El Tribunal de Cuentas (TC) se pronunció nuevamente sobre un conflicto que mantiene la Caja Popular de Ahorros (CPA) con el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), por supuestos incumplimientos legales de transferir mensualmente el 25% del resultado bruto del sector juegos al sistema sanitario. El organismo de contralor dispuso ampliar una denuncia penal iniciada el año pasado contra las autoridades de la entidad financiera, al considerar que unos pagos efectuados en 2024 y 2025 fueron tardíos, unilaterales y sin convalidación, lo que -según el TC- refuerza las sospechas de una posible retención indebida de fondos públicos.
El ente control que integran Miguel Chaiben Terraf (presidente), Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal emitió el 11 de noviembre de 2025 el Acuerdo N° 5.183, el cual surge en el marco de un juicio de responsabilidad que se inició en junio de 2024 (Acuerdo N° 2.492). Por entonces, el Tribunal había aprobado una auditoría que detectó “graves incumplimientos” en las transferencias previstas por los artículos 21 y 21 bis de la Carta Orgánica de la CPA (Ley N° 5.115 y sus modificatorias). Esa auditoría concluyó que, entre 2020 y 2023, la entidad financiera no acreditó en tiempo y forma los fondos que correspondían al Siprosa, generando una deuda estimada en más de $3.381 millones.
Como consecuencia, el TC ordenó entonces iniciar un proceso de responsabilidad contra el interventor de la CPA, José César Díaz, y poner en conocimiento de la Justicia Penal los hechos por la posible comisión de delitos como violación de deberes de funcionario público o malversación de caudales públicos.
Pagos posteriores
En el nuevo pronunciamiento, Chaiben Terraf, Díaz Ricci y Vidal incorporó la información enviada por las autoridades del Siprosa, en la que se detalla que existieron pagos posteriores realizados por la Caja Popular: uno por $588,2 millones, el 12 de noviembre de 2024, y otro por $320,5 millones, el 27 de mayo de 2025. Sin embargo, ambos fueron efectuados sin la conformidad del organismo receptor y fuera del plazo legal, lo que impide considerarlos como una regularización válida de la deuda, según se plasmó.
Según los informes oficiales, las transferencias se realizaron sin verificar las bases de cálculo y afectando períodos distintos de los que habían sido reclamados por el Siprosa. La propia Contaduría General de la Provincia observó que la CPA dispuso el pago sin autorización, a pesar de que su propia resolución interna exigía contar previamente con la aprobación del organismo de salud. Consideró que fue un intento tardío con “el propósito de regularizar parcialmente la situación, sin someterse a los controles contables obligatorios”.
El TC, a su vez, advirtió que esta maniobra no subsana el incumplimiento original; de hecho, plasmó en el acuerdo que ratifica la existencia de una retención indebida de recursos públicos que debieron destinarse a la salud en un contexto de emergencia sanitaria, atravesado por la pandemia de Covid-19 y los brotes de dengue.
Los vocales del Tribunal remarcaron que la conducta de la CPA tuvo un impacto directo sobre los fondos previstos por ley para la atención sanitaria de los tucumanos, afectando recursos de “destino específico y de jerarquía constitucional”. Ante esta situación, el Acuerdo N° 5.183 resolvió remitir toda la información nueva a la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, ampliando la denuncia ya existente.
Este diario intentó comunicarse con Díaz por este tema, pero no obtuvo respuesta.
Este nuevo acuerdo deja en evidencia las tensiones institucionales que existen entre el TC y la CPA. La semana pasada, el ente de control decidió cerrar una investigación e iniciar un juicio de responsabilidad por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la CPA en 2023.
