La Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) manifestó ante la Municipalidad de la capital la «gravísima crisis económica y financiera» que atraviesa el sistema de transporte urbano de pasajeros y advirtió que la situación «amenaza la continuidad del servicio», además de poner en riesgo la regularidad de las prestaciones. Como alternativa, elevaron un petitorio para que se analice una modificación en el sistema de retribución de subsidios, para que las empresas puedan cobrar por kilómetro recorrido.

La entidad, representada por Jorge Berretta (vicepresidente) y César Atim (secretario) sostuvo mediante un documento elevado al Municipio que el “quebranto terminal” no es producto de una mala gestión, sino la “consecuencia directa de un cúmulo de incumplimientos sistemáticos por parte del Departamento Ejecutivo Municipal”.

El documento presentado este lunes detalla cinco puntos clave que, según la Aetat, sustentan la crisis:

– Fijación arbitraria de tarifas: el municipio ha fijado las tarifas ignorando los costos operativos reales (salarios, combustible, mantenimiento) , lo cual incumple con la Ordenanza N° 400/79.

– Omisión de control al transporte ilegal: se denuncia que la municipalidad ha faltado a su deber de ejercer el poder de policía, permitiendo la “proliferación descontrolada de sistemas de transporte de pasajeros que operan al margen de toda regulación”. Mencionan específicamente la operación de vehículos a través de aplicaciones como Uber y DiDi, y la circulación de “moto-taxis”. El escrito recuerda que existe una Ordenanza N° 3260/2002, que prohíbe el servicio de “moto-taxi”.

– Cargas públicas sin compensación: se han impuesto múltiples beneficios y gratuidades (boletos estudiantiles, docentes, para jubilados) sin prever la correspondiente compensación económica.

– Factores operativos no gestionados: Se señala que la obligatoriedad del sistema de cobro SUBE afecta el flujo de caja necesario para la operación diaria. Además, la falta de un ordenamiento del tránsito eficaz, con ausencia de controles en los carriles exclusivos, genera congestionamientos que incrementan los costos operativos (combustible y tiempo de recorrido).

– Precariedad jurídica por falta de concesiones: las empresas se encuentran operando sin concesiones vigentes, lo que “genera una profunda inseguridad jurídica” e imposibilita acceder a líneas de crédito para renovar y mejorar la flota.

Los empresarios proponen el pago por kilómetro

Ante la inviabilidad del sistema actual, Aetat propuso adoptar un sistema de pago por kilómetro recorrido. Este modelo, utilizado en otras ciudades, permitiría al Municipio garantizar frecuencias y calidad, y retribuir a las empresas por el costo real de la operación, independientemente de la tarifa al usuario o la cantidad de pasajeros. La entidad sostiene que esto aísla a las prestatarias “de los efectos nocivos de la evasión, el transporte ilegal, las gratuidades no compensadas y las tarifas no rentables”.

Por último, los empresarios hicieron “expresa reserva de iniciar las acciones legales que por derecho nos correspondan”, incluyendo la formulación de una “denuncia penal por la presunta infracción al art. 249 del Código Penal (incumplimiento de los deberes de funcionario público)” y una demanda civil por los daños y perjuicios contra los funcionarios que resulten responsables por acción u omisión. Además solicitaron que se instruya a las áreas técnicas e institutos idóneos, como la Universidad Nacional, para iniciar estudios de factibilidad sobre el sistema de pago por kilómetro.