Meng Wanzhou, vicepresidenta del directorio e hija del fundador de la compañía, afronta un proceso de extradición por presunta violación de sanciones a Irán. Aseguran que la empresa tecnológica envió productos producidos en ese país a la república islámica.

Canadá arrestó a Meng Wanzhou, jefa de Finanzas de Huawei en Vancouver, quien afronta un proceso de extradición a Estados Unidos por sospechas de violar las sanciones de Washington contra Irán.

Wanzhou, quien es una de los vicepresidentes del directorio de la compañía de tecnología china e hija del fundador de la compañía, Ren Zhengfei, fue arrestada el 1 de diciembre y se fijó una audiencia en la corte para el viernes, dijo un portavoz del Departamento de Justicia de Canadá, según el diario Globe and Mail.

Huawei es investigada al menos desde 2016 por EEUU, por presunto envío de productos fabricados en ese país a Irán, en violación de las sanciones.

Representantes de Huawei, uno de los mayores fabricantes de equipamientos de telecomunicaciones en el mundo, no pudieron ser contactados por Reuters para que hicieran comentarios.

Funcionarios de los Departamentos de Justicia de Canadá y Estados Unidos no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Autoridades estadounidenses han estado investigando a Huawei al menos desde 2016 por acusaciones de que envió productos producidos en ese país a Irán, en violación a leyes y sanciones de Washington, dijeron fuentes a Reuters en abril.

La compañía anunció que “se trata de la mayor restitución recibida por la compañía en un único periodo”. Desde que se inició la investigación hace unos cuatro años los fondos ya recibidos por la empresa suman unos u$s 655 millones.

La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció que recuperó más de u$s 260 millones en el marco de la investigación por el Lava Jato. A través de un comunicado, la empresa detalló que “se trata de la mayor restitución recibida por la compañía en un único periodo”.

Desde que se inició la investigación hace unos cuatro años los fondos ya recibidos por la empresa suman unos u$s 655 millones, agregó la compañía. Las investigaciones, que se dieron a conocer en marzo de 2014 destaparon una enorme red de corrupción en torno al gigante estatal Petrobras.

Cientos de políticos, funcionarios y empresarios están implicados en una trama para el millonario pago de sobornos de firmas interesadas en firmar suculentos contratos con la compañía. Los “sobrecostos” de los sobornos eran compensados con el encarecimiento de las obras o servicios prestados a la petrolera.

El “Lava Jato” es considerada como la mayor operación contra la corrupción política en la historia de Brasil. El escándalo se extiende también a varios países de la región, incluida la Argentina, salpicando a varios exfuncionarios por el caso Odebrecht, que operaba ahí con una red de pago de sobornos similar a la que tenía en Brasil.

Al respecto, vale recordar que la semana pasada el Ministerio Público Fiscal cerró un acuerdo con su equivalente de Brasil para obtener pruebas que la Justicia de ese país tiene sobre el caso

Por lo pronto, las pruebas serán utilizadas en varias causas por el presunto pago de sobornos, que involucran obras como el soterramiento del tren Sarmiento, las plantas potabilizadoras de Aysa en Berazategui y Zárate y los gasoductos del norte y sur de la Argentina.

El acuerdo que le permitiría a la Justicia argentina acceder a las evidencias que hay en Brasil sobre las coimas que Odebrecht pagó a funcionarios locales durante la última década podría tener un coletazo en esta provincia. Es que en la causa Lava Jato se menciona a los gasoductos troncales que se licitaron durante la administración de José Manuel de la Sota , aunque finalmente comenzaron a ejecutarse -después de un nuevo concurso- en la gestión de Juan Schiaretti .

Según consigna el diario La Nación, el año pasado el ex fiscal Anticorrupción de Córdoba, Hugo Amayusco, libró un exhorto al juez Sergio Moro para que le girara información sobre las sospechas de que se pagaron sobornos a empresas brasileñas que en 2008 pelearon por la obra de los gasoductos; OAS y Andrade Gutiérrez aparecen en la lista confeccionada por el cambista Alberto Youssef-condenado por lavado de dinero- con supuestos pagos por US$ 36 millones. El pago se habría hecho dos meses después de que el gobierno de De la Sota licitara la obra y ganara la UTE integrada por Andrade Gutiérrez, Iecsa y Britos.

El proceso quedó trunco porque en 2013 -en el marco del enfrentamiento de la Provincia con el kirchnerismo- la Nación no firmó las garantías y se cayó el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes). Después Schiaretti relicitó la obra que está en ejecución; una de las contratistas es Odebrecht .

Con fallo dividido, el tribunal de la Sala VI de la Cámara Penal decidió que el acusado de fraude contra el estado provincial fuera absuelto.

El ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Miguel Ángel Brito, fue absuelto este lunes por la tarde por la Sala VI de la Cámara Penal, aunque con votos divididos: Stella Maris Arce disintió con Alicia Freidenberg y María Elisa Molina.

Brito estaba acusado de haber cometido los delitos de fraude al Estado provincial, negocios incompatibles con el cargo que ocupaba y abuso de autoridad.

Sus defensores, Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig, habían pedido que se lo absuelva de culpa y cargo, como finalmente sucedió.
El fiscal de Cámara Carlos Saltor, por su parte, había solicitado una condena efectiva de seis años de cárcel -con prisión preventiva inmediata- e inhabilitación permanente para el ejercicio de cargos públicos.
Saltor, había anticipado a LV7 que si la sentencia era contraria iban a apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia pero habrá que esperar los argumentos que se leerán cuando termine la feria en la última semana de julio.

Así lo anunció el Fiscal de la causa, Carlos Saltor. El funcionario judicial se mostró confiado en la decisión de los jueces y expresó que “estamos confiados en una sentencia justa para la sociedad”•

Adelantó que “como lo dijimos en diferentes pasajes del juicio, si no quedamos conformes, vamos a apelar a la Suprema Corte de la Provincia”. Agregó que no hay que adelantarse y esperar “por que hoy se conocerá la sentencia pero no los argumentos”.

Los argumentos a lo que alude Saltor y que pueden condenar al ex director de la DAU, Miguel Brito, se conocerán después de la feria judicial o sea en la última semana de julio y a partir de ahí la fiscalía a su cargo puede apelar.

El fiscal federal general recibió a un legislador de Cambiemos para analizar una sentencia de la Cámara Federal sobre su competencia

Lo novedoso de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán reunió al fiscal federal general de esta provincia, Gustavo Gómez, y al legislador Eudoro Aráoz (UCR-Cambiemos). El jueves, tras un encuentro en los Tribunales Federales, ambos analizaron los posibles impactos de aquella sentencia en la investigación por presuntas anomalías en programas habitacionales del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu).

En los últimos casos de trascendencia institucional, el criterio había sido que los expedientes por hechos sucedidos en la órbita de la provincia fueran tomados por la Justicia tucumana, más allá de que los recursos tuvieran por origen la Nación.

Gómez, en rueda de prensa, destacó por ello la resolución de un caso en el que se declaró la competencia de ese fuero con respecto a la denuncia de un vecino de San Pablo por una vivienda que debió haber sido edificada en esa localidad, en el marco de un programa nacional. Aráoz le comunicó al fiscal general que hay otros casos similares, y que está dispuesto a reunir a posibles damnificados para que realicen una presentación formal.

En ese sentido, Gómez aclaró que se debería limitar a “analizar el manejo de los fondos que vienen” de la Nación al Ipvdu, ya que la Fiscalía de Instrucción XI en lo Penal de la Capital, del fuero local, está tramitando una pesquisa sobre otros posibles delitos de competencia provincial.

Puerta abierta

Aráoz señaló que le pareció relevante interiorizarse sobre el fallo relativo al vecino de San Pablo y que abre la puerta a la Justicia federal para entender en causas sobre recursos nacionales. La denuncia en trámite, que data de 2014, involucra fondos recibidos en el marco del Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir II”. Según el legislador radical, esta novedad en los tribunales permitirá que se indague sobre el destino dado a los dineros remitidos por la Nación para casas sociales. “Hay más de 110.000 inscriptos con necesidades básicas comprobadas, aptos para participar de sorteos y recibir unidades sociales. Pero en Tucumán se ha ideado un mecanismo perverso para marginar a esas personas del sistema”, señaló el opositor.

Aseveró luego que “la Provincia se niega” a firmar un convenio con la Nación según el cual las construcciones del Ipvdu deben tener como prioridad a ciudadanos cuyos ingresos no superen los dos sueldos mínimos.

“La intención es que todas esas viviendas vayan a sorteo, que el Ipvdu deje de ser una gran inmobiliaria para hacer negocios”, manifestó luego el radical.

Añadió que, junto a sus asesores, recolectarán los datos de personas damnificadas por estas supuestas anomalías, y efectuarán las presentaciones de rigor.

“Vamos a buscar que todas las viviendas que se están ejecutando en Tucumán vayan a las personas realmente inscriptas, y que los fondos que se reciben de la Nación sean utilizados donde tiene que ser”, remarcó Aráoz.

Controversia

La cuestión de la competencia del fuero federal en causas relacionadas al manejo de fondos públicos generó controversia en distintos expedientes.

A fines del año pasado, el juez federal N°1 de Tucumán Daniel Bejas siguió los criterios que venían predominando y remitió a la Justicia provincial una de las causas sobre el plan “Más Cerca”, abierta a raíz de una denuncia de la senadora radical Silvia Elías de Pérez (Cambiemos).

El fiscal federal N° 1, Carlos Brito, quien había pedido seis indagatorias, objetó esa decisión y pidió que la investigación siga bajo su órbita, por lo que la cuestión debe ser resuelta por la Cámara Federal de Apelaciones.

Fuente: La Gaceta

La versión de la venta de una ayudantía judicial por $ 10.000 derivó en el despido de Miriam Josefina Herrera, encargada auxiliar afectada al Gabinete Psicosocial de los Tribunales. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán dispuso la cesantía el 1 de febrero con los votos de los vocales Daniel Posse(presidente), René Goane, Antonio Gandur y Antonio Estofán (la quinta integrante, Claudia Sbdar, estaba de licencia). El alto tribunal consideró que Herrera merecía la máxima sanción por la magnitud y la gravedad de la falta que se le atribuía.

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