Después de las declaraciones indagatorias del ex intendente Luis Campos y de su esposa, la legisladora Sandra Figueroa, el caso Alberdi entró en una etapa de definiciones. Por un lado, la Justicia Federal deberá resolver la situación del matrimonio y de los otros acusados. Por el otro, el Ministerio Público Fiscal tendrá que abrir una causa por malversación de fondos públicos.

“No tenemos nada que ver con el narcotráfico”, le dijo Campos a LG Play cuando estaba por ingresar al destacamento de Gendarmería para declarar. Esa postura mantuvieron él y su mujer después de haber escuchado la acusación. Les endilgaron los delitos de formar una asociación ilícita, de lavado de activos y de haber confabulado para realizar actividades vinculadas al narcotráfico.

La teoría del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz es que el matrimonio Campos, José del Carmen Roldán (ex secretario de Hacienda de Alberdi), Juan Pablo Barrionuevo (ex titular de Desarrollo Social de esa ciudad), Albano Loru (ex concejal) y Roque “Chipi” Jiménez (supuesto empresario de la construcción) habrían utilizado la estructura financiera del municipio para ingresar los activos que podrían haber provenido de la distribución y comercialización de la droga.

La declaración

Por recomendación de sus defensores, Camilo Atim y Florencia Abdala, los Campos escucharon la imputación, negaron la acusación, aclararon algunos puntos y después anunciaron que no responderían preguntas.

Según trascendió, además de rechazar cualquier tipo de vínculos narcos, desmintieron tener un gran patrimonio. Por ejemplo, el ex intendente aclaró que tienen una sola propiedad y es en la que viven juntos hace más de 35 años. La legisladora indicó que la camioneta Toyota Hilux que está a su nombre la habría adquirido a través de un plan de ahorro.

El fiscal Vehils Ruiz se mostró muy interesado en conocer más detalles del polémico audio que se viralizó y con el que se abrió la causa. De acuerdo a fuentes judiciales, habría reconocido que era real y podría haber planteado que Jiménez estaba exaltado y que él lo habría dejado hablar sin saber nada de lo que le estaba diciendo.

Después de que todos los acusados declararan, el juez federal José Manuel Díaz Vélez tendrá 10 días hábiles para definir la situación procesal de todos los procesados. Entre otras cuestiones, deberá:

– Resolver si acusará o no a los cuatro mencionados. Después, cuáles serán los ilícitos que se les endilgará.

– Definir si mantiene la prisión preventiva de Jiménez, Loru, Barrionuevo y Roldán. En el caso de Campos, podría disponer su arresto o decidir que siga el proceso en libertad. En el caso de Figueroa, para poder dictar una orden de detención en su contra, tendrá que solicitar su desafuero y la Legislatura, aceptarlo.

– El magistrado tiene dos pedidos pendientes. Atim y Abdala solicitaron que a Roldán se le otorgara el arresto domiciliario por problemas de salud. Lo mismo hicieron Javier Lobo Aragón y su hijo, que defienden a Loru.