Es a raíz de los casi nueve millones de dólares que intentó esconder en bolsos en un monasterio de General Rodríguez la madrugada del 14 de junio de 2016.

El ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López fue condenado esta tarde a seis años de prisión por «enriquecimiento ilícito» a raíz de los casi nueve millones de dólares que intentó esconder en bolsos en un
monasterio de General Rodríguez la madrugada del 14 de junio de 2016.

Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal 1, conformado por los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Antonio Michilini.

En tanto,María Amalia Díaz, la ex esposa de López, fue condenada a dos años de prisión en suspenso por «enriquecimiento ilícito».

Telam

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 dará a conocer este miércoles el veredicto del caso en el que se juzga al ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López por supuesto enriquecimiento ilícito, ratificaron hoy fuentes judiciales.

El ex funcionario es investigado junto con su esposa, cuatro supuestos testaferros y una de las monjas del convento en el que intentó esconder bolsos con cerca de U$S 9 millones, en la ciudad bonaerense de General Rodríguez.

El TOF 1, integrado por los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Antonio Michilini, dará el miércoles, a las 9.30, la posibilidad de que los imputados que aún no lo hicieron digan sus últimas palabras en el juicio y por la tarde se difundirá el veredicto, informaron las fuentes.

López está siendo juzgado por enriquecimiento ilícito por la compra de una casa en Tigre y un departamento en la avenida Las Heras de la ciudad Buenos Aires, que habría colocado a nombre de testaferros y por los casi 9 millones de dólares con los que fue detenido durante la madrugada del 14 de junio de 2016.

Junto con López están siendo juzgados su esposa María Amalia Díaz, los supuestos testaferros Enrique Galera, Eduardo Gutiérrez y Carlos Gianni y la monja Celia Inés Aparicio, que estuvo en la iglesia el día que fue detenido el ex funcionario.

La semana pasada la defensora oficial de López, Pamela Bisserier, pidió su absolución tras considerar que no se pudo probar que formaran parte de su patrimonio los 9 millones de dólares que intentó esconder, aunque tampoco se demostró como los obtuvo.

La abogada del ex funcionario insistió con la idea de que el dinero que su defendido transportó no era de su propiedad, tal como el acusado había declarado en el marco de la causa de los “cuadernos”, donde dijo que el traslado de los bolsos con los dólares se lo había encargado Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En ese sentido, Bisserier solicitó que la parte de la investigación referida al episodio del convento sea remitida al juzgado federal 11, a cargo de Claudio Bonadio, “por corresponder con lo que se investiga en la causa de los Cuadernos y la del lavado de dinero” atribuido al entorno del fallecido Daniel Muñoz, quien fue secretario del ex presidente Néstor Kirchner.

La Oficina Anticorrupción (OA) y el fiscal Miguel Ángel Osorio pidieron que López sea condenado a 6 años de prisión, se le aplique una multa del 100 por ciento del valor del enriquecimiento supuestamente comprobado y el decomiso de los casi U$S 9 millones con los que fue detenido.

Osorio pidió además que la esposa de López sea condenada a un año y seis meses de prisión, que los presuntos testaferros purguen penas de tres años y medio de prisión y que la monja Aparicio sea absuelta.

Por su parte, los abogados de la OA reclamaron penas de 4 años de prisión para la esposa de López y dos años de cárcel para la monja Aparicio, por el delito de encubrimiento.

Lo decidió el juez Claudio Bonadio bajo la acusación de haber recibido coimas, en un expediente derivado de la causa de los cuadernos.

El juez federal Claudio Bonadio procesó este jueves a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a ex funcionarios de su gobierno y a más de cien empresarios en dos expedientes derivados de la causa de los Cuadernos, en el que investiga la supuesta cartelización de la obra pública y el presunto pago de sobornos por parte de las empresas que explotaban las rutas con peajes durante el gobierno kirchnerista.

Entre los empresarios procesados por la supuesta cartelización de la obra pública se encuentran los detenidos Lázaro Báez (Grupo Austral), Gerardo Ferreyra(Electroingeniería), Fabián De Sousa y Cristóbal López (Grupo Indalo) a quienes Bonadio procesó con prisión preventiva.

La investigación de la supuesta cartelización de la Obra Pública tiene por objetivo determinar si las empresas más grandes del país se asociaron de manera ilícita para, con acuerdo con los ex funcionarios públicos, arreglar las licitaciones.

“Se trata de una maquinaria de corrupción que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, permaneciendo enquistada en nuestra República Argentina, sin solución de continuidad, durante más de doce años”, sostuvo el juez en el fallo de 678 páginas referido a la cartelización de las obras.

Por ese tramo de la investigación, Bonadio procesó sin prisión preventiva al ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y a los empresarios Aldo Roggio (Benito Roggio e Hijos), Hugo Eurnekian (Helport), Osvaldo Acosta (Electroingeniería), Juan Chediak, Ángel Calcaterra y Javier Sánchez Caballero (IECSA) y Juan Carlos de Goychoechea (Isolux), entre otros.

Wagner, como arrepentido del caso de los Cuadernos, habló ante el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli de la cartelización de la obra pública y del pago de coimas de empresarios a funcionarios públicos.

Por la cartelización de la obra pública, Bonadio procesó también al nancista Ernesto Clarens quien, en calidad de arrepentido, relató “cómo era el mecanismo de recaudación –orquestado por (el ex ministro de Planicación Federal) Julio Miguel De Vido–, del cual formaban parte las empresas de la construcción más relevantes de este país, al igual que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.

En relación a la supuesta cartelización, Bonadio procesó a la ex presidenta “en orden a los delitos de cohecho pasivo, reiterado en mil veintisiete (1.027) hechos, setecientos uno (701) de ellos en calidad de coautora, y trescientos veintiséis (326) en calidad de partícipe necesaria”.

Telam

Se trata de la ex Orígenes, del grupo holandés ING. Presentó la demanda el 30 de abril en los tribunales del CIADI y reclama una compensación por los daños de la reestatización del sistema jubilatorio. El Gobierno también espera novedades por el caso de Metlife

Casi en simultáneo a que el gobierno se anoticiara de que en las próximas semanas habrá novedades con la resolución de la demanda iniciada por Metlife en el CIADI –el tribunal arbitral del Banco Mundial–, una nueva demanda fue presentada en los tribunales internacionales a raíz de la reestatización del sistema jubilatorio y la eliminación de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) ocurrida en 2008.

La nueva demanda fue presentada el 30 de abril por la ex AFJP Orígenes (del grupo holandés ING) y las también holandesas NNH y NNI Insurance International, según informó hoy el organismo en su página web. El reclamo es por USD 500 millones.

Orígenes fue creada por los bancos Provincia de Buenos Aires y Río (luego comprado por el Santander) en 1995 cuando comenzó el sistema de jubilación privada. Luego fue vendida al ING en julio de 2007 por USD 300 millones. Un año después, con Cristina Fernández como presidente y Amado Boudou como titular de la Anses, se decidió reestatizar el sistema y los fondos pasaron al organismo previsional.

La nueva demanda fue presentada el 30 de abril por la ex AFJP Orígenes (del grupo holandés ING) y las también holandesas NNH y NNI Insurance International

A partir de la presentación de la demanda, el próximo paso será la constitución del tribunal arbitral, lo que podría ocurrir a fin de mes. Si se cumplen estos tiempos, que igualmente podrían extenderse, la réplica de la procuración debería producirse en abril del año próximo y recién la audiencia, a fin del 2020.

En el caso de Metlife, la demanda fue iniciada el 14 de junio de 2017, el tribunal aceptó el caso el año pasado y el mes pasado la procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías, fue la encargada de contestar. La novedad es que el gobierno argentino fue recientemente notificado de que en las próximas semanas habrá novedades de la resolución de la causa y el monto involucrado.

Se trata de un nuevo frente que debería enfrentar el gobierno argentino, luego de haber recibido un fallo adverso por parte del CIADI por la estatización de Aerolíneas Argentinas, condenándolo a pagar USD 320 millones, y a días en que muy probablemente la Corte Suprema de EEUU decida que juicio por la expropiación de YPF debe continuar en los tribunales de Nueva York y no en el país, como pretende el Gobierno.

Infobae

El Tribunal Oral Federal 2 apuntaba este lunes los últimos detalles para el inicio este martes del juicio oral a la ex presidenta Cristina Kichner por las presuntas irregularidades en la obra pública y uno de los aspectos más esperados era cómo se iban a sentar los 13 acusados en la sala de audiencia.

La primera fila frente a los jueces estará destinada al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al empresario Lázaro Báez y al ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner. Son las tres personas que están detenidas -solo Kirchner para esta causa- y que por cuestiones de seguridad estarán juntos. Se sentarán con sus abogados y serán custodiados por agentes del Servicio Penitenciario Federal.

En la segunda fila estará la ex presidenta. Fue ubicada en el medio. A sus costados estarán sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. El resto de los acusados estarán repartatidos entre la segunda y el resto de las filas que tiene la sala AMIA, donde se realizará el juicio.

El únicos de los imputados que no estará en ese sector es el ex secretario de Obras Públicas José López por una cuestión de seguridad. Si bien López no es arrepentido en esta causa si lo es en el expediente de los cuadernos de la corrupción en donde declaró sobre el cobro de coimas durante el gobierno anterior e involucró a Cristina Kirchner y De Vido. Para evitar cualquier tipo de inconveniente se sentará en el sector de las acusaciones, detrás de las querellas de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF). Entre esa parte y los acusados hay un pasillo que divide.

Ninguno de los acusados hizo algún pedido especial de ubicación. Quien sí hizo una presentación para no ir mañana al juicio fue Báez. Su defensa pidió que siga la audiencia a través de una videconferencia desde la cárcel de Ezeiza donde está detenido. Pero el tribunal rechazó el planteo.

Infobae

El máximo tribunal informó que la solicitud al Tribunal Oral Federal N°2 de revisar el expediente «no suspende el juicio oral en trámite»

La Corte Suprema de Justicia informó este jueves que la solicitud al Tribunal Oral Federal N°2 de revisar el expediente de la causa «Vialidad», en donde se investiga a la ex presidenta Cristina Elisabet Kirchner por el redireccionamiento de la obra pública, «no suspende el juicio oral en trámite». Es decir, ratificó que el procedimiento contra la ex mandataria comenzará el próximo martes 21 de mayo, como estaba previsto.

«Dicho pedido no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido. La medida es al solo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta al tribunal, en tiempo oportuno», destacaron los integrantes del máximo tribunal en un comunicado.

El expediente ya se encuentra en manos de los jueces de la Corte: tiene más de 50 cuerpos, 13 imputados (entre los que se encuentran, además de la ex mandataria, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez), cuenta con más de 150 testigos, y se cuestionan 52 obras públicas adjudicadas a Austral Construcciones.

En otro pasaje del comunicado, se argumentó la solicitud al TOF 2 al considerar que «de este modo se evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que por no haber ejercido un control oportuno, los procesos llevados adelante culminaron nulificandose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad».

Cuando se conoció el pedido de la Corte, se hizo referencia a la necesidad de poner orden en una causa llena de recursos y planteos (ocho, por parte de las defensas) que podrían derivar en distintos pedidos de nulidad a lo largo del juicio.

En este punto, el máximo tribunal afirmó que «debe cumplir con su misión de guardián de las garantías constitucionales que corresponden a todos los ciudadanos por igual, examinando el correcto cumplimiento del debido proceso conforme lo disponen la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia».

En un principio, muchos dirigentes políticos y especialistas en derecho advirtieron que la solicitud para revisar el expediente podría generar una nueva demora en el inicio del juicio oral contra Cristina Elisabet Kirchner. El propio presidente, Mauricio Macri, se manifestó en contra de esta posibilidad: «Queremos que no haya impunidad», planteó ayer desde la provincia de Corrientes.

Por otro lado, una de las querellas en el juicio que investiga a la ex mandataria por corrupción en la obra pública en la provincia de Santa Cruz, la Oficina Anticorrupción, también había rechazado este pedido.

En otro de los puntos del comunicado, la Corte indicó que solicitar los expedientes para una revisión es una «medida habitual» y que «ha sido adoptada en numerosas oportunidades».

Infobae

El Tribunal Oral 5 intimó a la hija de la ex presidente a presentar la historia clínica completa y mantuvo al 4 de abril como la fecha limite para su regreso al país

El Tribunal Federal Oral 5 rechazó el planteo de la defensa de Florencia Kirchner para extender su estadía en Cuba, donde se realiza un tratamiento médico, y la intimaron a que aporte la historia clínica completa. De esta manera, por ahora se mantiene vigente la fecha obligatoria de regreso del 4 de abril para la hija de la ex presidente Cristina Kirchner. Si la joven no se presenta, podrá ser declarada en rebeldía, indicaron fuentes judiciales.

La defensa de Florencia Kichner, a cargo de Carlos Beraldi, había solicitado esta mañana un planteo para extender la estadía de la joven en Cuba hasta que finalice su tratamiento médico. Sin embargo, el tribunal rechazo el planteo y dejó firme la resolución que impone a la cineasta a regresar al país el 4 de abril, cuando se vence la autorización para permanecer fuera del país.

La joven está procesada en la causa Los Sauces y también en la causa Hotesur, dos operaciones en donde se investiga el lavado de dinero a través de distintas maniobras que se habrían llevado adelante para canalizar dinero entregado por obras y concesiones públicas a Lázaro Baez y Cristóbal López. Junto a ella también está procesada su madre Cristina Fernández y su hermano, el diputado Máximo Kirchner.

Esta mañana, la ex jefa de Estado dio cuenta de la presentación realizada por los abogados: «Solicitamos que se revoque la muy grave y absurda resolución que obliga a mi hija Florencia a interrumpir el tratamiento médico que está realizando en Cuba y regresar al país este jueves», explicó la senadora en un mensaje a través de las redes sociales.

La ex presidente difundió la presentación realizada por el abogado Carlos Beraldi, en la que afirmaba que «el estado de salud de Florencia y la recomendación médica de no viajar se encuentra debidamente certificado en el resumen de su Historia Clínica que expidió el CIMEQ y fue ratificado por el Cuerpo Médico Forense, a solicitud de este mismo Tribunal».

«No existe ningún acto procesal que requiera la presencia física de Florencia de manera inmediata, mucho menos si para ello debe interrumpir un tratamiento o someterse a un viaje que los médicos le piden expresamente que no realice», argumentó la ex mandataria.

Precisó que la fiscal de la causa también determinó que «no se ha dispuesto ningún acto procesal que requiera contar con su presencia».

En esa línea, dijo que su hija «cumplió con las citaciones que se le cursaron a efectos de ser notificada, de manera personal, tanto del auto de procesamiento como del embargo trabado sobre sus bienes» y «acudió a la oficina competente de la Cámara Criminal y Correcional Federal para que se le realizara el informe socio-ambiental ordenado».

«Finalmente, a su regreso de Cuba a finales del año pasado, en cumplimiento de la directiva impuesta acudió de manera personal a la Secretaría del Tribunal, exhibiendo su pasaporte y entregando copia de los sellos impuestos por las autoridades migratorias», subrayó.

Y concluyó: «Por todo esto es que solicitamos que se autorice a Florencia a permanecer en Cuba hasta que sea dada de alta y que, para eliminar todo tipo de suspicacia, se requiera a través de la Embajada Argentina un informe detallado sobre su estado de salud».

Infobae

Lo hizo este viernes su defensa tras el regreso de Cristina Kirchner a la Argentina. El tribunal del caso «Los Sauces» le dio intervención al Cuerpo Médico Forense

Florencia Kirchner, hija de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, le pidió este viernes a la justicia autorización para quedarse 45 más en Cuba y así continuar con el tratamiento médico que la tiene internada en ese país desde principio de mes.

La presentación fue hecha ante el Tribunal Oral Federal 5 que tiene la causa «Los Sauces», en la que que están acusados Florencia, su madre, su hermano Máximo Kirchner -diputado nacional- y otros imputados. La acusación es por presunta asociación ilícita y lavado de dinero a través de empresas familiares con fondos provenientes de la obra pública. El juicio todavía no tiene fecha de inicio.

Ante la presentación, el tribunal tomó una decisión. El presidente de la causa, Daniel Obligado, le dio intervención al Cuerpo Médico Forense (CMF) para que analice la historia clínica e informe cuánto tiempo requiere de recuperación el cuadro médico descripto y cómo se puede hacer el tratamiento teniendo en cuenta que es ambulatorio. La consulta apunta a saber si la atención médica la puede recibir en el país y si la enfermedad le permite viajar en avión.

Infobae

Luego de que la justicia tucumana ordenara su búsuqueda por no presentarse a declarar, la madre de Marita Verón sostuvo que nunca recibió ninguna notificación.

Susana Trimarco salió al cruce de las versiones que aseguran que está prófuga
«Es una infamia, es una mentira», dijo Susana Trimarco en diálogo con el portal Filo News, ante las versiones periodísticas sobre una inminente orden de captura en su contra para que declare en una causa en la que se investiga el destino $ 5,6 millones que la Fundación María de los Ángeles recibió del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para la realización de obras.

La titular de la ONG de lucha contra la trata quedó envuelta en una situación insólita: el juez federal N°1, Daniel Bejas, libró oficios para tratar de ubicarla y notificarla de una citación para que declare.

«Yo estoy siempre a disposición de la Justicia y siempre me voy a presentar: ahora no lo hice porque no estoy en la provincia y porque no fui notificada», añadió.

«Es de público conocimiento que la señora Trimarco está desde hace un tiempo en Córdoba Capital y ya no vive en su domicilio de Tucumán, en la calle Thames», remarcó el abogado de Trimarco, José D´Antona, luego de que estallara la noticia.

El letrado recordó que Trimarco y su nieta Micaela, la hija de Marita, sufrieron amenazas y varios atentados mientras vivían en San Miguel de Tucumán e indicó que la vivienda familiar está «inhabitable».

«Es una situación inaudita, en 26 años de profesión nunca vi algo así», aseguró el abogado.

Se trata de la causa por la que estuvieron inicialmente presos De Vido y Baratta. Un cuestionado peritaje revocó los primeros procesamientos, que ahora se renuevan con la ex presidente incluida y por la acusación de asociación ilícita.

La ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, fueron procesados con prisión preventiva por asociación ilícita y defraudación, junto a un grupo de empresarios y ex funcionarios por la compra de gas natural durante su gestión. El juez Claudio Bonadio consideró a la senadora jefa de una organización ilícita y a De Vido y Baratta como organizadores, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

También fueron procesados el ex titular de Enarsa Walter Fagyas, el ex secretario de Energía Daniel Cameron y el empresario Roberto Dromi –ex ministro durante la gestión de Carlos Menem- y su hijo. El procesamiento incluye ex directivos de YPF y Enarsa. A Cristina la embargaron por mil millones de pesos y 500 millones de pesos.

Bonadio inició su investigación en 2014 a partir de la denuncia de los entonces legisladores del PRO Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich. Según se expuso, la empresa ENARSA participó en la importación de GNL y a partir del día 12 de noviembre de 2012 también intervino la empresa YPF. Según la investigación, desde 2008 a 2015 arribaron al puerto de Bahía Blanca un total de 232 barcos con GNL y al de Escobar otros 265 para descargar GNL.

Para el juez Bonadio, existió una maniobra defraudatoria que provocó un perjuicio económico porque el precio que se pagó por el GNL fue superior a los valores de mercado. Dromi había dicho a La Nación que YPF, a cargo de Enarsa, realizó compras de gas licuado desde 2012 con contratos que «no tienen los códigos de transparencia que la ley le exige».

Se trata de la segunda vez que el ex ministro de Planificación y Baratta son procesados por Bonadio por esta causa conocida como GNL. Aquella vez fue en octubre de 2017 y provocó la detención de Baratta días antes de las elecciones, y aceleró el pedido de desafuero de De Vido, también investigado por el caso Río Turbio. Sin embargo, en un fallo dividido, la Cámara Federal dictó la falta de mérito de todos los implicados en base a una serie de cuestionamientos al peritaje que se usó para evaluar los sobreprecios. Baratta fue liberado pero De Vido no porque era investigado en la causa Río Turbio.

Pese al revés de la Cámara Federal, Bonadio ordenó nuevos peritajes y llegó a la conclusión de que, otra vez, el Estado pagó el GNL con sobreprecios. Pero esta vez no sólo responsabilizó a De Vido y Baratta sino que procesó también a la ex presidente y habló de una asociación ilícita.

Hoy De Vido y Baratta también están presos en la causa de los cuadernos que instruye Bonadio. Precisamente, esta causa fue la que permitió que el caso de los cuadernos quedara en manos de Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, por entender que las anotaciones del chofer Oscar Centeno eran «conexos» a esta investigación. En tanto, en otra causa, el perito Daniel Cohen fue procesado hace diez días por falso testimonio agravado, tal como lo reveló Infobae.

En el fallo firmado este lunes, Bonadio sostuvo que la ex presidente, De Vido y Baratta -en su carácter de Titular a cargo de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión dependiente del Ministerio de Planificación-, cuyos cargos desempeñaron durante el período investigado, fueron quienes tuvieron a su cargo la administración y disposición de los fondos públicos y debían velar por su cuidado».

«Los funcionarios De Vido y Baratta tuvieron en sus manos el diseño de todo el plan delictivo y la estructura que concretó la importación de GNL. A su vez, tuvieron posibilidades reales de terminar con la maniobra en cualquier momento o permitir que continuara. Esto muestra el dominio del hecho que tenían, lo que deriva necesariamente en la atribución de responsabilidad en calidad de coautores», se afirmó.

Julio De Vido y Roberto Baratta en sus tiempos en el Ministerio de Planificación (foto NA)
Julio De Vido y Roberto Baratta en sus tiempos en el Ministerio de Planificación (foto NA)
El fallo procesó sin prisión preventiva a funcionarios de ENARSA (Exequiel Omar Espinosa; Walter Rodolfo Fagyas; Juan José Carbajales, José Ramón Granero, Gastón Ghioni, Tamara Natalia Pérez Balda, Fernando Omar Salim, Alejandra Marcela Tagle, Jorge Alberto O´Donnell, Nilda Clementina Minutti, Karina Noemí González, Flavia Analía García, Martín Ignacio Busti, Haydee Justa Fernández, Alexis Guillermo Zuliani y Mónica Edith Bisconti) al ex secretario de Energía Daniel Omar Cameron y a quienes ejercieron cargos en la empresa YPF (Rodolfo Alejandro Luchetta y Stella Maris Babilani). El listado incluyó a Jorge Alberto Samarin -Presidente de la agencia ´Marítima Meridian SA´- José Roberto Dromi -Presidente de la empresa ´DYSAN´ y Roberto Nicolás Dromi San Martino -Director Ejecutivo y apoderado de la empresa ´DILIGENTIA SA´- «si bien no tuvieron a su cargo la administración y el manejo de los fondos, sí ejercieron una participación necesaria en el hecho delictivo, dado que sin sus aportes no se habría podido concretar la maniobra ilegal».

El juez afirmó que «los que prestaron funciones en ENARSA e YPF, fueron quienes concretaron los procesos de gestión, adjudicación y compra/pago de los cargamentos con GNL, elaborando de esta manera una parte esencial de la maniobra ilegal desplegada, en tanto que el Secretario de Energía fue quien informaba a Roberto Baratta los volúmenes de GNL a importarse, tomando conocimiento a su vez sobre los cargamentos que iban amarrando en los puertos». «Esto muestra la importancia de sus participaciones en la actividad ilegal y permite entender cómo pudo sostenerse durante el tiempo», señaló.

El fallo añadió que «José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi San Martino intervinieron como intermediarios de ENARSA y ciertas empresas proveedoras del GNL (Morgan Stanley, Gas Natural Aprovisionamientos SDG, luego denominada Gas Natural Fenosa) por medio de las firmas DYSAN y DILIGENTIA SA, incidiendo de esta manera en el precio abonado por el GNL».

«Por último, adquiere relevancia la participación de la agencia ´Marítima Meridian SA´, presidida por Jorge Alberto Samarin, que intervino -como representante de los armadores (o propietarios) de los barcos, en la totalidad de los buques metaneros que amarraron en el puerto de Bahía Blanca y en gran parte de aquéllos que lo hicieron en el de Escobar; sin licitación y facturando los barcos a precios con variaciones no justificadas», se añadió.

Infobae