El gobierno de Santa Fe dispuso a través de un decreto la suspensión de las licencias de policías debido a las recientes ataques contra jueces. El martes próximo comenzarán las audiencias de apelación en el juicio contra Los Monos en el Centro de Justicia Penal, que fue tiroteado el sábado de la semana pasada. Toda la zona está cortada al tránsito desde hace siete días.

Esta decisión del gobierno no cayó nada bien en las filas policiales. La medida requerida por el Secretario de Seguridad Pública Omar Pereyra y firmada por el gobernador Miguel Lifschitz establece la suspensión de licencias “ordinarias, extraordinarias o excepcionales”, salvo en los casos de mujeres que estén en periodo de lactancia o cursen un embarazo.

El decreto también prohíbe la utilización de teléfonos celulares y cualquier tipo de dispositivos electrónicos en el horario de trabajo para quienes realizan tareas de custodia, seguridad y patrullaje a pie, debiendo cada efectivo dejar esos elementos en la dependencia en que vayan a tomar servicio.

Otro hecho llamativo se produjo el viernes a la tarde en la cárcel de Piñero, donde están detenidos los miembros de la banda de Los Monos. En el penal, que está ubicado a unos 25 kilómetros de Rosario, se produjo un principio de motín, luego de que los internos comenzaron a prender colchones en repudio a las requisas que se incrementaron durante los últimos días. Los incidentes se desencadenaron en el Pabellón N°1, donde dos presos sufrieron quemaduras tras prender fuego unos colchones.

El viernes la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció que se implementará en Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia, un programa destinado a controlar de manera más estricta a líderes de bandas narcocriminales que siguen manejando el negocio dentro de las cárceles.

“Consideramos que las personas que adentro de una cárcel siguen manejando una banda como si estuvieran afuera tienen que entrar en un programa especial, tener restricciones distintas a otros presos cuyo objetivos es la resocialización y que vuelvan a la sociedad sin volver a delinquir”, afirmó la funcionaria.

La ministra apunta a los controles sobre las visitas y el incremento de requisas para evitar que los presos tengan teléfonos celulares dentro de los penales, con los que pueden seguir manejando los hilos de las organizaciones criminales.

Bullrich hizo alusión puntualmente sobre el caso del líder de Los Monos, Ariel Máximo Cantero, a quien acusan de ser el ideólogo de los atentados contra los jueces y funcionarios judiciales. Unas horas antes de la llegada de Bullrich se produjo un nuevo ataque al domicilio del padre de la magistrada Marisol Usandizaga, que ya sufrió cuatro atentados.

La Nación

La situación de Cristian Pity Álvarez no mejora. Tras su detención por el homicidio de Cristian Díaz, al excantante de Viejas Locas le desvalijaron su departamento en Lugano. La propiedad estaba deshabitada pero todavía permanecían algunas pertenencias del cantante. La policía intenta determinar si fue un robo o una venganza.

Enterada del episodio de inseguridad, la madre del cantante, Cristina Álvarez, se acercó al lugar para constatar los hechos. En diálogo con los medios, reveló que el departamento “está muy destruido, y ya en el allanamiento policial se llevaron cosas que no se tendrían que haber llevado, como la computadora”. Ahora, la propiedad cuenta con custodia policial y la mujer contó que tuvo que cambiar la cerradura y deberá cambiar la puerta.

A casi un mes de su detención por el homicidio de Díaz, la mamá del músico dijo que Álvarez “ya sabe del robo” y agregó: “Es muy ciclotímico y hay que tener cuidado con lo que se le dice. Todavía está atravesando la abstinencia a las drogas”. Por otro lado, Cristina contó que Álvarez transita hasta el momento un período sin inconvenientes desde que fue detenido. “No tuvo ningún tipo de problemas con otros internos”.

La madre del cantante sostiene que el fatídico episodio que derivó en la muerte de Díaz y la posterior detención de Álvarez “fue culpa de las drogas”. El juez a cargo de la causa no coincidió con esa apreciación: lo declaró imputable, lo embargó por un millón de pesos y le dictó la prisión preventiva por el crimen cometido el 8 de julio.