estados Unidos.

Muñoz fue secretario privado de los Kirchner hasta 2009. Los arrepentidos José López (ex secretario de Obras Públicas), el financista Ernesto Clarens y Claudio Uberti (ex OCCOVI), entre otros, explicaron que era Muñoz quien recibía los bolsos con dinero destinado a los Kirchner.

En las anotaciones del chofer Oscar Centeno, Muñoz aparece como receptor de varias entregas del servicio de delivery de bolsos que manejaba Roberto Baratta, número dos de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo.

Según información de la Unidad de Información Financiera (UIF) en manos de Rodríguez –quien investiga el delito de lavado de dinero del matrimonio Muñoz-Pochetti- hubo 16 operaciones inmobiliarias en Miami y Nueva York, entre abril de 2010 y diciembre de 2015, por 70 millones de dólares.

Muñoz-Pochetti aparecieron en los Panamá Papers como accionistas de una off shore registrada en las Islas Vírgenes. A partir de aquella información se llegó a un entramado de sociedades con vinculaciones en Suiza, Uruguay, Miami, Delaware, Nevada, Andorra, Seychelles y Nueva Zelanda que se dedicó a la compra de propiedades.

El exgobernador y actual diputado nacional del FpV es investigado contrataciones irregulares en las Unidades de Pronta Atención (UPA) de la provincia de Buenos Aires.

El fiscal Álvaro Garganta pidió que el exgobernador Daniel Scioli y varios integrantes de su gobierno vayan a juicio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros.

Se trata de una investigación por contrataciones irregulares en las Unidades de Pronta Atención (UPA) de la provincia de Buenos Aires.

Hugo Moyano volvió a desligar a su hijo Pablo de las acusaciones por asociación ilícita con la barra de Independiente que le imputó el fiscal Sebastián Scalera y acusó a Mauricio Macri de “incapaz” para gobernar. Además, amenazó con la convocatoria a un paro general si, finalmente, el juez del caso ordena el arresto.

Respecto de si se ordena la detención de su hijo, que deberá decidir el juez Luis Carzoglio, el titular de Camioneros aseguró que “la gente va a reaccionar, porque Pablo es muy querido”, y remarcó: “No descartamos un paro nacional cuando se trata de una injusticia de esta naturaleza”. Dijo en diálogo con la radio hiper K El Destape.

“Posee una incapacidad absoluta de gobernar el país, es un instrumento del poder, del FMI”, dijo Moyano de Macri a Radio 10. “Los que lo rodean lo hacen (gobiernan) con maldad, están endeudando al país y la gente se tiene que dar cuenta, evidentemente están mirando otra película. Ellos quieren tener un país colonizado”, enfatizó el líder camionero.

El cacique cegetista confirmó que un nutrido grupo de gremialistas se movilizará esta semana a la terminal área de Ezeiza para recibir a Pablo Moyano, que estuvo de viaje por Singapur, en el marco de la reunión anual de la Federación Internacional del Transporte (ITF). “Los delegados quieren ir a buscar a Pablo a mostrarle la solidaridad”, dijo el padre. Sergio Palazzo y Omar Viviani anunciaron la adhesión de la Corriente Federal de Trabajadores y otras organizaciones de la CGT. Se estima que llega entre el jueves y el viernes.

El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes pidió ratificar el procesamiento de la expresidenta Cristina de Kirchner como “jefa” de una asociación ilícita en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y el rol de organizadores para José López, Ernesto Clarens, Carlos Wagner y Gerardo Ferreyra.

Mediante un escrito ante la Sala I de la Cámara Federal Moldes describió el rol de “jefa” de la organización asignado a Cristina de Kirchner y sostiene la acusación de sus pares de primera instancia, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, para agravar la acusación sobre otros procesados y revertir la falta de mérito de otros.

Moldes pidió al igual que los fiscales de la instancia anterior catalogar como organizadores a José López, Ernesto Clarens, Carlos Wagner y Gerardo Ferreyra y no como lo están ahora como meros miembros de la misma.

Sobre el financista Clarens, Moldes recordó que “integró la asociación desde sus comienzos por tanto tuvo una participación primordial tanto en el desarrollo constitutivo como hasta en los últimos hechos investigados y formó parte de la agrupación bajo el mando de Néstor y Cristina Kirchner”.

En cuanto al exsecretario de Obras Públicas José López recordó que “hablaba directamente con los empresarios para llegar al acuerdo, y era quien decidía a quienes se pagaría, de qué forma debía hacerse y bajo que recuados, es decir, intervenía en la planificación del os diversos ilícitos”.

“López habría tenido un trato personal y constante con quienes fueron sus jefes, y más aún con quien había liderado la segunda etapa de la organización, Cristina Elizabeth Fernández viuda de Kirchner”, dijo Moldes.

En cuanto al empresario Gerardo Ferreyra, del Grupo Electroingenieria y quien está detenido con prisión preventiva, el fiscal Moldes evaluó que “habría organizado el contexto bajo el cual se debían realizar los pagos que se encontraban bajo su área”.

Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y titular de ESUCO, también pidió sea tildado de organizador pues “proyecto y efectivizó el plan en torno al circuito específico que se encontraba bajo sus funciones, tuvo una relación cercana y coordinada con los funcionarios de mayor rango que lideraban la asociación”.

“En definitiva, Clarens, López, Ferreyra y Wagner tenían capacidad funcional que les permitía moverse en sus respectivas áreas y realizaron actividades que fomentaron el objetivo criminal de la agrupación cuyos aportes resultaron elementales para el funcionamiento de la organización”, concluyó.

Moldes pidió revertir las faltas de mérito decretadas por Bonadio respecto a Jorge Neira, Javier Sánchez Caballero, Rodolfo Poblete, Héctor Zabaleta, Francisco Valenti y Osvaldo Acosta.

Además, sostuvo el pedido de citar prisión preventiva para Jorge Juan Mauricio Balan, Benjamín Gabriel Romero, Enrique Menotti Pescarnoma y Clarens, quienes sin embargo no irán a la cárcel por haber sido beneficiados por haber declarado como arrepentidos en esta causa.

También pidieron la detención de cuatro empresarios procesados sin preventiva: Alejandro Pedro Ivanissevich, Manuel Santos Uribelarrea, Hugo Alberto Dragonetti y Hugo Antranik Eurnekian.

Lo decidió el juez Ercolini. Los acusa de recibir dádivas de Cristóbal López y Lázaro Báez a través del alquiler “simulado” de propiedades en el caso Los Sauces.

Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner irán a juicio oral acusados de ser parte de una asociación ilícita que se dedicó al lavado de dinero y a la recepción de dádivas. El juez Julián Ercolini dio por clausurada la investigación de la causa Los Sauces y elevó el expediente a juicio oral y público.

La acusación sobre los dueños de la inmobiliaria que tuvo como principales inquilinos a Cristóbal López y Lázaro Báez -ambos presos-, es la de asociación ilícita “de carácter estable y permanente”, donde la ex presidenta está señalada como máxima responsable y su hijo como organizador. En la Justicia creen que usaron toda la operatoria como una pantalla para lavar plata proveniente de sobornos. Además, se les atribuye el delito de dádivas.

A juicio oral irán también los empresarios K detenidos, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares (ex contador de CFK), los hijos de Báez, entre otros.

Para los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, durante la instrucción se corroboró la existencia de una maniobra por la cual la “una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional -a través de la obra pública vial, mediante el pago de dádivas en virtud de los beneficios y concesiones otorgadas, etc.-, a los ex presidentes y a su núcleo familiar”.

Esto se concretó a través de un “montado en base a la actividad inmobiliaria y hotelera que aquellos llevaban adelante a través de la empresa Los Sauces”.

Esta maniobra es parte de una “gran matriz de corrupción” que tiene como delito precedente la defraudación al Estado a través del direccionamiento de la obra pública a favor de Báez. Allí, Cristina Kirchner está procesada y enviada a juicio por asociación ilícita.

La operatoria contó con un grupo estable de personas, según el requerimiento al que accedió Clarín, empezando por los dos principales inquilinos: Báez y López que garantizaron el 86% de la facturación de Los Sauces SA y en fondos unos $ 26 millones que fueron “a parar al patrimonio de los Kirchner”, mientras ambos empresarios eran “contratistas del Estado”.

Además, los empresarios K “habían recibido beneficios impositivos ilegítimos, y por ello, recurrieron a distintos esquemas de lavado de activos para canalizar a través de aquellos decenas de millones de pesos que aumentaron significativamente su patrimonio”.

Ellos fueron los responsables “junto a los ex presidentes”, de “desarrollar un mecanismo permanente para el reciclaje de una porción de las ganancias”, de modo que una parte “pudieran llegar a manos de los ex mandatarios con la apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita, es decir, como parte del sistema económico legal”.

De este esquema participaron Máximo y Florencia Kirchner. Al diputado nacional se le bajó la calificación a “organizador” y no quedó como “jefe” de la asociación ilícita. Como presidente de la firma realizó en representación de las sociedades la adquisición de propiedades, la firma y cobro de cheques con los que se “canalizaban los fondos, la firma de contratos de locación, y todos los demás actos a los fines de configurar, ejecutar y sostener la asociación delictiva, beneficiándose a su vez con su producido”.

La firma comenzó a adquirir propiedades: más de 23.897 metros cuadrados por 3.087.000 dólares en pocos años.

Las propiedades son: un lote en El Calafate por 445.000 pesos según el Tribunal de Tasación de la Nación; el dúplex de Puerto Madero que no logra alquilarse por 1.407.000 dólares, otro departamento en Puerto Madero por 943.00 dólares, dos terrenos en la villa turística por 27.000 pesos, el hotel La Aldea por 200.000 pesos, otro terreno por 100.000 pesos, una casa que le vendió Austral Construcciones en Río Gallegos por 97.000 dólares; la casa de la calle Mascarello donde reside la ex Presidenta por 250.000 dólares y el departamento en el barrio de Monserrat donde vive Florencia Kirchner, por 370.000 dólares.

Al tener las propiedades, se canalizaron los fondos a través de “alquileres simulados”. En total López y Báez garantizaron a los Kirchner: 25.968.040 pesos con este mecanismo ” de forma irregular y continúa, fondos que fueron al patrimonio de los Kirchner”.

Finalmente todo esto permitió que la familia Kirchner retirara de Los Sauces SA 10 millones de pesos en concepto de “devolución de créditos” a nombre de sus integrantes. Tanto la ex Presidenta como sus hijos fueron retirando en pocos años esa suma de dinero.

Clarín

Entre otros bienes, el diputado, que nunca trabajó, admitió dólares convertidos en nuestra moneda por más de 43 millones en efectivo y otros 9,5 en una caja de ahorro.

Después que su madre, la ex Presidenta, le cediera el 50% de su patrimonio, por primera vez la principal fortuna de la familia Kirchner la tiene el diputado nacional Máximo Kirchner. Ante la Oficina Anticorrupción (OA) declaró tener 94.215.404,03 pesos. Incluso más que cuando Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada: entonces se fue con 77 millones. El diputado por Santa Cruz declaró entre sus bienes una caja de ahorro en dólares que equivalen a $ 9.572.628,06 y tener dinero en efectivo en el país en dólares que declara como herencia que en nuestra moneda equivalen a $ 43.256.268. Todo convertido con un dólar de casi $ 20.

El diputado nacional por Santa Cruz incrementó su patrimonio. Mientras en el último período fiscal declaró bienes por 85.053.033,38 pesos, este último período le permitió llevar los mismos a 94.215.404,03. Un aumento del 10,1 por ciento, ante una inflación anual de 25%

La plata estaba escondida en una cuenta a nombre de la offshore CBH Bahamas LTD. Un tribunal oral busca ahora embargar y repatriar la plata.

La Justicia bloqueó otros 3 millones de euros que el empresario K Lázaro Báez mantenía ocultos en una cuenta bancaria que, hasta ahora, no había sido descubierta en la causa de la ruta del dinero K, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

La maniobra de Báez, quien está preso desde hace más de dos años y a punto de enfrentar un juicio oral por la primera parte de la causa de la ruta del dinero K, se había hecho a través de la fundación panameña trucha Kinsky. Sucede que Báez, antes del 2013, había logrado sacar toda los 3 millones de euros de la cuenta de Kinsky y los había colocado en otra cuenta a nombre de la offshore CBH Bahamas LTD en Nassau abierta en un banco internacional. Así había pasado sin ser descubierta en los primeros exhortos enviados a Suiza por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan.

Pero el trabajo de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Mariano Federici, logró detectar ese desvío de dinero y congelar la plata para que el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) -integrado por Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez- pida oficialmente su embargo y repatriación, explicaron las fuentes. La UIF informó hace unos días del hallazgo también a Casanello. Varios arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas confirmaron que el ex presidente Néstor Kirchner prefería los euros por sobre los dólares porque se podía llevar más valor en el mismo bolso.

En el 2017, la Justicia suiza había confirmado oficialmente a Casanello la existencia de por lo menos una cuenta de Lázaro Báez en su país con 25 millones de dólares y de la cual también participan como beneficiarios sus cuatro hijos. Esos 25 eran parte de los 60 que, en el 2013, había repatriado a la Argentina por miedo a que se los embarguen. De este exhorto, Casanello consiguió la pista de transferencias en Bahamas y en Dubai.

La cuenta está abierta a nombre de la fundación trucha panameña Kinsky en el banco Safra y en ella, además de Lázaro, aparecen sus cuatro hijos: Martín, Leandro, Luciana y Melina. Estos datos habían sido adelantados en un informe de inteligencia por la UIF, quien había pedido la detención de los hijos del empresario K. Pero el juez sólo los indagó y procesó.

En este informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) aparecen cuatro empresas off shore que no fueron creadas por Mossack Fonseca –estudio metido en el escándalo Panama Papers-, sino por su archirrival Icaza, Gonzalez Ruiz & Aleman.

Clarín