Un año de prisión efectiva para una mujer, por estafar con viviendas, vehículos y cargos públicos
La Fiscalía y la defensa de la mujer imputada, acordaron un juicio abreviado tras reunir pruebas sobre cinco hechos ocurridos entre 2022 y 2026 en los que se exigió dinero a cambio de adjudicaciones habitacionales, rodados recuperados y gestiones laborales.
La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal, a cargo del fiscal titular Diego Alejo López Ávila, representado por la auxiliar fiscal Emely Rafael, acordó un juicio abreviado con la acusada Nancy Rossana Zelaya (59). El convenio, firmado el 18 de noviembre de 2026, propone una pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo como autora de estafas reiteradas y una reparación económica total de $2.500.000.
El modus operandi
Según la investigación, la imputada (empleada administrativa del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán) aprovechó vínculos previos, espacios de militancia barrial y entornos religiosos para generar confianza y reclamar pagos en efectivo o transferencias bajo falsas promesas. Los informes incorporados al expediente indicaron que ni ella ni los supuestos contactos mencionados integraban el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU), organismo que además señaló que no utiliza gestores para adjudicar casas.
Las maniobras investigadas abarcaron distintos rubros:
Viviendas sociales: Ofrecimiento de casas o adjudicaciones en Lomas de Tafí a cambio de dinero por supuestos trámites, gestiones con abogados, conexión de medidores y visitas de asistentes sociales, sin que las entregas se concretaran.
Vehículos y maquinaria: Promesa de acceso a rodados recuperados del delito (entre ellos una camioneta y un tractor que supuestamente estaba en Delfín Gallo), invocando contactos con policías y autoridades de Transporte y cobrando por sellados, trámites y VTV sin entregar los bienes.
Puestos laborales y préstamos: Gestión prometida para un cargo auxiliar en una escuela a cambio de dinero en efectivo, sumada a la intermediación para tomar un crédito financiero bajo el argumento de gastos médicos y de un familiar, cuyas cuotas luego no se abonaron según lo pactado.
Pruebas y términos del acuerdo
El caso se apoyó en denuncias, mensajes y audios de WhatsApp, comprobantes de transferencias, recibos, informes de organismos públicos y el análisis forense del teléfono celular secuestrado a la imputada. Para definir la pena de un año de prisión efectiva, la Fiscalía valoró como agravantes la cantidad de víctimas, el abuso de la confianza y la prolongación del engaño, y como atenuantes la falta de antecedentes penales computables y la confesión de la acusada, que evita el debate oral y la revictimización.
Además de la condena y la reparación económica de $2.500.000 distribuida entre los damnificados, el acuerdo solicita el decomiso del teléfono celular secuestrado para destinarlo a una función social, la imposición de las costas del proceso a la imputada y la declaración de firmeza del fallo en la misma audiencia si es admitido por el juez.