Zhang Qi, de 58 años, era secretario del comité del Partido Comunista en Haikou, la capital de la provincia de Hainan

Las autoridades chinas capturaron a un poderoso funcionario del partido comunista de quien se sospecha recibió 13,5 toneladas de oro y unos 40 mil millones de dólares en sobornos. Miles de lingotes de oro fueron confiscados de la casa del hombre. Los metales están avaluados en más de 600 millones dólares.

El capturado fue identificado como Zhang Qi, de 58 años, quien era un funcionario de alto rango en la provincia de Hainan. El hombre se encuentra en este momento en la cárcel.

Además del oro, las autoridades encontraron en su cuenta del banco cerca de 40 mil millones de dólares, informó The Daily Mail. El dinero, según los investigadores, lo podría haber conseguido a través de sobornos que realizó gracias a su posición política y su poder.

En la densa y multimillonaria trama corrupta, se investiga si Zhang Qi recibió también lujosos inmuebles como coimas a cambio de favores. Si se establece que el oro y el dinero le pertenecía, el funcionario sería el hombre más rico de China, por encima del magnate de la internet Jack Ma.

Zhang era secretario del comité del Partido Comunista en Haikou, la capital de la provincia de Hainan, que tiene una población cercana a los 9 millones de habitantes. Su poder era similar al de un alcalde o intendente.

Todos los títulos y cargos que tenía le fueron retirados por la inspección de disciplina del Comité Central del Partido Comunista de China.

Un video muestra los miles de lingotes de oro en el cuarto de una lujosa casa que al parecer pertenece al funcionario chino. Las imágenes han sido censuradas en China.

El pasado 6 de septiembre, según The Daily Mail, uno de los principales funcionarios anticorrupción de China declaró que Zhang Qi es sospechoso de haber violado las leyes de China.

Zhang ingresó al Partido Comunista en 1983. En su ascenso al poder, primero fue alcalde en la ciudad de Sanya y luego en la ciudad de Danzhou, ambas en la provincia de Hainan.

Infobae

La decisión de la Justicia llegó justo antes de que comiencen las deliberaciones del Tribunal Supremo que decidirá sobre el futuro del ex presidente. El líder del Partido de los Trabajadores ya adelantó que quiere la anulación de su sentencia

La Justicia fijó una multa equivalente a 1,25 millones de dólares al ex presidente Lula da Silva para pasar al régimen de prisión semiabierto, justo antes de que el Supremo Tribunal Federal determine el futuro del político, cuando analice la nulidad de condenas de Lava Jato.

Preso desde abril de 2018, Lula tendrá que pagar 4,9 millones de reales para poder salir durante el día y retornar por la noche a la Superintendencia de la Policía Federal, determinó la jueza Carolina Lebbos, de la primera instancia federal de Curitiba.

Según un artículo de ANSA, esta medida es una respuesta al pedido de la Fiscalía para que cambie el régimen carcelario porque Lula ya cumplió un sexto de la pena, el período mínimo de arresto.

Sin embrago, el propio Lula rechazó pasar a la libertad parcial con el argumento de que su causa debe ser anulada debido a lo que él definió como falta de imparcialidad en su juzgamiento.

En una carta de su puño y letra dada a conocer por su abogado, Cristiano Zanin, el ex mandatario escribió: “Al pueblo brasileño: No cambio mi dignidad por mi libertad”. En su opinión, lo que deberían hacer los fiscales es “pedir disculpas a los brasileños, a los millones de desempleados y a mi familia por el mal que han hecho a la democracia, a la justicia y al país”.

Lula ha insistido en que es objeto de “acusaciones falsas” y que son los fiscales quienes “están presos de sus mentiras”. En este sentido, ha confiado en que el Supremo Tribunal Federal (STF) corrija las “arbitrariedades” cometidas por los fiscales y por Sergio Moro.

“Soy plenamente consciente de las decisiones que tomé en este proceso y no descansaré hasta que vuelvan a prevalecer la verdad y la justicia”, ha remachado en su carta escrita desde la prisión de Curitiba donde permanece recluido.

El parecer de la jueza Lebbos antecedió a la reunión del Supremo que ya comenzó el miércoles en Brasilia, y que puede tener impacto en el proceso de Lula y en decenas de otros fallos de Lava Jato. La sesión comenzada el miércoles será retomada el jueves, cuando definirá el destino de Lula da Silva.

La semana pasada el Supremo dictaminó que el ex juez Sergio Moro, creador de Lava Jato y actual ministro de Justicia, no respetó el derecho de defensa cuando impidió que los acusados tuvieran la última palabra en los juicios, luego de presentados los testimonios de los “arrepentidos”.

El político cumple una prisión de ocho años y 10 meses por corrupción y lavado de dinero vinculado a un departamento triplex en la ciudad balnearia de Guarujá. Los diarios O Globo y Estadao del miércoles analizaron las posibles “modulaciones” con que los jueces del Supremo pondrán en práctica el fallo y no descartan que se opte por una decisión que busque atenuar las consecuencias.

Según fuentes judiciales, sin embargo, algunos de los magistrados quieren evitar que se anulen decenas de condenas y esto signifique un golpe para Lava Jato, el proceso contra la corrupción más importante de las últimas décadas.

El extitular de la UEFA fue apresado en París por sospechas de corrupción en la atribución de la sede. El foco está puesto sobre una supuesta «reunión secreta» en el Palacio del Elíseo. Por la noche, fue liberado, aunque la causa seguirá su curso.

El expresidente francés de la UEFA Michel Platini fue detenido en París en una investigación por presunta corrupción en la atribución del Mundial 2022 a Qatar, indicaron a la AFP fuentes cercanas a la investigación.

La Fiscalía Nacional de Finanzas (PNF) abrió en 2016 una investigación preliminar por sospechas de presunta corrupción en la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en la atribución de los Mundiales de fútbol de 2018 a Rusia y de 2022 a Qatar.

La Justicia francesa se interesa particularmente por una «reunión secreta» que habría tenido lugar en el Palacio del Elíseo el 23 de noviembre de 2010 y en la que habrían participado el expresidente francés Nicolas Sarkozy, el príncipe de Qatar Tamim bin Hamad al-Thani y Michel Platini, que era entonces presidente de la UEFA y vicepresidente de la FIFA.

El exsecretario general del palacio del Elíseo bajo la presidencia de Sarkozy, Claude Guéant, está también siendo interrogado por investigadores de la oficina anticorrupción de la policía judicial en la misma investigación, según una fuente judicial.

La elección de Qatar, un rico país gasífero, por los miembros del comité ejecutivo de la FIFA fue uno de los desencadenantes de la grave crisis que sacude a esta institución desde 2015.

En octubre de 2015, el expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, acusó a Francia. Según él, hubo «un acuerdo diplomático» para que los Mundiales de 2018 y 2022 tengan lugar en Rusia y Estados Unidos, pero este plan fracasó a causa de «la interferencia gubernamental de Sarkozy». Este último niega cualquier intervención.

Suiza y Estados Unidos han abierto también investigaciones en relación a la atribución de estos Mundiales.

Por la noche, liberado
El exfutbolista francés y expresidente de la UEFA Michel Platini fue liberado por la noche después de haber sido detenido e interrogado sobre la presunta corrupción en la atribución del Mundial-2022 a Qatar, constató un periodista de AFP.

«La permanencia bajo custodia ha sido levantada», informó el abogado del exastro francés, William Bourdon, quien lamentó que se haya hecho «mucho, mucho ruido por nada».

Será este viernes, a las 10 horas, en el edificio del MPF ubicado en Avenida Sarmiento 431.

Por estos tiempos se ve circular en la provincia, automóviles, camionetas, utilitarios y motocicletas identificados con la sigla «Vehículos recuperados del delito». Tal presencia obedece a una decisión inédita del Ministerio Público Fiscal, que conduce el Ministro Edmundo Jiménez, de poner a disposición de la policía de la provincia aquellas unidades secuestradas en el marco de procesos judiciales, que son plausibles de ser afectadas. La medida es parte de la política encarada por el MPF de acercamiento a la sociedad, haciéndola en este caso con la entrega de vehículos a las fuerzas de seguridad.

Por tal motivo, este viernes a las 10 horas se hará la cesión de una nueva tanda de unidades que fueron supervisadas por funcionarios judiciales durante una visita a la Subjefatura de la Policía de la provincia, ubicada en Chile 1801. Al respecto, el prosecretario del MPF, Nicolás Ferro, dijo que “el objetivo es brindar las herramientas que están en manos del Ministerio y ponerlos a disposición del bien común, en este caso, la entrega de 15 vehículos y 8 motos, haciendo un total de 50, otorgados con la primera tanda”.

El autodenominado «Rey de la Carne», acusado de asociación ilícita y
evasión de impuestos, pasará por El Salvador y Colombia y luego
abordaría otro avión para aterrizar nalmente en el aeropuerto de Ezeiza.

El empresario de la carne Alberto Samid fue expulsado este lunes de Belice, adonde había huido tras negarse a comparecer en un juicio en su contra, y volaba hacia la Argentina custodiado por dos policías federales, informó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La publicación beliceña San Pedro Sun indicó que «el fugitivo argentino Alberto Samid, de 71 años de edad, fue transportado a la ciudad de Belice desde la estación de policía en la ciudad de San Pedro bajo la custodia de los ociales de policía de Belice y Argentina».

El autodenominado «Rey de la Carne», acusado de asociación ilícita y evasión de impuestos, pasará por El Salvador y Colombia y luego abordaría otro avión para aterrizar nalmente en el aeropuerto de Ezeiza.

Telam

El último acto procesal registrado data de 2010: es una sentencia que anula el pedido de sobreseimiento y que nunca habría sido notificada.

Causó conmoción y dio que hablar durante buena parte de la década pasada, pero un día pasó al último plano judicial y político, y ya nadie recordaba la causa penal abierta para esclarecer las versiones relativas a que 27 legisladores habrían cobrado coimas en 2002 para habilitar la -luego fallida- reforma constitucional. Los años transcurridos sin novedades acerca de ese proceso de máximo interés público cesaron de repente el 8 de marzo cuando Karina Rivera, secretaria del Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5 de esta ciudad, encontró el último cuerpo bajo un armario. Según consignó la propia actuaria, el acto procesal más reciente databa de 2010 y consistía en la sentencia de la ex jueza Mirta Lenis de Vera que anula el requerimiento de sobreseimiento. Esa resolución, que en los hechos implicaba la prosecución de la investigación, nunca habría sido notificada: el informe indica que entre las fojas había un número considerable de cédulas sueltas sin firma ni diligenciamiento. Las notificaciones fallidas habían sido elaboradas en 2014.

La pesquisa forma parte de las aproximadamente 250 causas paralizadas que Carolina Ballesteros dijo haber encontrado en el Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5 y que el 27 de marzo dio lugar a la apertura de una auditoría interna. La jueza, que llegó a ese despacho el 8 de febrero pasado, mandó una veintena de notas a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para comunicar las anomalías identificadas, entre ellas el descubrimiento de al menos 13 actuaciones frenadas de pornografía infantil. Una de esas misivas da cuenta sobre las condiciones irregulares y la ausencia de trámite de la causa iniciada el 22 de febrero de 2002, que involucra a un puñado de altas autoridades del Estado.

El hallazgo no supone que vaya a continuar el trámite de este expediente con 17 años de antigüedad, sino todo lo contrario. Aunque la prescripción no corrió porque varios de los acusados jamás dejaron la función pública, la denuncia original del concejal y candidato Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) sería sepultada en forma definitiva por aplicación de la doctrina del transcurso del plazo razonable para el ejercicio de la acción penal (se informa por separado). El cierre sin comprobación de los supuestos delitos investigados beneficiaría a los 27 legisladores afines y opositores al Gobierno de Julio Miranda (1999-2003) que en su momento fueron acusados de haber recibido dinero a cambio de autorizar la enmienda constitucional que pretendía incorporar la reelección, finalidad que recién fue concretada en 2006 durante la gestión de José Alperovich.

Integran la lista de imputados Gerónimo Vargas Aignasse, Nancy Albero, Julio César Topa, Adriana Neske, Fernando Lossi, Juan Antonio Vildoza, Diego Nieva Sanzano, Gustavo Siciliani, Jorge de Faveri, Gustavo Rojas Alcorta, Mariano Poliche, Leonor Lía Barquet de Delgadino, Rosa Augier de Rojas, Osvaldo Jaldo, José Fernando Orellana, David Padilla, Juan Carlos Mamaní, Juan Antonio Ruiz Olivares, Emilio Salvatierra, Edgardo Roberto Rocha, René Concha, Germán Alfaro, Teresa Felipe de Heredia, José Raúl Gutiérrez, Claudia Herrera, Camilo Khoder y Lilia Teresa Ramírez de Castro. En 2002, este grupo estaba conformado por 17 legisladores del Partido Justicialista, 4 del Movimiento Independiente, 4 de Fuerza Republicana, 1 de la Unión Cívica Radical (Vildoza) y 1 de Vanguardia Provincial (Poliche). En el presente, se destacan en el conjunto Jaldo, que es vicegobernador; Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán; el diputado nacional Orellana y el legislador Ruiz Olivares.

Majestuosidad desgastada

La sentencia de Lenis de Vera que rechaza el sobreseimiento solicitado por el ex fiscal N°1, Pedro Gallo (padre del funcionario constitucional homónimo), no surtió efectos en parte porque, en principio, nunca salió oficialmente del despacho. Se trata de la enésima vicisitud imprevista registrada en esta causa, donde incluso Amelia Alejandra Ducca, entonces esposa de Poliche, afirmó ante el -en ese momento- fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, que se distribuyeron $ 2 millones (U$S 2 millones de esa época) entre los legisladores que aprobaron la iniciativa de la reforma constitucional a las 4 de la mañana del 20 de febrero de 2002, en medio de una crisis económica y social brutal, que incluyó saqueos, desnutrición infantil, y la declaración del default. Un mes después, en julio de 2002, al comparecer ante el ex juez N°4, Víctor Manuel Pérez, Ducca se desdijo y, en noviembre de 2003, la Corte excluyó la prueba basada en las palabras de la testigo.

Tiempo después, Gallo solicitó el sobreseimiento de los imputados con el argumento de que las denuncias eran amplias y ambiguas, y no habían sido probadas por las medidas practicadas. Además de Bussi, habían pedido el esclarecimiento de los supuestos hechos delictivos el abogado Alberto Exequiel Figueroa Torres y Exequiel Ávila Gallo, dirigente del partido Defensa Provincial Bandera Blanca. En su denuncia, Bussi había dicho que en octubre de 2001, en una mesa de la confitería Mirasoles (reducto de moda entre los políticos de entonces), el legislador De Faveri había expresado: “a nosotros nos están ofreciendo mucha plata para reformar la Constitución provincial”. El hoy concejal había añadido que en esa reunión participaron Pablo Walter (Cambiemos), Diego Nieva, Federico Hernán Martínez y Javier Morof (dirigente alineado al gobernador Juan Manzur y a Jaldo).

Nueve años atrás, Lenis de Vera, que accedió al beneficio de la jubilación con el 82% móvil en 2016, consideró que no había fundamentos para cerrar esta causa laberíntica y plagada de sobresaltos, como quería el ex fiscal Gallo. En esa resolución sensible, la ex titular del Juzgado N°5 precisó que los patrimonios de nueve de los 27 legisladores investigados habrían aumentado en forma sustancial entre el momento en el que habían asumido sus bancas, octubre de 1999, y febrero de 2002. Lenis de Vera desarrolló los casos de De Faveri, Augier de Rojas, Albero, Vargas Aignasse, Topa, Rojas Alcorta, Neske, Vildoza y Nieva Sanzano. En cada supuesto, la magistrada detalló la adquisición de inmuebles y de automóviles, así como las tenencias de efectivo y de dólares. Además, mencionó que la Legislatura habría obstaculizado la investigación al retardar el envío de las declaraciones juradas y de los datos sobre filiación exigidos. La jueza también consignó sus sospechas sobre que algunas de las manifestaciones de bienes habrían sido adulteradas.

“Se advierte que el requerimiento de sobreseimiento formulado por Gallo carece de fundamentación seria al no describir los hechos que se atribuyen a los distintos imputados en sus circunstancias de tiempo, lugar y modo, elementos imprescindibles donde debería reposar la construcción lógica del pedido subordinada a las pruebas y a su valoración”, manifestó Lenis de Vera.

A partir de allí la causa entró en un letargo, con la excepción del intento de confeccionar las cédulas de notificación del fallo cuatro años después de su emisión. Antes de llegar al Juzgado N°5, el proceso había estado en otros dos despachos. El primer juez, Juan Carlos Tártalo (luego fue sustituido por Juan Francisco Pisa), pasó apenas unos días al frente del caso. La Corte lo apartó por haber reconocido sus convicciones peronistas con una copia de “La razón de mi vida”, el libro de Eva Duarte de Perón, sobre el escritorio. Ya el 1 de marzo de 2002 y al resolver un conflicto de competencia suscitado en este expediente, las entonces camaristas Silvia Castellote y María del Pilar Prieto advirtieron que correspondía evitar las dilaciones innecesarias y tender a finalizar los conflictos para ahorrar desgastes a la “majestad” de la Justicia como a su credibilidad.

Seis momentos en un proceso penal de 17 años

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó que efectivos viajarán a buscar al empresario para trasladarlo de vuelta a la Argentina, si las autoridades de esa nación deciden su expulsión.

El empresario Alberto Samid fue detenido este sábado por Interpol en Belice, informó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien adelantó que efectivos de la Policía Federal viajarán a su encuentro para trasladarlo de vuelta a la Argentina, si es que las autoridades de esa nación caribeña deciden expulsarlo del país.

«En Belice, fue detenido por Interpol, Alberto Samid. Nuestra política es clara y transparente.Quienes tienen deudas con la Justicia, deben presentarse. Y nuestra política de colaboración internacional, nos permite al instante saber dónde están», informó la ministra a la prensa.

Samid, el llamado «Rey de la Carne», había sido declarado ayer prófugo de la Justicia, por lo se que libró, a través de Interpol, una orden de captura internacional en la que se advertía que se trataba de un sujeto «violento», pese a su «avanzada edad».

El empresario Alberto Samid afirmó este miércoles que no se entregará ante la justicia a pesar de la orden de detención expedida esta mañana por el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 1,tras su no presentación a dos audiencias en una causa por supuesta asociación ilícita y evasión.

«Me quieren ir a hacer tomar agua podrida a (la cárcel de) Ezeiza y yo, con
71 años, no estoy para eso. Si me agarran, mala suerte», manifestó el
empresario.

entrevista con C5N, en la que, desde algún lugar no especificado, denunció una supuesta extorsión por parte del fiscal de la causa, Gabriel Pérez Barberá, quien le habría pedido 1.800.000 dólares a cambio de cerrar la investigación.

«Me llamaron por una causa que estaba cerrada hace 30 años. El fiscal me pidió 1.800.000 dólares y me dieron tres días para que junte el dinero. Yo lo denuncié públicamente hace dos semanas,pero nadie se hizo eco. Ahora me salen a buscar porque no puse la plata», se defendió Samid.

Telam

La venta se realizó en 1991 por u$s 30.000.000, cuando el inmueble valía «como mínimo», según el ministerio público fiscal, u$s 131.800.000. El expresidente recibió tres años y nueve meses de prisión. El exministro casi la misma condena.

El ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo fueron condenados más de tres años de prisión cada uno por la venta irregular del predio de La Rural en diciembre de 1991.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 consideró que Menem es responsable del delito de peculado por lo que le impuso una pena de tres años y nueve meses de cárcel y le decretó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En un fallo alcanzado por mayoría, los jueces del TOF 2 consideraron a Cavallo partícipe necesario de la maniobra por lo que le impusieron una pena de tres años y nueve meses de prisión y también decretaron su inhabilitación.

En cambio, los ex directivos de La Rural que llevaron adelante la compra, Eduardo de Zavalía (presidente) y su ex secretario Juan Alberto Ravagnan (secretario), fueron absueltos.

Aunque los fundamentos del fallo se conocerán recién el 28 de mayo, fuentes judiciales explicaron que en el juicio se comprobaron las irregularidades en el trámite que posibilitó la venta del predio que pertenecía al Estado pero no por ejemplo el eventual pago de retornos de los directivos de La Rural.

Entre las irregularidades detectadas en el trámite de venta, la Justicia determinó que la transacción fue realizada de forma directa y no pasó por el Congreso como hubiera correspondido.

Durante el juicio se demostró además que Menem y Cavallo decidieron pasar por alto un alerta de la secretaria de Legal y Técnica que indicaba que la transacción en los términos en los que estaba planteada era inconveniente.

Por las irregularidades en el trámite de venta del predio de La Rural también fueron condenados a tres años de prisión de cumplimiento condicional Matías Ordoñez y Gastón Figueroa Alcorta, ex integrantes de la Comisión de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales del Ministerio de Economía.

Al término de la lectura del veredicto, el actual presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, destacó las absoluciones de los ex directivos de esa entidad y remarcó que «la legalidad de la operación de compraventa de su predio ferial de Palermo».

«La Sociedad Rural no tuvo nada que ver con la decisión de poner el predio a la venta, que fue realizada cumpliendo los requisitos legales y a un precio acorde con las restricciones y obligaciones que se asumían. La Sociedad Rural sólo tenía dos opciones: aceptarlas o perder el predio», señaló.

Durante el juicio se ventiló la venta del predio palermitano que le habría provocado un perjuicio al Estado nacional de aproximadamente 100.000.000 de dólares.

La venta se realizó en diciembre de 1991 por 30.000.000 de dólares, cuando el inmueble valía «como mínimo», según la fiscal Gabriela Baigún, 131.800.000 de la divisa norteamericana.

El juicio estuvo a cargo del TOF 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michelini.

El fallo dado a conocer este miércoles fue alcanzado por una mayoría conformada por Giménez Uriburu y Michelini, aunque las únicas diferencias con su colega Gorini pasaron por los montos de las penas, indicaron fuentes judiciales.

Los jueces del TOF 2 dispusieron, además, que una vez que la sentencia quede firme deberá tramitarse el desafuero para la detención del senador.

En cuanto al pedido de la fiscalía, de que se devuelva el predio al Estado, el tribunal dispuso que se definirá en el marco de otra causa judicial que tramita ante el fuero civil y comercial.

Vecinos de El Cadillal llegaron este miércoles a la Plaza Independencia, desde donde marcharon. Reclaman luz, agua y regularización dominial y además denuncian desalojos.

No sólo la falta de agua o las conexiones precarias de luz preocupan a los pobladores de la villa turística, también un enfrentamiento por tierras que llevaría al desalojo de cerca de 200 familias según denuncian los vecinos de El Cadillal que este miércoles protestaron en Plaza Independencia.

Durante dos días seguidos los vecinos de El Cadillal cortaron la ruta de ingreso, ahí reclamaron agua potable, luz y que se regularice la situación dominial ya que sólo cuatro cuadras tienen escritura, el resto, incluyendo los complejos recreativos de distintos gremios están en igual situación.

Los vecinos damnificados aseguran que son dueños legítimos de las tierras que fueron compradas a nativos del lugar y piden, desde hace varios años ya, la regularización dominial.