Por orden del Ministerio de Seguridad, una denuncia penal ha sido presentada contra la magistrada Karina Andrade, quien es acusada de haber liberado a 114 detenidos sin un análisis exhaustivo de pruebas ni antecedentes penales. Los delitos imputados incluyen Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado.
El caso ha sido asignado al Juzgado Federal N° 1, a cargo de María Servini, donde se investigarán las decisiones tomadas por Andrade el pasado 12 de marzo, durante la marcha de los jubilados en inmediaciones del Congreso.
Liberaciones sin control y uso de WhatsApp
Según la denuncia presentada por el Gobierno, se habría interferido indebidamente en un procedimiento de flagrancia, el cual es competencia exclusiva de la Fiscalía. Además, se afirma que la jueza ordenó las liberaciones a través de un grupo de mensajería instantánea, sin dejar constancia oficial del procedimiento.
Asimismo, fue permitido que defensores no designados intervinieran en el proceso, lo que fue señalado como una violación del Código Procesal Penal. Entre los liberados se encontraron individuos con antecedentes por delitos graves, tales como tráfico de drogas, robo y tenencia de armas de fuego.
El Gobierno cuestiona la falta de fundamentos legales
Desde el Ministerio de Seguridad, se ha destacado que la jueza Andrade justificó su decisión argumentando una supuesta falta de espacio en los centros de detención. Sin embargo, fue desmentido posteriormente al confirmarse la existencia de cupos disponibles en cárceles del Servicio Penitenciario Federal.
En entrevistas radiales, la magistrada reconoció que no se analizaron los antecedentes de los detenidos y que solo se verificó si existían pedidos de captura vigentes.
Pedido de investigación y reclamo de justicia
En la denuncia presentada, se ha solicitado la recolección de pruebas, incluidas imágenes de las cámaras de seguridad y testimonios de los efectivos policiales heridos durante los disturbios.
Además, se ha pedido que la causa sea tratada en el fuero federal debido a la posible comisión de delitos de sedición y atentado al orden constitucional. El Gobierno insiste en que la Justicia debe actuar para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.
Este caso sigue en desarrollo y se espera que en los próximos días se resuelva si Andrade deberá responder judicialmente por sus acciones.
