El juez Claudio Bonadio había ordenado su detención. Estuvo casada con el secretario privado de Néstor Kirchner, quien aparece varias veces mencionado en los cuadernos de Oscar Centeno

Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de los Kirchner, se entregó este martes en los tribunales de Comodoro Py. Pesaba en su contra una orden de detención dictada por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción.

Los investigadores consideran que Pochetti es un engranaje clave para recuperar 70 millones de dólares que se habrían repartido entre familiares de Muñoz y muchos de los cuales se habrían invertido en propiedades en los Estados Unidos.

Muñoz fue secretario privado de los Kirchner hasta 2009. Los arrepentidos José López (ex secretario de Obras Públicas), el financista Ernesto Clarens y Claudio Uberti (ex OCCOVI), entre otros, explicaron que era Muñoz quien recibía los bolsos con dinero destinado a los Kirchner.

En las anotaciones del chofer Oscar Centeno, Muñoz aparece como receptor de varias entregas del servicio de delivery de bolsos que manejaba Roberto Baratta, número dos de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo.

Según información de la Unidad de Información Financiera (UIF) en manos de Rodríguez –quien investiga el delito de lavado de dinero del matrimonio Muñoz-Pochetti- hubo 16 operaciones inmobiliarias en Miami y Nueva York, entre abril de 2010 y diciembre de 2015, por 70 millones de dólares.

Muñoz-Pochetti aparecieron en los Panamá Papers como accionistas de una off shore registrada en las Islas Vírgenes. A partir de aquella información se llegó a un entramado de sociedades con vinculaciones en Suiza, Uruguay, Miami, Delaware, Nevada, Andorra, Seychelles y Nueva Zelanda que se dedicó a la compra de propiedades.

El exgobernador y actual diputado nacional del FpV es investigado contrataciones irregulares en las Unidades de Pronta Atención (UPA) de la provincia de Buenos Aires.

El fiscal Álvaro Garganta pidió que el exgobernador Daniel Scioli y varios integrantes de su gobierno vayan a juicio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros.

Se trata de una investigación por contrataciones irregulares en las Unidades de Pronta Atención (UPA) de la provincia de Buenos Aires.

Hugo Moyano volvió a desligar a su hijo Pablo de las acusaciones por asociación ilícita con la barra de Independiente que le imputó el fiscal Sebastián Scalera y acusó a Mauricio Macri de “incapaz” para gobernar. Además, amenazó con la convocatoria a un paro general si, finalmente, el juez del caso ordena el arresto.

Respecto de si se ordena la detención de su hijo, que deberá decidir el juez Luis Carzoglio, el titular de Camioneros aseguró que “la gente va a reaccionar, porque Pablo es muy querido”, y remarcó: “No descartamos un paro nacional cuando se trata de una injusticia de esta naturaleza”. Dijo en diálogo con la radio hiper K El Destape.

“Posee una incapacidad absoluta de gobernar el país, es un instrumento del poder, del FMI”, dijo Moyano de Macri a Radio 10. “Los que lo rodean lo hacen (gobiernan) con maldad, están endeudando al país y la gente se tiene que dar cuenta, evidentemente están mirando otra película. Ellos quieren tener un país colonizado”, enfatizó el líder camionero.

El cacique cegetista confirmó que un nutrido grupo de gremialistas se movilizará esta semana a la terminal área de Ezeiza para recibir a Pablo Moyano, que estuvo de viaje por Singapur, en el marco de la reunión anual de la Federación Internacional del Transporte (ITF). “Los delegados quieren ir a buscar a Pablo a mostrarle la solidaridad”, dijo el padre. Sergio Palazzo y Omar Viviani anunciaron la adhesión de la Corriente Federal de Trabajadores y otras organizaciones de la CGT. Se estima que llega entre el jueves y el viernes.

El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes pidió ratificar el procesamiento de la expresidenta Cristina de Kirchner como “jefa” de una asociación ilícita en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y el rol de organizadores para José López, Ernesto Clarens, Carlos Wagner y Gerardo Ferreyra.

Mediante un escrito ante la Sala I de la Cámara Federal Moldes describió el rol de “jefa” de la organización asignado a Cristina de Kirchner y sostiene la acusación de sus pares de primera instancia, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, para agravar la acusación sobre otros procesados y revertir la falta de mérito de otros.

Moldes pidió al igual que los fiscales de la instancia anterior catalogar como organizadores a José López, Ernesto Clarens, Carlos Wagner y Gerardo Ferreyra y no como lo están ahora como meros miembros de la misma.

Sobre el financista Clarens, Moldes recordó que “integró la asociación desde sus comienzos por tanto tuvo una participación primordial tanto en el desarrollo constitutivo como hasta en los últimos hechos investigados y formó parte de la agrupación bajo el mando de Néstor y Cristina Kirchner”.

En cuanto al exsecretario de Obras Públicas José López recordó que “hablaba directamente con los empresarios para llegar al acuerdo, y era quien decidía a quienes se pagaría, de qué forma debía hacerse y bajo que recuados, es decir, intervenía en la planificación del os diversos ilícitos”.

“López habría tenido un trato personal y constante con quienes fueron sus jefes, y más aún con quien había liderado la segunda etapa de la organización, Cristina Elizabeth Fernández viuda de Kirchner”, dijo Moldes.

En cuanto al empresario Gerardo Ferreyra, del Grupo Electroingenieria y quien está detenido con prisión preventiva, el fiscal Moldes evaluó que “habría organizado el contexto bajo el cual se debían realizar los pagos que se encontraban bajo su área”.

Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y titular de ESUCO, también pidió sea tildado de organizador pues “proyecto y efectivizó el plan en torno al circuito específico que se encontraba bajo sus funciones, tuvo una relación cercana y coordinada con los funcionarios de mayor rango que lideraban la asociación”.

“En definitiva, Clarens, López, Ferreyra y Wagner tenían capacidad funcional que les permitía moverse en sus respectivas áreas y realizaron actividades que fomentaron el objetivo criminal de la agrupación cuyos aportes resultaron elementales para el funcionamiento de la organización”, concluyó.

Moldes pidió revertir las faltas de mérito decretadas por Bonadio respecto a Jorge Neira, Javier Sánchez Caballero, Rodolfo Poblete, Héctor Zabaleta, Francisco Valenti y Osvaldo Acosta.

Además, sostuvo el pedido de citar prisión preventiva para Jorge Juan Mauricio Balan, Benjamín Gabriel Romero, Enrique Menotti Pescarnoma y Clarens, quienes sin embargo no irán a la cárcel por haber sido beneficiados por haber declarado como arrepentidos en esta causa.

También pidieron la detención de cuatro empresarios procesados sin preventiva: Alejandro Pedro Ivanissevich, Manuel Santos Uribelarrea, Hugo Alberto Dragonetti y Hugo Antranik Eurnekian.

Lo decidió el juez Ercolini. Los acusa de recibir dádivas de Cristóbal López y Lázaro Báez a través del alquiler “simulado” de propiedades en el caso Los Sauces.

Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner irán a juicio oral acusados de ser parte de una asociación ilícita que se dedicó al lavado de dinero y a la recepción de dádivas. El juez Julián Ercolini dio por clausurada la investigación de la causa Los Sauces y elevó el expediente a juicio oral y público.

La acusación sobre los dueños de la inmobiliaria que tuvo como principales inquilinos a Cristóbal López y Lázaro Báez -ambos presos-, es la de asociación ilícita “de carácter estable y permanente”, donde la ex presidenta está señalada como máxima responsable y su hijo como organizador. En la Justicia creen que usaron toda la operatoria como una pantalla para lavar plata proveniente de sobornos. Además, se les atribuye el delito de dádivas.

A juicio oral irán también los empresarios K detenidos, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares (ex contador de CFK), los hijos de Báez, entre otros.

Para los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, durante la instrucción se corroboró la existencia de una maniobra por la cual la “una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional -a través de la obra pública vial, mediante el pago de dádivas en virtud de los beneficios y concesiones otorgadas, etc.-, a los ex presidentes y a su núcleo familiar”.

Esto se concretó a través de un “montado en base a la actividad inmobiliaria y hotelera que aquellos llevaban adelante a través de la empresa Los Sauces”.

Esta maniobra es parte de una “gran matriz de corrupción” que tiene como delito precedente la defraudación al Estado a través del direccionamiento de la obra pública a favor de Báez. Allí, Cristina Kirchner está procesada y enviada a juicio por asociación ilícita.

La operatoria contó con un grupo estable de personas, según el requerimiento al que accedió Clarín, empezando por los dos principales inquilinos: Báez y López que garantizaron el 86% de la facturación de Los Sauces SA y en fondos unos $ 26 millones que fueron “a parar al patrimonio de los Kirchner”, mientras ambos empresarios eran “contratistas del Estado”.

Además, los empresarios K “habían recibido beneficios impositivos ilegítimos, y por ello, recurrieron a distintos esquemas de lavado de activos para canalizar a través de aquellos decenas de millones de pesos que aumentaron significativamente su patrimonio”.

Ellos fueron los responsables “junto a los ex presidentes”, de “desarrollar un mecanismo permanente para el reciclaje de una porción de las ganancias”, de modo que una parte “pudieran llegar a manos de los ex mandatarios con la apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita, es decir, como parte del sistema económico legal”.

De este esquema participaron Máximo y Florencia Kirchner. Al diputado nacional se le bajó la calificación a “organizador” y no quedó como “jefe” de la asociación ilícita. Como presidente de la firma realizó en representación de las sociedades la adquisición de propiedades, la firma y cobro de cheques con los que se “canalizaban los fondos, la firma de contratos de locación, y todos los demás actos a los fines de configurar, ejecutar y sostener la asociación delictiva, beneficiándose a su vez con su producido”.

La firma comenzó a adquirir propiedades: más de 23.897 metros cuadrados por 3.087.000 dólares en pocos años.

Las propiedades son: un lote en El Calafate por 445.000 pesos según el Tribunal de Tasación de la Nación; el dúplex de Puerto Madero que no logra alquilarse por 1.407.000 dólares, otro departamento en Puerto Madero por 943.00 dólares, dos terrenos en la villa turística por 27.000 pesos, el hotel La Aldea por 200.000 pesos, otro terreno por 100.000 pesos, una casa que le vendió Austral Construcciones en Río Gallegos por 97.000 dólares; la casa de la calle Mascarello donde reside la ex Presidenta por 250.000 dólares y el departamento en el barrio de Monserrat donde vive Florencia Kirchner, por 370.000 dólares.

Al tener las propiedades, se canalizaron los fondos a través de “alquileres simulados”. En total López y Báez garantizaron a los Kirchner: 25.968.040 pesos con este mecanismo ” de forma irregular y continúa, fondos que fueron al patrimonio de los Kirchner”.

Finalmente todo esto permitió que la familia Kirchner retirara de Los Sauces SA 10 millones de pesos en concepto de “devolución de créditos” a nombre de sus integrantes. Tanto la ex Presidenta como sus hijos fueron retirando en pocos años esa suma de dinero.

Clarín

Entre otros bienes, el diputado, que nunca trabajó, admitió dólares convertidos en nuestra moneda por más de 43 millones en efectivo y otros 9,5 en una caja de ahorro.

Después que su madre, la ex Presidenta, le cediera el 50% de su patrimonio, por primera vez la principal fortuna de la familia Kirchner la tiene el diputado nacional Máximo Kirchner. Ante la Oficina Anticorrupción (OA) declaró tener 94.215.404,03 pesos. Incluso más que cuando Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada: entonces se fue con 77 millones. El diputado por Santa Cruz declaró entre sus bienes una caja de ahorro en dólares que equivalen a $ 9.572.628,06 y tener dinero en efectivo en el país en dólares que declara como herencia que en nuestra moneda equivalen a $ 43.256.268. Todo convertido con un dólar de casi $ 20.

El diputado nacional por Santa Cruz incrementó su patrimonio. Mientras en el último período fiscal declaró bienes por 85.053.033,38 pesos, este último período le permitió llevar los mismos a 94.215.404,03. Un aumento del 10,1 por ciento, ante una inflación anual de 25%

La plata estaba escondida en una cuenta a nombre de la offshore CBH Bahamas LTD. Un tribunal oral busca ahora embargar y repatriar la plata.

La Justicia bloqueó otros 3 millones de euros que el empresario K Lázaro Báez mantenía ocultos en una cuenta bancaria que, hasta ahora, no había sido descubierta en la causa de la ruta del dinero K, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

La maniobra de Báez, quien está preso desde hace más de dos años y a punto de enfrentar un juicio oral por la primera parte de la causa de la ruta del dinero K, se había hecho a través de la fundación panameña trucha Kinsky. Sucede que Báez, antes del 2013, había logrado sacar toda los 3 millones de euros de la cuenta de Kinsky y los había colocado en otra cuenta a nombre de la offshore CBH Bahamas LTD en Nassau abierta en un banco internacional. Así había pasado sin ser descubierta en los primeros exhortos enviados a Suiza por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan.

Pero el trabajo de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Mariano Federici, logró detectar ese desvío de dinero y congelar la plata para que el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) -integrado por Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez- pida oficialmente su embargo y repatriación, explicaron las fuentes. La UIF informó hace unos días del hallazgo también a Casanello. Varios arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas confirmaron que el ex presidente Néstor Kirchner prefería los euros por sobre los dólares porque se podía llevar más valor en el mismo bolso.

En el 2017, la Justicia suiza había confirmado oficialmente a Casanello la existencia de por lo menos una cuenta de Lázaro Báez en su país con 25 millones de dólares y de la cual también participan como beneficiarios sus cuatro hijos. Esos 25 eran parte de los 60 que, en el 2013, había repatriado a la Argentina por miedo a que se los embarguen. De este exhorto, Casanello consiguió la pista de transferencias en Bahamas y en Dubai.

La cuenta está abierta a nombre de la fundación trucha panameña Kinsky en el banco Safra y en ella, además de Lázaro, aparecen sus cuatro hijos: Martín, Leandro, Luciana y Melina. Estos datos habían sido adelantados en un informe de inteligencia por la UIF, quien había pedido la detención de los hijos del empresario K. Pero el juez sólo los indagó y procesó.

En este informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) aparecen cuatro empresas off shore que no fueron creadas por Mossack Fonseca –estudio metido en el escándalo Panama Papers-, sino por su archirrival Icaza, Gonzalez Ruiz & Aleman.

Clarín

El juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina de Kirchner por considerarla “jefa” de una asociación ilícita en la causa por supuestos pagos de coimas de empresarios a exfuncionarios por la obra pública durante su mandato.

Fuentes judiciales informaron a NA que el magistrado además procesó también a ex funcionarios y empresarios.

En la víspera Cristina cuestionó los allanamientos en su vivienda de El Calafate y difundió un video en el que denunció un faltante de objetos personales de valor luego del operativo que ordenó el juez federal Claudio Bonadio en sus casas de Santa Cruz y Recoleta tras conseguir el aval del Senado en sesión especial.

“Esta casa, hace tres semanas fue más que allanada, literalmente tomada por la gente que Bonadio envió no para recabar información en la causa que tiene a su cargo sino simplemente como un capítulo más de humillación y de persecución”, lanzó.

Semanas atrás, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 que encabeza Bonadio difundió un informe sobre la causa de los Cuadernos en el que sostuvo que los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, junto al exministro de Planificación Federal Julio de Vido, “comandaron una organización delictiva” tendiente a la percepción de sumas de dinero ilegítimas.

Según el magistrado, esta organización estaba conformada por “funcionarios públicos” y se valía de “medios oficiales” como vehículos, empleados, equipos de telefonía celular y otros elementos para recaudar dinero de “diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.

Para la investigación, este procedimiento se extendió entre los años 2008 y 2015. El informe da cuenta que a través de distintas medidas de prueba como tareas de inteligencia, informes, e intervenciones telefónicas pudo comprobarse la “verosimilitud” de la información plasmada en los registros del chofer Oscar Centeno.

Así, indica que se obtuvieron indicios que “prima facie” permitieron sostener que, durante los ocho años mencionados los funcionarios Roberto Baratta, Nelson Javier Lazarte, Hernán Camilo Gomez, Fabián Ezequiel García Ramón, Rafael Enrique Llorens y Walter Fagyas “efectuaron cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno”.

Estos, los derivaban a otros funcionarios como José María Olazagasti, Hugo Martín Larraburu, Juan Manuel Abal Medina y Héctor Daniel Muñoz “quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido”.

El financista, en su confesión, también afirmó que juntó “70 millones” de coimas para la constructora Gotti de Lázaro Báez. Dijo que la orden había sido de Cristina Kirchner.

Ernesto Clarens contó que “no recibía órdenes directas” de Néstor Kirchner (a quien llamaban “Rico McPato”) ni de Cristina (alias “La Araña”), sino a través de Lázaro Báez o José López. En su confesión reveló dos misiones increíbles y hasta ahora desconocidas: recaudar coimas por 30 millones de pesos para el plan Sueños

Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo y otros 70 para la empresa constructora Gotti. La revelación se suma al destino de otra parte de los 200 millones de dólares recolectados por la mano derecha del ex ministro de Planificación Julio De Vido, Roberto Baratta, según los cuadernos del remisero Oscar Centeno: los bolsillos de los Kirchner, el financiamiento ilegal de las campañas electorales K y la agrupación “Justicia Legítima”.

Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, en su última confesión Clarens aportó nuevos datos sensibles que amplían el universo de las empresas que pagaban coimas y el mecanismo usado para esta “máquina de recaudar” que funcionó entre el 2003 y el 2015.

La información se conoce en momentos en que el juez federal Claudio Bonadio está terminado de redactar las resoluciones en las cuales, seguramente, procesará con pedido de desafuero y detención a la ex presidenta y actual senadora de Unidad Ciudadana y la mayoría del resto de los imputados en esta causa.

En su larga confesión, el financista confirmó que tanto Néstor como Cristina “estaban al tanto” de los pagos que se le encomendaban a través de terceros, aunque afirmó que no los conoció personalmente y que ellos tenían, en el 2003, referencias de él como “el financista de Lázaro Báez”.

Uno de esos pagos fue para “el plan Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo” por una orden que recibió del ex secretario de Obras Públicas, José López. Las fuentes estimaron que esta recaudación fue en el 2013 cuando, a raíz de una investigación de Clarín, estalló el escándalo del desvío de 200 millones de pesos fondos públicos que habían sido destinados para el plan de viviendas sociales que manejó Sergio Schoklender hasta pelearse con Hebe de Bonafini y había que tapar los agujeros de las Madres de Plaza de Mayo.

Clarín

Bonadio lo aceptó el jueves como imputado colaborador, luego de que diera más nombres de empresarios y datos sobre cómo blanqueaba la plata. Reveló que entregaba bolsos con plata que llegaban al ex matrimonio presidencial.

Bolsos con dinero que iban al sur, financieras, pesos convertidos en dólares a través de varias maniobras, la relación de Néstor Kirchner con Lázaro Báez, las coimas que pagaban empresas nucleadas en la Cámara de la Construcción, son sólo algunos segmentos de las más de cuarenta páginas que constituyen la confesión de Ernesto Clarens, el financista K que logró convertirse en imputado colaborador en la causa de los cuadernos de la corrupción.

Fueron tres las oportunidades en las que el financista vinculado a Néstor Kirchner y a Lázaro Báez tuvo que presentarse ante el fiscal Carlos Stornelli para declarar y mejorar su confesión. Sólo así, con mayores precisiones sobre el complejo entramado financiero que permitió la exteriorización de millones de dólares que se recaudaban de los cobros realizados a empresas contratistas del Estado, iba a poder acceder al status de imputado colaborador.

La confesión de Clarens ahora dejó mucho más. Admitió ante la Justicia que él cobraba coimas de los empresarios de la construcción, que hacía esas labores de financista con ese dinero, y que era el secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, ya fallecido, el que pasaba a buscar por su oficina a retirar bolsos para dárselos a los ex Presidentes.

Además de recaudar los fondos ilegales, Clarens contó que armó la estructura financiera para convertir “a dólares con sus propias financieras, el dinero recaudado”, se sospecha que el fin último era “exteriorizarlos y parte pasaba por Uruguay.
La indagatoria supera las cuarenta páginas y cuenta con listado de empresas contratistas y obras asignadas a las mismas, se dividió en dos tramos. En primer lugar hizo referencia a lo que sucedió en Santa Cruz, allí su rol estuvo más vinculado a las tareas financieras: estructuró las operaciones necesarias para dar curso a Gotti SA, la principal constructora que tuvo Santa Cruz hasta 2003.