Triaca ocupaba actualmente la Secretaría de Trabajo, luego de que esa cartera fuera degradada como ministerio tras el furioso fin de semana de principio de septiembre que terminó con una drástica reducción del Gabinete nacional.

Trabajo quedó luego de ese cambio bajo la órbita del Ministerio de la Producción, en manos de Dante Sica, quien desde que asumió gana cada vez más poder y peso dentro de la estructura de decisión del Gobierno.

La dimisión de Triaca será oficializada mañana a través de una conferencia de prensa que brindará junto al ministro de Producción con quien ya inició una suerte de “transición” en el área laboral: sin embargo, la renuncia se hará efectiva a comienzos de diciembre.

La salida del ex diputado nacional, que había quedado golpeado por el escándalo que se generó por haber ubicado a una empleada suya en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), se da luego de que la Justicia empezara a investigar una denuncia por presunto desvío de fondos durante la intervención de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra).

Asimismo, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra), Leandro Nazarre, había presentado el pasado martes una denuncia contra Triaca por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El último fin de semana Sica había descartado los fuertes rumores de renuncia que estuvieron a la orden del día tanto en los pasillos de la Casa Rosada como en los distintos gremios: “Jorge por ahora sigue siendo el secretario de Trabajo. Eso significa que no tenemos pensado ningún cambio en el corto plazo”, sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el titular de la cartera productiva había reconocido que “a partir de una denuncia que se está tratando siempre se generan este tipo de rumores”. “Pero hasta ahora no hay ningún cambio”, había insistido Sica.

Es parte del compromiso que asumió el Gobierno en la mesa de diálogo que convocó el ministro Dante Sica con CGT y empresarios, y que alumbró un bono de $5.000 pagadero en noviembre y enero.

El Gobierno aplicará un freno a los despidos a través de la creación de una instancia administrativa previa y obligatoria. Se trata de un proyecto de decreto complementario al que se publicará entre hoy y mañana para disponer un bono de hasta $5.000 en dos cuotas de $2.500 con los salarios de noviembre y enero, luego del acuerdo alcanzado este martes en una mesa de diálogo con la CGT y las principales cámaras empresarias con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, a la cabeza. El nuevo requisito para las cesantías, de acuerdo a lo negociado hasta ahora, será para todas las desvinculaciones sin causa en el sector privado.

El planteo para poner un cepo a los despidos formaba parte del pliego de demandas de la CGT al Ejecutivo y, según la “mesa chica” de la central, su implementación es una de las condiciones para no llamar a un nuevo paro nacional. De hecho el Consejo Directivo de la organización volverá a reunirse esta tarde, luego de haber pasado a un cuarto intermedio el miércoles de la semana pasada, para analizar el resultado de las tratativas con la administración de Mauricio Macri y el empresariado.

En uno de los borradores de decreto que Gobierno, CGT y empresarios cruzaron ayer se establecía que ante la determinación de echar a un trabajador sin causa justificada la empresa deberá, antes, comunicarlo a la Secretaría de Trabajo y al sindicato correspondiente. Una vez notificadas las partes se impulsará la apertura de una mesa de diálogo para sondear opciones menos drásticas como suspensiones, reducción de horas o de sueldo o cambio de tareas, explicaron los responsables de la redacción.

La iniciativa, de todos modos, generó entre algunos dirigentes patronales incluso más resistencia que la fijación del bono de 5.000 pesos. Los empleadores temen que la nueva instancia termine por asentarse de manera definitiva y convertirse en una traba burocrática para cualquier reorganización interna.

El bono

En cuanto al pago extra, los técnicos de Trabajo, CGT y las cámaras de industriales (UIA), Comercio (CAC y CAME) y Construcción (Camarco) terminarán de definir un texto acordado de decreto para su publicación. La idea es tenerlo resuelto antes del debate que habrá por la tarde en el Consejo Directivo de la central sindical. En ese ámbito había una expectativa mayoritaria de dejar sin efecto la amenaza de llamar a un quinto paro nacional contra Macri a fin de mes por 36 horas y con movilización a la Plaza de Mayo. Por fuera de la CGT otros sectores, como el que encabeza Hugo Moyano y las dos CTA, presionaban ayer para que se le pusiera fecha a la huelga.

En la mesa técnica se encontraban los funcionarios de Producción y Trabajo junto a los abogados sindicales Federico West Ocampo (Sanidad, a la cabeza), Alberto Tomassone (Comercio) y Marta Pujadas (albañiles, Uocra) y el laboralista patronal Daniel Funes de Rioja (vicepresidente segundo de la UIA). Ayer Funes de Rioja advirtió que “más del 60% de las empresas (del rubro industrial) no podrán hacer frente al bono” acordado. El aviso evocó un acuerdo similar que el Gobierno impulsó en noviembre de 2016 por un pago extraordinario de $2.000 que tuvo escasa repercusión en el sector privado.

Hasta anoche estaba acordado que el bono será de hasta $5.000 (las empresas podrán superarlo pero en ese caso deberá ser remunerativo) en dos cuotas iguales con los sueldos de noviembre y enero, y de pago obligatorio a los trabajadores del sector privado aunque el Gobierno mantuvo al margen, hasta ahora, a los rurales y a los del servicio doméstico por entender que se rigen por su propia normativa, distinta de la ley de Contrato de Trabajo. La exclusión afectaría así a casi dos millones de empleados formales y, con más razón, a otro tanto que se desempeña en ambas actividades sin estar registrado.

La otra incógnita son los empleados estatales. Está definido que no formarán parte del decreto pero el líder del gremio de empleados públicos UPCN, Andrés Rodríguez, inició negociaciones con el vicejefe de Gabinete Andrés Ibarra exministro de Modernización- para abrir una negociación complementaria de esa paritaria e incluir un pago no remunerativo y también un porcentaje adicional al 25% pactado hasta ahora en dos instancias previas en lo que va del año.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aclaró que el acuerdo por el bono de $ 5.000 excluye a los empleados estatales y anticipó que evalúan la “obligatoriedad” del pago y la apertura de una línea de financiamiento bancario para las empresas que no pueden pagarlo.

“Tuvimos una muy buena reunión entre la CGT y lo sectores empresariales. El bono sería compensatorio y no remunerativo en dos cuotas, en principio sería para el sector privado, hasta que el público no cierre sus paritarias”, subrayó el funcionario en diálogo con radio Continental. En un principio trascendió que los trabajadores del Estado también recibirían el extra de fin de año, pero se aclaró que UPCN todavía tiene una cláusula de revisión para ejecutar en la paritaria y otro bono para cobrar antes del cierre de 2018.
La idea es abonar dos bonos para el sector privado de $ 2.500 antes y después del medio aguinaldo de diciembre, es decir en noviembre y enero próximos, como paliativo ante la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores tras las subas de precios luego de la devaluación del peso. “El último acuerdo no lo cumplieron, queremos un decreto”, sintetizó el líder cegetista Héctor Daer, anfitrión del cónclave con Sica, la UIA y la CAC en la sede de la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA).

“Los gremios planteaban que podía haber algún tipo de flexibilidad. Vamos a hablar con el sistema financiero para ver si hay algún tipo de financiación para las empresas que no lo puedan pagar”, remarcó al deslizar la posibilidad de asistir a los empresarios que no pueden afrontar un desembolso de esta magnitud, en medio de la crisis, el parate del consumo y la altísima presión impositiva.

Mientras tanto, los secretarios de Trabajo, Jorge Triaca, y el de Modernización, Andrés Ibarra, continúan discutiendo salarios con Andrés Rodríguez, de UPCN. (Ministerio de Trabajo)
El secretarios de Trabajo, Jorge Triaca, y el de Modernización, Andrés Ibarra, continúan discutiendo salarios con Andrés Rodríguez, de UPCN. (Ministerio de Trabajo)
La CGT se llevó de la mesa de negociación con el Gobierno el pago de un bono de fin de año de hasta $5.000 para los trabajadores asalariados. Y aunque la cabeza del gremio de estatales estuvo en esa reunión, había dudas si la suma alcanzaría a los empleados públicos. El titular de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez y fuentes de la Casa Rosada confirmaron que se están discutiendo las cifras.

El primer intento del Gobierno por implementar un acuerdo social con la CGT y las principales cámaras empresarias se pondrá hoy en marcha con un encuentro encabezado por el ministro de la Producción y Trabajo, Dante Sica, en el que se discutirá un eventual decreto de refuerzo de ingresos para trabajadores y jubilados a fin de año. La reunión se desarrollará desde las 13 en la sede de la Federación de Trabajadores de Sanidad (Fatsa), en el barrio de San Cristóbal, con la participación de la “mesa chica” de la central y de directivos de la Unión Industrial y de las cámaras de Construcción y Comercio, entre otras entidades.

El encuentro, como anticipó el viernes este diario, se precipitó ante la urgencia de la administración de Mauricio Macri por evitar un nuevo paro nacional que la CGT debatirá pasado mañana al retomar su reunión de Consejo Directivo que arrancó el jueves último. Una quinta huelga contra el Ejecutivo contaba, hasta anoche, con consenso mayoritario dentro de la organización y dudas sólo de sectores influyentes de histórica vocación dialoguista. El encuentro de hoy será una prueba de fuego.

Hasta última hora estaban confirmados los principales referentes de la CGT, tanto sus actuales secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña como los miembros de su mesa más acotada de conducción, en la que tallan con fuerza los “gordos” de los grandes gremios de servicios, como Armando Cavalieri, y los “independientes” de buen diálogo con el oficialismo como Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri. También la integran los referentes del transporte público Roberto Fernández (UTA, colectiveros) y Omar Maturano (maquinistas, La Fraternidad), los gremialistas clave a la hora de garantizar la contundencia de un paro nacional.

Otros que aseguraron su concurrencia fueron el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, y su par de la Cámara de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, aunque las invitaciones anoche habían sido extendidas a otras entidades como la mercantil y la que nuclea a los bancos. Este fin de semana Acevedo había manifestado en radio Cooperativa su preocupación por el rumbo de las paritarias a partir del salto inflacionario por arriba del 40% con que cerrará 2019 y en esa línea le había planteado al Gobierno la necesidad de intervenir para “encauzar” las negociaciones.

En la CGT alegaron que Sica llevará hoy entre el menú de medidas a aplicar un posible decreto de necesidad y urgencia relacionado con los salarios de fin de año. Como adelantó este diario una de las ideas es reforzar el aguinaldo y también fijar un extra para los haberes de los jubilados. Para la central obrera será clave, además, incorporar al debate un compromiso de los empresarios y el Estado para frenar los despidos al menos hasta marzo de 2019, algo ya explorado en varias ocasiones en la actual administración y cuyo cumplimiento se convirtió en letra muerta a poco de haber sido firmado.

Con casi todos los concurrentes confirmados anoche, cerca de Sica eludían dar información. Entre las especulaciones de los invitados había dudas por la presencia del secretario de Trabajo, Jorge Triaca, que en sectores del Ejecutivo, la CGT y el empresariado daban virtualmente fuera de su cargo. Incluso entre ellos se mencionaba al abogado Tomás Calvo, representante del gremio metalúrgico (UOM), como su reemplazante. La versión es consistente con la relación de años entre Sica, entonces como consultor privado, y el sindicato que lidera Antonio Caló.

Casi como anticipo, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibió ayer una comitiva de gremios oficialistas que declaman la titularidad del sello 62 Organizaciones a pesar de dos versiones que surgieron luego a disputarlo. Entre ellos estaba el rural Ramón Ayala (Uatre), el taxista José Ibarra, el estacionero Juan Miguel García, el sepulturero Domingo Petrecca y Juan Carlos Murgo (caucho).

Ambito

Finalmente, el Gobierno logró un acuerdo con la oposición peronista en el Senado para emitir dictamen en comisión de los proyectos de Presupuesto 2019 y el paquete fiscal. De esta manera, se adelanta 24 horas la hoja de ruta definida por Cambiemos hace dos semanas, ya que estaba previsto que la firma de dictámenes ocurriera el miércoles.

En una reunión a puertas cerradas en la que participaron el ministro de Interior, Rogelio Frigerio; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; y el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto; se pactó darle luz verde este martes a las iniciativas en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que se reunirá a partir de las 14:30 de este martes.

En el encuentro, del que también participaron la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, también se avaló una iniciativa “correctiva” de la UCR para reducir al 3% las alícuotas de impuestos a cooperativas y mutuales, respecto del 6% que tributan en la actualidad.

La propuesta radical se sumaría al proyecto de modificar el gravamen a los Bienes Personales que planteó el senador Pichetto para elevar a 18 millones de pesos el piso de valuación para que la vivienda única pague el impuesto. Por lo pronto, ambas leyes se votaría adicionalmente antes del 30 de noviembre.

El paquete fiscal que el oficialismo busca avalar este martes con dictamen de mayoría junto al Presupuesto está compuesto también por el revalúo de Ganancias por inflación y la adenda al Consenso Fiscal 2018.

Ambito

Forma parte de la reforma del Código Penal. Es una iniciativa que viene demorada y ahora buscarán apurar. Sube la pena por entorpecer el tránsito y crea un delito para extranjeros.

Si a las horas de violencia y represión frente al Congreso le siguieron las controversias por las motivaciones detrás de las protestas y también por los cuatro extranjeros detenidos, en medio de una discusión creciente y replicada dentro del propio Gobierno sobre el rol de las organizaciones sociales, las reformas al Código Penal que enviará este mes el Ejecutivo al Congreso abrirá otro fuerte debate en el despunte de la campaña electoral y en un contexto de conflictividad en aumento. Entre las novedades el proyecto sube las penas por cortar el tránsito y crea el delito de incumplimiento de la prohibición de ingresar al país para los migrantes.

Mauricio Macri instruyó apurar los últimos detalles del texto para girarlo al Senado y que comience a discutirse luego del Presupuesto. El tratamiento llevará su tiempo, en línea con el volumen de la reforma -el Código Penal se sancionó en 1921, se sucedieron parches y otras leyes- y la diversidad de temas. Una comisión encabezada por el camarista federal Mariano Borinsky trabajó el anteproyecto durante un año y medio, el Código pasará de 320 artículos a 540 y buscará sistematizar leyes con contenido penal que estaban dispersas. Será una de las discusiones que se moverá en el Congreso, en una etapa con baja actividad, algo que se potenciará el año próximo con la campaña electoral. Aun así en el Gobierno consideraron que empujar esos temas tendrá el apoyo de buena parte de la opinión pública.

“Es un Código Penal que defiende valores que venimos planteando, el valor de la convivencia en la calle que ha tenido muy pocas sanciones. Eso tiene que empezar a cambiar. Y los extranjeros que violan la ley, reincidentes, deben tener consecuencias”, dijo a Clarín un alto funcionario sobre estos aspectos de la iniciativa.

En este caso la disputa entre Nación (Macri-Patricia Bullrich) y Ciudad (Horacio Rodríguez Larreta-Martín Ocampo) por la respuesta a la protesta en la calle -con un protocolo “antipiquete” ya descartado- parece haber quedado en suspenso: ambas administraciones trabajaron sobre los cambios. El proyecto aumenta la escala penal de un máximo de dos años a entre seis meses y tres años de prisión por “detener o entorpecer” la marcha de medios de transporte público y también de los privados sin autorización. Con esa redacción el corte no constituiría delito únicamente si interrumpe el tránsito de privados con el permiso del Estado. A su vez el juez interviniente tendrá que analizar en cada caso la existencia de vías de circulación alternativas, que no se cometan lesiones y daños, que no se impida “el ejercicio de derechos personalísimos” y la urgencia del reclamo, entre otros puntos.

En las últimas semanas funcionarios advirtieron que las marchas con cortes vienen aumentando desde agosto y que el control de la calle se convirtió en una de las principales preocupaciones del Gobierno para lo que resta del año. La crisis económica potenció los reclamos, aunque en la Casa Rosada lo atribuyeron también a motivaciones políticas. Las organizaciones sociales replicaron las acusaciones y lo atribuyeron a una estrategia para criminalizar la protesta.

Desde la comisión redactora aseguraron que tomaron pronunciamientos de la Corte. “El delito de interrupción de los medios de transporte resulta compatible con el derecho constitucional a la protesta social”, dijo Borinsky a Clarín, y agregó: “Los últimos avances en la jurisprudencia y el derecho comparado exigen considerar restricciones razonables de modo, tiempo y lugar, de manera que se respeten los derechos de todos los individuos afectados”.

A su vez el nuevo Código incorpora una figura agravada para los migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición de reingresar a Argentina luego de una expulsión por sentencia condenatoria judicial. Para el último caso contempla prisión de uno a cuatro años; de acuerdo con la normativa vigente no es delito. A eso se sumará la discusión para endurecer la ley migratoria, con negociaciones entre el Gobierno y un sector del peronismo para agilizar las expulsiones.

Clarín

Organizado por los Ministerios de Producción y Desarrollo Social de la Nación, se desarrollara en Tucumán la Feria Futuro.

La misma tendrá lugar en el predio de la Sociedad Rural de Tucumán, Camino del Perú 1050, los días jueves 25 y viernes 26 de octubre.

Tobías Gordillo, uno de los organizadores, dijo al móvil de LV7 es un evento que tiene muchísimo contenido, convocamos a los jóvenes a que participen porque habrá empresa, universidades, capacitación y es interesante el contenido”.

Es importante la preinscripción, la entrada es libre y gratuita y nos planteamos a estimular a los jóvenes para que puedan descubrir su horizonte laboral”.
Para la preinscripción, los interesados deben ingresar a www.argentina.gob.ar/feriafuturo

El presidente Mauricio Macri anunció hoy que se aplicará un tope a las cuotas de los créditos hipotecarios UVA y que el Gobierno impulsará una nueva Ley de Alquileres.

Además, el jefe de Estado garantizó que se va a “mejorar el sistema de acceso a la vivienda” y que los créditos ANSeS tendrán más beneficios, con el fin de “darles soluciones a la clase media”.

En una presentación que realizó en la Residencia de Olivos, Macri comentó que a las casi cien mil familias que cuentan hoy con créditos UVA, “las dificultades que atravesamos en los últimos meses les han traído incertidumbre y muchos temen que se disparen las cuotas”, en presencia del presidente del Banco Nación, Javier González Fraga; y los ministros del Interior y Deasarrollo Social, y legisladores nacionales.

“Por eso, le hemos puesto un tope a los aumentos de esas cuotas para darles previsibilidad. La cuota no se va disparar”, afirmó el Presidente.

Asimismo, Macri indicó que durante décadas “el estado construyó poco y muchas veces mal, tiñendo las obras de corrupción y clientelismo”.

Por otro lado, al hacer referencia a los alquileres, advirtió que “hace décadas que no hay una nueva Ley”, por lo que destacó que impulsa “un proyecto para darles a los inquilinos soluciones concretas”.

“En especial por lo dificil que es conseguir una garantía, quien se hace cargo la comisión y con qué criterio se actualizan los alquileres. Espero que este tema avance pronto en el Congreso”, afirmó el mandatario en presencia de algunos diputados, entre ellos Eduardo Amadeo.

Macri también aseguró mejoras para el sistema de acceso a la vivienda por el que se trabaja desde hace tres años, porque “estaba roto desde hace mucho tiempo”, y resaltó que el crédito hipotecario era “casi inexistente”.

Además, sostuvo que los fondos del del FONAVI se usaban de un modo “poco claro y transparante”, y destacó que este año hay “60 mil viviendas en construcción”.

Luego, indicó que en la actualidad “hay más de 30 mil familias que pueden tener su casa gracias que el Procrear, que es más justo” y se otorga a “los que más necesitan”.

Macri confirmó que esa línea “estará destinada a 20 mil jóvenes” y expresó su deseo de que “sean propietarios en 2019”.

Aseguró luego que se van a sumar “más beneficios dentro de los exitosos créditos del ANSeS”, en presencia del titular del organismo, Emilio Basavilvaso, a los cuales se le “suman descuentos en corralones y comercios, para que ese crédito rinda más”.

Macri destacó que para darle “soluciones a la clase media hacían falta más herramientas”, y darles “la posibilidad de acceder un crédito para comprar una vivienda desde el pozo” y “eximir de impuestos a quienes construyen” unidades habitacionales “donde más se necesitan”.

Al respecto, en presencia de Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la construcción; y Gerardo Martínez, Secretario General de la UOCRA, Macri destacó que el gobierno a partir de sus iniciativas “impulsó el sector de la construcción” generando “trabajo a casi 1 millón de argentinos” y a las Pymes.

Macri también dijo que su administración está “facilitando a las constructoras que quieren salir a la cancha para dar lo mejor de si”.

UVA
La cuota de los créditos UVA no podrá superar el 10% de lo que aumente el índice que mide los salarios, anticipó esta mañana el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Según el funcionario, “no estamos viendo -en los bancos- moras en la devolución de todos los créditos UVA, pero queremos darles previsibilidad a quienes los tomaron”.

“Esas cien mil familias (que tienen este tipo de préstamo) pueden largar los plazos cuando las cuotas se van muy por encima del salario. Eso es algo que ya existía. pero ahora a e eso le agregamos que un tope al crecimiento de la cuota”, enfatizó Frigerio, en conferencia de prensa.

El presidente Mauricio Macri anunciará este viernes un paquete de medidas para aliviar el impacto de la inflación en los deudores de créditos hipotecarios que se ajustan por UVA y para dar impulso a la construcción. Una de las medidas que trascendió es un tope a la cuota de estos créditos si la inflación crece 10% por encima del índice de salario. El monto por encima de ese techo se podrá pagar cuando la relación se invierta y los salarios le ganen a la inflación.

Además de los créditos hipotecarios, en el paquete —que tendrá unas nueve medidas— se incluirá el relanzamiento del sistema Procrear y planes de viviendas sociales. Aunque aún no está definida la modalidad, el anuncio lo realizará el propio presidente, probablemente desde la residencia de Olivos y luego habría una conferencia de prensa con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el secretario de Vivienda, Iván Kerr.

En el último año, hubo distintos proyectos de ley promovidos por la oposición para amortiguar el impacto de la inflación y la devaluación entre quienes tomaron un préstamo hipotecario UVA. Pero, a diferencia de las medidas que analiza el Gobierno, se basaban en la creación de “fondos compensadores”.

Actualmente, la alternativa que tienen los deudores frente a una suba elevada de las cuotas es solicitar al banco la extensión del crédito original, a través de una cláusula en los contratos que se activa en caso de que la inflación supere por más de 10 puntos al aumento de los salarios.

La posibilidad de aplicar estas medidas dependerá de la evolución que en los próximos meses tenga la inflación minorista frente al aumento de los salarios
La aplicación de medidas de alivio dependerá de la evolución que en los próximos meses tenga la inflación minorista (reflejada en el índice UVA) frente al aumento de los salarios, cuya evolución publica mensualmente el INDEC a través del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Cuando surgieron los créditos hipotecarios UVA, en marzo de 2016, fue para muchos una opción “alcanzable” para llegar a la vivienda propia, con un plazo de hasta 30 años y una cuota similar a un alquiler que se actualizaba por inflación.

En ese momento, el escenario de que los salarios perdieran más de 10 puntos contra la inflación parecía muy lejano: en las últimas décadas, la única vez que los salarios perdieron más de diez puntos contra la inflación fue en 2002, en la crisis posterior al estallido de la convertibilidad.

El mayor impacto sobre la cuota mensual de los préstamos UVA podría llegar en noviembre, cuando se refleje la inflación de septiembre, estimada por algunas consultoras en 7%. Según cálculos privados, la inflación se ubicaría en 45% en todo 2018, pero es poco probable que los salarios aumenten por encima del 35 por ciento.

Según las cifras del Banco Central, por ahora el nivel de morosidad de los deudores de créditos hipotecarios bajo la modalidad UVA es muy bajo
Con todo, según las cifras del Banco Central, por ahora el nivel de morosidad de los deudores de créditos hipotecarios bajo la modalidad UVA es muy bajo. De acuerdo con los datos oficiales, apenas 0,2% del stock total presenta algún grado de morosidad. Y cuando se analiza el comportamiento de aquellos que recibieron un crédito UVA hace por lo menos un año y medio, el ratio de morosidad se eleva hasta aproximadamente 1,5 por ciento.

En el último mes, los requisitos para acceder a un crédito hipotecario UVA, para un dos ambientes promedio usado en Capital Federal con un valor de USD 115.000 (unos $4.485.000) exigen un ingreso que se acerca a los $90.000. Este es el caso de un préstamo del Banco Nación, que cubre el 80% del valor de la propiedad a 30 años con una cuota inicial de $22.916.

Así, el otorgamiento de estos créditos hipotecarios viene en baja. Las estadísticas del Colegio de Escribanos porteño reveló que en agosto apenas 14% de las ventas de inmuebles se realizaron con hipotecas. En el mejor momento, a fines de 2017, esta relación se acercó al 40 por ciento.

 

Infobae

El presidente Mauricio Macri inauguró este miércoles en Oberá un sitio de ayuda infantil que se pagó con fondos decomisados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en 2007 al empresario venezolano Guido Antonini Wilson.

Además, el Presidente se reunió en la localidad de Campo Vieira (Oberá) con representantes de Pymes del sector tealero que integran el Grupo Exportador Conextea, con quienes analizó los programas de inversión del consorcio y los principales desafíos del sector en materia de exportaciones.

De la reunión participaron, además, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, entre otras autoridades.

Previamente, Macri inauguró el espacio para la niñez, similar a otros que se están expandiendo en todo el país, que atienden a bebés de 45 días hasta los 5 años, quienes reciben “todo lo que necesitan en atención, estimulación temprana, cuidado, nutrición”, dijo el Presidente.

Macri destacó que en Misiones el centro se construyó “con la plata recuperada de la corrupción, gracias a una policía que tuvo el coraje de interrumpir el paso de una valija con dinero”. Aludió de este modo a la policía de Seguridad Aeroportuaria María del Luján Telpuk, cuando inspeccionó en 2007 el equipaje del venezolano Wilson, quien llevaba en una valija 790.550 dólares.

“Gracias a que ella hizo lo que tenía que hacer se recuperó ese dinero y hoy pasó a estar aplicado a lo que tiene y que siempre debió aplicarse, que es a obras y proyectos en favor de los misioneros, en este caso, y de todos los argentinos, en general”, puntualizó el primer mandatario.

Esta obra, agregó, “simboliza el cambio que hemos emprendido los argentinos, y eso nos va a llevar a tener un gran futuro, como esperamos que todos estos chiquitos en este establecimiento a diario van a recibir, y tanto cuidado y tanto amor van a tener”, sostuvo Macri.

Ana Méndez, presidente de la Asociación Civil Pamperito -tuvo a su cargo el proyecto local- fue la encargada en recibir a Macri, quién estuvo acompañado por el gobernador Passalacqua; los ministros de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley y de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano y el senador nacional por Misiones Humberto Schiavoni.

El Gobernador le dio la bienvenida y dio cuenta del apoyo que brinda a su gestión: “Querido Presidente, que usted esté acá significa mucho para nosotros. Más allá del protocolo, quiero que sepa que la bienvenida es de corazón”.

Macri a su vez dijo que “esta obra que es tan real, el edificio lo podemos ver y tocar, el mobiliario, los escritorios, las sillitas de los chicos, tienen que ver con plata recuperada de la corrupción”.

Dijo que estos espacios posibilitan que los niños “lleguen al colegio con todas las posibilidades de poder desarrollarse, adquirir una educación, mientras los padres puedan estudiar, trabajar, sabiendo que hay gente que les da todo el amor y el cuidado que los chicos necesitan”.

Por otra parte destacó que Misiones tiene grandes posibilidades para generar más empleo de la mano de la producción regional y del turismo.

“Todos queremos una Argentina que se desarrolle en forma federal”, puso de relieve y agregó: “Estamos en una época donde enfrentamos todos los días enormes desafíos, pero lo importante es que no tenemos miedo y que estamos convencidos de que es el camino correcto, y que cada día vamos a estar un poco mejor”.