Un total de 47 abogados y abogadas de distintos puntos del país se postularon para ocupar el cargo vacante de Fiscal General ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán. Esta designación es clave para el funcionamiento del fuero penal federal en la provincia, cuya estructura viene arrastrando numerosas vacantes desde hace años.
La convocatoria fue realizada por la Procuraduría General de la Nación, con la firma de los secretarios Guillermo Terán y Jonathan Polanski, y de la subsecretaria letrada Mirta Montiel. El concurso exige a los aspirantes rendir exámenes de oposición y someterse a una evaluación de antecedentes. A diferencia del proceso para jueces, no se otorgan puntos por entrevistas personales: lo que cuenta es la formación, experiencia y el desempeño académico.
El cargo de fiscal federal ante el TOF de Tucumán está vacante desde mayo de 2015, cuando su entonces titular, Diego Velasco, fue trasladado a Comodoro Py. Desde entonces, el puesto es subrogado por Pablo Camuña, quien a su vez es titular de la fiscalía federal N° 2 desde diciembre de 2014. Camuña es uno de los postulantes al cargo definitivo, al igual que su colega Agustín Chit, titular de la fiscalía N° 3 y actual subrogante de la N° 2.
Entre los 47 inscriptos también se encuentran Lucía Doz Costa, Valentina García Salemi y Daniel Weisemberg, auxiliares fiscales ante el TOF; María Virginia Duffy, secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal Nº1; los fiscales provinciales Claudio Bonari y Pedro León Gallo; el juez provincial Facundo Maggio; y Tomás Robert, del Ministerio Público Fiscal provincial. En total, 16 de las personas inscriptas son mujeres.
El proceso de selección es largo y complejo. Una vez concluido el concurso, la Procuración General eleva una terna al Poder Ejecutivo, que luego propone un nombre al Senado de la Nación para su aprobación. Sin embargo, muchas veces este proceso se ve demorado por decisiones políticas o falta de acuerdo en el Congreso.
La situación en Tucumán es crítica. Actualmente, los tres jueces del TOF son subrogantes: dos provienen de Santiago del Estero y el tercero de Catamarca. Además, están vacantes la fiscalía federal N° 1 y la fiscalía general ante la Cámara de Apelaciones. Rafael Vehils Ruiz cubre esas funciones de manera interina. La fiscalía N° 2 también está siendo subrogada por Chit, mientras que la N° 3, aunque con titular designado, aún no tiene funciones. En cuanto a los juzgados federales, dos de los tres existentes también están en manos de jueces subrogantes.
En su discurso inaugural ante el Congreso este año, el presidente Javier Milei anunció el envío de 130 pliegos al Senado para cubrir vacantes en la Justicia. Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado ninguna propuesta. Según datos del Consejo de la Magistratura, hay cerca de 400 vacantes judiciales a nivel nacional. De ese total, 71 están en concurso, 134 en trámite y 184 aún pendientes de análisis por parte del Gobierno.
Actualmente, Eduardo Casal se desempeña como Procurador General interino desde diciembre de 2017. Su permanencia también es un reflejo de la parálisis institucional que afecta al Ministerio Público Fiscal, que a pesar de su rol esencial en el sistema judicial argentino, continúa funcionando con cargos clave sin designación formal.
