El primero en pasar al estrado será el ex funcionario de Validad santacruceña Héctor Garro, cuya defensa anticipó que se negará por el momento a declarar pero tendrá que dar sus datos personales ante el Tribunal Oral Federal 2.

El Tribunal que juzga a la ex presidenta Cristina Fernández y otros doce acusados por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz comenzará hoy a tomar declaraciones indagatorias en una audiencia en la que no estará presente la actual candidata a vicepresidenta.

El primero en pasar al estrado será el ex funcionario de Validad santacruceña Héctor Garro, cuya defensa anticipó que se negará por el momento a declarar pero tendrá que dar sus datos personales ante el Tribunal Oral Federal 2.

Luego será el turno del ex titular de Vialidad Nacional en el kirchnerismo Nelson Periotti, quien sí hablará ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Sebastián Basso en los tribunales federales de Retiro.

El cronograma de indagatorias ya fue fijado y la ex presidenta quedó en último lugar en fecha a definir, ya que se determinará en base a la extensión que tenga el trámite en cada jornada de juicio, que por el momento sólo se desarrolla los lunes.

El Tribunal autorizó a la senadora nacional a no concurrir a las audiencias, salvo cuando sea su turno de ser indagada.
La compañera de fórmula de Alberto Fernández es juzgada junto al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el empresario Lázaro Báez, entre otros acusados, por supuesta asociación ilícita y defraudación a raíz del presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del grupo Austral Construcciones.

Telam

Además, el ex vicepresidente fue absuelto por la supuesta compra irregular de 19 vehículos de alta gama cuando era ministro de Economía

El Tribunal Oral Federal 8, integrado por Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez, condenó a Amado Boudou a tres años de prisión en la causa en la que se investigó si falsificó tres formularios para transferir un auto Honda, modelo 1992. En la misma sentencia, el Tribunal también absolvió al ex funcionario por la supuesta compra irregular de 19 vehículos de alta gama cuando era ministro de Economía.

Boudou seguirá preso por la condena a cinco años y diez meses de cárcel por el caso Ciccone. Su defensa aspira a que la Corte Suprema revierta esa decisión.

El caso del auto Honda se trata de las presuntas irregularidades en tres formularios para hacer la transferencia en 2003 de ese vehículo. Por este hecho, junto con Boudou también fueron condenados a tres años María Graciela Taboada de Piñero, titular del titular del Registro Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, y Alberto Soto, que actúo como gestor. Todos fueron acusados del delito de falsedad ideologica, que tiene una pena máxima de seis años. La ex pareja de Boudou fue absuelta.

Por ese caso, Boudou ya había sido juzgado y sobreseído, pero el juicio se anuló y debió hacerse de nuevo.

Por el caso de los autos de alta gama, el tribunal absolvió a Boudou, al ex secretario Legal y Técnico de Economía Benigno Alberto Vélez, al ex titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) Daniel Reposo, y a los titulares de la concesionaria, Guido Guidi y Fernando Guidi.

En ese expediente se investigaban las presuntas irregularidades en la compra, en 2009, para el Ministerio de Economía de 13 Bora, 3 Passat, 3 Vento a la concesionaria «Guido Guidi». Para el juez de primera instancia, la operación se hizo por una subasta directa, sin cumplir los procesos establecidos y porque la concesionaria presentó un pliego de compra acorde a las condiciones del Ministerio de Economía. El costo fue de 2.131.400 de pesos.

El fiscal Abel Córdoba había dado por probadas ambas acusaciones y solicitó una pena única de cinco años para el ex vicepresidente.

Los fundamentos del fallo se conocerán recién el 26 de septiembre.

Un alegato político

Esta mañana, Amado Boudou pronunció sus últimas palabras en el juicio y apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri por la crisis económica.»Nos sentaron a nosotros en el banquillo para saquear al país con el sistema de tarifas y el endeudamiento; Gracias a Dios y al pueblo, esto se está terminando».

Y agregó: «Mientras se entretuvo con pan y circo, y a veces solo con circo, un grupo concentrado saqueó el estado argentino».

Infobae

Buenas y malas noticias para casi un centenar de intendentes del país: la mitad quedó a las puertas de un juicio oral, mientras que la otra mitad fue «desprocesado» y se ordenó profundizar la investigación sobre ellos. Se trata de la causa que investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades de todo el país llevaran adelante tratamientos de residuos.

Por esta investigación hay tres ex jefes de Gabinete kirchneristas que están procesados: Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, junto a otros tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo.

Pero en febrero pasado, Bonadio procesó a 92 intendentes de todo el país. Dijo que cada uno «con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de $604.529.670,00, maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales».

Los acusados apelaron y hoy la Sala I de la Cámara Federal revisó la situación de cada uno. Y al revisar cada situación puntual se confirmó el procesamiento para 44 de los intendentes como partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, mientras que para otros 42 se dictó la falta de mérito. Entre los procesados están Francisco «Barba» Gutiérrez y Francisco «Paco» Durañona.

A otros tres les quedó firme el procesamiento directamente porque no se presentaron a tiempo a la audiencia de apelación. Uno de ellos fue Mateo Capitanich. Con eso la suma de intendentes procesados se elevó a 47.

Mientras tanto, la Cámara revocó el procesamiento de otros 42 a quienes se dictó la falta de mérito por entender que no estaban acreditados los delitos. Se determinó que hubo «incumplimientos obligacionales, pero que ameritan una investigación más profunda para poder definir el significado jurídico de dichas infracciones». También dispuso el sobreseimiento de dos intendentes que habían sido procesados (Marcelo Skansi y Pedro Maidana).

La causa. El gobierno de Cristina Kirchner implementó programas de tratamiento de basura, vía Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron. El fiscal Carlos Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).

Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para «disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales», según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.

En diciembre de 2017, Bonadio había firmado los procesamientos de Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina. Pero Rivolo apeló y la Cámara le dio la razón. También quedaron procesados ex secretarios de Medio Ambiente como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y Andrés Meiszner, ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete.

Luego llego el turno de los intendentes. En un fallo al que accedió Infobae, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens sostuvieron que «desde un comienzo el eje de la investigación apuntó al empleo del marco legal de los PMGIRSU ( un programa de tratamiento de residuos sólidos urbanos) para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales».

Según se sostuvo, «sobre esa base es que se habían estructurado las imputaciones previas remarcando que funcionarios federales, en infracción de los deberes a su cargo, habían facilitado la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicadas para la ejecución de las obras comprometidas, se habrían desviado hacia fines que a la fecha resultan desconocidos».

«Hay supuestos paradigmáticos, como las intendencias de Machagai, Pampa del Infierno y Juan José Castelli», señaló el fallo. Se hizo hincapié en «las implicancias del uso delictivo de los PMGIRSU también tuvieron eco en San Antonio de Areco, donde Francisco Durañona y Vedia debía aplicar 1.666.666 pesos en el saneamiento de un basural». O que «a la intendencia de Quilmes se le transfirieron en abril de 2013 $10.588.780 para desarrollar una planta de separación y clasificación». Pero los jueces evaluaron que no estaban acreditados de la misma manera el caso en todos los imputados analizados.

El fallo confirmó los procesamientos de Gustavo Karasiuk, Angel González, Francisco Winnik, Alfredo Pastor, Gustavo Steven, Carlos Andión, Walter Correa, Alicia Leiva, Elba Lezcano, Jorge Armando Batalla, Aldo Adolfo Leiva, Maria Susana Simonofski, Oscar Alberto Nievas y Carlos Gerardo Palacios. También para Lorenzo Heffner, Hector Justino Vega, Carlos Antonio Ibañez, Estela Carina Mitoire, Alfredo Osvaldo Zamora, Raul Alberto Cantín, Teodoro Segundo Camino, Gustavo Daniel Racca, Roberto Gustavo Dehesa, Hector Carlos Godoy y José Antonio López.

La lista incluyó a Juan Carlos Balalini, Juan Enrique Orellana, Julio Ernesto Castro, Luis Stanicia, Alberto Rodolfo Escudero, Eduardo Leonel Galantini, Diana Edith Argüello, Hermes Armando Bordón, Federico Neis, Ricardo Casi, Hector Anibal Olivera, Jorge Alberto Eijo, Gustavo Walker, Francisco Iribarren, Marta Susana Medici, Ricardo Curetti, Carlos Raciatti, Francisco Durañona y Vedia y Francisco Gutiérrez.

Infobae

 

El exvicepresidente de la Nación cumple una pena de 5 años y 10 meses de prisión por “cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública”.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación ha confirmado la condena contra Amado Boudou por la causa de la venta de la calacografía Ciccone.

Durante la tarde del miércoles el exvicepresidente fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. La sentencia se había dictado en agosto de 2018.

El máximo tribunal penal se pronunció sobre la sentencia del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4). El exfuncionario también tuvo inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y fue detenido tras la lectura de aquel fallo.

El TOF 4 había condenado a José María Núñez Carmona a 5 años y 6 meses de prisión como “partícipe necesario” de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles.

Por otro lado, a Nicolás Ciccone, exdueño de la imprenta, le dieron 4 años y 6 meses y prisión domiciliaria por la misma acusación que recibió Nuñez Carmona.

Con respecto a Alejandro Vandenbroele, testaferro del excompañero de fórmula de Cristina Kirchner, ​la pena ha sido de dos años de prisión en suspenso y cuarenta horas de tareas comunitarias.

Guido Forcieri, exjefe de Gabinete en el ministerio de Economía, recibió dos años y medio de prisón en suspenso y también tareas comunitarias. Rafael Resnik Brenner, exasesor de Ricardo Echegaray, la sentencia fue de tres años en suspenso. Todos han sido condenados como “partícipes necesarios” de la maniobra que derivó en la adquisición de la excalcográfica.

La Sala IV de Casación, que está integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, confirmó las acusaciones y condenas. Fue luego de diversos recursos interpuestos por las defensas que solicitaron su absolución.

La hostería El Retorno, de San Carlos de Bariloche, permanece cerrada desde 2014.

Stolbizer presentará esta semana una nueva ampliación de la denuncia contra Cristina Kirchner por asociación ilícita. La exdiputada nacional detallará cómo la supuesta maquinaria de corrupción en los hoteles de la familia Kirchner en el sur también incluyó una hostería llamada El Retorno, de San Carlos de Bariloche, que permanece cerrada desde 2014.

Según Stolbizer y la abogada Silvina Martínez, el hotel fue adquirido con dinero «proveniente de ilícitos» por los Kirchner y bajo la operación y administración del contador Osvaldo «Bochi» Sanfelice.

Según reveló esta noche el programa La Cornisa, que conduce Luis Majul, la hostería está ubicada sobre la costa del lago Gutiérrez, a 12 kilómetros del centro de Bariloche y muy cerca del cerro Catedral, y llegó a contar con 30 empleados que trabajaban todo el año.

A partir de noviembre de 2013, el hotel comenzó a ser administrado por Idea, la empresa de Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria y con vínculos con Cristina, Lázaro Báez y Cristóbal López en alquileres de departamentos y emprendimientos hoteleros.

En septiembre de 2014, El Retorno cerró por supuestas obras de remodelación, pero no volvió a abrir y sus empleados fueron indemnizados. En 2018, en tanto, sufrió actos de vandalismo al ser saqueado e incendiado.

Sin embargo, el que se sigue encargando de los pagos de los servicios básicos es Adrián Gómez, un hombre de Sanfelice. Gómez figura como gerente del hotel y fue también empleado de Panatel, la empresa que les alquiló a los Kirchner el Hotel Los Sauces.

Las pruebas
Una de las pruebas que vinculan El Retorno con los Kirchner, según las denunciantes, es que cuando estaba en funcionamiento los huéspedes que pagaban con tarjeta recibían en el resumen de cuenta que la empresa que les había cobrado la estadía era Alto Calafate.

Por su parte, las autoras del libro Ella miente: Cristina y los 2000 millones de dólares involucran a un nuevo actor en la maquinaria de corrupción. Se trata de Mauro Sánchez, abogado personal y empleado de Cristóbal López y del Grupo Indalo, quien intentó comprar, junto a Sanfelice, un hotel en Ushuaia, otro en El Calafate y otro en El Chaltén.

Sánchez también tuvo un puesto en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cristina Kirchner y en el Servicio Penitenciario bonaerense. Además, alquiló durante casi cinco años el departamento de la familia Kirchner ubicado en el piso 5 de Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta.

Según Stolbizer y Martínez, las sociedades Los Nostros SA y South Mineral SA, pertenecientes a Cristóbal López, fueron las que compraron El Retorno

La Nación

Es a raíz de los casi nueve millones de dólares que intentó esconder en bolsos en un monasterio de General Rodríguez la madrugada del 14 de junio de 2016.

El ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López fue condenado esta tarde a seis años de prisión por «enriquecimiento ilícito» a raíz de los casi nueve millones de dólares que intentó esconder en bolsos en un
monasterio de General Rodríguez la madrugada del 14 de junio de 2016.

Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal 1, conformado por los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Antonio Michilini.

En tanto,María Amalia Díaz, la ex esposa de López, fue condenada a dos años de prisión en suspenso por «enriquecimiento ilícito».

Telam

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 dará a conocer este miércoles el veredicto del caso en el que se juzga al ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López por supuesto enriquecimiento ilícito, ratificaron hoy fuentes judiciales.

El ex funcionario es investigado junto con su esposa, cuatro supuestos testaferros y una de las monjas del convento en el que intentó esconder bolsos con cerca de U$S 9 millones, en la ciudad bonaerense de General Rodríguez.

El TOF 1, integrado por los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Antonio Michilini, dará el miércoles, a las 9.30, la posibilidad de que los imputados que aún no lo hicieron digan sus últimas palabras en el juicio y por la tarde se difundirá el veredicto, informaron las fuentes.

López está siendo juzgado por enriquecimiento ilícito por la compra de una casa en Tigre y un departamento en la avenida Las Heras de la ciudad Buenos Aires, que habría colocado a nombre de testaferros y por los casi 9 millones de dólares con los que fue detenido durante la madrugada del 14 de junio de 2016.

Junto con López están siendo juzgados su esposa María Amalia Díaz, los supuestos testaferros Enrique Galera, Eduardo Gutiérrez y Carlos Gianni y la monja Celia Inés Aparicio, que estuvo en la iglesia el día que fue detenido el ex funcionario.

La semana pasada la defensora oficial de López, Pamela Bisserier, pidió su absolución tras considerar que no se pudo probar que formaran parte de su patrimonio los 9 millones de dólares que intentó esconder, aunque tampoco se demostró como los obtuvo.

La abogada del ex funcionario insistió con la idea de que el dinero que su defendido transportó no era de su propiedad, tal como el acusado había declarado en el marco de la causa de los “cuadernos”, donde dijo que el traslado de los bolsos con los dólares se lo había encargado Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En ese sentido, Bisserier solicitó que la parte de la investigación referida al episodio del convento sea remitida al juzgado federal 11, a cargo de Claudio Bonadio, “por corresponder con lo que se investiga en la causa de los Cuadernos y la del lavado de dinero” atribuido al entorno del fallecido Daniel Muñoz, quien fue secretario del ex presidente Néstor Kirchner.

La Oficina Anticorrupción (OA) y el fiscal Miguel Ángel Osorio pidieron que López sea condenado a 6 años de prisión, se le aplique una multa del 100 por ciento del valor del enriquecimiento supuestamente comprobado y el decomiso de los casi U$S 9 millones con los que fue detenido.

Osorio pidió además que la esposa de López sea condenada a un año y seis meses de prisión, que los presuntos testaferros purguen penas de tres años y medio de prisión y que la monja Aparicio sea absuelta.

Por su parte, los abogados de la OA reclamaron penas de 4 años de prisión para la esposa de López y dos años de cárcel para la monja Aparicio, por el delito de encubrimiento.

Lo decidió el juez Claudio Bonadio bajo la acusación de haber recibido coimas, en un expediente derivado de la causa de los cuadernos.

El juez federal Claudio Bonadio procesó este jueves a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a ex funcionarios de su gobierno y a más de cien empresarios en dos expedientes derivados de la causa de los Cuadernos, en el que investiga la supuesta cartelización de la obra pública y el presunto pago de sobornos por parte de las empresas que explotaban las rutas con peajes durante el gobierno kirchnerista.

Entre los empresarios procesados por la supuesta cartelización de la obra pública se encuentran los detenidos Lázaro Báez (Grupo Austral), Gerardo Ferreyra(Electroingeniería), Fabián De Sousa y Cristóbal López (Grupo Indalo) a quienes Bonadio procesó con prisión preventiva.

La investigación de la supuesta cartelización de la Obra Pública tiene por objetivo determinar si las empresas más grandes del país se asociaron de manera ilícita para, con acuerdo con los ex funcionarios públicos, arreglar las licitaciones.

“Se trata de una maquinaria de corrupción que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, permaneciendo enquistada en nuestra República Argentina, sin solución de continuidad, durante más de doce años”, sostuvo el juez en el fallo de 678 páginas referido a la cartelización de las obras.

Por ese tramo de la investigación, Bonadio procesó sin prisión preventiva al ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y a los empresarios Aldo Roggio (Benito Roggio e Hijos), Hugo Eurnekian (Helport), Osvaldo Acosta (Electroingeniería), Juan Chediak, Ángel Calcaterra y Javier Sánchez Caballero (IECSA) y Juan Carlos de Goychoechea (Isolux), entre otros.

Wagner, como arrepentido del caso de los Cuadernos, habló ante el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli de la cartelización de la obra pública y del pago de coimas de empresarios a funcionarios públicos.

Por la cartelización de la obra pública, Bonadio procesó también al nancista Ernesto Clarens quien, en calidad de arrepentido, relató “cómo era el mecanismo de recaudación –orquestado por (el ex ministro de Planicación Federal) Julio Miguel De Vido–, del cual formaban parte las empresas de la construcción más relevantes de este país, al igual que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.

En relación a la supuesta cartelización, Bonadio procesó a la ex presidenta “en orden a los delitos de cohecho pasivo, reiterado en mil veintisiete (1.027) hechos, setecientos uno (701) de ellos en calidad de coautora, y trescientos veintiséis (326) en calidad de partícipe necesaria”.

Telam

Se trata de la ex Orígenes, del grupo holandés ING. Presentó la demanda el 30 de abril en los tribunales del CIADI y reclama una compensación por los daños de la reestatización del sistema jubilatorio. El Gobierno también espera novedades por el caso de Metlife

Casi en simultáneo a que el gobierno se anoticiara de que en las próximas semanas habrá novedades con la resolución de la demanda iniciada por Metlife en el CIADI –el tribunal arbitral del Banco Mundial–, una nueva demanda fue presentada en los tribunales internacionales a raíz de la reestatización del sistema jubilatorio y la eliminación de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) ocurrida en 2008.

La nueva demanda fue presentada el 30 de abril por la ex AFJP Orígenes (del grupo holandés ING) y las también holandesas NNH y NNI Insurance International, según informó hoy el organismo en su página web. El reclamo es por USD 500 millones.

Orígenes fue creada por los bancos Provincia de Buenos Aires y Río (luego comprado por el Santander) en 1995 cuando comenzó el sistema de jubilación privada. Luego fue vendida al ING en julio de 2007 por USD 300 millones. Un año después, con Cristina Fernández como presidente y Amado Boudou como titular de la Anses, se decidió reestatizar el sistema y los fondos pasaron al organismo previsional.

La nueva demanda fue presentada el 30 de abril por la ex AFJP Orígenes (del grupo holandés ING) y las también holandesas NNH y NNI Insurance International

A partir de la presentación de la demanda, el próximo paso será la constitución del tribunal arbitral, lo que podría ocurrir a fin de mes. Si se cumplen estos tiempos, que igualmente podrían extenderse, la réplica de la procuración debería producirse en abril del año próximo y recién la audiencia, a fin del 2020.

En el caso de Metlife, la demanda fue iniciada el 14 de junio de 2017, el tribunal aceptó el caso el año pasado y el mes pasado la procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías, fue la encargada de contestar. La novedad es que el gobierno argentino fue recientemente notificado de que en las próximas semanas habrá novedades de la resolución de la causa y el monto involucrado.

Se trata de un nuevo frente que debería enfrentar el gobierno argentino, luego de haber recibido un fallo adverso por parte del CIADI por la estatización de Aerolíneas Argentinas, condenándolo a pagar USD 320 millones, y a días en que muy probablemente la Corte Suprema de EEUU decida que juicio por la expropiación de YPF debe continuar en los tribunales de Nueva York y no en el país, como pretende el Gobierno.

Infobae

El Tribunal Oral Federal 2 apuntaba este lunes los últimos detalles para el inicio este martes del juicio oral a la ex presidenta Cristina Kichner por las presuntas irregularidades en la obra pública y uno de los aspectos más esperados era cómo se iban a sentar los 13 acusados en la sala de audiencia.

La primera fila frente a los jueces estará destinada al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al empresario Lázaro Báez y al ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner. Son las tres personas que están detenidas -solo Kirchner para esta causa- y que por cuestiones de seguridad estarán juntos. Se sentarán con sus abogados y serán custodiados por agentes del Servicio Penitenciario Federal.

En la segunda fila estará la ex presidenta. Fue ubicada en el medio. A sus costados estarán sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. El resto de los acusados estarán repartatidos entre la segunda y el resto de las filas que tiene la sala AMIA, donde se realizará el juicio.

El únicos de los imputados que no estará en ese sector es el ex secretario de Obras Públicas José López por una cuestión de seguridad. Si bien López no es arrepentido en esta causa si lo es en el expediente de los cuadernos de la corrupción en donde declaró sobre el cobro de coimas durante el gobierno anterior e involucró a Cristina Kirchner y De Vido. Para evitar cualquier tipo de inconveniente se sentará en el sector de las acusaciones, detrás de las querellas de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF). Entre esa parte y los acusados hay un pasillo que divide.

Ninguno de los acusados hizo algún pedido especial de ubicación. Quien sí hizo una presentación para no ir mañana al juicio fue Báez. Su defensa pidió que siga la audiencia a través de una videconferencia desde la cárcel de Ezeiza donde está detenido. Pero el tribunal rechazó el planteo.

Infobae