Por pedido del Ministerio Fiscal (MPF), este sábado 8 de octubre en horas de la mañana tuvo lugar una audiencia de formulación de cargos en contra de Leonardo Antonio Ludueña, acusado por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en perjuicio de Gustavo Agustín Brandán.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, dirigida por el fiscal Pedro Gallo, con la intervención del auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio.

Durante la audiencia, Maggio relató los pormenores del hecho ocurrido el pasado 6 de noviembre de 2025, alrededor de las 16:30 horas, en la ciudad de Alderetes, departamento Cruz Alta. Según la teoría del caso, Brandán se desplazaba a bordo de una motocicleta por calle Lavalle, del barrio El Bosque, y al llegar frente a la vivienda de Ludueña (ubicada sobre calle Lavalle al 300), descendió del rodado. En ese momento, el imputado, que se hallaba en la galería de su domicilio, extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos hacia la víctima, impactando uno de ellos en el hemitórax izquierdo de Brandán.

Gravemente herido, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Modular de Alderetes, donde recibió las primeras atenciones médicas, y posteriormente derivado al Hospital Centro de Salud Zenón Santillán, donde lamentablemente falleció a las 18:25 horas, a causa de un shock hipovolémico provocado por la herida de arma de fuego.

El representante del MPF resaltó que las pruebas reunidas hasta el momento incluyen testimonios presenciales, pericias balísticas, levantamiento de vainas servidas en el lugar del hecho y pericias médico-legales que confirman la causa de muerte.
“Se trató de una acción deliberada, ejecutada con la clara intención de provocar la muerte de la víctima, utilizando un arma de fuego y en plena vía pública”, expresó Maggio, al fundamentar el pedido de medidas de coerción.

En cuanto a los riesgos procesales, el auxiliar de fiscal sostuvo que existe peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, considerando la gravedad del hecho, las circunstancias en que se cometió y las penas previstas para este tipo de delitos. Por ello, el MPF solicitó que se imponga prisión preventiva por el término de tres meses, mientras se continúan con las medidas pendientes: peritajes complementarios sobre el arma secuestrada, análisis de cámaras de seguridad de la zona y nuevas entrevistas a testigos.

Tras un cuarto intermedio, el juez interviniente consideró acreditados los riesgos procesales señalados por la Fiscalía y resolvió hacer lugar al planteo del MPF, ordenando el encierro cautelar del imputado por tres meses en el servicio penitenciario provincial.