La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, ingresará en una etapa decisiva durante los próximos días, con una serie de declaraciones testimoniales que podrían aportar elementos clave para reconstruir las operaciones inmobiliarias bajo análisis judicial.
El expediente, que se tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo y cuenta con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita, tendrá como uno de sus puntos más relevantes la declaración de Pablo Martín Feijoo. Se trata del hijo de una de las jubiladas que vendió un departamento en el barrio porteño de Caballito y a quien distintos testigos señalaron como el nexo que articuló la operación entre las partes involucradas, incluido Adorni.
Feijoo fue convocado para este miércoles 22 de abril y deberá presentarse con su teléfono celular y documentación que respalde los gastos vinculados al inmueble. Para los investigadores, su testimonio podría resultar determinante para comprender cómo se gestó la compraventa del departamento, escriturado en U$S230.000, de los cuales U$S30.000 se abonaron en efectivo y los U$S200.000 restantes fueron financiados sin interés, con vencimiento previsto para noviembre próximo.
Caso Adorni: la agenda judicial de la semana
La agenda judicial de la semana se completa con otras citaciones que buscan profundizar el análisis del circuito económico. Este lunes deberán declarar los responsables de la inmobiliaria que intervino en la primera venta del inmueble a las jubiladas: la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi. En tanto, también fue citado para el miércoles el encargado del edificio ubicado en la calle Miró al 500, en Caballito.
Según reconstrucciones aportadas durante la investigación, la propiedad había pertenecido desde la década del noventa al ex futbolista Hugo Morales, con trayectoria en clubes como Lanús y Huracán. En 2024, Morales decidió desprenderse del inmueble, que inicialmente fue publicado a la venta por U$S340.000. Tras sucesivas rebajas, se concretó una primera operación en torno a los U$S200.000, antes de que el departamento fuera adquirido por Adorni a cambio de U$S230.000.
El viernes 24 cerrará la ronda de testimoniales con la declaración del contratista Matías Tabar, vinculado a la empresa Grupo AA. De acuerdo con la información incorporada a la causa, Tabar habría estado a cargo de obras realizadas en otra propiedad relacionada con el entorno familiar del funcionario: un lote en el country Indio Cua, registrado a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.
La fiscalía le solicitó al empresario que aporte documentación que permita reconstruir el circuito completo de contratación, ejecución y financiamiento de las obras. En paralelo, se reiteró un requerimiento a la administración del country para que informe sobre el pago de expensas correspondientes a ese inmueble.
En las últimas semanas, la causa sumó medidas de prueba significativas. El juez Lijo dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Adorni y de su esposa, así como de otras seis mujeres identificadas como presuntas prestamistas o acreedoras en distintas operaciones. Entre ellas figuran Silvia Pais, Norma Zuccolo, las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, y también Graciela Molina junto a su hija Victoria Cancio.
Uno de los ejes centrales de la investigación radica en la reconstrucción de los vínculos entre todos los involucrados. Para ello, la fiscalía intenta incorporar al expediente registros de llamadas y conversaciones, considerados elementos clave para entender el flujo de las operaciones. En ese contexto, se generó un episodio llamativo con la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en varias de las transacciones. La profesional no presentó su teléfono celular en su primera comparecencia y luego argumentó haberlo dejado en su vehículo al regresar con documentación adicional.
Bajo juramento, Nechevenko aseguró conocer a Adorni desde hace más de 25 años y señaló que fue quien puso en contacto a las partes para concretar un préstamo vinculado a otra operación inmobiliaria: una hipoteca por U$S100.000 sobre un departamento en Parque Chacabuco. Ese crédito habría sido utilizado el mismo día para adquirir una propiedad en un country privado de Exaltación de la Cruz.
La operatoria del departamento de Caballito también concentra interrogantes. El inmueble había sido adquirido previamente por las jubiladas Viegas y Sbabo en torno a los U$S200.000, luego de haber sido ofrecido inicialmente a un valor considerablemente superior. Además, la propiedad fue refaccionada antes de su venta a Adorni, lo que abre dudas sobre la rentabilidad de la transacción si se consideran los costos de compra, comisiones y obras, sumado a la financiación sin interés otorgada por la mayor parte del monto.
En sus declaraciones, ambas jubiladas afirmaron desconocer los detalles de la operación y atribuyeron la gestión a sus hijos, entre ellos Feijoo, quienes participan en emprendimientos inmobiliarios. También sostuvieron haber utilizado ahorros propios para la adquisición inicial, pese a percibir ingresos previsionales cercanos a los $350.000 mensuales.
Otro aspecto bajo análisis es el financiamiento de otras compras realizadas por el funcionario. Según consta en el expediente, Adorni habría tomado un préstamo de U$S100.000, aportado mayoritariamente por la excomisaria Graciela Molina y en menor medida por su hija Victoria Cancio. El crédito habría sido pactado a dos años, con una tasa anual del 11% y pagos mensuales, con garantía hipotecaria sobre un inmueble.
