El Ejecutivo municipal y el Concejo refuerzan el trabajo conjunto para dar soluciones a edificios sin final de obra
Con el objetivo de reforzar el trabajo articulado y avanzar en soluciones para los vecinos, funcionarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y concejales de la capital mantuvieron este miércoles una reunión de trabajo para analizar la situación de los edificios que todavía no cuentan con certificado de final de obra.
Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en la necesidad de profundizar los controles, evaluar cada caso en particular y desarrollar herramientas que permitan regularizar las construcciones sin comprometer la seguridad de sus ocupantes.
La reunión se desarrolló en el Concejo Deliberante, con la participación de integrantes de las comisiones de Obras Públicas y de Planeamiento, junto a representantes de distintas áreas del Departamento Ejecutivo Municipal. La convocatoria respondió a una resolución aprobada por unanimidad durante la última sesión del cuerpo legislativo, mediante la cual se solicitó información sobre el estado de las edificaciones de la ciudad.
Uno de los principales datos expuestos durante la jornada fue que, de aproximadamente 1.450 edificios relevados en San Miguel de Tucumán, 254 no cuentan con certificado de final de obra, aunque las situaciones detectadas presentan distintos niveles de complejidad y riesgo.
En ese marco, se acordó mantener una escucha activa, profundizar el intercambio de información técnica y avanzar en un esquema de colaboración que permita diferenciar las situaciones que podrían resolverse mediante adecuaciones administrativas de aquellas que requieren estudios específicos por posibles riesgos para la integridad física de las personas.
Controles coordinados entre las áreas municipales
El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández, destacó la importancia de la convocatoria y valoró la posibilidad de compartir con los concejales las acciones que viene desarrollando el Municipio a través de sus áreas técnicas. «Es muy importante y celebro esta invitación que nos hayan realizado porque también venimos a mostrar cuál es el trabajo que se viene realizando en forma articulada con la Dirección de Catastro y Dirección de Defensa Civil», expresó.
El funcionario explicó que los relevamientos y controles forman parte de una política de prevención que no se limita a los edificios de altura, sino que también comprende locales bailables e instituciones educativas. «Si bien ahora intensificamos los controles en cuanto a lo que es edificios, ya veníamos trabajando en forma mancomunada con Catastro», remarcó.
Fernández consideró que el encuentro permitió fortalecer el intercambio institucional y abrir la posibilidad de introducir modificaciones en la normativa vigente, en caso de que resulten necesarias para abordar las situaciones detectadas. «Esto puede llegar a dejar un precedente histórico muy bueno para poder compartir y trabajar en forma mancomunada con el Ejecutivo», sostuvo.
Asimismo, señaló que los concejales manifestaron su disposición a colaborar en la elaboración de nuevas ordenanzas o en la revisión de las actuales, con el propósito de acompañar las tareas de fiscalización y regularización.
Un diagnóstico indispensable
Por su parte, el coordinador de la Secretaría de Obras Públicas municipal, Luis Lobo Chaklián, resaltó la importancia de recuperar un ámbito de diálogo entre el Ejecutivo y el Concejo para abordar problemas que, en muchos casos, se arrastran desde hace años. «Hace muchísimo tiempo que no nos sentábamos a charlar Ejecutivo con Legislativo sobre las problemáticas que hay de toda una edificación y de todas unas actividades que están ejerciendo, pero que no están habilitadas», manifestó.
El funcionario explicó que durante la reunión se analizaron las distintas causas por las cuales determinados edificios todavía no obtuvieron su certificado de final de obra.
Según indicó, entre las aproximadamente 1.500 edificaciones de la ciudad existen más de 200 que presentan dificultades de distinta naturaleza.
En ese sentido, explicó que se comenzó a trabajar sobre una metodología que permita identificar cuáles de esas construcciones podrían regularizarse mediante el cumplimiento de requisitos pendientes y el pago de las sanciones correspondientes, y cuáles presentan condiciones de mayor peligrosidad que impiden avanzar con su habilitación.
Lobo Chaklián valoró especialmente el clima de colaboración entre la gestión municipal encabezada por la intendente Rossana Chahla y el Concejo Deliberante, presidido por Fernando Juri.
Respecto de los próximos pasos, anticipó que el Ejecutivo deberá presentar un informe más exhaustivo para clasificar las irregularidades detectadas según su gravedad. «Queremos separar justamente aquellos que son muy graves para diferenciarlos, que tengan un estudio especial, y a todos los otros que son cuestiones mínimas se les pueda dar un instrumento más rápido para habilitarlo», explicó.
Entre las observaciones de menor complejidad mencionó diferencias en superficies construidas, cocheras y dimensiones de determinados espacios, mientras que las situaciones de mayor riesgo requerirán evaluaciones técnicas específicas.
También adelantó que el Concejo Deliberante asumió el compromiso de avanzar en el análisis de una ordenanza que permita normalizar las situaciones que puedan ser subsanadas.
«Lo fundamental es la seguridad de las personas»
El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, destacó que la convocatoria permitió conocer en detalle el relevamiento elaborado por las dependencias municipales y avanzar en una evaluación individual de los edificios que presentan irregularidades. «De 1.450 edificios, aproximadamente, que tiene la capital tucumana, hay aproximadamente 250 edificios sin final de obra», señaló durante la reunión, y precisó posteriormente que el relevamiento identifica 254 inmuebles en esa situación.
El titular del cuerpo legislativo explicó que no todas las infracciones tienen las mismas consecuencias y que, por ese motivo, será necesario distinguir entre incumplimientos administrativos y situaciones que puedan comprometer la estabilidad de las construcciones o las condiciones de evacuación.
En ese sentido, sostuvo que el Concejo podría evaluar excepciones mediante ordenanzas cuando se trate de irregularidades subsanables que no impliquen riesgos para los habitantes.
«Mediante ordenanza se podría aprobar la excepción en tanto y en cuanto no signifique una inseguridad para las personas», afirmó.
Como contrapartida, advirtió que las construcciones que excedieron considerablemente los planos aprobados o que carecen de estudios técnicos indispensables deberán someterse a controles más rigurosos antes de obtener cualquier autorización.
Juri también buscó llevar tranquilidad a los vecinos que habitan edificios sin final de obra y aclaró que la intención del trabajo conjunto no es impulsar desalojos generalizados. «El desalojo de una propiedad, ya sea horizontal o no, tiene que ser en la situación última porque en realidad está en peligro la vida de las personas», explicó.
Al mismo tiempo, reconoció que existen antecedentes de empresas constructoras que recibieron multas por incumplimientos y que, pese a las sanciones, no regularizaron sus situaciones.
Frente a este escenario, insistió en que la responsabilidad no recae únicamente sobre el Estado, sino también sobre las firmas encargadas de ejecutar las obras conforme a los proyectos autorizados.
Beneficio para los vecinos
A su turno, el concejal Federico Romano Norri, presidente de la Comisión de Planeamiento, Desarrollo Urbano e Innovación Tecnológica, puso el foco en las consecuencias que estas irregularidades generan para las familias que adquirieron sus viviendas de buena fe y que, en muchos casos, no pueden acceder a las escrituras correspondientes.
El edil consideró que la situación tiene su origen, en la mayoría de los casos, en incumplimientos de empresas constructoras que avanzaron con obras sin respetar plenamente las condiciones autorizadas. «El que ha comprado de buena fe, con un esfuerzo y sacrificio de toda una vida, quiere acceder a su vivienda y hoy no tiene escritura. Así que, en función de eso, queríamos ver de regularizar esta situación», expresó.
Romano Norri destacó que la convocatoria contó con el acompañamiento de todos los bloques políticos del Concejo y permitió recibir información de las áreas municipales de Catastro, Defensa Civil y Obras Públicas.
Asimismo, explicó que las irregularidades comprenden desde faltantes de matafuegos, luces de emergencia o rampas de accesibilidad hasta problemas que pueden comprometer la seguridad de los habitantes y de terceros.
También advirtió sobre la situación de edificios que no cuentan con conexiones individuales regularizadas de servicios públicos, lo que obliga a sus ocupantes a utilizar garrafas o distribuir entre las unidades el importe de una factura de electricidad. «Nosotros no venimos a sentarnos a conversar para solucionarle nada a las empresas, sino a los ciudadanos que compraron de buena fe, que han vivido de manera irregular, que tienen la necesidad de poder contar con la escritura de su hogar y que tienen la necesidad de poder vivir en condiciones de seguridad que no le implique ningún riesgo», enfatizó.
El concejal también señaló que la problemática alcanza tanto a construcciones antiguas, cuyos sistemas pueden haber quedado obsoletos, como a edificios más recientes que presentan deficiencias en los controles o en el cumplimiento de las exigencias técnicas.
Por último, vinculó la búsqueda de soluciones con el proceso de actualización del Código de Planeamiento Urbano, previsto para el próximo año. «Es muy importante que hoy Concejo Deliberante con el Municipio intentemos articular cuáles son los mecanismos y de qué manera a través de una ordenanza permitimos que puedan subsanar esa situación para poder contar con esa escritura que hace tantos años merecía», sostuvo.
