La provincia de Tucumán se encuentra en alerta tras las amenazas recibidas por el gobernador Osvaldo Jaldo y cuatro funcionarios judiciales. Según confirmaron fuentes oficiales, las intimidaciones fueron enviadas a través de WhatsApp y estarían vinculadas a la lucha contra el narcotráfico.
El episodio generó gran preocupación en el ámbito político y judicial, ya que junto al mandatario tucumano también fueron amenazados el juez Gonzalo Ortega y los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Pedro Gallo.
A raíz de estas amenazas, en la madrugada del martes se realizaron múltiples allanamientos en distintos puntos de la provincia, supervisados por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y el jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau.
Fuentes policiales indicaron que los operativos resultaron en 97 detenciones y en el secuestro de material relevante para la investigación.
Uno de los datos más relevantes del caso es que las amenazas habrían sido enviadas desde el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Este hecho refuerza la hipótesis de que la estructura criminal que opera en la provincia tiene conexiones con detenidos en cárceles federales.
El jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirmó la información y aseguró que se están realizando peritajes sobre los dispositivos electrónicos utilizados para enviar los mensajes intimidatorios.
El gobernador Jaldo aún no realizó declaraciones oficiales sobre el tema, pero se espera que brinde una conferencia de prensa en las próximas horas.
Desde la Justicia, el juez Ortega y los fiscales afectados manifestaron su preocupación por el avance del narcotráfico en la provincia y destacaron la necesidad de redoblar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, aseguró que no darán marcha atrás en las investigaciones y que las amenazas no detendrán el trabajo del gobierno y la justicia en la lucha contra el narcotráfico.
El narcotráfico se ha convertido en un problema cada vez más preocupante en Tucumán. En los últimos meses, el gobierno provincial ha intensificado los operativos contra bandas delictivas, logrando incautaciones récord de drogas y la detención de varios líderes criminales.
Las amenazas al gobernador y a los funcionarios judiciales reflejan la presión que estas medidas están generando en el crimen organizado, que busca intimidar a las autoridades para frenar las acciones en su contra.
La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. Entretanto, las fuerzas de seguridad continúan reforzando la vigilancia sobre los funcionarios amenazados y sus entornos.
