El Presidente se expresó en un nuevo aniversario de la muerte del fiscal de la UFI AMIA. Aseguró que apoyará la búsqueda de “fusticia y verdad”.

Al cumplirse cuatro años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el presidente Mauricio Macri reclamó “qué pasó” y aseguró que apoyará “a la Justicia hasta alcanzar la verdad” del caso.

“A 4 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman lo recordamos una vez más y acompañamos a su familia. Los argentinos necesitamos saber qué pasó y vamos a apoyar a la Justicia hasta alcanzar la verdad”, remarcó el mandatario nacional en su cuenta de Twitter.

En el aniversario de la muerte del extitular de la UFI AMIA también se expresaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y otros integrantes del gobierno nacional.

“A 4 años de la trágica muerte del fiscal Nisman, ratificamos nuestro compromiso de buscar la verdad y hacer justicia por su memoria”, expresó Peña en Twitter.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, por su parte, aseguró que “la muerte de un fiscal de la Nación exige conocer la verdad y castigo a los culpables”.

“En este aniversario de #Nisman4Años, honramos su memoria, su trabajo y exigimos justicia. Por él, por sus hijas, por su madre y por el bien de todos los argentinos”, resaltó el funcionario nacional.

En su cuenta de la misma red social, Avruj, evaluó que “su muerte está ligada en forma indivisible al ataque terrorista a la AMIA y al hilo de distorsiones que llevan a esta impunidad de 25 años que nos avergüenza”.

“La muerte de un fiscal de la Nación, un homicidio -como definió la Cámara Federal- exige conocer la verdad y el castigo a los culpables”, agregó el secretario de Derechos Humanos, que también reclamó “justicia” por el caso.

El 18 de enero de 2015 Nisman apareció muerto en su departamento de Puerto Madero con un disparo en la cabeza, cuatro días después de haber presentado una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA, a raíz de la firma del memorándum de entendimiento con ese país.

Desde la Secretaria de Comercio agregarán alimentos como turrones, budines, garrapiñadas, postre de maní, sidras y vinos. Además,sumarán juguetes.

La actualización ampliará la cantidad de productos para incluir algunos artículos típicos de la canasta navideña, además de juguetes, y aumentará el precio de los 38 productos en promedio un 3,8%.

Se sumaran opciones de turrones, budines, pan dulce, garrapiñadas, postre de maní, sidras, vinos y vino espumante de primeras marcas como Georgalos, Arcor, Mondelez, Grupo Peñaflor y CCU.

“Estas nuevas alternativas fortalecen el surtido de opciones del programa, garantizando su presencia en góndola a precios más bajos que el promedio del mercado”, indicaron desde el Ministerio de Producción en un comunicado.

La incorporación de juguetes se hará junto con la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), para permitir la compra a precios accesibles en los más de 2500 supermercados de todo el país.

Las jugueterías adheridas ofrecerán 3 pagos sin interés con todos los bancos entre el jueves y el 24 de este mes, inclusive.

Participan Cebra, Carrousel, Osito Azul, City Kids y Pumba La Lumba, entre otras. Durante este mes, podrán comprarse en 3cuotas los juguetes nacionales e importados.

Desde la CAIJ, por otra parte, están terminando de cerrar un acuerdo con el Banco Ciudad para que haya descuentos superiores al 30% en las principales cadenas de jugueterías del país y entre 3 y 6 cuotas sin interés.

La ministra de Seguridad sostuvo que el reglamento “es absolutamente claro, corto, simple, da reglas y protege a la sociedad y a las fuerzas”. Añadió que “lo del gatillo fácil es mentira”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el presidente Mauricio Macri “apoya” el nuevo protocolo de uso de armas de fuego para fuerzas federales y que la medida la discutió “durante un año” con el mandatario.

“Este reglamento, con el presidente Macri, lo discutimos durante un año”, reveló la funcionaria en declaraciones formulas anoche en TN. En ese marco, reiteró: “Nuestro reglamento ni viola los derechos humanos, ni es fascista, está basado en las Naciones Unidas, es absolutamente claro, corto, simple, da reglas y protege a la sociedad y a las fuerzas”. “Por eso, lo primero que digo es que hay que leerlo”, invitó.

También evaluó que “no corresponde discutir con (la diputada Elisa) Carrió”, quien ayer, en el marco de las fuertes críticas que lanzó contra la normativa, propuso que se debata la idea en el Congreso de la Nación. “La doctora Carrió reconoce que las fuerzas están carentes de marcos legales, carentes para la protección suya y de terceros”, dijo Bullrich en referencia a la carta a las fuerzas de seguridad que publicó la cofundadora de Cambiemos, donde insta a que el reglamento sea convertido en una ley, y en la misma línea, la ministra respondió: “Si lo analiza el Congreso, bienvenido”.

Nuestro reglamento ni viola los derechos humanos, ni es fascista, está basado en las Naciones Unidas” (Patricia Bullrich)

Asimismo, agregó que “si el Parlamento decide darle un marco de legalidad a las fuerzas sería histórico, porque nunca lo hizo, nunca se preocupó”, pero advirtió que esa normativa deberá “defender a la sociedad y a los agentes en el uso de las armas y de las conductas que ellos mismos realizan”.

Bullrich insistió que la el protocolo está basado en “los convenios que la Argentina firmó como país, está copiado de las Naciones Unidas con comas y puntos”, y cuando le remarcaron en la nota que algunos constitucionalistas rechazaron que no estaba incluida la parte que establece las garantías de los ciudadanos, explicó: “Esto es un reglamento del uso de las armas de fuego, no de garantías de los ciudadanos, que están en la Constitución”.

También aclaró que “hasta el momento las fuerzas de seguridad, ni siquiera el Ministerio, dictaban su propio protocolo. Es decir que nosotros superamos eso, generando un instrumento jurídico, que es que el Ministerio les dio a las cuatro fuerzas: una herramienta superior a su propio protocolo”. En su defensa de la resolución, además, dejó en claro que “lo del gatillo fácil es mentira”.

Ambito

Las tres aeronaves fueron entregadas a la Fuerza Aérea en un acto con la participación del presidente Mauricio Macri.

En un acto oficial con la presencia del presidente Mauricio Macri, la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) de Córdoba hizo entrega a la Fuerza Aérea de tres aviones IA 63 Pampa III que serán utilizadas para el control del narcotráfico en la frontera norte del país.

Las aeronaves, construidas íntegramente en la provincia y que terminan con una década sin producción de esa planta, son unidades de entrenamiento básico de avanzada y de ataque liviano. Alcanzan una altitud máxima de 13 mil metros y una velocidad de hasta 870 kilómetros por hora.

Diseñado a principios de los 80, este nuevo modelo fue modernizado y equipado con tecnología de última generación, especialmente en la cabina, donde todos los comandos son digitales, desde el registro de combustible hasta la planificación de una misión.

El vehículo cuenta con un nuevo motor turbofan de bajo consumo, un sistema de entrenamiento virtual EVA (Embedded Virtual Avionics), una cabina tándem full glass Cockpit y un sistema integrado de Navegación/Comunicación/Ataque.

Estos aviones, están en condiciones de hacer patrullaje costero de largo alcance, custodia y control fronterizo, misiones aire-aire, aire-tierra, reconocimiento táctico ofensivo e intercepción de vuelos de baja altura.

Al hablar en el acto oficial, Macri anunció que “vamos a construir tres aviones más para el año que viene y cada vez va a ser mejor. Podemos competir con los mejores y cada vez crecer en la autoestima. Eso es sentir orgullo por el trabajo y ser protagonistas”.

Además, el mandatario criticó lo que ocurrió en esa área durante el kirchnerismo, al afirmar que hubo “desidia y abandono”. “Lamentablemente, como pasó en muchas órbitas, acá también llegó la desidia, el abandono, la falta de inversión y el oportunismo. Se dijo durante muchos años que íbamos a ver volar y ninguno despegó, más de diez años sin fabricar un avión”, sostuvo.

La Fábrica, que tiene sede en Córdoba se está moviendo ya en medio “de un cambio de paradigma”. Empresa pública con gerencia como una privada se propuso cumplir con sus compromisos con el Estado pero también generar negocios y atender la demanda del sector de la aviación privada. Hoy tiene 870 empleados, en realidad 800 menos de los que tuvo y pretende llegar a déficit cero tras años de pérdidas de hasta U$S 100 millones.

De FADEA salió recientemente el tercer Hércules 130 matrícula TC 70 modernizado y se encuentra en avance el TC66 Y en otro sector está un avión IA-58 Pucará que fue remotorizado, y al que se le está iniciando el proceso de certificación de sus componentes. En tanto, Fadea también anunció la venta de un nuevo avión fumigador Puelche a Paraguay.

Clarín

Video gentileza de La Voz

El Presidente hizo un balance de la Cumbre de Líderes que se llevó a cabo este fin de semana. “El mundo está comprometido con lo que nos pasa, con ayudarnos y acompañarnos”, aseguró.

En una conferencia de prensa en la que hizo un balance del encuentro de líderes, el Presidente afirmó que en las 17 reuniones bilaterales que mantuvo en los últimos días con mandatarios extranjeros quedó claro que “el mundo está comprometido con lo que nos pasa, con ayudarnos y acompañarnos”, y que a futuro es necesario “seguir trabajando como lo venimos haciendo” ya que “en el único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario”.

Macri instó a “seguir trabajando como lo estamos haciendo porque este es el único camino” y resaltó que “nunca tuvimos la relación con el mundo que tenemos ahora, nunca antes hubo un nivel de atención a la Argentina como tenemos ahora”.

El Presidente indicó que esta situación “no significa que hayamos resuelto nuestros problemas”, sino que está en “un camino”. “Estamos todos orgullosos de la tarea cumplida. La autoestima volvió por un momento a estar presente en nosotros”, señaló.

El mandatario inició la rueda de preguntas anticipando que su Gobierno no quiere “hacer más pronósticos. “Hubo un desanclaje grave de los indicadores macro”, reconoció al tiempo que prometió una recuperación.

Desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, Macri indicó que luego de la cumbre del G20, “los argentinos ya no somos los mismos que éramos un año atrás”. “No significa que nuestros problemas hayan desaparecido, acumulamos problemas en los últimos 70 años que profundizados por ahí en los últimos 15 o 20 años”, enfatizó.

Por otro lado, Macri rechazó que existan fricciones con Estados Unidos o con China con la Argentina y consideró que su tarea apunta a “tener buenas relaciones con todos los países del mundo”.

“Estados Unidos quiere ser un socio estratégico de la Argentina y nuestra inteligencia es tener buenas relaciones con todos los países del mundo”, enfatizó Macri.

El jefe de Estado dijo que busca generar acuerdos comerciales con los distintos países sin “prioridades ideológicas”. “Mientras tanto mi tarea es construir puentes con el mundo entero”, sostuvo. Asimismo, señaló que su mensaje es que “tal vez tenemos recaídas pero la dirección es la correcta y no vamos a dudar en seguir adelante”.

Este domingo, Macri se entrevistó con su par de China, Xi Jinping en lo que fue la última reunión bilateral del presidente en el marco del G20, luego de que el gigante asiático y los Estados Unidos acordaran una tregua de tres meses en la guerra comercial que sostienen.

Además de referirse al G20 y al escenario económico local, Mauricio Macri también fue consultado sobre la posibilidad de candidatearse a un segundo mandato el año próximo. Sin embargo, el primer mandatario esquivó la pregunta y dijo que “meses son una eternidad” en este país.

“Meses es una eternidad con la agenda que tenemos para realmente salir adelante y transformar la Argentina en un verdadero lugar de oportunidades”, dijo Macri.

El mandatario inició la rueda de preguntas anticipando que su Gobierno no quiere “hacer más pronósticos. “Hubo un desanclaje grave de los indicadores macro”, reconoció al tiempo que prometió una recuperación.

El primer mandatario también descartó la posibilidad de otorgar un bono de fin año de carácter nacional para jubilados, argumentando “limitaciones presupuestarias”.

“Los jubilados siempre son prioridad. Ni hablar para este Gobierno que impulsó la Ley de reparación histórica. Pero tenemos limitaciones, en uno presupuestario y en otro el poder acordar, siendo un Gobierno que no tiene mayoría legislativa. Hay momentos en que hay más apertura en la dirigencia política y en otros no”, dijo al unir su respuesta sobre un posible bono a jubilados con la consulta por la falta de tratamiento de la Ley de Alquileres.

Ambito

Triaca ocupaba actualmente la Secretaría de Trabajo, luego de que esa cartera fuera degradada como ministerio tras el furioso fin de semana de principio de septiembre que terminó con una drástica reducción del Gabinete nacional.

Trabajo quedó luego de ese cambio bajo la órbita del Ministerio de la Producción, en manos de Dante Sica, quien desde que asumió gana cada vez más poder y peso dentro de la estructura de decisión del Gobierno.

La dimisión de Triaca será oficializada mañana a través de una conferencia de prensa que brindará junto al ministro de Producción con quien ya inició una suerte de “transición” en el área laboral: sin embargo, la renuncia se hará efectiva a comienzos de diciembre.

La salida del ex diputado nacional, que había quedado golpeado por el escándalo que se generó por haber ubicado a una empleada suya en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), se da luego de que la Justicia empezara a investigar una denuncia por presunto desvío de fondos durante la intervención de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra).

Asimismo, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra), Leandro Nazarre, había presentado el pasado martes una denuncia contra Triaca por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El último fin de semana Sica había descartado los fuertes rumores de renuncia que estuvieron a la orden del día tanto en los pasillos de la Casa Rosada como en los distintos gremios: “Jorge por ahora sigue siendo el secretario de Trabajo. Eso significa que no tenemos pensado ningún cambio en el corto plazo”, sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el titular de la cartera productiva había reconocido que “a partir de una denuncia que se está tratando siempre se generan este tipo de rumores”. “Pero hasta ahora no hay ningún cambio”, había insistido Sica.

Es parte del compromiso que asumió el Gobierno en la mesa de diálogo que convocó el ministro Dante Sica con CGT y empresarios, y que alumbró un bono de $5.000 pagadero en noviembre y enero.

El Gobierno aplicará un freno a los despidos a través de la creación de una instancia administrativa previa y obligatoria. Se trata de un proyecto de decreto complementario al que se publicará entre hoy y mañana para disponer un bono de hasta $5.000 en dos cuotas de $2.500 con los salarios de noviembre y enero, luego del acuerdo alcanzado este martes en una mesa de diálogo con la CGT y las principales cámaras empresarias con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, a la cabeza. El nuevo requisito para las cesantías, de acuerdo a lo negociado hasta ahora, será para todas las desvinculaciones sin causa en el sector privado.

El planteo para poner un cepo a los despidos formaba parte del pliego de demandas de la CGT al Ejecutivo y, según la “mesa chica” de la central, su implementación es una de las condiciones para no llamar a un nuevo paro nacional. De hecho el Consejo Directivo de la organización volverá a reunirse esta tarde, luego de haber pasado a un cuarto intermedio el miércoles de la semana pasada, para analizar el resultado de las tratativas con la administración de Mauricio Macri y el empresariado.

En uno de los borradores de decreto que Gobierno, CGT y empresarios cruzaron ayer se establecía que ante la determinación de echar a un trabajador sin causa justificada la empresa deberá, antes, comunicarlo a la Secretaría de Trabajo y al sindicato correspondiente. Una vez notificadas las partes se impulsará la apertura de una mesa de diálogo para sondear opciones menos drásticas como suspensiones, reducción de horas o de sueldo o cambio de tareas, explicaron los responsables de la redacción.

La iniciativa, de todos modos, generó entre algunos dirigentes patronales incluso más resistencia que la fijación del bono de 5.000 pesos. Los empleadores temen que la nueva instancia termine por asentarse de manera definitiva y convertirse en una traba burocrática para cualquier reorganización interna.

El bono

En cuanto al pago extra, los técnicos de Trabajo, CGT y las cámaras de industriales (UIA), Comercio (CAC y CAME) y Construcción (Camarco) terminarán de definir un texto acordado de decreto para su publicación. La idea es tenerlo resuelto antes del debate que habrá por la tarde en el Consejo Directivo de la central sindical. En ese ámbito había una expectativa mayoritaria de dejar sin efecto la amenaza de llamar a un quinto paro nacional contra Macri a fin de mes por 36 horas y con movilización a la Plaza de Mayo. Por fuera de la CGT otros sectores, como el que encabeza Hugo Moyano y las dos CTA, presionaban ayer para que se le pusiera fecha a la huelga.

En la mesa técnica se encontraban los funcionarios de Producción y Trabajo junto a los abogados sindicales Federico West Ocampo (Sanidad, a la cabeza), Alberto Tomassone (Comercio) y Marta Pujadas (albañiles, Uocra) y el laboralista patronal Daniel Funes de Rioja (vicepresidente segundo de la UIA). Ayer Funes de Rioja advirtió que “más del 60% de las empresas (del rubro industrial) no podrán hacer frente al bono” acordado. El aviso evocó un acuerdo similar que el Gobierno impulsó en noviembre de 2016 por un pago extraordinario de $2.000 que tuvo escasa repercusión en el sector privado.

Hasta anoche estaba acordado que el bono será de hasta $5.000 (las empresas podrán superarlo pero en ese caso deberá ser remunerativo) en dos cuotas iguales con los sueldos de noviembre y enero, y de pago obligatorio a los trabajadores del sector privado aunque el Gobierno mantuvo al margen, hasta ahora, a los rurales y a los del servicio doméstico por entender que se rigen por su propia normativa, distinta de la ley de Contrato de Trabajo. La exclusión afectaría así a casi dos millones de empleados formales y, con más razón, a otro tanto que se desempeña en ambas actividades sin estar registrado.

La otra incógnita son los empleados estatales. Está definido que no formarán parte del decreto pero el líder del gremio de empleados públicos UPCN, Andrés Rodríguez, inició negociaciones con el vicejefe de Gabinete Andrés Ibarra exministro de Modernización- para abrir una negociación complementaria de esa paritaria e incluir un pago no remunerativo y también un porcentaje adicional al 25% pactado hasta ahora en dos instancias previas en lo que va del año.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aclaró que el acuerdo por el bono de $ 5.000 excluye a los empleados estatales y anticipó que evalúan la “obligatoriedad” del pago y la apertura de una línea de financiamiento bancario para las empresas que no pueden pagarlo.

“Tuvimos una muy buena reunión entre la CGT y lo sectores empresariales. El bono sería compensatorio y no remunerativo en dos cuotas, en principio sería para el sector privado, hasta que el público no cierre sus paritarias”, subrayó el funcionario en diálogo con radio Continental. En un principio trascendió que los trabajadores del Estado también recibirían el extra de fin de año, pero se aclaró que UPCN todavía tiene una cláusula de revisión para ejecutar en la paritaria y otro bono para cobrar antes del cierre de 2018.
La idea es abonar dos bonos para el sector privado de $ 2.500 antes y después del medio aguinaldo de diciembre, es decir en noviembre y enero próximos, como paliativo ante la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores tras las subas de precios luego de la devaluación del peso. “El último acuerdo no lo cumplieron, queremos un decreto”, sintetizó el líder cegetista Héctor Daer, anfitrión del cónclave con Sica, la UIA y la CAC en la sede de la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA).

“Los gremios planteaban que podía haber algún tipo de flexibilidad. Vamos a hablar con el sistema financiero para ver si hay algún tipo de financiación para las empresas que no lo puedan pagar”, remarcó al deslizar la posibilidad de asistir a los empresarios que no pueden afrontar un desembolso de esta magnitud, en medio de la crisis, el parate del consumo y la altísima presión impositiva.

Mientras tanto, los secretarios de Trabajo, Jorge Triaca, y el de Modernización, Andrés Ibarra, continúan discutiendo salarios con Andrés Rodríguez, de UPCN. (Ministerio de Trabajo)
El secretarios de Trabajo, Jorge Triaca, y el de Modernización, Andrés Ibarra, continúan discutiendo salarios con Andrés Rodríguez, de UPCN. (Ministerio de Trabajo)
La CGT se llevó de la mesa de negociación con el Gobierno el pago de un bono de fin de año de hasta $5.000 para los trabajadores asalariados. Y aunque la cabeza del gremio de estatales estuvo en esa reunión, había dudas si la suma alcanzaría a los empleados públicos. El titular de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez y fuentes de la Casa Rosada confirmaron que se están discutiendo las cifras.

El primer intento del Gobierno por implementar un acuerdo social con la CGT y las principales cámaras empresarias se pondrá hoy en marcha con un encuentro encabezado por el ministro de la Producción y Trabajo, Dante Sica, en el que se discutirá un eventual decreto de refuerzo de ingresos para trabajadores y jubilados a fin de año. La reunión se desarrollará desde las 13 en la sede de la Federación de Trabajadores de Sanidad (Fatsa), en el barrio de San Cristóbal, con la participación de la “mesa chica” de la central y de directivos de la Unión Industrial y de las cámaras de Construcción y Comercio, entre otras entidades.

El encuentro, como anticipó el viernes este diario, se precipitó ante la urgencia de la administración de Mauricio Macri por evitar un nuevo paro nacional que la CGT debatirá pasado mañana al retomar su reunión de Consejo Directivo que arrancó el jueves último. Una quinta huelga contra el Ejecutivo contaba, hasta anoche, con consenso mayoritario dentro de la organización y dudas sólo de sectores influyentes de histórica vocación dialoguista. El encuentro de hoy será una prueba de fuego.

Hasta última hora estaban confirmados los principales referentes de la CGT, tanto sus actuales secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña como los miembros de su mesa más acotada de conducción, en la que tallan con fuerza los “gordos” de los grandes gremios de servicios, como Armando Cavalieri, y los “independientes” de buen diálogo con el oficialismo como Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri. También la integran los referentes del transporte público Roberto Fernández (UTA, colectiveros) y Omar Maturano (maquinistas, La Fraternidad), los gremialistas clave a la hora de garantizar la contundencia de un paro nacional.

Otros que aseguraron su concurrencia fueron el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, y su par de la Cámara de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, aunque las invitaciones anoche habían sido extendidas a otras entidades como la mercantil y la que nuclea a los bancos. Este fin de semana Acevedo había manifestado en radio Cooperativa su preocupación por el rumbo de las paritarias a partir del salto inflacionario por arriba del 40% con que cerrará 2019 y en esa línea le había planteado al Gobierno la necesidad de intervenir para “encauzar” las negociaciones.

En la CGT alegaron que Sica llevará hoy entre el menú de medidas a aplicar un posible decreto de necesidad y urgencia relacionado con los salarios de fin de año. Como adelantó este diario una de las ideas es reforzar el aguinaldo y también fijar un extra para los haberes de los jubilados. Para la central obrera será clave, además, incorporar al debate un compromiso de los empresarios y el Estado para frenar los despidos al menos hasta marzo de 2019, algo ya explorado en varias ocasiones en la actual administración y cuyo cumplimiento se convirtió en letra muerta a poco de haber sido firmado.

Con casi todos los concurrentes confirmados anoche, cerca de Sica eludían dar información. Entre las especulaciones de los invitados había dudas por la presencia del secretario de Trabajo, Jorge Triaca, que en sectores del Ejecutivo, la CGT y el empresariado daban virtualmente fuera de su cargo. Incluso entre ellos se mencionaba al abogado Tomás Calvo, representante del gremio metalúrgico (UOM), como su reemplazante. La versión es consistente con la relación de años entre Sica, entonces como consultor privado, y el sindicato que lidera Antonio Caló.

Casi como anticipo, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibió ayer una comitiva de gremios oficialistas que declaman la titularidad del sello 62 Organizaciones a pesar de dos versiones que surgieron luego a disputarlo. Entre ellos estaba el rural Ramón Ayala (Uatre), el taxista José Ibarra, el estacionero Juan Miguel García, el sepulturero Domingo Petrecca y Juan Carlos Murgo (caucho).

Ambito

Finalmente, el Gobierno logró un acuerdo con la oposición peronista en el Senado para emitir dictamen en comisión de los proyectos de Presupuesto 2019 y el paquete fiscal. De esta manera, se adelanta 24 horas la hoja de ruta definida por Cambiemos hace dos semanas, ya que estaba previsto que la firma de dictámenes ocurriera el miércoles.

En una reunión a puertas cerradas en la que participaron el ministro de Interior, Rogelio Frigerio; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; y el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto; se pactó darle luz verde este martes a las iniciativas en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que se reunirá a partir de las 14:30 de este martes.

En el encuentro, del que también participaron la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, también se avaló una iniciativa “correctiva” de la UCR para reducir al 3% las alícuotas de impuestos a cooperativas y mutuales, respecto del 6% que tributan en la actualidad.

La propuesta radical se sumaría al proyecto de modificar el gravamen a los Bienes Personales que planteó el senador Pichetto para elevar a 18 millones de pesos el piso de valuación para que la vivienda única pague el impuesto. Por lo pronto, ambas leyes se votaría adicionalmente antes del 30 de noviembre.

El paquete fiscal que el oficialismo busca avalar este martes con dictamen de mayoría junto al Presupuesto está compuesto también por el revalúo de Ganancias por inflación y la adenda al Consenso Fiscal 2018.

Ambito