El municipio de Juan Bautista Alberdi fue incorporado a una causa penal que investiga presuntas maniobras irregulares en la extracción de fondos públicos durante el período electoral. Con esta incorporación, ya son cinco los municipios tucumanos bajo la mirada de la Justicia Federal, junto a Banda del Río Salí, Monteros, Lules y Famaillá. La causa se originó por una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que identificó movimientos sospechosos de dinero en cuentas bancarias municipales. Según informaron fuentes judiciales, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz sumó elementos a partir de la información enviada por el organismo. Hasta el momento, Alberdi no presentó la documentación que respalde las operaciones realizadas, a diferencia de los otros cuatro municipios investigados. La situación se ve agravada por el escándalo político que atraviesa esa localidad, cuyo intendente, Luis «Pato» Campos, fue recientemente involucrado en un audio vinculado a presuntos vínculos con el narcotráfico. Además, el secretario de Hacienda local, José Roldán, fue denunciado por supuestos lazos con la comercialización de drogas. Los investigadores aún deben determinar si los fondos en cuestión fueron extraídos durante la gestión actual, que estuvo a cargo de Sandra Figueroa —actual legisladora y esposa del intendente Campos— durante el período alcanzado por la pesquisa. La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó extracciones sin documentación respaldatoria por aproximadamente $40.000 millones entre enero de 2023 y octubre de 2024. Solo en Tucumán, se habrían retirado más de $36.000 millones: $17.256 millones en Banda del Río Salí, $11.449 millones en Famaillá, $4.217 millones en Lules y $3.923 millones en Monteros. La investigación también incluye municipios de Catamarca y Salta. La Fiscalía analiza dos posibles delitos: la utilización de fondos públicos con fines electorales y maniobras de lavado de dinero. Si se confirman estas hipótesis, la causa continuará en el fuero federal. En caso contrario, podría derivarse a la Justicia provincial o a los organismos de control para evaluar posibles faltas administrativas. El análisis de la documentación entregada por los municipios y las futuras declaraciones testimoniales serán claves para avanzar con el proceso. Desde Procelac se advirtió un patrón de conducta común entre los distritos investigados, y consideró necesario seguir indagando sobre el destino del dinero para identificar posibles mecanismos de ocultamiento y sus responsables.