Funcionarios estatales realizaron un amplio operativo en la zona de Ticucho y detectaron ocupaciones no autorizadas, alambrados indebidos, emprendimientos turísticos sin habilitación y hasta un detenido. El lugar busca desarrollarse turísticamente, pero enfrenta un complejo escenario legal.

A tan solo 35 kilómetros de la capital tucumana, en la tranquila localidad de Ticucho, se desató un conflicto que podría frenar el avance turístico en la zona. Autoridades provinciales detectaron la instalación de un lujoso «glamping» construido en terrenos fiscales y sin ningún tipo de autorización. El operativo, liderado por la Unidad Ejecutora de la Fiscalía de Estado, dejó además notificaciones de desalojo, advertencias legales y un detenido por resistencia ante el accionar policial.

Ticucho, que pertenece a la comuna de Tapia y limita con El Cadillal, es una de las zonas más postergadas de la región. Sin embargo, su cercanía al lago y su paisaje natural despertaron el interés de particulares que, amparados en vacíos legales o reclamos dudosos de propiedad, avanzaron con proyectos de ocupación que ahora están siendo puestos bajo la lupa.

Un glamping oculto en terrenos del Estado

Uno de los hallazgos más llamativos del operativo fue un sofisticado glamping denominado “La Puerta del Sol”. Este tipo de emprendimiento —una fusión entre camping y hotel de lujo— suele ofrecer comodidades como camas amplias, baños privados y vistas privilegiadas, lo que efectivamente ofrecían las cabañas elevadas encontradas por los agentes.

El problema es que el predio fue construido sin permisos, en tierras estatales y sin estar registrado en ninguna plataforma pública. “Hace 30 años que vengo a pescar al Cadillal y nunca lo había visto. Lo tenían escondido”, relató un lugareño. Según informaron fuentes oficiales, los responsables del glamping tienen 10 días para desocupar el terreno, caso contrario las construcciones serán demolidas.

Usurpaciones, disputas y más irregularidades

El operativo también constató alambrados ilegales entre la ruta 312 y el lago, en una zona conocida como India Muerta. Las leyes establecen una franja de protección mínima de 35 metros desde la orilla, que debe permanecer libre y bajo control estatal. Parte de esos alambrados ya fue retirada.

Entre los sectores observados se encuentra un lote cercado por un particular de apellido López, y el emprendimiento “La Soñada”, una granja ecológica que podría estar ocupando más terreno del permitido en su concesión. Ambos casos deberán ser revisados con precisión topográfica, ya que existen denuncias cruzadas y reclamos de derechos ancestrales que complican aún más la situación.

Por otro lado, se detectó una ocupación no autorizada en terrenos que originalmente habían sido cedidos al club Scania. Allí, un individuo apodado “Piquillín” comenzó a construir sin permiso alguno. Su hijo fue detenido por la Policía durante el operativo. Las autoridades intimaron al ocupante a abandonar el predio en un plazo de 10 días.

Catastro, clubes y un posible “VAR dominial”

El relevamiento fue realizado por personal de la Dirección General de Catastro con el apoyo de drones, y permitió detectar que muchos particulares habrían construido sobre tierras que en realidad pertenecen a la Nación o a la Provincia. En algunos casos, incluso, se descubrieron alambrados sin documentación que acredite el límite legal de las propiedades.

“Si existiera un VAR para definir los límites dominiales, acá lo usaríamos sin parar”, ironizó uno de los funcionarios. La referencia gráfica refleja el nivel de incertidumbre y la necesidad de revisar metro a metro el dominio de cada parcela en la zona.

Además, clubes como El Cardumen, de pesca deportiva, fueron notificados debido a concesiones vencidas. Lo mismo ocurrió con los clubes de la UNT y del Regatas, que deberán regularizar su situación ante el Ente de Turismo si desean conservar los predios que explotan.

Un futuro incierto para el desarrollo turístico

El operativo deja en claro dos cosas: que Ticucho tiene un potencial turístico incipiente, y que el Estado decidió intervenir para ordenar la situación antes de que se replique el descontrol urbano de otros destinos. Sin embargo, la falta de planificación y los múltiples conflictos por la tenencia de la tierra pueden poner en pausa ese crecimiento.

En ese sentido, las próximas semanas serán claves. La regularización de emprendimientos, el respeto a las normas ambientales y la definición legal de los dominios serán pasos esenciales para evitar una judicialización masiva del área. El Estado, por ahora, ha trazado una línea clara: desarrollo sí, pero con reglas.