Macri ordenó avanzar en la modernización del servicio, que aporta una recaudación de más de $15.000 millones; la medida podría afectar al Ministerio de Justicia.

Una caja millonaria es motivo de una interna con final abierto en el Gobierno. Los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne , y de Modernización, Andrés Ibarra , con el aval del presidente Mauricio Macri , buscan quedarse con parte del dinero que utiliza su par Germán Garavano para mantener el funcionamiento del Ministerio de Justicia. El objetivo es la recaudación de más de $15.000 millones que entregan los registros de propiedad del automotor.
Se trata, además, de un servicio históricamente ligado a favores políticos y nombramientos clientelares.
El primer paso será la implementación de la plataforma de trámites a distancia para registrar y transferir vehículos sin concurrir a un registro. La segunda etapa, aseguraron fuentes cercanas al Presidente, es cerrar los registros de autos, motos y maquinaria agrícola, que en el país son poco más de 1500.

Ibarra le presentó la iniciativa a Macri hace diez días y el Presidente no dudó: pidió avanzar con celeridad. Será el puntapié inicial de un plan que tiene como objetivo desarmar los citados registros, uno de los negocios más preciados de la política.

Los registros, que ya comenzaron a realizar trámites y operaciones por vía digital, dependen de la Dirección Nacional del Registros Nacionales del Registro Automotor y Créditos Prendarios (Dnrpa).
Según el diario La Nación, hay malestar en el Ministerio de Justicia. Parte de ese dinero es el que utiliza Garavano para pagar los sueldos de gran parte del ministerio, prácticamente todos los contratados.
Cerca del ministro se mostraron molestos con la decisión. “Una cosa es mejorar los procesos, con lo que estamos de acuerdo. Pero si se quedan con la caja, que digan cómo se va a financiar el Ministerio de Justicia”, se quejaron fuentes oficiales.

Hoy, del total de impuestos que se cobran para transferir un automóvil, que ronda el 7% de su valor, solo el 1,20% corresponde a la tasa de transferencia -con Garavano ese impuesto bajó un 40%-; el resto son impuestos locales y provinciales.

Además, se pusieron en marcha los trámites online, transferencias digitales, pedidos de turnos por internet, pedidos de informes online, inscripciones iniciales digitales y el título digital.

Favores y compensaciones
Otro punto que buscó destacar el equipo de Garavano es que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, las designaciones de los titulares de los registros se realizan por concursos públicos y abiertos. Hasta hace poco, los registros constituían, en su mayoría, premios o compensaciones a políticos o familiares de estos. Algunos apellidos ligados a la política con registros en el pasado son Bielsa y Garré, entre otros ejemplos.

Hoy, la transferencia de automóviles, motos y máquinas agrícolas representa “el trámite más voluminoso de toda la administración nacional”. En total suman 13.000 millones de trámites anuales. El objetivo de Ibarra es incorporar la firma digital remota, digitalizar toda la documentación que se encuentra en papel en todos los registros seccionales para servicios automáticos y digitalizar los trámites con prenda, que son más del 50% de los patentamientos de automotores.

En 1990, solo había 300 registros en todo el país. Cuando Carlos Menem dejó el Poder Ejecutivo, eran más de 900. Entre los titulares de registros estaba el peluquero del expresidente. Con el menemismo quedó claro el objetivo del reparto de registros: fue un mecanismo de pago de favores políticos o de concesión de un negocio muy rentable para los amigos del poder. Con Cristina Kirchner la agrupación que lidera su hijo, Máximo, se quedó con el control de esa caja.

Terminar con la burocracia es una de las obsesiones de Macri. Ingeniero de profesión, no concibe la pérdida de tiempo y de dinero que implican todos estos organismos. Por eso, tras la presentación de Ibarra, dio luz verde al proyecto. A fin de cuentas, Macri quiere cerrar los registros. En esa pulseada lo apoya el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, otro de los cruzados contra los registros.

La Nación

A través del decreto 632/2018 el Gobierno Nacional decidió un congelamiento en las contrataciones en la administración pública, entre otras medidas, con el objetivo de ahorrar más de $ 20.000 millones.

• Organismos afectados

El freno a las contrataciones en el sector público abarca toda la estructura del Estado con excepción de la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

También quedan al margen de esta decisión los nombramientos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Servicio Exterior y el Cuerpo de Guardaparques Nacionales.

• Universidades

El decreto define que los convenios vigentes celebrados entre el Estado y universidades nacionales, provinciales privadas u otras instituciones de enseñanza pública, quedarán sin efecto a partir del 1 de enero de 2019.

• Premios y bonificaciones

La norma prohíbe además las bonificaciones, premios, incentivos y suplementos que percibe el personal del sector público hasta el 31 de diciembre de 2019.

• Viáticos y gastos de movilidad

Respecto a las sumas abonadas en concepto de servicios extraordinarios, gastos de movilidad, gastos fijos de movilidad, reintegro por gastos de comida y viáticos, el decreto exige que los organismos remitan, dentro del plazo de 30 días de su entrada en vigencia, un informe a Modernización en el que se contemple “la evolución de los citados conceptos, que avale su cumplimiento y que prevea su disminución en un 30% para lo que resta del ejercicio presupuestario en curso”.

• Viajes al exterior

Sobre los viajes al exterior, el decreto establece que sólo las autoridades de nivel de Ministro o superior podrán utilizar pasajes de clase ejecutiva, con la aprobación previa de Jefatura de Gabinete. En el caso de los funcionarios con rango de Secretario, sólo podrán hacer uso de clase ejecutiva cuando el viaje tenga una duración mayor a las ocho horas.

• Vehículos de uso oficial

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deberá efectuar en el plazo de 30 días un relevamiento de vehículos de uso oficial que se encuentren tanto a disposición del traslado de funcionarios como los destinados al uso operativo del área a la cual se encuentren asignados, y un informe de la flota óptima de vehículos, “a los efectos de posterior transferencia o enajenación según criterios de razonabilidad y austeridad”.

Mientras se elabora dicho informe, el Gobierno decidió suspender los procesos de adquisición o alquiler con opción de compra de vehículos destinados a uso oficial que se encuentren en curso.

El Presidente destacó que esta reclasificación fue el resultado de un trabajo de 30 meses por parte del Gobierno.

Tras la noticia de que después de nueve años la sociedad Morgan Stanley Capital International (MSCI) reclasificó al país como “mercado emergente”, y lo puso a la par de economías como China, Brasil, Colombia o Rusia, el presidente Mauricio Macri celebró la noticia en las redes sociales. “Hoy el mundo reconoce que estamos haciendo las cosas bien”, dijo a través de Facebook y Twitter.

El mandatario destacó que esta reclasificación fue el resultado de un trabajo de 30 meses por parte del Gobierno: “De llevar al país por el camino correcto para recuperar el estatus que perdimos en 2009, cuando fuimos considerados un mercado fronterizo, límite, por la aplicación de políticas económicas que produjeron aislamiento, estancamiento y desconfianza entre los inversores”.

El presidente Mauricio Macri instó en este 25 de Mayo a los argentinos a “ponerse de acuerdo” y a seguir “construyendo bases sólidas” que permitan al país “crecer 20 años seguidos y derrotar definitivamente a la pobreza”, al ofrecer esta tarde un locro en la quinta de Olivos junto a jubilados y a su gabinete en pleno.

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La diputada de Cambiemos dijo que el 㜀㌀n es “volver al corporativismo corrupto que caracterizó a la Argentina”.

“Esto se ve hoy claramente en la Argentina: los que juegan con la Patria y los que vuelven a dar el golpe cambiario para destituir a un presidente y para cambiar y volver al corporativismo corrupto que caracterizó a la Argentina”, denunció la diputada aliada a Cambiemos.

“No se equivoquen: en la condición humana hay hijos de p… en las villas e hijos de p… en la Unión Industrial Argentina. Y hay sufridos en las clases bajas, en las clases medias y en las clases altas”, sentenció Carrió

El proyecto impulsado por la oposición comenzará a ser debatido el miércoles en plenario de comisiones en el Senado.

Cambiemos es primera minoría en la Cámara alta, y en ninguna de las tres comisiones posee mayoría.En Derechos y Garantías tiene seis senadores sobre 17; en Presupuesto siete sobre la misma cantidad y en Minería, sobre 19 integrantes, el macrismo está representado por media docena.

Sin embargo, sumando a algunos aliados circunstanciales, Cambiemos podría obtener dictamen en contra del proyecto, aunque una vez en el recinto deberá sumar por lo menos doce senadores más para evitar la aprobación de la iniciativa.

El proyecto impulsado por la oposición retrotrae las tarifas a diciembre de 2017 y establece que, en el caso de los usuarios residenciales, se puedan actualizar en base a la variación salarial.

Para el caso de las pymes, la actualización se deÒnirá sobre la base del índice de precios mayoristas el Indec.

Uno de los puntos centrales del despacho establecía una rebaja del 50 por ciento del IVA, pero esa cláusula se eliminó ante la resistencia de los gobernadores que no querían perder recursos de un tributo clave que es coparticipable entre Nación y provincias; lo que sirvió para retener los votos necesarios para imponer el proyecto en la Cámara baja.