La Corte nacional declaró inconstitucionales artículos del DNU 70 de Milei que liberaron las cuotas de las prepagas
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dejó sin efecto dos artículos del DNU 70/23, firmado por Javier Milei, que habilitaron a las empresas de medicina prepaga a establecer libremente los precios de sus cuotas, sin el control que ejercía el Estado nacional.
La decisión, adoptada por unanimidad, ratificó parcialmente un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucionales los artículos 267 y 269 del decreto, al considerar que eliminaron las facultades estatales de regulación sobre los valores de los planes de salud.
El caso se originó a partir del reclamo de una afiliada que denunció un incremento del 110% en la cuota de su cobertura médica entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según planteó, si se hubiera aplicado una resolución previa del Ministerio de Salud de la Nación, el aumento correspondiente a enero de ese año habría sido del 6,26%, consignó el diario «La Nación».
La causa llegó al máximo tribunal a través de recursos presentados tanto por la empresa de medicina prepaga demandada como por el Estado Nacional. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirmaron la inconstitucionalidad de los dos artículos cuestionados, aunque revocaron la parte de la sentencia que obligaba a la firma a limitar los aumentos al porcentaje que arrojara el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Con esta resolución, la Superintendencia de Salud deberá volver a ejercer sus atribuciones para revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones, además de fiscalizar y garantizar que los incrementos sean razonables. El fallo establece que las subas deben estar justificadas por variaciones en la estructura de costos y por un razonable cálculo actuarial de riesgos.
En sus fundamentos, la Corte recordó que las facultades legislativas del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) son excepcionales y deben estar debidamente justificadas. En este caso, sostuvo que los considerandos del DNU no explicaron de manera suficiente las circunstancias que motivaron los cambios introducidos en el sistema de medicina prepaga.
El tribunal consideró que invocar una supuesta “crisis del sistema de salud” y la necesidad de “aumentar la competitividad del sistema” mediante la liberación de las restricciones de precios no constituye una fundamentación suficiente para recurrir a un decreto de necesidad y urgencia.
Según los jueces, esas argumentaciones genéricas no acreditaron la existencia de una urgencia que exigiera adoptar las medidas de manera inmediata, en un plazo incompatible con el trámite legislativo ordinario.
Tampoco demostraron una relación concreta entre la emergencia económica y social invocada por el Gobierno y la necesidad de eliminar las facultades de control de la autoridad de aplicación.