Los concejales realizaron presentaciones ante AETAT y la Municipalidad. También pidieron la intervención de la Defensoría del Pueblo.
Los concejales capitalinos José María Canelada y Gustavo Cobos realizaron presentaciones formales ante la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para exigir la devolución del dinero cargado en las tarjetas de colectivos que quedaron fuera de uso tras la implementación del nuevo sistema.
Ambos ediles criticaron duramente el proceso de transición entre la Tarjeta Ciudadana y la nueva Tarjeta Independencia, calificándolo como «desordenado, caótico e indigno para los usuarios». “Si los saldos de las tarjetas de colectivos quedan en un limbo, es un robo a los pasajeros”, advirtieron en una declaración conjunta.
Canelada fue claro al señalar que aún hay miles de usuarios con dinero cargado en las antiguas tarjetas. “Ese dinero salió de sus bolsillos. No importa si son 10.000, 5.000 o 200 pesos, el reclamo es el mismo: ese dinero pertenece a los usuarios, no a las empresas ni al sistema. En este contexto económico no se puede mirar con desdén ninguna suma”, remarcó.
Cobos, en tanto, apuntó a las fallas en la implementación: “El caos, la falta de información y las idas y vueltas generaron una gran confusión y muchos usuarios quedaron con saldo inutilizable en sus tarjetas”. Según el edil, si se suma el dinero retenido en las cientos de miles de tarjetas Ciudadanas en desuso, el monto es millonario. “Este es el momento para transparentar el sistema y dar respuestas concretas”, subrayó.
El petitorio entregado propone dos medidas principales: en primer lugar, que se realice automáticamente el traspaso de saldo entre tarjetas cuando ambas estén vinculadas a un mismo número de DNI. En segundo lugar, solicitan que se habilite un mecanismo de recuperación de saldo para aquellas tarjetas no registradas, con el objetivo de que ningún pasajero pierda su dinero.
Finalmente, los concejales también presentaron un pedido formal ante la Defensoría del Pueblo para que intervenga de oficio. Adelmo Rosello, secretario legal y técnico del organismo, los recibió personalmente y tomó nota de cada solicitud.