La constitucionalidad del Auxiliar Fiscal fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que con las firmas de los vocales Antonio Estofán, Daniel Leiva y Claudia Sbdar (votó en disidencia parcial), hizo lugar al Per Saltum oportunamente presentado por la Fiscal en lo Penal de Instrucción Especializada en Homicidios de la Iª Nominación, Adriana Giannoni, contra la resolución emitida el pasado 21 de febrero, por la Jueza en lo Penal de Instrucción de la Vª Nominación, Carolina Ballesteros, quien había cuestionado la delegación de facultadas dispuestas por la doctora Giannoni al Auxiliar Fiscal Juan Pablo Godoy para intervenir en una audiencia.
Al imperio de esta decisión el rol del Auxiliar Fiscal cobra legítima vigencia. Así lo consideró la Corte Suprema, que en la resolución del Per Saltum hace alusión a la Ley 9.172 publicada el 15 de abril de 2019, cuyo artículo 1, modificó el artículo 94 septies de la Ley Nº 6.238, que quedó redactado de la siguiente manera:
“Los Auxiliares de Fiscales podrán realizar todos los actos autorizados a los Fiscales Penales por el Código Procesal Penal de Tucumán vigente en cada una de las circunscripciones jurisdiccionales de la Provincia, mediante la respectiva delegación de funciones. Se exceptúa de dicha delegación los requerimientos de elevación a juicio y de sobreseimiento; el hecho diverso y la ampliación del requerimiento de acusación; como así también los pedidos de absolución, condena y pena. Los Auxiliares de Fiscales actuarán bajo las instrucciones, dirección y supervisión del Fiscal Penal Titular, sin perjuicio de la responsabilidad personal que pudiere caberle por conducta negligente o comisión de un acto irregular en el desempeño de sus funciones. Cualquier aspecto concerniente al Auxiliar de Fiscal podrá ser determinado mediante reglamentación que efectuará el Ministro Público Fiscal. La designación de los Auxiliares de Fiscal se efectuará por resolución del Ministro Público Fiscal teniendo en cuenta las necesidades de servicio”.
De conformidad con lo expresado, el ordenamiento jurídico local concedió a los órganos encargados de la acusación pública un asistente a efectos de que les colabore en actos procesales específicos, más siempre bajo la estricta dirección y supervisión de sus titulares.

AVAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS PARA EL AUXILIAR DE FISCAL

La constitucionalidad del Auxiliar de Fiscal cuenta con el aval del Colegio de Abogados de Tucumán, entidad que en nota remitida al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Pupilar de la Defensa, puso en conocimiento sobre la resolución emanada del Consejo Directivo de la entidad, que con fecha 24 de abril de 2019 informó que “las designaciones realizadas y a realizar, bajo ningún punto de vista van a tener reserva de acción de inconstitucionalidad”.

En la siesta del 13 de enero de 2016 y en el intento de alquilar su departamento de calle san Juan al 600 de nuestra ciudad, una mujer mostraba el inmueble a un probable inquilino, que a la postre terminó siendo su agresor, para robar sus pertenencias y además amputarle el dedo de una mano para sustraerle un anillo de oro.

Por ese hecho el individuo fue condenado a 10 años de prisión. Sobre el particular, el Fiscal de Cámara, Carlos Saltor, encargado de llevar adelante la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF), comentó que “el imputado, Mauro Ezequiel Godoy, escuchó la sentencia emitida por unanimidad por el Tribunal de la Sala VI de la Cámara Penal. Llegó al debate acusado de haberle propinado una feroz golpiza a una mujer (su identidad se reserva) para robarle en un departamento de San Juan al 600”.

El hecho

Comentó el representante del MPF que se trató de un caso muy cruento que sensibilizó a la población. Una mujer que alquilaba un departamento publicó un aviso en un diario. Un supuesto interesado se contactó con ella y coordinaron un encuentro. Esta persona ingresó al departamento junto a la víctima, y una vez que estuvieron solos, comenzó a golpearla.

También admitió Saltor, que la violencia y saña que ejerció este individuo sobre su víctima derivó en que la misma tuviera que ser sometida a seis cirugías en su rostro para poder reconstruirlo, debido al daño recibido. “No obstante, el momento de mayor gravedad se dio cuando este sujeto, que ya se había apoderado de las pertenencias de la víctima, tuvo la cruenta idea de cortarle un dedo con un cuchillo sierrita para apoderarse de un anillo”, agregó.

La labor del ECIF

“El MPF trabajó para que el caso tuviera una solución judicial. Además, valoro la aplicación de nuevas tecnologías en las investigaciones que permiten, por ejemplo, realizar búsqueda de datos que antes no se podían obtener. El Ministerio Fiscal ha logrado en el ECIF (Equipo Científico de Investigaciones Fiscales), un grupo de técnicos muy preparados y profesionales. Hicieron cruces de llamadas desde los teléfonos con lo que habían estado comunicándose con la víctima cuando puso la propiedad en alquiler. Además, cuando los investigadores ingresaron al departamento tras el hecho, encontraron una campera con pelos que fueron comparados genéticamente con el sospechoso vía ADN, confirmando que eran suyos”, precisó el fiscal Saltor.

MPF

El jurado en el juicio ante el Tribunal Oral Criminal Nº3 consideró que Lino Villar Cataldo es «no culpable» de haberle quitado la vida con cuatro disparos al ladrón Ricardo Krabler.

Luego de cuatro audiencias ante el Tribunal Oral Criminal Nº3 de San Martín, Lino Villar Cataldo -el médico que mató de cuatro tiros al ladrón Ricardo «Nunu» Krabler que intentó robarle el auto en 2016 en su casa del barrio Libertador-fue considerado «no culpable» del hecho por decisión de un jurado popular.

A lo largo del proceso, Villar Cataldo sufrió un fuerte revés cuando varios peritos balísticos, incluída Leticia Pons, analista de la Policía Bonaerense, desmintieron que le había disparado a Krabler desde el suelo como sostuvo históricamente. Los peritos del caso determinaron que las balas entraron «desde arriba hacia abajo» desde una distancia máxima de un metro. El arma del ladrón, un «pistolón» que eran caños soldados sin capacidad para disparar, fue encontrada bajo el cadáver de Krabler, que murió sentado en el asiento de conductor.

La fiscal del juicio, Noemí Carreira, había pedido que sea considerado culpable por homicidio en exceso de legítima defensa, luego de cambiar la calificación original de homicidio simple.

La querella de Silvia, madre de Krabler, pidió la condena por homicidio simple agravado por el uso de arma.

«Es un asesino matriculado», lo calificó Silvia Krabler a Villar Cataldo: «Los quiero ver a los jurados en mi lugar». Los familiares de Villar Cataldo aplaudieron al oír el veredicto. Su hermano Jorge aseguró: «Su familia se destruyó, mi hermano tiene miedo, siempre hubo amenazas, tengo miedo que las represalias sean sobre sus hijos».

El defensor Szpigiel aseguró en su alegato: «Nadie tuvo la intención de matar. Cuando te están apuntando, te golpean, te arrastran, vos te defendés como podés. La propia fiscalía ya abandonó la figura del homicidio simple porque se dio cuenta de que no hubo intención. Lino reaccionó como pudo».

El abogado continuó: «Acá te quieren convencer de que ocurrió algo que no pasó. Nadie pone un pistolón debajo de su cuerpo para manejar. No te dejes convencer de eso. Cuando vos ves que Lino no reaccionó es legítima defensa. No se vio el momento del hecho. Solo son posibilidades y ante la duda, se beneficia a Lino… El sentido común es lo que debe primar en ustedes. La certeza de que se haya excedido no existe. Acá cada uno eligió dónde estar. Lino trabajando y el otro robando.»

Patricia Bullrich, ministra de Segurida de la Nación, aseguró en su cuenta de Twitter: «El jurado popular absolvió al médico Villar Cataldo: es un verdadero acto de Justicia. Desde el primer día sostuve que el Estado lo iba a cuidar, y este fallo da cuenta de que estamos acá para proteger a la víctima, no al victimario».

El crimen de una ciudadana taiwanesa, ocurrido hace un año en la ciudad de San Isidro de Lules, ya tiene todas las diligencias investigativas preparatorias finalizadas, motivo por el cual se formuló el requerimiento de elevación a juicio de la causa..
Así se informó desde el Ministerio Público Fiscal, habida cuenta de que la doctora Adriana Giannoni, quien subroga la Fiscalía Especializada en Homicidios II, consideró que del análisis de la investigación surge mérito suficiente para formular requerimiento de elevación a juicio por este delito, seguido contra Ezequiel Oscar Toledo, Diego Exequiel Méndez y Gabriel Antonio Páez, por el homicidio en ocasión de robo, con el agravante de haber utilizado un arma de fuego, en carácter de coautores del hecho, en razón que se reúnen los elementos objetivos y subjetivos exigidos por los referidos tipos penales, teniendo como víctima a la ciudadana Shuchu Liu.

El hecho imputado consiste en que en fecha 5 de abril de 2018, a las 2.30 horas, aproximadamente, Toledo, Méndez, Páez y un menor de edad, previo acuerdo de voluntades y división de tareas, empezaron a forzar la puerta de ingreso de la cocina del domicilio, sito en el barrio Villa del Carmen, Departamento Lules, lugar de residencia de Lee Hong Yen y Shuchu Liu, con intenciones de ingresar al mismo y sustraer ilegítimamente elementos de su interior.

Tal situación fue advertida por Lee Hong Yen, quien sacó una pistola calibre 9 milímetros, de la que tenía legal portación, con la que, a través de la ventana de la cocina, comenzó a hacer disparos para evitar que los delincuentes ingresaran a la vivienda. Los individuos, con armas de fuego tipo escopetas, comenzaron a disparar, impactando un proyectil en la nuca de Shuchu Liu, quien se encontraba en la cocina, lo que le ocasionó su muerte por traumatismo encéfalo craneal grave motivado por un proyectil de arma de fuego. En ese momento los acusados se dieron a la fuga del lugar.

Los sospechosos fueron detenidos en diferentes medidas dispuestas durante la instrucción del caso. Entre los elementos de valor al formular el requerimiento de elevación a juicio, se encuentran: el testimonio de un cuidador de una finca que observó a los presuntos autores del ataque cuando escapaban, la declaración de un testigo de identidad reservada que ubicó a las personas que habían cometido el hecho en tiempo, modo y lugar, y el relato de uno de los imputados (resultó herido durante el hecho); además de las pericias balísticas y otras medidas.

MPF

El Ministerio Público Fiscal (MPF) tendrá acceso al monitoreo de las imágenes de las Cámaras de Seguridad que funcionan en distintos puntos de la Capital y que se encuentran bajo la órbita de la Policía de la provincia. Esta posibilidad surge tras el convenio que firmaron el MPF y el Ministerio de Seguridad.

La puesta operativa de esta nueva herramienta para la investigación judicial, se pondrá en marcha mañana jueves, 7 de marzo, a las 10.30 horas, en los Tribunales Penales de avenida Sarmiento al 400.

Las imágenes de las Cámaras serán recepcionadas a través de fibra óptica y podrán ser observadas en tiempo real en el MPF, como así también acceder al material que se encuentra grabado.

El Ministerio Público Fiscal da cuenta de las diligencias y avances que se concretaron en la causa caratulada: “abuso sexual con acceso carnal”, que se encuentra en la órbita de la Fiscalía de Instrucción Especializada en Delitos Integridad Sexual, de la cual fue víctima una niña de 11 años, que quedó embarazada. Por este hecho se encuentra detenido el acusado, pareja de la abuela de la menor.

Desde el momento que se tuvo conocimiento del abuso se tomaron todos los recaudos tendientes a la rápida investigación del hecho. Habiéndose realizado ya todas las medidas investigativas, restando solo los cotejos de ADN para concluir la investigación. Una vez que se completen las pericias biológicas, se realizará el requerimiento correspondiente.

También, es dable destacar, que ninguna fiscalía de este Ministerio Público emitió orden judicial de no interrupción del embarazo de la menor.

A través del oficio Nº 11 del expediente 25/8, la doctora Adriana Giannoni procedió a comunicarles al Director del SI.PROS.SA que están vigentes las leyes provinciales 8293 y 6518 que protegen la vida, integridad y salud de todo Niño, Niña y adolescente y que estos derechos están consagrados en los artículos 40 inciso 1 y 4, y 146 de la Constitución de la provincia.

En segundo lugar precisó al señor Director del SI.PRO.SA. qué si él o cualquier persona a su cargo tomaban conocimiento de malos tratos, abuso físico o mental o cualquier tipo de descuido o trato negligente de un niño, niña o adolescente debía comunicarlo a la autoridad pertinente por disposición expresa de la ley 6518, aclarando que en estos casos la autoridad competente es el Ministerio Pupilar (no el Ministerio Fiscal)

El motivo principal del oficio radicaba en la necesidad de arbitrar los medios indispensables para proteger la salud e integridad de todo niño, niña y adolescente a tenor del artículo 3 de la ley 8293.

MPF

Marcelo Billone, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, lamentó y cuestionó el pase de Daniel Leiva de la Fiscalía de Estado del Poder Ejecutivo a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán cuatro días después de que la Legislatura prestara acuerdo al movimiento solicitado por el gobernador Juan Manzur.

“Una vez más el Gobierno sucumbió a la tentación de la Justicia adicta”, opinó a título personal el dirigente de la abogacía -la entidad intermedia donde la oposición a Billone hoy tiene la mayoría no se pronunció en los momentos previos al nombramiento, pese a que existió la intención de convocar a una sesión extraordinaria-. El presidente del Colegio calificó al desembarco de Leiva en el Poder Judicial de “oportunidad perdida” y advirtió la continuidad de un “modus operandi” que genera sospechas sobre la independencia del magistrado supremo.

“El deceso inesperado del vocal Antonio Gandur hace un mes exacto y dos días antes del comienzo de la feria de verano otorgó a Manzur la ocasión inmejorable de implementar mecanismos transparentes para la cobertura de la vacante (…). Lejos de ello, el Gobierno volvió a aplicar la receta de la designación de un secretario o fiscal de Estado con evidente identificación política con el oficialismo”, expresó Billone mediante una nota manuscrita que entregó ayer a este diario. En paralelo, Leiva dialogó este martes con el presidente del alto tribunal, Daniel Posse, y con la vocal Claudia Sbdar en el Palacio de Justicia, mientras Eleonora Rodríguez Campos juraba en la Fiscalía de Estado en la Casa de Gobierno. El ex funcionario de Manzur asumirá en la Corte el 6 de febrero a las 12.

El decreto de Kirchner

Recién llegado de unas vacaciones en la costa y antes de reintegrarse oficialmente al Colegio, Billone aseguró que urge restablecer la confianza de la sociedad en la Justicia. A los efectos de revertir “esa imagen devaluada”, planteó la necesidad de que Manzur se autolimite en su facultad discrecional para nombrar la cúpula judicial -potestad hoy sólo supeditada al visto bueno de la Legislatura- como hizo en su momento el ex presidente Néstor Kirchner en aras de aumentar el prestigio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (mediante el Decreto 222 de 2003, que aún está vigente). La cesión de poder que propone el presidente del Colegio implicaría que el gobernador publique el curriculum vitae del candidato, y otorgue a la ciudadanía un plazo suficiente para analizar los antecedentes y, eventualmente, para impugnarlos.

La designación de Leiva fue anunciada el lunes 21 de enero. Cuatro días después los legisladores dieron el acuerdo con 30 votos a favor y 6 en contra en una sesión de 15 minutos. El sector de Cambiemos sostuvo que la designación hería la imparcialidad de la Justicia y la república. La oposición también cuestionó el nivel profesional de Leiva, quien se recibió de abogado con promedio 3,7 y 21 aplazos. “Es un gran hombre que va a defender a Tucumán”, opinó por su parte Manzur.

Billone llamó la atención sobre la rapidez del trámite practicado durante el receso de enero por parte de un Gobierno al que su Colegio demandó en la Justicia por su lentitud sistemática para cubrir los despachos de jueces, fiscales y defensores oficiales a partir de las ternas de candidatos surgidas de los concursos públicos de antecedentes y oposición -el juicio en cuestión fue iniciado en 2017, en la Corte provincial, y aún no tiene sentencia-.

“Las circunstancias eran óptimas para incorporar un mecanismo parecido al que existe en la Nación desde la presidencia de Kirchner puesto que no había urgencia alguna”, reflexionó Billone. Según el dirigente, la posibilidad de que la sociedad opine sobre los candidatos a la Corte legitima los nombramientos judiciales decididos por el poder político. “Pero en definitiva no hubo intención de innovar en la modalidad de elección y el Gobierno otra vez buscó la tranquilidad que confieren los Tribunales dependientes”, criticó. Billone recordó que en Tucumán hay abogados con formación jurídica sólida al igual que magistrados probos. Y añadió: “la elección de un funcionario en ejercicio y políticamente comprometido con la gestión de gobierno poco aporta a la buena salud de las instituciones más allá de las calidades personales o del trabajo desarrollado en la Fiscalía de Estado”.

Fuente: La Gaceta

Tenía 84 años y fue presidente de la Corte, hasta noviembre del 2017.

En la tarde del sábado, murió el actual vocal y expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Antonio Gandur.

El letrado de 84 años nacido en Concepción, inició su carrera judicial en el año 1991 y hasta el 2017 presidió el alto tribunal. Fue reemplazado por el magistrado Daniel Posse.

Gandur encabezó la Corte provincial en cuatro oportunidades: 2003-2004, 2007-2009, 2013- 2015, 2015 – 2017.

Se esperaba su pronto retiro, ya que en marzo de este año había finalizado los trámites de su jubilación en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El Gobierno llegó a un entendimiento con la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General, la Defensoría General y la Asociación de Magistrados y reglamentará la ley que obliga a los nuevos jueces a pagar Ganancias

En una reunión encabezada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, se llegó a un acuerdo para que los jueces designados a partir de 2017 empiecen a pagar el Impuesto a las Ganancias a partir del mes de enero de 2019.

El Gobierno llegó a un entendimiento con la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General, la Defensoría General y la Asociación de Magistrados y reglamentará la ley que obliga a los nuevos jueces a pagar Ganancias.

«Con el diálogo de todos los actores logramos un acuerdo histórico con el Poder Judicial para que finalmente se cumpla con la ley y empiecen a pagar Ganancias. Los magistrados entienden el esfuerzo que estamos haciendo todos para lograr una verdadera transformación judicial», sostuvo Garavano.

A partir del acuerdo, la Asociación de Magistrados retirará hoy la acción legal que había presentado en contra de la medida. Así se lo confirmaron a Infobae fuentes del Ministerio de Justicia.

Las fuentes oficiales destacaron el papel que jugó Ricardo Recondo, presidente del Consejo de la Magistratura, para alcanzar una solución a un tema que había tensado la relación entre el Poder Judicial y el Gobierno.

La semana pasada, el flamante titular de la Asociación de Magistrados, Hernán Monclá (juez de la Cámara Comercial) le había advertido al Gobierno que no buscara «ahondar» un enfrentamiento con el Poder Judicial «para lograr una mejora en su imagen a costa del derrumbamiento de la nuestra» o «una herramienta de presión» siguiendo «intereses subalternos».

«Si la solución que se pretende desde la política consiste en echar por tierra la tranquilidad económica mínima que debe asistir a quien asume la difícil tarea de disponer del honor, la libertad y la propiedad de sus semejantes, lejos de propiciar una solución claramente estaríamos generando un nuevo inconveniente», aseguró.

Diez días antes, la Corte Suprema de Justicia que había rechazado una medida cautelar de la Asociación de Magistrados para evitar que a los nuevos integrantes del Poder Judicial les descontaran el impuesto a las Ganancias. Muchos creen que detrás de esta decisión hay un intento latente del oficialismo por extender el pago de ese tributo al resto de los sueldos de tribunales.

Infobae

El Ministerio Público Fiscal a través de su Escuela de Formación y Capacitación reafirma los lazos de trabajo conjunto que viene manteniendo con la Universidad de Buenos Aires. En ese marco se inscribe la carrera de Posgrado en Especialización en Ministerio Público, resolución 240/10 de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) que será dictada con la modalidad presencial, por docentes de la Facultad de Derecho de esa casa de altos estudios.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta fines de diciembre del corriente año bajo las condiciones que pueden ser recabadas en la sede de la Escuela, en calle Muñecas 736, planta baja, en San Miguel de Tucumán, reabriéndose las mismas en la primera quincena de febrero.

Se trata de una propuesta única para la provincia, destinada a integrantes de Ministerios Públicos de Tucumán y la región que ostenten el título de abogados.

Se informó desde la Escuela de Formación del Ministerio Público Fiscal, que las clases comenzarán a dictarse el 8 de marzo de 2019, en un hotel ubicado en calle 25 de Mayo al 200, los días viernes en horas de la tarde y los sábados a la mañana.

El Ministerio Fiscal estrecha lazos de cooperación con la Universidad Alberto Hurtado de Chile

Con el propósito de avanzar en capacitaciones para el personal del Ministerio Público Fiscal (MPF), el Ministro Edmundo Jiménez recibió al Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Rafael Blanco Suárez. También participó del encuentro el Fiscal Penal de la IV Nominación, Edgardo Sánchez, del Centro Judicial de Concepción, y el Director Académico de la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), Fernando Ganami.

Durante el encuentro se charló sobre la pronta implementación del Código Procesal Penal en la provincia y las capacitaciones que el sistema acusatorio exige para todos sus actores.

“Las escuelas judiciales han trabajado intensamente en esto y parte de esto es entrenar a fiscales y jueces. Existe también la posibilidad de capacitaciones en conjunto que se llaman interinstitucional. En estas capacitaciones en conjunto también se podría convocar a la policía como actor clave para un buen sistema acusatorio”, dijo.