El ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, permanecerá bajo prisión domiciliaria en su departamento de Puerto Madero, el mismo lugar donde la Justicia determinó que ocurrieron varios de los abusos por los que fue condenado. La medida fue dispuesta por el juez Juan María Ramos Padilla, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

Alperovich fue sentenciado a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual agravado, cometidos entre finales de 2017 y marzo de 2018. La denunciante, su sobrina segunda y ex asistente laboral, brindó un testimonio clave que permitió llegar a la condena. Desde su detención en junio de 2024, el ex mandatario se encontraba alojado en el pabellón de abusadores del penal de Ezeiza.

La defensa, encabezada por Maximiliano Rusconi, había solicitado en varias ocasiones la morigeración de la prisión, alegando problemas de salud relacionados con una estenosis espinal lumbar. Sin embargo, los informes médicos oficiales indicaron que la afección no era incompatible con la vida en contexto carcelario. A pesar de ello, el juez consideró que, tras un año de cumplimiento efectivo, el riesgo de entorpecer la causa disminuyó y que correspondía revisar las condiciones de detención.

El beneficio será otorgado una vez que Alperovich deposite una caución de $400 millones y se le coloque una tobillera electrónica para su monitoreo. Además, el ex gobernador deberá entregar su pasaporte, tendrá prohibida la salida del país y no podrá contactar, por ningún medio, a la víctima ni a su entorno familiar. También se le restringe la posibilidad de realizar cualquier tipo de publicación pública que afecte a la denunciante.

El juez aclaró que la prisión domiciliaria no es un privilegio sino una medida legal contemplada para mayores de 70 años y en línea con los principios constitucionales que buscan evitar penas adicionales o tratos inhumanos antes de una sentencia firme. La decisión se basó en el principio de razonabilidad y en la disminución de los riesgos procesales.

La sentencia aún no está firme, ya que la Cámara Nacional de Casación Penal continúa analizando los recursos presentados por la defensa. Además, queda abierta la posibilidad de que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia.

Mientras tanto, el Servicio Penitenciario deberá verificar la viabilidad técnica del control domiciliario y colocar el dispositivo de geolocalización en un plazo de 48 horas tras el cumplimiento de la caución.