La investigación por presuntas irregularidades y el desvío de miles de millones de pesos, mediante la compra irregular de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) reveló un entramado que habría sido sostenido durante meses, basado en licitaciones presuntamente direccionadas, con sobreprecios y bajo una estructura de vínculos personales y societarios. En la mira siguen funcionarios, laboratorios, intermediarios y droguerías por el desvío de $37.000 millones en favor de cuatro empresas.

A partir del dictamen del fiscal federal Franco Picardi, se pudo saber que se habría montado desde la Andis un circuito sistemático de adjudicaciones irregulares, que habría beneficiado a cuatro droguerías a través de un esquema sostenido de compulsas cerradas. En ese análisis, que se extiende por 276 páginas, se detalla cómo desde diciembre de 2023 comenzó a manipularse el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS), herramienta diseñada para transparentar las compras del organismo y evitar la concentración de proveedores.

El dictamen señala que las compulsas de precios “reducidas” o “acotadas” se realizaban en paralelo a las licitaciones habituales. Mientras en los concursos abiertos participaban cerca de quince oferentes, en los procesos limitados solo podían intervenir cuatro empresas que, según el fiscal, “mantenían vínculos personales, societarios y operativos entre sí y con funcionarios de la ANDIS”. Esa modalidad, definida por Picardi como una “fragmentación artificial”, se aplicó de manera sistemática para la adquisición de medicamentos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), esenciales para tratamientos que reciben pacientes del Programa Incluir Salud.

Todos para uno y uno para…

La concentración de adjudicaciones fue contundente: en las 21 compulsas analizadas, Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. se quedaron con más del 93% de las ventas, por un total que superó los $30.000 millones. A su vez, Droguería New Farma S.A. y Droguería Floresta S.A. actuaron como oferentes “pantalla” para simular competencia, según las conclusiones de la fiscalía. Entre las cuatro se habría conformado una estructura que rotaba roles según el tipo de insumo, particularmente en el rubro auditivo, donde también concentraron más de la mitad de las adjudicaciones.

“Esta distribución de roles, reiterada a lo largo de distintos procesos, revela la existencia de una estructura concertada entre las mismas droguerías, en la cual unas se presentaban como oferentes ficticias para favorecer a otras, configurando un circuito cerrado de adjudicaciones previamente coordinado”, sostuvo el fiscal en su presentación.

A pesar de que Picardi solicitó la detención del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, el juez federal Sebastián Casanello rechazó ese pedido y sostuvo que el ex funcionario se mantuvo a derecho durante toda la investigación. Sin embargo, ratificó su citación a indagatoria, prevista para este miércoles.

Sobreprecios inéditos y maniobras económicas

Uno de los capítulos más sensibles de la investigación refiere a los valores pagados por algunos medicamentos durante las compulsas reducidas. En el caso del Macitentan, utilizado para la hipertensión pulmonar, los registros muestran saltos de precio que superan cualquier parámetro del mercado. En noviembre de 2024, en una licitación general, se había adjudicado a $411.764. Tres días después, en una compulsa restringida, la misma droga fue vendida a la Andis a $8.290.000 la unidad.

Situaciones comparables se detectaron con el Burosumab, que en compras reducidas llegó a cotizarse en $45.000.000 por unidad, mientras que en procesos abiertos se pagaba menos de la mitad. Para el fiscal, no se trató de fluctuaciones vinculadas a la inflación ni a características diferenciales del producto: “El único factor que explica la diferencia es la exclusión deliberada de los oferentes más competitivos de las compulsas reducidas y la compra direccionada a tan solo dos oferentes”.

“El sistema de compulsas reducidas fue deliberadamente utilizado como herramienta de defraudación, transformando un instrumento administrativo de excepción en una vía sistemática para eludir la competencia y generar sobreprecios en favor de un grupo empresario determinado, allegado a los funcionarios públicos quienes recibieron beneficios económicos a cambio”, continuó Picardi, de acuerdo con el informe publicado por Infobae.com. Y agregó: “Más allá de las cifras concretas, lo verdaderamente relevante es el carácter estructural del mecanismo delictivo explicado”.

Una red interna: vínculos, chats y roles

De acuerdo con los elementos reconstruidos por el Ministerio Público, el funcionamiento de la presunta organización criminal dentro de la Andis se sostuvo sobre relaciones estrechas entre funcionarios, empresarios del sector salud, intermediarios y actores conectados con diversos laboratorios. En el centro de la estructura se ubican a Spagnuolo, ex abogado del presidente Javier Milei, y a Daniel María Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud, quienes habrían facilitado y supervisado parte del sistema de direccionamiento de compras.

El celular de Garbellini resultó clave para delinear los vínculos y entender la dinámica interna. Allí se identificaron conversaciones con dos figuras que, aunque no tenían cargos formales, ejercían gran influencia dentro del organismo: Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete. Ambos son señalados como “jefes para-estatales”, con capacidad para ordenar pagos, intervenir en licitaciones y modificar el funcionamiento del SIIPFIS.

En uno de los mensajes más reveladores, Atchabahian escribió en febrero de 2022: “Somos familia”.

Las pruebas también muestran conexiones directas con laboratorios. Una de las operadoras señaladas es Luciana Ferrari, empleada de Roche, quien habría accedido ilegalmente al sistema interno de la Andis usando un usuario provisto por Garbellini. Su rol habría sido gestionar información anticipada sobre compras y manejar “tickets” vinculados a procesos de adjudicación.

El informe judicial también detalla los vínculos societarios que unían a ejecutivos de las droguerías involucradas. Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, presidentes de New Farma y Floresta, mantenían una relación de pareja, mientras que otros directivos compartían lazos comerciales con Calvete y Atchabahian. La fiscalía sostiene que esta red permitió que los concursos fueran ganados de antemano por empresas predeterminadas.

Además, se detectaron cuadernos y documentos secuestrados en la vivienda de Calvete, donde figuraban listas de compañías para las que habría realizado gestiones. Los investigadores lo señalan como uno de los articuladores principales del esquema y, presuntamente, como quien gestionaba las coimas hacia los funcionarios. Entre las evidencias se mencionan chats que refieren a entregas de dinero y registros de cámaras de seguridad donde se observa a Spagnuolo visitando el domicilio de Calvete.