Caso Lebron Group: la Justicia Federal investigará la presunta estafa piramidal
La investigación por la presunta estafa piramidal de Lebron Group pasará a la Justicia Federal luego de que la provincial se declarara incompetente al advertir que los hechos podrían exceder las estafas individuales y configurar intermediación financiera no autorizada.
La causa penal se originó luego de que alrededor de 15 personas denunciaran a Franco Alderete, titular de Lebron Group SAS, por estafa. De acuerdo a las presentaciones que realizaron en el Ministerio Público Fiscal, los damnificados entregaron al sospechoso importantes sumas de dinero como una inversión vinculada a la actividad comercial de “Lebron Suplementos”, bajo la promesa de obtener rendimientos económicos. En principio, Alderete habría acordado abonar desde un 7% mensual cuando las inversiones eran en pesos y un 3,4% cuando los ahorristas entregaban dólares.
Una parte de los denunciantes señaló que los inconvenientes comenzaron a mediados de 2023; otros, a mediados de 2024; y la gran mayoría indicó que surgieron en febrero de 2025 y se intensificaron en enero de 2026. Desde entonces, el responsable de Lebron Group comenzó a ser expuesto en las redes sociales. El monto total de la estafa piramidal superaría los $536 millones.
Alderete negó haber cometido una estafa. Reconoció dificultades financieras, pero aseguró que continúa realizando pagos y que actualmente resulta imposible afrontar las exigencias económicas planteadas por algunos denunciantes. Explicó que no había estafado a nadie, sino que, por diferentes problemas, no pudo cumplir con los contratos. En paralelo a la denuncia penal, se acercó al fuero civil y el pasado 5 de julio presentó oficialmente el pedido de quiebra.
Incompetencia
El legajo estaba a cargo de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II. A medida que avanzó la pesquisa, el fiscal Diego Hevia advirtió los hechos investigados excedían a una estafa individual y podrían encuadrarse en el delito de intermediación financiera no autorizada, una figura que excede las limitaciones del MPF. Por ello solicitó que la justicia ordinaria se declare incompetente y el caso pase a manos de la Justicia Federal.
Resolución
Luego de analizar el pedido, el juez Bernardo L’Erario Babot resolvió hacer lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y declarar la incompetencia de la Justicia Penal Ordinaria para seguir interviniendo en el caso. En consecuencia ordenó remitir las actuaciones a la Justicia Federal para que continúe con la investigación de los hechos.
Según explicó el magistrado en su sentencia, el delito que se investiga podría ir más allá de una serie de estafas individuales y tratarse de un caso en el cual una o más personas captaron el dinero de los damnificados para invertirlos y generar rendimientos, sin estar habilitado por el Banco Central para hacerlo, afectando no sólo la economía de cada inversor sino la confianza en todo el sistema financiero.
Además consideró que escindir la investigación, dejando las estafas en la justicia ordinaria y la intermediación financiera en la Federal, afectaría la unidad de la investigación y llevaría a un análisis parcial de los hechos.
