El exministro de Planificación Federal Julio De Vido se encontraba en prisión domiciliaria desde diciembre pasado. Lo determinó el Tribunal Oral Federal 1.

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido quedó en libertad por orden del Tribunal Oral Federal 1, que interviene en la causa por malversación de fondos en la obra de Río Turbio, y deja así la prisión domiciliaria que cumplía desde el pasado diciembre.

El organismo dispuso la liberación de forma inmediata de De Vido, quien se encontraba detenido en su propiedad de la localidad boanerense de Zárate, luego de permanecer dos años en la cárcel federal de Marcos Paz.

La Justicia ordenó excarcelar a Julio De Vido, pero seguirá con prisión domiciliaria en otra causa
De acuerdo a lo trascendido, los jueces fundamentaron la determinación en que “no existe riesgo procesal”, es decir que no hay posibilidades de una fuga del imputado.

De esta manera, el exfuncionario nacional alcanzó la libertad plena puesto que el 14 de diciembre pasado la Cámara Federal de Casación le había indicado al Tribunal Oral Federal 7, a cargo de la megacausa de los cuadernos, que hiciera efectiva las excarcelaciones de los señalados en la investigación.

En aquella ocasión, el fallo argumentó: “El Tribunal, por mayoría resuelve disponer, siguiendo los lineamientos fijados por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal en el día de la fecha, la inmediata libertad de Julio Miguel De Vido en la presente causa y sus conexas N° 13820/2018 y 10456/2014, la que no se hará efectiva por continuar detenido a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, en la causa N° 5218/2016, bajo la modalidad de arresto domiciliario».

A pesar de los dos beneficios, de Vido aún sigue implicado en ambas causas y también en una tercera, la conocida como tragedia de Once.

En un juicio abreviado, los magistrados consideraron a Julio Tomás Palladini autor penalmente responsable por los delitos de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y alevosía en contra de Palacios.

La Sala IV de la Cámara Penal, integrada por los Vocales Dres. Wendy Kassar (Presidenta), Emilio Páez de la Torre y María Fernanda Bahler, condenó a prisión perpetua al acusado por el femicidio de Lourdes Anahí Reinoso, y por el homicidio de la tía de ésta, Francisca Ofelia Palacios. Se trata de la primera oportunidad en la que se utiliza en la provincia la figura del femicidio para penar el asesinato de una mujer trans.

En un juicio abreviado, los magistrados consideraron a Julio Tomás Palladini autor penalmente responsable por los delitos de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y alevosía en contra de Palacios, en concurso real con el de homicidio triplemente agravado por haber mediado una relación de pareja con la víctima, por odio a la identidad de género y por haber mediado violencia de género en contra de su ex pareja Reinoso.

Al comenzar la audiencia oral, el imputado reconoció su responsabilidad en los hechos que se le imputaban. Por ello, el Ministerio Público Fiscal, representado en esta oportunidad por la Fiscal de Cámara, Dra. Marta Jerez, solicitó que se aplique la modalidad de juicio abreviado. A ese pedido se adhirieron la querella, llevada adelante por el Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia contra la Mujer de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, representado en el debate por la Dra. Claudia Lazarte Acosta Montes; y la defensa, a cargo del Dr. Miguel Francisco López.

Los hechos por los que se condenó a Palladini ocurrieron el 14 de enero del 2018 en la casa donde vivían Reinoso, de 30 años, y Palacios, de 80, ubicada en la localidad de Río Nío.

Los fundamentos del fallo serán leídos el próximo miércoles 18 de diciembre.

Fuente: Prensa poder Judicial

La iniciativa castiga con prisión y multa a quienes mientan en un proceso judicial o administrativo. La sanción también alcanza a los imputados en procesos penales que no digan la verdad

Con la presencia de los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, el Gobierno presentó el proyecto de ley de perjurio que castiga al imputado o cualquier otra persona que mienta en un proceso judicial.

El proyecto prevé modificar los códigos Penal y Procesal Penal para incorporar esta nueva figura. El nuevo tipo penal tendrá como objeto reprimir la conducta de toda persona que sea parte en un proceso judicial, ya sea penal, civil o administrativo. y que incurra en una falsedad u omita en todo o en parte la verdad. La pena se agrava en los casos en los que se haya cometido a cambio de dinero o cualquier otra dádiva.

En el acto, Bullrich se preguntó: «¿Hasta dónde vamos a seguir planteando que la mentira puede formar parte de un proceso judicial?” y agregó: “Si la persona no quiere autoincriminarse, no habla, se calla la boca y no declara”.

Bullrich señaló que “a partir de este proyecto de ley la verdad tiene que tener premio y la mentira no puede ser parte de un proceso judicial. ¿Por qué mentirle al juez? ¿Por qué mentir y que esa mentira no tenga consecuencias?”.

La titular de la cartera de Seguridad destacó que esta es una discusión histórica, moral y estratégica. “Es una discusión de si en la Argentina queremos que todos aquellos que han cometido un delito puedan ampararse falsamente en lo que dice nuestra Constitución y mentirle al juez y terminar en muchos casos en la impunidad”, dijo Bullrich.

Por su parte, Garavano recordó que esta iniciativa tiene que ver con lo que dijo el presidente Macri hace más de un año acerca de que no se debe mentir al juez. “Es algo que sucede en todos los países del mundo, no se le puede mentir al sistema de justicia”, resaltó Garavano.

En el caso de los procesos penales, el proyecto ya no prevé la indagatoria como un acto procesal obligatorio sino que el imputado tiene que solicitarla a fin de ejercer su derecho de defensa. El fiscal puede avanzar sin necesidad de que el imputado declare. “Si uno va a ejercer su derecho de defensa, que lo haga diciendo la verdad”, afirmó el ministro de Justicia.

Por último, Garavano dijo que el proyecto va de la mano de los procesos orales que están comenzando a darse tanto en materia civil como penal. “Al estar frente al juez es muy difícil mentirle en la cara. En el proceso escrito el papel resiste cualquier cosa, pero mentirle cara a cara al juez y a la otra parte es algo que cada vez está empezando a reducirse, y este proyecto ayuda a generar este cambio cultural para tener un sistema de justicia que resuelva los conflictos, y los resuelva en serio”, aseveró el ministro de Justicia.

El texto del proyecto de ley señala que el imputado “puede callar, pero no mentir, abstenerse de colaborar positivamente con la Justicia, pero no obstruir la causa con mentiras”.

La iniciativa establece penas un mes a cuatro años de prisión y multa de 96 mil pesos a 300 mil a quien siendo parte de un proceso judicial o administrativo a sabiendas afirme una falsedad o niegue la verdad en todo o en parte. La misma pena se aplicará al abogado, testigo, perito o intérprete que lo haga. Si el hecho es cometido en una causa criminal en perjuicio del imputado, la pena se agrava con una escala penal de dos a diez años de prisión y multa de hasta 600 mil pesos.

Infobae

Rodríguez Campos ya es la nueva vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán
La abogada juró en reemplazo del renunciante René Goane. “Mi compromiso es honrar con mucha responsabilidad y trabajo este cargo tan importante”, afirmó tras la ceremonia mientras en las afueras de tribunales se producian manifestaciones en contra.

La abogada Eleonora Rodríguez Campos juró este martes como vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, en reemplazo del renunciante René Goane.

El acto de juramento en el Palacio de Tribunales fue encabezado por el presidente de la Corte, Daniel Posse, y los vocales Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Leiva. También estuvieron presentes Edmundo Jiménez (ministro Público Fiscal) y Washington Navarro (ministro Pupilar y de la Defensa).

Además de los integrantes el Poder Judicial, el gobernador Juan Manzur presenció la ceremonia junto a Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia. “Después de haber pasado por todas las instancias que establece la Constitución de la Provincia, la doctora Eleonora Rodríguez Campos ha comenzado su tarea como vocal de la Corte Suprema de Justicia. Puedo dar fe, por los trabajos que realizamos en conjunto con Eleonora, que es una mujer con aptitudes para desarrollar un buen trabajo en la Suprema Corte de la Provincia”, expresó el funcionario.

Por su parte, la flamante vocal sostuvo: “Mi compromiso es honrar con mucha responsabilidad y trabajo este cargo tan importante. Hay que devolverle la confianza a la gente en la Justicia, trabajar en la tutela efectiva del ciudadano y revisar el factor tiempo a la hora de la llegada de la Justicia; hay muchas herramientas que hay que utilizar, como la oralidad, pero además hay otras, como la digitalización que aporta a la transparencia y eficiencia”, señaló.

Mientras tanto, en las afueras del palacio de justicia, un grupo de radicales se manifestó en contra de la designación.»Vinimos a repudiar los ataques que recibe constanmente la Justicia por parte del Poder Ejecutivo, pero también a decirle a los tucumanos que vamos a luchar hasta el final por recuperar una Justicia independiente», señaló el legislador José María Canelada.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó sin prisión preventiva al periodista Daniel Santoro por su supuesta vinculación con la organización que integraba Marcelo D’Alessio, que se dedicaba a realizar espionaje ilegal, según confirmaron fuentes judiciales . Además, embargó los bienes del periodista por tres millones de pesos.

En la resolución, Ramos Padilla procesó a Santoro por presunta coacción y tentativa de extorsión en la causa que investiga supuestos actos de espionaje ilegal y extorsión sobre distintos empresarios. El juez señaló que el periodista habría participado de al menos tres hechos, pero sostuvo que no formó parte de la asociación ilícita, por lo cuál, le dictó la falta de mérito por ese delito.

A Santoro se lo investiga como partícipe necesario de los delitos de coacción y extorsión en perjuicio del exdirectivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat y del empresario Mario Cifuentes en el marco de la causa conocida como el caso D’Alessio. .

El mes pasado, Santoro declaró ante Ramos Padilla en el juzgado de Dolores y negó la presunta vinculación con la banda que integraba el falso abogado Marcelo D’Alessio, detenido por extorsión y espionaje ilegal, y que desconocía las tareas que llevaba adelante esta organización delictiva.

«D’Alessio usó mi nombre sin mi consentimiento. Fue fuente mía para cuatro o cinco notas, pero soy totalmente ajeno a los delitos que le imputan», sostuvo el periodista.

Ramos Padilla consideró probado en su resolución que la banda «requirió la participación de Santoro» para llevar a cabo la extorsión contra Brusa Dovat y Cifuentes. El juez expuso durante más de 250 páginas distintas pruebas sobre el supuesto rol del periodista, así como chats y fotos que lo vinculan con D’Alessio.

«Existió una coordinación entre lo actuado por la asociación ilícita y las conductas llevadas a cabo por Santoro al punto tal que las acciones de éste favorecieron los planes extorsivos que llevó adelante la organización durante más de dos años. La actividad de Santoro se constituyó como una herramienta fundamental de la organización para consumar sus planes ilícitos, ya sean extorsivos o de «blanqueo» y/o direccionamiento de información en el circuito legal», escribió Ramos Padilla.

El juez primero se pregunta durante la resolución sobre el conocimiento de Santoro sobre estos planes y después asegura que los hechos «dan cuenta del conocimiento que tuvo de que con su actividad llevaba adelante un aporte significativo para la concreción de los planes criminales».

El empresario Cifuentes, dueño de la firma OPS, relató ante la Justicia que en medio de la extorsión de D’Alessio, el falso abogado le adelantó que sería mencionado en un programa de televisión. Esa noche, Santoro nombró a la firma OPS en medio de otra noticia, como una supuesta equivocación. Al día siguiente, D’Alessio volvió a alertar al empresario -siempre según su testimonio- y el periodista volvió a mencionar a OPS.

Apoyo a Santoro
La citación a indagatoria de Santoro había despertado la reacción de distintos sectores de la sociedad, que reclamaron que la Justicia está criminalizando la actividad periodística. Más de 400 periodistas firmaron una solicitada en apoyo de Santoro, entre ellas, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

El periodista había dicho antes de la indagatoria que su citación era una maniobra para perjudicar la investigación de casos de corrupción, como la de los cuadernos de las coimas, un expediente que instruyó el fiscal Carlos Stornelli, también salpicado por el caso D’Alessio.

La Nación

La constitucionalidad del Auxiliar Fiscal fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que con las firmas de los vocales Antonio Estofán, Daniel Leiva y Claudia Sbdar (votó en disidencia parcial), hizo lugar al Per Saltum oportunamente presentado por la Fiscal en lo Penal de Instrucción Especializada en Homicidios de la Iª Nominación, Adriana Giannoni, contra la resolución emitida el pasado 21 de febrero, por la Jueza en lo Penal de Instrucción de la Vª Nominación, Carolina Ballesteros, quien había cuestionado la delegación de facultadas dispuestas por la doctora Giannoni al Auxiliar Fiscal Juan Pablo Godoy para intervenir en una audiencia.
Al imperio de esta decisión el rol del Auxiliar Fiscal cobra legítima vigencia. Así lo consideró la Corte Suprema, que en la resolución del Per Saltum hace alusión a la Ley 9.172 publicada el 15 de abril de 2019, cuyo artículo 1, modificó el artículo 94 septies de la Ley Nº 6.238, que quedó redactado de la siguiente manera:
“Los Auxiliares de Fiscales podrán realizar todos los actos autorizados a los Fiscales Penales por el Código Procesal Penal de Tucumán vigente en cada una de las circunscripciones jurisdiccionales de la Provincia, mediante la respectiva delegación de funciones. Se exceptúa de dicha delegación los requerimientos de elevación a juicio y de sobreseimiento; el hecho diverso y la ampliación del requerimiento de acusación; como así también los pedidos de absolución, condena y pena. Los Auxiliares de Fiscales actuarán bajo las instrucciones, dirección y supervisión del Fiscal Penal Titular, sin perjuicio de la responsabilidad personal que pudiere caberle por conducta negligente o comisión de un acto irregular en el desempeño de sus funciones. Cualquier aspecto concerniente al Auxiliar de Fiscal podrá ser determinado mediante reglamentación que efectuará el Ministro Público Fiscal. La designación de los Auxiliares de Fiscal se efectuará por resolución del Ministro Público Fiscal teniendo en cuenta las necesidades de servicio”.
De conformidad con lo expresado, el ordenamiento jurídico local concedió a los órganos encargados de la acusación pública un asistente a efectos de que les colabore en actos procesales específicos, más siempre bajo la estricta dirección y supervisión de sus titulares.

AVAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS PARA EL AUXILIAR DE FISCAL

La constitucionalidad del Auxiliar de Fiscal cuenta con el aval del Colegio de Abogados de Tucumán, entidad que en nota remitida al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Pupilar de la Defensa, puso en conocimiento sobre la resolución emanada del Consejo Directivo de la entidad, que con fecha 24 de abril de 2019 informó que “las designaciones realizadas y a realizar, bajo ningún punto de vista van a tener reserva de acción de inconstitucionalidad”.

En la siesta del 13 de enero de 2016 y en el intento de alquilar su departamento de calle san Juan al 600 de nuestra ciudad, una mujer mostraba el inmueble a un probable inquilino, que a la postre terminó siendo su agresor, para robar sus pertenencias y además amputarle el dedo de una mano para sustraerle un anillo de oro.

Por ese hecho el individuo fue condenado a 10 años de prisión. Sobre el particular, el Fiscal de Cámara, Carlos Saltor, encargado de llevar adelante la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF), comentó que “el imputado, Mauro Ezequiel Godoy, escuchó la sentencia emitida por unanimidad por el Tribunal de la Sala VI de la Cámara Penal. Llegó al debate acusado de haberle propinado una feroz golpiza a una mujer (su identidad se reserva) para robarle en un departamento de San Juan al 600”.

El hecho

Comentó el representante del MPF que se trató de un caso muy cruento que sensibilizó a la población. Una mujer que alquilaba un departamento publicó un aviso en un diario. Un supuesto interesado se contactó con ella y coordinaron un encuentro. Esta persona ingresó al departamento junto a la víctima, y una vez que estuvieron solos, comenzó a golpearla.

También admitió Saltor, que la violencia y saña que ejerció este individuo sobre su víctima derivó en que la misma tuviera que ser sometida a seis cirugías en su rostro para poder reconstruirlo, debido al daño recibido. “No obstante, el momento de mayor gravedad se dio cuando este sujeto, que ya se había apoderado de las pertenencias de la víctima, tuvo la cruenta idea de cortarle un dedo con un cuchillo sierrita para apoderarse de un anillo”, agregó.

La labor del ECIF

“El MPF trabajó para que el caso tuviera una solución judicial. Además, valoro la aplicación de nuevas tecnologías en las investigaciones que permiten, por ejemplo, realizar búsqueda de datos que antes no se podían obtener. El Ministerio Fiscal ha logrado en el ECIF (Equipo Científico de Investigaciones Fiscales), un grupo de técnicos muy preparados y profesionales. Hicieron cruces de llamadas desde los teléfonos con lo que habían estado comunicándose con la víctima cuando puso la propiedad en alquiler. Además, cuando los investigadores ingresaron al departamento tras el hecho, encontraron una campera con pelos que fueron comparados genéticamente con el sospechoso vía ADN, confirmando que eran suyos”, precisó el fiscal Saltor.

MPF

El jurado en el juicio ante el Tribunal Oral Criminal Nº3 consideró que Lino Villar Cataldo es «no culpable» de haberle quitado la vida con cuatro disparos al ladrón Ricardo Krabler.

Luego de cuatro audiencias ante el Tribunal Oral Criminal Nº3 de San Martín, Lino Villar Cataldo -el médico que mató de cuatro tiros al ladrón Ricardo «Nunu» Krabler que intentó robarle el auto en 2016 en su casa del barrio Libertador-fue considerado «no culpable» del hecho por decisión de un jurado popular.

A lo largo del proceso, Villar Cataldo sufrió un fuerte revés cuando varios peritos balísticos, incluída Leticia Pons, analista de la Policía Bonaerense, desmintieron que le había disparado a Krabler desde el suelo como sostuvo históricamente. Los peritos del caso determinaron que las balas entraron «desde arriba hacia abajo» desde una distancia máxima de un metro. El arma del ladrón, un «pistolón» que eran caños soldados sin capacidad para disparar, fue encontrada bajo el cadáver de Krabler, que murió sentado en el asiento de conductor.

La fiscal del juicio, Noemí Carreira, había pedido que sea considerado culpable por homicidio en exceso de legítima defensa, luego de cambiar la calificación original de homicidio simple.

La querella de Silvia, madre de Krabler, pidió la condena por homicidio simple agravado por el uso de arma.

«Es un asesino matriculado», lo calificó Silvia Krabler a Villar Cataldo: «Los quiero ver a los jurados en mi lugar». Los familiares de Villar Cataldo aplaudieron al oír el veredicto. Su hermano Jorge aseguró: «Su familia se destruyó, mi hermano tiene miedo, siempre hubo amenazas, tengo miedo que las represalias sean sobre sus hijos».

El defensor Szpigiel aseguró en su alegato: «Nadie tuvo la intención de matar. Cuando te están apuntando, te golpean, te arrastran, vos te defendés como podés. La propia fiscalía ya abandonó la figura del homicidio simple porque se dio cuenta de que no hubo intención. Lino reaccionó como pudo».

El abogado continuó: «Acá te quieren convencer de que ocurrió algo que no pasó. Nadie pone un pistolón debajo de su cuerpo para manejar. No te dejes convencer de eso. Cuando vos ves que Lino no reaccionó es legítima defensa. No se vio el momento del hecho. Solo son posibilidades y ante la duda, se beneficia a Lino… El sentido común es lo que debe primar en ustedes. La certeza de que se haya excedido no existe. Acá cada uno eligió dónde estar. Lino trabajando y el otro robando.»

Patricia Bullrich, ministra de Segurida de la Nación, aseguró en su cuenta de Twitter: «El jurado popular absolvió al médico Villar Cataldo: es un verdadero acto de Justicia. Desde el primer día sostuve que el Estado lo iba a cuidar, y este fallo da cuenta de que estamos acá para proteger a la víctima, no al victimario».

El crimen de una ciudadana taiwanesa, ocurrido hace un año en la ciudad de San Isidro de Lules, ya tiene todas las diligencias investigativas preparatorias finalizadas, motivo por el cual se formuló el requerimiento de elevación a juicio de la causa..
Así se informó desde el Ministerio Público Fiscal, habida cuenta de que la doctora Adriana Giannoni, quien subroga la Fiscalía Especializada en Homicidios II, consideró que del análisis de la investigación surge mérito suficiente para formular requerimiento de elevación a juicio por este delito, seguido contra Ezequiel Oscar Toledo, Diego Exequiel Méndez y Gabriel Antonio Páez, por el homicidio en ocasión de robo, con el agravante de haber utilizado un arma de fuego, en carácter de coautores del hecho, en razón que se reúnen los elementos objetivos y subjetivos exigidos por los referidos tipos penales, teniendo como víctima a la ciudadana Shuchu Liu.

El hecho imputado consiste en que en fecha 5 de abril de 2018, a las 2.30 horas, aproximadamente, Toledo, Méndez, Páez y un menor de edad, previo acuerdo de voluntades y división de tareas, empezaron a forzar la puerta de ingreso de la cocina del domicilio, sito en el barrio Villa del Carmen, Departamento Lules, lugar de residencia de Lee Hong Yen y Shuchu Liu, con intenciones de ingresar al mismo y sustraer ilegítimamente elementos de su interior.

Tal situación fue advertida por Lee Hong Yen, quien sacó una pistola calibre 9 milímetros, de la que tenía legal portación, con la que, a través de la ventana de la cocina, comenzó a hacer disparos para evitar que los delincuentes ingresaran a la vivienda. Los individuos, con armas de fuego tipo escopetas, comenzaron a disparar, impactando un proyectil en la nuca de Shuchu Liu, quien se encontraba en la cocina, lo que le ocasionó su muerte por traumatismo encéfalo craneal grave motivado por un proyectil de arma de fuego. En ese momento los acusados se dieron a la fuga del lugar.

Los sospechosos fueron detenidos en diferentes medidas dispuestas durante la instrucción del caso. Entre los elementos de valor al formular el requerimiento de elevación a juicio, se encuentran: el testimonio de un cuidador de una finca que observó a los presuntos autores del ataque cuando escapaban, la declaración de un testigo de identidad reservada que ubicó a las personas que habían cometido el hecho en tiempo, modo y lugar, y el relato de uno de los imputados (resultó herido durante el hecho); además de las pericias balísticas y otras medidas.

MPF

El Ministerio Público Fiscal (MPF) tendrá acceso al monitoreo de las imágenes de las Cámaras de Seguridad que funcionan en distintos puntos de la Capital y que se encuentran bajo la órbita de la Policía de la provincia. Esta posibilidad surge tras el convenio que firmaron el MPF y el Ministerio de Seguridad.

La puesta operativa de esta nueva herramienta para la investigación judicial, se pondrá en marcha mañana jueves, 7 de marzo, a las 10.30 horas, en los Tribunales Penales de avenida Sarmiento al 400.

Las imágenes de las Cámaras serán recepcionadas a través de fibra óptica y podrán ser observadas en tiempo real en el MPF, como así también acceder al material que se encuentra grabado.