La Justicia de Concepción investiga una de las estafas más significativas de los últimos años en el sur tucumano. Tres hombres fueron procesados por integrar una presunta asociación ilícita que habría cometido fraudes por más de $136 millones, a través de cheques electrónicos sin fondos y transferencias bancarias falsas.
La causa fue calificada como la segunda de mayor impacto en la región, sólo detrás de la investigación por la estafa piramidal de PEK Capital, actualmente paralizada por cuestiones de competencia judicial.
Todo comenzó con la denuncia del representante legal de una empresa que detectó una compra millonaria realizada con cheques sin respaldo. Los sospechosos, inicialmente, atribuyeron la operación a un error, pero pronto aparecieron más denuncias similares que encendieron las alarmas.
El fiscal Diego Hevia tomó la causa y determinó que los acusados ya tenían presentaciones en su contra en San Miguel de Tucumán y Monteros. Finalmente, se unificaron once denuncias por maniobras similares entre mayo de 2024 y febrero de 2025.
Según la acusación, los hombres usaban identidades falsas, se hacían pasar por hijos o familiares de empresarios conocidos del sur o empleados de un ingenio, y simulaban representar empresas fantasma del rubro agropecuario.
Se presentaban en importantes empresas para adquirir herramientas, materiales de construcción, maquinaria agrícola y electrodomésticos, abonando con transferencias falsas o cheques electrónicos sin fondos. Muchos de los bienes eran retirados por los mismos vehículos, y parte del equipamiento fue recuperado en allanamientos.
Entre las compras fraudulentas se identificaron herramientas y materiales por más de $50 millones, equipamiento agrícola por más de $19 millones, y al menos diez equipos de aire acondicionado valuados en más de $40 millones.
El juez Raúl Ángel Robín Márquez aceptó la imputación por asociación ilícita y estafas reiteradas contra Antonio Sebastián Coronel (30), Eduardo Ariel Aráoz (48) y Jorge Gustavo López (47). Además, ordenó la prisión preventiva por tres meses, tal como lo solicitó el fiscal, pese a la oposición de las defensas.
