Hasta ahora se creía que habían sido quemados y sólo habían trascendido las fotocopias

Seis de los ocho cuadernos de las coimas que escribió el chofer Oscar Caenteno habrían aparecido en las últimas horas. El periodista de La Nación Diego Cabot, quien en 2018 reveló el contenido de los escritos de Centeno, señaló que le dieron seis cuadernos originales que son similares a los aportados a la justicia el año pasado.

El periodista se los entregó al fiscal del Caso Cuadernos, Carlos Stornelli esta tarde en el quinto piso de los Tribunales. Junto con los cuadernos que para fuentes judiciales serían los originales que escribió Centeno, se entregaron dos CD con las filmaciones que hacía el chofer de Roberto Baratta, receptor de bolsos con coimas y segundo de Julio De Vido en el ministerio de Planificación durante los 12 años de kirchnerismo.

Cuando declaró como arrepentido Centeno dijo tener los originales. Y luego que no los tenía y los había quemado. Su declaración entonces fue un tanto imprecisa. Pero como reconoció a las copias de sus escritos como propias, y además aportó más datos, no hubo dudas sobre las anotaciones. Es que la investigación que hicieron el juez Claudio Bonadio y el fiscal Stornelli corroboró hechos que Centeno había anotado en su “bitácora de la corrupción”. Lo escaneado por Cabot fue validado con pruebas independientes en el expediente y por el testimonio de ex funcionarios y empresarios que declararon como arrepentidos.

Los procesamientos dictados por Bonadio para ex funcionarios kirchneristas (entre ellos la ex presidente Cristina Kirchner, De Vido, Baratta, etc) y empresarios fueron confirmados por la Cámara Federal. El expediente original del Caso Cuadernos ya fue enviado a un Tribunal Oral Federal para que inicie el juicio oral y público.

Desde el kirchnerismo se intentó menospreciar el contenido de las anotaciones de Centeno y hablaron de las fotocopias. Si se corroborara que los aportados por Cabot en las últimas horas fueran los originales, no cambiaría demasiado el resultado de la investigación judicial. El contenido de los escritos que fueron escaneados por el diario La Nación fue validado tanto por el juez como por la Cámara Federal que confirmó los procesamientos de los imputados.

La causa de los cuadernos se hizo pública en agosto de 2018 cuando el ex chofer del ex funcionario Roberto Baratta, Oscar Centeno, aseguró haber registrado las visitas a los empresarios que presuntamente pagaban sobornos en una serie de cuadernos que aseguró haber quemado.

Centeno se transformó en el primer imputado colaborador o “arrepentido” de la causa, tras lo cual lo siguió un grupo importante de empresarios y ex funcionarios. La lista de “arrepentidos” ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo superó las 30 personas, entre ellas el ex secretario de Obras Públicas José López (detenido también por enriquecimiento ilícito); el ex funcionario Claudio Uberti; el financista Ernesto Clarens y un grupo importante de empresarios como ser Angelo Calcaterra (ex de IECSA), Carlos Wagner, Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, Juan Lascurain, Luis Betnaza, Gabriel Romero, y Néstor Otero, entre otros.

A partir de allí hubo una gran cantidad de procesados, 31 arrepentidos cuyos dichos ya fueron verificados por el juez al hacer medidas de prueba que constataron sus confesiones y, luego de un año, fueron recuperando muchos de ellos la libertad. Continúan detenidos los ex funcionarios Julio De Vido, Uberti, López y Roberto Baratta.

Esa es la causa central a partir de la cual se desprendieron otras como la de lavado de dinero del fallecido Muñoz, quien producto de ese sistema de recaudación se lo acusa de inversiones de origen sospechoso por USD 70 millones en los Estados Unidos en la compra de departamentos e inmuebles.

En total, Bonadio envió a 53 imputados a juicio por la trama central de cuadernos, 14 por el tramo de lavado de dinero del fallecido ex secretario Muñoz, y 6 por los subsidios ferroviarios por los cuales presuntamente se pagaron sobornos.

En tanto, fueron sobreseídos Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” De Pedro, Andrés “Cuervo” Larroque, José Ottavis y Julián Álvarez, quienes habían sido imputados por supuestamente haber recibido dinero para el financiamiento de la campaña.

Infobae

El juez federal de Catamarca, Dr. Miguel Contreras procesó por estafa al estado a tres líderes de la agrupación kirchnerista “Martín Fierro” por quitar planes a quienes no asistían a las marchas.

El Juez federal de Catamarca. Miguel Contreras, procesó por el delito de estafa al estado nacional y administración fraudulenta a tres dirigentes de la agrupación kirchnerista catamarqueña “Martín Fierro” por obligar a los beneficiarios de planes sociales nacionales a pagarles un porcentaje del dinero que recibían y a marchar en las manifestaciones bajo la amenaza de quitarles el beneficio. La denuncia fue investigada por el fiscal federal de Catamarca Santos Reynoso.

Se trata de unos de los primeros procesados por una práctica casi extendida entre buena parte de los líderes piqueteros quienes retienen parte de los aportes para hacer política o su beneficio, aunque se paguen en una cuenta bancaria.

Los tres dirigentes, dos de los cuales son empleados del gobierno provincia de la gobernadora Lucía Corpacci, fueron procesados como autores de Estafa a la Administración Pública en la modalidad de Administración Fraudulenta, en concurso ideal, previsto y reprimido por el art. 174 inc. 5), en función del art. 173 inc. 7) del Código Penal, por aplicación de los arts. 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación.

Se trata del líder de la agrupación “Martín Fierro”, Ricardo Rodriguez, y sus co militantes Orlando Paredes y Dora Cecilia Guerrero. Esta agrupación es aliada al gobierno del Frente para la Victoria que gobierna Catamarca. La denuncia fue presentada por el representante del ministerio de Trabajo de la Nación en la provincia, Mariano Manzi, a quien le hicieron varias marchas en su contra por esta presentación.

Paralelamente, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación recibió más de 200 denuncias de beneficiarios de planes sociales que acusan a integrantes de diversas agrupaciones de lo mismo que en Catamarca: extorsionarlos para que entreguen parte del dinero que reciben como una suerte de aporte, o les exigen que asistan a alguna marcha o corte de calle. Muchas de esas denuncias se radicaron en la Justicia Federal, y el fiscal Jorge Di Lello inició las investigaciones correspondientes. Se trata de enormes fondos públicos. Por ejemplo, Desarrollo Social entregó en 2018 más de $2 mil millones para alimentos y otros planes. El grueso fue a ONG ligadas a Juan Grabois y el Movimiento Evita. Lo mismo sucede este año.

En el caso de Catamarca, Rodríguez hacía política para el Frente para la Victoria porque quería postularse para concejal. Varios damnificados declararon ante el juez cómo le sacaban su dinero. “Iba mucha gente de los circuitos electorales y el que no iba lo amenazaba que le sacaría el plan. Yo cobré seis meses, lo mismo que mi mamá y mi tía. Como no iba a las reuniones, me sacó el plan”, contó una de las beneficiarias a la Justicia.

“Cuando cobrábamos, teníamos que ir a su casa (de Rodriguez) a pagarle lo que nos cobraba por tener el plan. Primero cuando cobrábamos $ 1500, había que dejarle $ 100 en su casa y cuando empezamos a cobrar $ 1800, teníamos que dejarle $ 200”, agregó otro de los damnificados.

“Los cuatro en mi familia cobramos tres meses únicamente y dejamos de percibir el plan por no participar de las reuniones o caminatas”, ejemplificó.

Rodriguez se negó a declarar en la causa pero dijo al diario El Ancasti en el 2017 que lo que el hacía con los beneficiarios de planes sociales “es un aporte partidario, como en la UCR y el PJ” En cambio, para el juez federal, los testimonios citados “se contraponen a lo dicho por los testigos de parte y adquieren valor por tratarse de personas que a la fecha no se encuentran relacionadas con los imputados, por tanto, sobre ellas, los mismos no tendrían ascendencia, cuando conjugamos esta circunstancia con el contenido de sus dichos”. “Observamos que sus declaraciones resultan claras, concretas, señalan el “modus operandi” de la concesión de los planes y las condiciones exigidas para mantenerlos, confirmándose, de esta manera la imputación hecha”, agregó. Además estas declaraciones “resultan concordantes con las tomadas por el Fiscal, vinculando con el grado de provisoriedad requerido en esta etapa del proceso, a los tres consortes de causa con el hecho imputado”, finalizó el magistrado.

Fenix

El documento fue enviado por el juez federal Claudio Bonadio, quien el viernes pasado elevó a juicio oral la causa en la que acusa a la ex mandataria de liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos durante su gobierno.

El pedido debe pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el peronista catamarqueño Dalmacio Mera, que tiene sesenta días hábiles para analizarlo.

Si al término de ese lapso no se emitiera un dictamen, el cuerpo tiene 180 días, también hábiles, para debatir la cuestión en el recinto y reunir los dos tercios de los votos de los presentes para aprobarla.

En virtud de esos tiempos, el Senado podría debatir el desafuero de la senadora por la provincia de Buenos Aires el próximo año.
Para entonces, Fernández de Kirchner podría seguir siendo integrante de la Cámara alta o vicepresidenta de la Nación, dependiendo de la suerte del Frente de Todos en las elecciones de octubre.

Bonadio ya había enviado un pedido de desafuero contra la ex presidenta en diciembre de 2017, en la que la acusaba de presunto encubrimiento de los culpables del atentado a la AMIA a raíz de la firma de un tratado de cooperación con Irán.

El asunto nunca se trató en el recinto de sesiones por la oposición del peronismo, uno de cuyos principales abanderados era el entonces jefe de esa bancada, Miguel Angel Pichetto, quien hoy es el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.

El Senado sólo aprobó la autorización para que la Justicia, en la causa «Cuadernos», allanara el departamento que Fernández de Kirchner posee en el barrio porteño de La Recoleta.

Telam

El primero en pasar al estrado será el ex funcionario de Validad santacruceña Héctor Garro, cuya defensa anticipó que se negará por el momento a declarar pero tendrá que dar sus datos personales ante el Tribunal Oral Federal 2.

El Tribunal que juzga a la ex presidenta Cristina Fernández y otros doce acusados por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz comenzará hoy a tomar declaraciones indagatorias en una audiencia en la que no estará presente la actual candidata a vicepresidenta.

El primero en pasar al estrado será el ex funcionario de Validad santacruceña Héctor Garro, cuya defensa anticipó que se negará por el momento a declarar pero tendrá que dar sus datos personales ante el Tribunal Oral Federal 2.

Luego será el turno del ex titular de Vialidad Nacional en el kirchnerismo Nelson Periotti, quien sí hablará ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Sebastián Basso en los tribunales federales de Retiro.

El cronograma de indagatorias ya fue fijado y la ex presidenta quedó en último lugar en fecha a definir, ya que se determinará en base a la extensión que tenga el trámite en cada jornada de juicio, que por el momento sólo se desarrolla los lunes.

El Tribunal autorizó a la senadora nacional a no concurrir a las audiencias, salvo cuando sea su turno de ser indagada.
La compañera de fórmula de Alberto Fernández es juzgada junto al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el empresario Lázaro Báez, entre otros acusados, por supuesta asociación ilícita y defraudación a raíz del presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del grupo Austral Construcciones.

Telam

Además, el ex vicepresidente fue absuelto por la supuesta compra irregular de 19 vehículos de alta gama cuando era ministro de Economía

El Tribunal Oral Federal 8, integrado por Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez, condenó a Amado Boudou a tres años de prisión en la causa en la que se investigó si falsificó tres formularios para transferir un auto Honda, modelo 1992. En la misma sentencia, el Tribunal también absolvió al ex funcionario por la supuesta compra irregular de 19 vehículos de alta gama cuando era ministro de Economía.

Boudou seguirá preso por la condena a cinco años y diez meses de cárcel por el caso Ciccone. Su defensa aspira a que la Corte Suprema revierta esa decisión.

El caso del auto Honda se trata de las presuntas irregularidades en tres formularios para hacer la transferencia en 2003 de ese vehículo. Por este hecho, junto con Boudou también fueron condenados a tres años María Graciela Taboada de Piñero, titular del titular del Registro Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, y Alberto Soto, que actúo como gestor. Todos fueron acusados del delito de falsedad ideologica, que tiene una pena máxima de seis años. La ex pareja de Boudou fue absuelta.

Por ese caso, Boudou ya había sido juzgado y sobreseído, pero el juicio se anuló y debió hacerse de nuevo.

Por el caso de los autos de alta gama, el tribunal absolvió a Boudou, al ex secretario Legal y Técnico de Economía Benigno Alberto Vélez, al ex titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) Daniel Reposo, y a los titulares de la concesionaria, Guido Guidi y Fernando Guidi.

En ese expediente se investigaban las presuntas irregularidades en la compra, en 2009, para el Ministerio de Economía de 13 Bora, 3 Passat, 3 Vento a la concesionaria «Guido Guidi». Para el juez de primera instancia, la operación se hizo por una subasta directa, sin cumplir los procesos establecidos y porque la concesionaria presentó un pliego de compra acorde a las condiciones del Ministerio de Economía. El costo fue de 2.131.400 de pesos.

El fiscal Abel Córdoba había dado por probadas ambas acusaciones y solicitó una pena única de cinco años para el ex vicepresidente.

Los fundamentos del fallo se conocerán recién el 26 de septiembre.

Un alegato político

Esta mañana, Amado Boudou pronunció sus últimas palabras en el juicio y apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri por la crisis económica.»Nos sentaron a nosotros en el banquillo para saquear al país con el sistema de tarifas y el endeudamiento; Gracias a Dios y al pueblo, esto se está terminando».

Y agregó: «Mientras se entretuvo con pan y circo, y a veces solo con circo, un grupo concentrado saqueó el estado argentino».

Infobae

Buenas y malas noticias para casi un centenar de intendentes del país: la mitad quedó a las puertas de un juicio oral, mientras que la otra mitad fue «desprocesado» y se ordenó profundizar la investigación sobre ellos. Se trata de la causa que investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades de todo el país llevaran adelante tratamientos de residuos.

Por esta investigación hay tres ex jefes de Gabinete kirchneristas que están procesados: Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, junto a otros tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo.

Pero en febrero pasado, Bonadio procesó a 92 intendentes de todo el país. Dijo que cada uno «con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de $604.529.670,00, maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales».

Los acusados apelaron y hoy la Sala I de la Cámara Federal revisó la situación de cada uno. Y al revisar cada situación puntual se confirmó el procesamiento para 44 de los intendentes como partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, mientras que para otros 42 se dictó la falta de mérito. Entre los procesados están Francisco «Barba» Gutiérrez y Francisco «Paco» Durañona.

A otros tres les quedó firme el procesamiento directamente porque no se presentaron a tiempo a la audiencia de apelación. Uno de ellos fue Mateo Capitanich. Con eso la suma de intendentes procesados se elevó a 47.

Mientras tanto, la Cámara revocó el procesamiento de otros 42 a quienes se dictó la falta de mérito por entender que no estaban acreditados los delitos. Se determinó que hubo «incumplimientos obligacionales, pero que ameritan una investigación más profunda para poder definir el significado jurídico de dichas infracciones». También dispuso el sobreseimiento de dos intendentes que habían sido procesados (Marcelo Skansi y Pedro Maidana).

La causa. El gobierno de Cristina Kirchner implementó programas de tratamiento de basura, vía Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron. El fiscal Carlos Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).

Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para «disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales», según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.

En diciembre de 2017, Bonadio había firmado los procesamientos de Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina. Pero Rivolo apeló y la Cámara le dio la razón. También quedaron procesados ex secretarios de Medio Ambiente como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y Andrés Meiszner, ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete.

Luego llego el turno de los intendentes. En un fallo al que accedió Infobae, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens sostuvieron que «desde un comienzo el eje de la investigación apuntó al empleo del marco legal de los PMGIRSU ( un programa de tratamiento de residuos sólidos urbanos) para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales».

Según se sostuvo, «sobre esa base es que se habían estructurado las imputaciones previas remarcando que funcionarios federales, en infracción de los deberes a su cargo, habían facilitado la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicadas para la ejecución de las obras comprometidas, se habrían desviado hacia fines que a la fecha resultan desconocidos».

«Hay supuestos paradigmáticos, como las intendencias de Machagai, Pampa del Infierno y Juan José Castelli», señaló el fallo. Se hizo hincapié en «las implicancias del uso delictivo de los PMGIRSU también tuvieron eco en San Antonio de Areco, donde Francisco Durañona y Vedia debía aplicar 1.666.666 pesos en el saneamiento de un basural». O que «a la intendencia de Quilmes se le transfirieron en abril de 2013 $10.588.780 para desarrollar una planta de separación y clasificación». Pero los jueces evaluaron que no estaban acreditados de la misma manera el caso en todos los imputados analizados.

El fallo confirmó los procesamientos de Gustavo Karasiuk, Angel González, Francisco Winnik, Alfredo Pastor, Gustavo Steven, Carlos Andión, Walter Correa, Alicia Leiva, Elba Lezcano, Jorge Armando Batalla, Aldo Adolfo Leiva, Maria Susana Simonofski, Oscar Alberto Nievas y Carlos Gerardo Palacios. También para Lorenzo Heffner, Hector Justino Vega, Carlos Antonio Ibañez, Estela Carina Mitoire, Alfredo Osvaldo Zamora, Raul Alberto Cantín, Teodoro Segundo Camino, Gustavo Daniel Racca, Roberto Gustavo Dehesa, Hector Carlos Godoy y José Antonio López.

La lista incluyó a Juan Carlos Balalini, Juan Enrique Orellana, Julio Ernesto Castro, Luis Stanicia, Alberto Rodolfo Escudero, Eduardo Leonel Galantini, Diana Edith Argüello, Hermes Armando Bordón, Federico Neis, Ricardo Casi, Hector Anibal Olivera, Jorge Alberto Eijo, Gustavo Walker, Francisco Iribarren, Marta Susana Medici, Ricardo Curetti, Carlos Raciatti, Francisco Durañona y Vedia y Francisco Gutiérrez.

Infobae

 

El exvicepresidente de la Nación cumple una pena de 5 años y 10 meses de prisión por “cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública”.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación ha confirmado la condena contra Amado Boudou por la causa de la venta de la calacografía Ciccone.

Durante la tarde del miércoles el exvicepresidente fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. La sentencia se había dictado en agosto de 2018.

El máximo tribunal penal se pronunció sobre la sentencia del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4). El exfuncionario también tuvo inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y fue detenido tras la lectura de aquel fallo.

El TOF 4 había condenado a José María Núñez Carmona a 5 años y 6 meses de prisión como “partícipe necesario” de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles.

Por otro lado, a Nicolás Ciccone, exdueño de la imprenta, le dieron 4 años y 6 meses y prisión domiciliaria por la misma acusación que recibió Nuñez Carmona.

Con respecto a Alejandro Vandenbroele, testaferro del excompañero de fórmula de Cristina Kirchner, ​la pena ha sido de dos años de prisión en suspenso y cuarenta horas de tareas comunitarias.

Guido Forcieri, exjefe de Gabinete en el ministerio de Economía, recibió dos años y medio de prisón en suspenso y también tareas comunitarias. Rafael Resnik Brenner, exasesor de Ricardo Echegaray, la sentencia fue de tres años en suspenso. Todos han sido condenados como “partícipes necesarios” de la maniobra que derivó en la adquisición de la excalcográfica.

La Sala IV de Casación, que está integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, confirmó las acusaciones y condenas. Fue luego de diversos recursos interpuestos por las defensas que solicitaron su absolución.

La hostería El Retorno, de San Carlos de Bariloche, permanece cerrada desde 2014.

Stolbizer presentará esta semana una nueva ampliación de la denuncia contra Cristina Kirchner por asociación ilícita. La exdiputada nacional detallará cómo la supuesta maquinaria de corrupción en los hoteles de la familia Kirchner en el sur también incluyó una hostería llamada El Retorno, de San Carlos de Bariloche, que permanece cerrada desde 2014.

Según Stolbizer y la abogada Silvina Martínez, el hotel fue adquirido con dinero «proveniente de ilícitos» por los Kirchner y bajo la operación y administración del contador Osvaldo «Bochi» Sanfelice.

Según reveló esta noche el programa La Cornisa, que conduce Luis Majul, la hostería está ubicada sobre la costa del lago Gutiérrez, a 12 kilómetros del centro de Bariloche y muy cerca del cerro Catedral, y llegó a contar con 30 empleados que trabajaban todo el año.

A partir de noviembre de 2013, el hotel comenzó a ser administrado por Idea, la empresa de Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria y con vínculos con Cristina, Lázaro Báez y Cristóbal López en alquileres de departamentos y emprendimientos hoteleros.

En septiembre de 2014, El Retorno cerró por supuestas obras de remodelación, pero no volvió a abrir y sus empleados fueron indemnizados. En 2018, en tanto, sufrió actos de vandalismo al ser saqueado e incendiado.

Sin embargo, el que se sigue encargando de los pagos de los servicios básicos es Adrián Gómez, un hombre de Sanfelice. Gómez figura como gerente del hotel y fue también empleado de Panatel, la empresa que les alquiló a los Kirchner el Hotel Los Sauces.

Las pruebas
Una de las pruebas que vinculan El Retorno con los Kirchner, según las denunciantes, es que cuando estaba en funcionamiento los huéspedes que pagaban con tarjeta recibían en el resumen de cuenta que la empresa que les había cobrado la estadía era Alto Calafate.

Por su parte, las autoras del libro Ella miente: Cristina y los 2000 millones de dólares involucran a un nuevo actor en la maquinaria de corrupción. Se trata de Mauro Sánchez, abogado personal y empleado de Cristóbal López y del Grupo Indalo, quien intentó comprar, junto a Sanfelice, un hotel en Ushuaia, otro en El Calafate y otro en El Chaltén.

Sánchez también tuvo un puesto en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cristina Kirchner y en el Servicio Penitenciario bonaerense. Además, alquiló durante casi cinco años el departamento de la familia Kirchner ubicado en el piso 5 de Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta.

Según Stolbizer y Martínez, las sociedades Los Nostros SA y South Mineral SA, pertenecientes a Cristóbal López, fueron las que compraron El Retorno

La Nación

Es a raíz de los casi nueve millones de dólares que intentó esconder en bolsos en un monasterio de General Rodríguez la madrugada del 14 de junio de 2016.

El ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López fue condenado esta tarde a seis años de prisión por «enriquecimiento ilícito» a raíz de los casi nueve millones de dólares que intentó esconder en bolsos en un
monasterio de General Rodríguez la madrugada del 14 de junio de 2016.

Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal 1, conformado por los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Antonio Michilini.

En tanto,María Amalia Díaz, la ex esposa de López, fue condenada a dos años de prisión en suspenso por «enriquecimiento ilícito».

Telam

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 dará a conocer este miércoles el veredicto del caso en el que se juzga al ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López por supuesto enriquecimiento ilícito, ratificaron hoy fuentes judiciales.

El ex funcionario es investigado junto con su esposa, cuatro supuestos testaferros y una de las monjas del convento en el que intentó esconder bolsos con cerca de U$S 9 millones, en la ciudad bonaerense de General Rodríguez.

El TOF 1, integrado por los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Antonio Michilini, dará el miércoles, a las 9.30, la posibilidad de que los imputados que aún no lo hicieron digan sus últimas palabras en el juicio y por la tarde se difundirá el veredicto, informaron las fuentes.

López está siendo juzgado por enriquecimiento ilícito por la compra de una casa en Tigre y un departamento en la avenida Las Heras de la ciudad Buenos Aires, que habría colocado a nombre de testaferros y por los casi 9 millones de dólares con los que fue detenido durante la madrugada del 14 de junio de 2016.

Junto con López están siendo juzgados su esposa María Amalia Díaz, los supuestos testaferros Enrique Galera, Eduardo Gutiérrez y Carlos Gianni y la monja Celia Inés Aparicio, que estuvo en la iglesia el día que fue detenido el ex funcionario.

La semana pasada la defensora oficial de López, Pamela Bisserier, pidió su absolución tras considerar que no se pudo probar que formaran parte de su patrimonio los 9 millones de dólares que intentó esconder, aunque tampoco se demostró como los obtuvo.

La abogada del ex funcionario insistió con la idea de que el dinero que su defendido transportó no era de su propiedad, tal como el acusado había declarado en el marco de la causa de los “cuadernos”, donde dijo que el traslado de los bolsos con los dólares se lo había encargado Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En ese sentido, Bisserier solicitó que la parte de la investigación referida al episodio del convento sea remitida al juzgado federal 11, a cargo de Claudio Bonadio, “por corresponder con lo que se investiga en la causa de los Cuadernos y la del lavado de dinero” atribuido al entorno del fallecido Daniel Muñoz, quien fue secretario del ex presidente Néstor Kirchner.

La Oficina Anticorrupción (OA) y el fiscal Miguel Ángel Osorio pidieron que López sea condenado a 6 años de prisión, se le aplique una multa del 100 por ciento del valor del enriquecimiento supuestamente comprobado y el decomiso de los casi U$S 9 millones con los que fue detenido.

Osorio pidió además que la esposa de López sea condenada a un año y seis meses de prisión, que los presuntos testaferros purguen penas de tres años y medio de prisión y que la monja Aparicio sea absuelta.

Por su parte, los abogados de la OA reclamaron penas de 4 años de prisión para la esposa de López y dos años de cárcel para la monja Aparicio, por el delito de encubrimiento.