La Justicia Federal investiga una presunta asociación ilícita tributaria que, desde hace más de 13 años, habría operado a través de un entramado de empresas para evadir impuestos, retener aportes previsionales de trabajadores del Ingenio La Trinidad y vaciar sociedades, según surge de un dictamen del Ministerio Público Fiscal. La maniobra habría involucrado a contadores, apoderados y administradores de firmas del sector azucarero en Tucumán, quienes enfrentarían penas de entre tres años y seis meses y diez años de prisión, según la investigación.

Rotación de sociedades

La causa se originó a partir de sucesivas fiscalizaciones de la AFIP y procedimientos penales que expusieron un esquema continuado de evasión tributaria y previsional vinculado a la explotación del Ingenio La Trinidad. Según el Ministerio Público Fiscal, “los hechos que conforman el objeto del caso denotan la existencia de un grupo de personas humanas y jurídicas que, al menos desde el año 2011 se dedican a evadir el pago de obligaciones tributarias y previsionales”. Para los investigadores, el mecanismo consistió en la rotación sucesiva de sociedades que explotaban formalmente la planta, hasta quedar vacías de ingresos activos y sin cumplir obligaciones fiscales.

De acuerdo con el dictamen, el grupo económico estaría integrado, al menos, por Mijasi SRL, Azucarera del Sur SRL, Anzuc SRL, Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA, todas vinculadas a la producción y comercialización de azúcar y derivados. “Estas empresa, luego de un período acotado, eran vaciadas de todo ingreso y actividad, al tiempo que dejaban de cumplir con sus obligaciones fiscales, tributarias y previsionales”, señaló el Ministerio Público Fiscal. Cada una asumía la actividad por un lapso, registraba empleados y operaciones comerciales, y posteriormente quedaba inactiva ante las autoridades tributarias.

Los fiscales identificaron como imputados a Ricardo Sixto Ansonnaud, Fabio Enrique Seoane, un hombre fallecido hace pocos días y dos empleados, así como a las empresas mencionadas, todas las cuales deberían responder como integrantes de la asociación ilícita. Según surge de las certificaciones administrativas, los montos evadidos por IVA y Ganancias en algunos períodos superan los $93 millones en 2017 y $109 millones en 2018 respecto de Los Chaguares SA, además de sumas millonarias en otros ejercicios y retenciones previsionales impagas.

La figura penal atribuida es la de asociación ilícita tributaria, prevista en el artículo 15 inciso “c” de la Ley Penal Tributaria, que sanciona a quien “formare parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la ley penal tributaria”. Para los fiscales, se trata de un delito autónomo, que “se consuma con la sola circunstancia de formar parte de la asociación ilícita”, sin requerir la consumación de cada delito tributario específico

Entre los acusados se destaca el contador Ansonnaud, a quien el Ministerio Público atribuye el rol de organizador: “Las constancias remitidas dan cuenta de la intervención en un rol preponderante en la toma de decisiones relativas a la explotación del ingenio”. Ansonnaud habría actuado como beneficiario fiduciario, socio gerente y vicepresidente de compañías involucradas, con participación accionaria transversal en el conglomerado. Esta condición profesional es especialmente relevante porque, según el dictamen, “su conducta debe valorarse teniendo en cuenta su especial conocimiento de la materia tributaria y previsional”.

Seoane es señalado como organizador operativo. Según la documentación secuestrada, “revistió la calidad de presidente en Los Chaguares SA, y gerente en Mijasi SRL y Anzuc SRL”.

La maniobra investigada se completaría con la apropiación indebida de aportes previsionales. De acuerdo con la AFIP, sólo respecto de Los Chaguares SA, los montos no ingresados entre 2017 y 2019 incluyen cifras millonarias mes a mes, por ejemplo casi dos millones en julio de 2017 y más de tres millones en junio de 2019. Además, se detectó subregistración y falta de declaración de horas trabajadas. Para la fiscalía, “retuvieron los aportes previsionales (que incluyen los de obra social) a sus empleados y no se depositaron en tiempo y forma”. Los investigadores enumeran distintas maniobras concretas que, en su criterio, evidencian la asociación criminal: “la ocultación maliciosa de la realidad económica de la explotación del ingenio”, “la sistemática omisión maliciosa de declaraciones juradas”, “la registración de créditos fiscales inexistentes” y “la posible evasión previsional”. En ese mismo sentido, señalan la utilización de socios sin capacidad económica que figuraban retirando azúcar del ingenio.

La investigación contó además con la intervención de la Procelac, el organismo especializado en criminalidad económica, lo que da cuenta de la complejidad patrimonial del caso. Su participación implica que se analizan no sólo delitos tributarios inmediatos, sino el eventual diseño estructural de mecanismos de lavado, vaciamiento y desvío de activos, algo habitual en expedientes de larga permanencia.

En la conclusión del dictamen, la fiscalía solicitó aplicar medidas cautelares para asegurar bienes, con el fin de garantizar eventuales decomisos y penas pecuniarias, ya que buscan “asegurar el decomiso de los bienes que han sido objeto, producto y/o provecho del delito”.

Todos los acusados ya fueron sometidos a indagatoria y ahora la Justicia debe resolver si los procesa.

«Es una investigación absurda»

Arnaldo Ahumada, defensor del empresario Sixto Ansonnaud y de las empresas vinculadas según la investigación, habló con LA GACETA sobre la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) Federal de Tucumán por asociación ilícita y evasión fiscal. Aseveró que su defendido no debe “absolutamente nada” porque todas sus obligaciones personales y las de sus empresas están cubiertas bajo un plan de pago de moratoria y blanqueo. “Y todas se están cumpliendo a rajatabla con la anuencia fiscal y la anuencia de la ARCA” , declaró el letrado, enfatizando el cumplimiento riguroso de los planes de pago que llevan tres años en ejecución.

Ahumada basó gran parte de su defensa en la legalidad de los beneficios de extinción de la acción penal que ofrecen las leyes de moratoria y blanqueo. “La ley te dice, señor, tiene que haber conformidad del Ministerio Público y conformidad de ARCA. Las dos conformidades están”, afirmó el abogado, señalando la paradoja de que la misma fiscalía que ahora impulsa la causa avaló previamente la suspensión de la acción penal. Es por esta razón que la defensa ha planteado la nulidad de la indagatoria y ha iniciado una dura batalla legal.

El abogado calificó la actuación del Estado como “absurda” y “escandalosa”, especialmente porque el Ministerio Público Fiscal ha continuado recibiendo los pagos del plan de moratoria incluso después de iniciar la causa por asociación ilícita. “¿Cómo se explica esto? No tiene explicación. Si el Estado me dice ‘ch,e vos sos miembro de una asociación ilícita’ no me tenés que cobrar más porque si no estás recibiendo vos los beneficios de la supuesta asociación ilícita”, cuestionó Ahumada, advirtiendo que está en jaque la lógica detrás de la persecución penal mientras los entes recaudadores siguen percibiendo fondos.

Según la defensa, la nueva imputación por asociación ilícita surge de manera “sorpresivamente inaudita por lo escandalosa” , sobre todo porque el propio juez había dispuesto la suspensión de la acción penal con la anuencia del fiscal, hasta que se acreditara el total cumplimiento de la moratoria. Ahumada resaltó que esta situación mina la seguridad jurídica. “Vos no le podés decir a alguien, che, si vos te sometés a este plan de blanqueo o si vos te sometes a este plan de moratoria yo te voy a suspender la acción y vos después vas a quedar sobreseído y de pronto en el medio me aparece con esta historia”, criticó. El defensor se aventuró a señalar una posible motivación detrás de la fiscalía federal de Tucumán. Ahumada sugirió que, tras la reducción de recursos o la justificación de personal que antes se enfocaba en delitos de lesa humanidad, “están tratando de justificar una actividad”. Incluso planteó la posibilidad de que estén “trabajando para alguien” o que exista una “cuestión personal” contra el empresario.

La clave de la “incoherencia” reside, según Ahumada, en la forma de actuar del Estado. Para él, si el Ministerio Público Fiscal considerara que hubo un error o que los fondos son producto de un delito, la reacción debió haber sido otra: “Si el Estado fuera coherente, ¿qué me tendría que decir? Señor, nos hemos equivocado en tal cosa, hemos otorgado mal la moratoria… salga de ahí, dejamos de percibir la plata, o devolvemos lo que ya hemos percibido… y lo sometemos a juicio. En lugar de ello, el ente recaudador sigue cobrando todos los meses”. “Me hace ruido que un Ministerio Público Fiscal armado durante un gobierno supuestamente progresista como ha sido el gobierno del kirchnerismo ahora persiga a los empresarios nacionales”.

Ahumada fue tajante al considerar que, si bien la evasión es un delito complejo, la figura de asociación ilícita que se les imputa es “casi incomprobable”. Denunció además que las consecuencias de la persecución han sido graves, incluyendo la prohibición de salida del país para su defendido. “Yo me animo a decir, que es un Ministerio Público incoherente y los jueces que avanzan también” , sentenció el letrado, insistiendo en que desde el punto de vista legal “es totalmente incomprensible”.