El procesamiento de los seis imputados por delitos como lavado de activo, intimidación pública, asociación ilícita y comercialización de estupefacientes, entre otros, cayó como un balde de agua fría entre los acusados y sus defensas en el caso Alberdi. Por eso, según dejaron trascender en las últimas horas, ya todos comenzaron a trabajar sobre la base de la resolución del juez federal José Manuel Díaz Vélez para presentar apelaciones y esperar a que la Cámara les dé o no la razón en sus planteos.

El martes, Díaz Vélez, luego de la investigación del fiscal Rafael Vehils Ruiz, tomó la determinación de procesar el ex intendente Luis Campos y su esposa, la legisladora Sandra Figueroa, al empresario Roque Cayetano Giménez, a José del Carmen Roldán (ex secretario de Hacienda), a José Albano Loru (ex concejal) y a Pablo Exequiel Barrionuevo. “Nos encontramos frente a hechos de especial trascendencia institucional, que exceden el mero ámbito municipal y afectan la administración pública en su conjunto”, sostuvo el magistrado en su fallo. “La magnitud de los hechos ventilados y la posición jerárquica de los imputados imponen al Estado una respuesta judicial inmediata, proporcional y ejemplificadora”, agregó.

Todo se inició con un audio viralizado entre el entonces intendente Campos y el empresario Giménez que destapó una red que, según la Justicia Federal, operaba desde el propio aparato estatal de Juan Bautista Alberdi. La conversación, difundida en redes sociales, revelaba vínculos con actividades de narcotráfico, lavado de dinero y un control informal sobre la policía y los recursos públicos. A partir de ese audio, la División de Informática Forense inició un informe que dio origen a una investigación provincial, luego derivada al fuero federal por su complejidad. De acuerdo con la investigación, la organización no sólo manejaba fondos municipales, sino que ejercía influencia sobre la policía local y permitía la venta de estupefacientes en la zona. En el audio, se mencionan apodos y nombres de personas vinculadas con estas actividades, como José Roldán -entonces secretario de Hacienda-, a quien Giménez alude como “quien maneja la venta de menores”.

La resolución de Díaz Vélez incluyó allanamientos, secuestros de documentación, teléfonos, vehículos y registros contables que, según el juez, “permiten reconstruir un circuito delictivo que involucraba a funcionarios y contratistas”. Además, Díaz Vélez ordenó embargos preventivos millonarios: $250 millones para Campos, Figueroa, Loru y Barrionuevo, y $200 millones para Giménez y Roldán. “El juzgado no puede permanecer indiferente ante la utilización del poder municipal como plataforma de delitos federales”, afirmó Díaz Vélez. Y agregó: “corresponde remarcar que las conductas atribuidas a Campos y Giménez no sólo lesionan el bien jurídico protegido por la Ley 23.737, sino que comprometen la credibilidad institucional”.

Intervención

La gravedad del caso llevó al Poder Ejecutivo (PE) provincial a intervenir el municipio y designar un interventor, en medio de una fuerte conmoción política. “El Estado no puede permanecer indiferente frente a estructuras de poder locales cooptadas por intereses delictivos”, remarcó el juez en la resolución.

Según trascendió, Camilo Atim, representando a Campos y a Figueroa, Silvia Furque, en el caso de Giménez, Javier Lobo Aragón, por Lorú, Florencia Abdala, por Roldán. Tomás y Nicolás Arce, por Barrionuevo y David Maldona, por Funez, presentarán apelaciones en los próximos días para que sea la Cámara la que resuelva la situación de los imputados.

Mientras tanto, la investigación continúa para determinar si hay otros implicados y además para certificar si hubo o no perjuicio patrimonial al Estado.