El Tribunal Oral 5 intimó a la hija de la ex presidente a presentar la historia clínica completa y mantuvo al 4 de abril como la fecha limite para su regreso al país

El Tribunal Federal Oral 5 rechazó el planteo de la defensa de Florencia Kirchner para extender su estadía en Cuba, donde se realiza un tratamiento médico, y la intimaron a que aporte la historia clínica completa. De esta manera, por ahora se mantiene vigente la fecha obligatoria de regreso del 4 de abril para la hija de la ex presidente Cristina Kirchner. Si la joven no se presenta, podrá ser declarada en rebeldía, indicaron fuentes judiciales.

La defensa de Florencia Kichner, a cargo de Carlos Beraldi, había solicitado esta mañana un planteo para extender la estadía de la joven en Cuba hasta que finalice su tratamiento médico. Sin embargo, el tribunal rechazo el planteo y dejó firme la resolución que impone a la cineasta a regresar al país el 4 de abril, cuando se vence la autorización para permanecer fuera del país.

La joven está procesada en la causa Los Sauces y también en la causa Hotesur, dos operaciones en donde se investiga el lavado de dinero a través de distintas maniobras que se habrían llevado adelante para canalizar dinero entregado por obras y concesiones públicas a Lázaro Baez y Cristóbal López. Junto a ella también está procesada su madre Cristina Fernández y su hermano, el diputado Máximo Kirchner.

Esta mañana, la ex jefa de Estado dio cuenta de la presentación realizada por los abogados: “Solicitamos que se revoque la muy grave y absurda resolución que obliga a mi hija Florencia a interrumpir el tratamiento médico que está realizando en Cuba y regresar al país este jueves”, explicó la senadora en un mensaje a través de las redes sociales.

La ex presidente difundió la presentación realizada por el abogado Carlos Beraldi, en la que afirmaba que “el estado de salud de Florencia y la recomendación médica de no viajar se encuentra debidamente certificado en el resumen de su Historia Clínica que expidió el CIMEQ y fue ratificado por el Cuerpo Médico Forense, a solicitud de este mismo Tribunal”.

“No existe ningún acto procesal que requiera la presencia física de Florencia de manera inmediata, mucho menos si para ello debe interrumpir un tratamiento o someterse a un viaje que los médicos le piden expresamente que no realice”, argumentó la ex mandataria.

Precisó que la fiscal de la causa también determinó que “no se ha dispuesto ningún acto procesal que requiera contar con su presencia”.

En esa línea, dijo que su hija “cumplió con las citaciones que se le cursaron a efectos de ser notificada, de manera personal, tanto del auto de procesamiento como del embargo trabado sobre sus bienes” y “acudió a la oficina competente de la Cámara Criminal y Correcional Federal para que se le realizara el informe socio-ambiental ordenado”.

“Finalmente, a su regreso de Cuba a finales del año pasado, en cumplimiento de la directiva impuesta acudió de manera personal a la Secretaría del Tribunal, exhibiendo su pasaporte y entregando copia de los sellos impuestos por las autoridades migratorias”, subrayó.

Y concluyó: “Por todo esto es que solicitamos que se autorice a Florencia a permanecer en Cuba hasta que sea dada de alta y que, para eliminar todo tipo de suspicacia, se requiera a través de la Embajada Argentina un informe detallado sobre su estado de salud”.

Infobae

Lo hizo este viernes su defensa tras el regreso de Cristina Kirchner a la Argentina. El tribunal del caso “Los Sauces” le dio intervención al Cuerpo Médico Forense

Florencia Kirchner, hija de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, le pidió este viernes a la justicia autorización para quedarse 45 más en Cuba y así continuar con el tratamiento médico que la tiene internada en ese país desde principio de mes.

La presentación fue hecha ante el Tribunal Oral Federal 5 que tiene la causa “Los Sauces”, en la que que están acusados Florencia, su madre, su hermano Máximo Kirchner -diputado nacional- y otros imputados. La acusación es por presunta asociación ilícita y lavado de dinero a través de empresas familiares con fondos provenientes de la obra pública. El juicio todavía no tiene fecha de inicio.

Ante la presentación, el tribunal tomó una decisión. El presidente de la causa, Daniel Obligado, le dio intervención al Cuerpo Médico Forense (CMF) para que analice la historia clínica e informe cuánto tiempo requiere de recuperación el cuadro médico descripto y cómo se puede hacer el tratamiento teniendo en cuenta que es ambulatorio. La consulta apunta a saber si la atención médica la puede recibir en el país y si la enfermedad le permite viajar en avión.

Infobae

Luego de que la justicia tucumana ordenara su búsuqueda por no presentarse a declarar, la madre de Marita Verón sostuvo que nunca recibió ninguna notificación.

Susana Trimarco salió al cruce de las versiones que aseguran que está prófuga
“Es una infamia, es una mentira”, dijo Susana Trimarco en diálogo con el portal Filo News, ante las versiones periodísticas sobre una inminente orden de captura en su contra para que declare en una causa en la que se investiga el destino $ 5,6 millones que la Fundación María de los Ángeles recibió del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para la realización de obras.

La titular de la ONG de lucha contra la trata quedó envuelta en una situación insólita: el juez federal N°1, Daniel Bejas, libró oficios para tratar de ubicarla y notificarla de una citación para que declare.

“Yo estoy siempre a disposición de la Justicia y siempre me voy a presentar: ahora no lo hice porque no estoy en la provincia y porque no fui notificada”, añadió.

“Es de público conocimiento que la señora Trimarco está desde hace un tiempo en Córdoba Capital y ya no vive en su domicilio de Tucumán, en la calle Thames”, remarcó el abogado de Trimarco, José D´Antona, luego de que estallara la noticia.

El letrado recordó que Trimarco y su nieta Micaela, la hija de Marita, sufrieron amenazas y varios atentados mientras vivían en San Miguel de Tucumán e indicó que la vivienda familiar está “inhabitable”.

“Es una situación inaudita, en 26 años de profesión nunca vi algo así”, aseguró el abogado.

Se trata de la causa por la que estuvieron inicialmente presos De Vido y Baratta. Un cuestionado peritaje revocó los primeros procesamientos, que ahora se renuevan con la ex presidente incluida y por la acusación de asociación ilícita.

La ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, fueron procesados con prisión preventiva por asociación ilícita y defraudación, junto a un grupo de empresarios y ex funcionarios por la compra de gas natural durante su gestión. El juez Claudio Bonadio consideró a la senadora jefa de una organización ilícita y a De Vido y Baratta como organizadores, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

También fueron procesados el ex titular de Enarsa Walter Fagyas, el ex secretario de Energía Daniel Cameron y el empresario Roberto Dromi –ex ministro durante la gestión de Carlos Menem- y su hijo. El procesamiento incluye ex directivos de YPF y Enarsa. A Cristina la embargaron por mil millones de pesos y 500 millones de pesos.

Bonadio inició su investigación en 2014 a partir de la denuncia de los entonces legisladores del PRO Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich. Según se expuso, la empresa ENARSA participó en la importación de GNL y a partir del día 12 de noviembre de 2012 también intervino la empresa YPF. Según la investigación, desde 2008 a 2015 arribaron al puerto de Bahía Blanca un total de 232 barcos con GNL y al de Escobar otros 265 para descargar GNL.

Para el juez Bonadio, existió una maniobra defraudatoria que provocó un perjuicio económico porque el precio que se pagó por el GNL fue superior a los valores de mercado. Dromi había dicho a La Nación que YPF, a cargo de Enarsa, realizó compras de gas licuado desde 2012 con contratos que “no tienen los códigos de transparencia que la ley le exige”.

Se trata de la segunda vez que el ex ministro de Planificación y Baratta son procesados por Bonadio por esta causa conocida como GNL. Aquella vez fue en octubre de 2017 y provocó la detención de Baratta días antes de las elecciones, y aceleró el pedido de desafuero de De Vido, también investigado por el caso Río Turbio. Sin embargo, en un fallo dividido, la Cámara Federal dictó la falta de mérito de todos los implicados en base a una serie de cuestionamientos al peritaje que se usó para evaluar los sobreprecios. Baratta fue liberado pero De Vido no porque era investigado en la causa Río Turbio.

Pese al revés de la Cámara Federal, Bonadio ordenó nuevos peritajes y llegó a la conclusión de que, otra vez, el Estado pagó el GNL con sobreprecios. Pero esta vez no sólo responsabilizó a De Vido y Baratta sino que procesó también a la ex presidente y habló de una asociación ilícita.

Hoy De Vido y Baratta también están presos en la causa de los cuadernos que instruye Bonadio. Precisamente, esta causa fue la que permitió que el caso de los cuadernos quedara en manos de Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, por entender que las anotaciones del chofer Oscar Centeno eran “conexos” a esta investigación. En tanto, en otra causa, el perito Daniel Cohen fue procesado hace diez días por falso testimonio agravado, tal como lo reveló Infobae.

En el fallo firmado este lunes, Bonadio sostuvo que la ex presidente, De Vido y Baratta -en su carácter de Titular a cargo de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión dependiente del Ministerio de Planificación-, cuyos cargos desempeñaron durante el período investigado, fueron quienes tuvieron a su cargo la administración y disposición de los fondos públicos y debían velar por su cuidado”.

“Los funcionarios De Vido y Baratta tuvieron en sus manos el diseño de todo el plan delictivo y la estructura que concretó la importación de GNL. A su vez, tuvieron posibilidades reales de terminar con la maniobra en cualquier momento o permitir que continuara. Esto muestra el dominio del hecho que tenían, lo que deriva necesariamente en la atribución de responsabilidad en calidad de coautores”, se afirmó.

Julio De Vido y Roberto Baratta en sus tiempos en el Ministerio de Planificación (foto NA)
Julio De Vido y Roberto Baratta en sus tiempos en el Ministerio de Planificación (foto NA)
El fallo procesó sin prisión preventiva a funcionarios de ENARSA (Exequiel Omar Espinosa; Walter Rodolfo Fagyas; Juan José Carbajales, José Ramón Granero, Gastón Ghioni, Tamara Natalia Pérez Balda, Fernando Omar Salim, Alejandra Marcela Tagle, Jorge Alberto O´Donnell, Nilda Clementina Minutti, Karina Noemí González, Flavia Analía García, Martín Ignacio Busti, Haydee Justa Fernández, Alexis Guillermo Zuliani y Mónica Edith Bisconti) al ex secretario de Energía Daniel Omar Cameron y a quienes ejercieron cargos en la empresa YPF (Rodolfo Alejandro Luchetta y Stella Maris Babilani). El listado incluyó a Jorge Alberto Samarin -Presidente de la agencia ´Marítima Meridian SA´- José Roberto Dromi -Presidente de la empresa ´DYSAN´ y Roberto Nicolás Dromi San Martino -Director Ejecutivo y apoderado de la empresa ´DILIGENTIA SA´- “si bien no tuvieron a su cargo la administración y el manejo de los fondos, sí ejercieron una participación necesaria en el hecho delictivo, dado que sin sus aportes no se habría podido concretar la maniobra ilegal”.

El juez afirmó que “los que prestaron funciones en ENARSA e YPF, fueron quienes concretaron los procesos de gestión, adjudicación y compra/pago de los cargamentos con GNL, elaborando de esta manera una parte esencial de la maniobra ilegal desplegada, en tanto que el Secretario de Energía fue quien informaba a Roberto Baratta los volúmenes de GNL a importarse, tomando conocimiento a su vez sobre los cargamentos que iban amarrando en los puertos”. “Esto muestra la importancia de sus participaciones en la actividad ilegal y permite entender cómo pudo sostenerse durante el tiempo”, señaló.

El fallo añadió que “José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi San Martino intervinieron como intermediarios de ENARSA y ciertas empresas proveedoras del GNL (Morgan Stanley, Gas Natural Aprovisionamientos SDG, luego denominada Gas Natural Fenosa) por medio de las firmas DYSAN y DILIGENTIA SA, incidiendo de esta manera en el precio abonado por el GNL”.

“Por último, adquiere relevancia la participación de la agencia ´Marítima Meridian SA´, presidida por Jorge Alberto Samarin, que intervino -como representante de los armadores (o propietarios) de los barcos, en la totalidad de los buques metaneros que amarraron en el puerto de Bahía Blanca y en gran parte de aquéllos que lo hicieron en el de Escobar; sin licitación y facturando los barcos a precios con variaciones no justificadas”, se añadió.

Infobae

La ex presidenta viajó hoy alrededor de las 4 de la mañana con destino a Cuba en un vuelo de la aerolínea panameña Copa que salió del aeropuerto internacional de Ezeiza.

“Mi hija, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, comenzó hace un tiempo a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud”, dijo la ex presidenta en el video de 5 minutos que publicó en Twitter.

Florencia Kirchner es investigada por un deposito de 4 millones de doláres que aparecieron en su cuenta bancaria y no se conoce su origen.

El ex secretario de transporte ,ya condenado a 8 años de prisión por la tragedia del tren de Once, es ahora enjuiciado por “administración fraudulenta” junto a otros ex funcionarios y directivos del ferrocarril Belgrano Cargas.

Este es el cuarto juicio oral que afronta el ex funcionario y en un principio iba a tratarse de un mega debate unicado con otras cuatro causas, entre ellas enriquecimiento ilícito y compra de material chatarra para el tren Belgrano y por un sobrepago en el ramal Tucumán-Concepción, obra que nuna se concretó y que fue denunciada por el Dipuatdo José Cano.

Pero en estos procesos también está acusado su ex asesor Manuel Vázquez, quien fue operado del corazón y por eso se suspendieron estos debates hasta que esté en condiciones de asistir a las audiencias.

De hecho, por la compra de material chatarra para los trenes también deberá sentarse al banquillo el detenido ex ministro de Planicación Federal Julio De Vido.La primera jornada del juicio transcurrió con la lectura de la acusación del fiscal de instrucción Guillermo Marijuán.

Además de Jaime son juzgados el ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Pedro Ochoa Romero; el ex vicepresidente del Belgrano Cargas Angel Staorini, la ex titular de ese ferrocarril Graciela Coria (viuda del sindicalista ferroviario José Pedraza) y Luigi Capelli, de la ex administradora de esa línea ferroviaria SOESA.

Telam

El juez del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Tassara murió luego de haber sido internado producto de una operación de triple by-pass. Tassara era uno de los magistrados que iba a juzgar a la ex presidente Cristina Kirchner en los juicios por las presuntas irregularidades por la obra pública y por la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Tassara falleció mientras estaba de licencia por una operación de corazón a la que fue sometido el 19 de febrero. Luego de la intervención, debió ser internado nuevamente.

Tassara integraba el Tribunal Oral Federal 2 desde la década del 90. Lo hacía junto con Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu. Juntos iban a comenzar el 21 de mayo próximo el juicio oral a Cristina Kirchner y a otros acusados por la obra pública concedida a Lázaro Báez para Santa Cruz.

Tassara también iba a ser uno de los jueces que iba a juzgar a la ex mandataria por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Para ese caso integraba el Tribunal Oral Federal 8 en un caso que todavía no tiene fecha de inicio.

De bajo perfil, respetado y querido entre sus colegas, Tassara había condenado a Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi en el primer juicio oral por la tragedia de Once; también a la ex ministra de Economía Felisa Miceli por el dinero hallado en el baño de su despacho; y juzgó varios casos de delitos de lesa humanidad.

Para el juicio de la obra pública ya había designado un cuarto juez –Andrés Basso-, que ahora será titular, y se deberá designar a su reemplazante. En el caso del memorándum de entendimiento con Irán se deberá sortear al reemplazar de Tassara.

Infobae

Este lunes, el tribunal TOF número 6 rechazó la prisión domiciliaria para D’Elía por
motivos médicos y ordenó que se efectivice la detención.

D’Elía había sido sobreseído por la Sala I de la Cámara Federal, integrada entonces por
Eduardo Farah, Jorge Ballestero y el destituido Eduardo Freiler, pero la medida fue
luego revocada, y el TOF 6, en noviembre de 2017, lo sentenció a cuatro años de prisión
por atentado contra la autoridad agravado, lesiones leves, instigación a cometer delitos,privación ilegal de la libertad y usurpación.

Luego la Sala III de la CFCP redujo la pena a tres años y nueve meses de prisión por
instigación a cometer delitos, y en diciembre último rechazó un recurso extraordinario
con el que la defensa pretendía evitar el encarcelamiento.

El ex vicepresidente Amado Boudou se entregó en los tribunales federales de Comodoro Py y volvió a quedar detenido para cumplir la pena de más de 5 años que pesa en su contra en el marco de la compra-venta de la ex Ciccone Calcográfica, luego de que así lo determinara la Cámara de Casación.

El tribunal revocó la excarcelación de Boudou tras los pedidos que hicieron en ese sentido la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Oficina Anticorrupción (OA).

Luego de que el fallo se conociera en horas del mediodía, el también ex ministro de Economía se presentó en los tribunales de Retiro y allí quedó detenido, a la espera de ser trasladado a la cárcel.

Boudou está condenado a 5 años y 10 meses de prisión en esa causa por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho a raíz de la compra de la ex Ciccone Calcográfica.

El ex vicepresidente había sido condenado en agosto pasado por el Tribunal Oral Federal 4 por dos votos contra uno, pero en diciembre cambió la composición del mismo, y por los votos de Adriana Palliotti y Gabriela López Iníguez se decidió su excarcelación.

Pero la UIF y la OA apelaron la decisión del Tribunal 4 y ahora la Cámara de Casación, con los votos de Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, dispuso que Boudou vuelva a la cárcel.

Boudou estuvo detenido en 2017 en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y asociación ilícita pero al poco tiempo la Cámara Federal le otorgó la excarcelación, en tanto que al ser condenado por Ciccone Calcográfica fue nuevamente detenido, y tras recuperar su libertad el 11 de diciembre pasado, ahora vuelve a la cárcel.

En la resolución, los jueces votaron de manera distinta, pero coincidieron en la detención de Boudou.

“El dictado de la sentencia condenatoria y la individualización de una pena de efectivo cumplimiento aun cuando al misma no se encuentra firme, se presenta como una circunstancia jurídica que debe ser evaluada por no constituir un parámetro exclusivo y autosuficiente en conjunto con las demás pautas objetivas y subjetivas que permiten el análisis de la existencia de riesgos procesales”, según votó el juez Hornos.

En ese sentido, el camarista recordó los “vínculos” que Boudou tenía “con varias áreas de la administración pública y que habría influenciado a los organismos del Estado”, como ser Ministerio de Economía, AFIP, Comisión de defensa de la competencia, y Casa de la moneda.

En su voto, el juez Gemignani evaluó que “no se trata ya de asegurar el eventual cumplimiento de la pena sino de disponer su cumplimiento”.

“Los riesgos devienen desde el dictado de la propia existencia de una sentencia condenatoria aunque ella no se encuentre en autoridad de cosa juzgada”, sentenció el magistrado.

Por su parte, Borinsky desplegó críticas hacia el Tribunal 4 y en ese sentido recordó que “omitió considerar debidamente circunstancias relevantes que ya habían sido valoradas jurisdiccionalmente por decisiones anteriores a la presente, que fueron convalidadas por este tribunal”.

El juez dijo que hubo una “resolución arbitraria del TOF4 y corresponden descalificar la resolución impugnada como acto jurisdiccional válido”.

Ambito

Había sido solicitada por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. El titular de la oficina, Eduardo Casal, sostuvo que “no es función del procurador general de la Nación realizar las medidas”.

El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, rechazó un pedido del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para iniciar una investigación tras una denuncia contra el fiscal Carlos Stornelli por un supuesto pedido de dádivas en el marco de la causa por los “cuadernos de las coimas”.

Casal sostuvo que “no es función del procurador general de la Nación realizar las medidas” que solicitó Ramos Padilla, ya que “ellas son propias de las atribuciones de su jurisdicción”.

“Más aún cuando por la generalidad con que aparecen formuladas, su realización implicaría un grado de discrecionalidad, valoración y selección que son de exclusivo resorte del magistrado a cargo de la investigación (…) a partir de su conocimiento de las constancias del sumario que sólo es público para las partes”, esgrimió Casal.

El procurador comentó de todos modos en su resolución que “se brindará la colaboración necesaria a la investigación penal” y pidió al juez federal de Dolores que le haga saber “si se ha requerido la imputación de algún funcionario” del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Este martes, Ramos Padilla, mediante una carta enviada a Casal, dio intervención a la Procuración General de la Nación para que analice la denuncia contra Stornelli por un supuesto pedido de dádivas en el marco de la causa de los “cuadernos de las coimas”.

La acusación contra el fiscal surge de una presentación judicial del empresario agropecuario Pedro Etchebest, que aseguró ante la Justicia que el abogado Marcelo D´Alessio le exigió dinero para quitarlo de la “causa de los cuadernos”, en la que supuestamente aparecía nombrado por un ex funcionario kirchnerista.

D´Alessio, por su parte, está acusado de extorsionar a Etchebest, que afirmó que el abogado le reclamó 300.000 dólares para evitar que quedara preso y le manifestara un supuesto vínculo con el fiscal Stornelli.