A casi dos décadas del crimen de Paulina Lebbos, la Justicia tucumana se encamina a dictar una sentencia que podría marcar un antes y un después. En el centro de la escena aparece César Soto, señalado como el principal acusado en un expediente atravesado por denuncias de violencia de género, contradicciones y zonas oscuras que aún generan interrogantes.
Distintos testimonios recogidos a lo largo del proceso sostienen que la joven habría sido víctima de episodios de agresión por parte de Soto. Familiares y amigas relataron situaciones de maltrato, celos extremos y hostigamiento, mientras que incluso su hermana Marisa aseguró haber sufrido una agresión física del propio acusado. Soto rechaza estas versiones, aunque esa postura choca con una reconstrucción que describe a Paulina en un vínculo atravesado por la violencia y la dependencia emocional.
Pese a ese contexto, quienes conocían a la estudiante coinciden en que estaba profundamente enamorada. Esa relación, marcada por el contraste entre afecto y conflicto, es uno de los puntos clave para entender la situación de vulnerabilidad que hoy analiza la Justicia.
El tribunal integrado por Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica deberá definir si Soto es culpable y, en ese caso, bajo qué figura penal. La decisión abre un abanico de posibilidades: desde una condena a prisión perpetua, hasta una pena menor por homicidio simple, o incluso la absolución.
Uno de los aspectos centrales del debate es que el crimen ocurrió en 2006, antes de que el femicidio fuera incorporado al Código Penal en 2012. Por ese motivo, aunque se pruebe que existió violencia de género, no puede aplicarse esa figura de manera directa. Sin embargo, el fiscal Carlos Sale sostiene que ese contexto debe ser considerado para agravar la imputación.
Según la acusación, Soto habría actuado aprovechando la debilidad de la víctima, en una situación de clara desigualdad. La hipótesis fiscal indica que Paulina murió asfixiada, y que el acusado ya había intentado estrangularla en ocasiones anteriores. A esto se suma un dato que refuerza la teoría: la joven padecía asma, lo que la convertía en una persona aún más indefensa frente a ese tipo de ataque.
El planteo de la Fiscalía apunta a un homicidio agravado por alevosía, es decir, cometido contra alguien sin posibilidad de defensa. En ese sentido, también se expusieron conductas previas atribuidas a Soto, como esconderle el inhalador o generarle situaciones de sufrimiento.
Pero el caso no está exento de dudas. No hay testigos directos, ni registros fílmicos, ni pruebas biológicas concluyentes que vinculen de manera irrefutable a Soto con el crimen. A esto se suma el antecedente de irregularidades en la investigación inicial, con evidencias perdidas y un fiscal posteriormente condenado por encubrimiento.
Ese escenario abre la puerta a la tercera alternativa: la absolución. En términos judiciales, si no existe certeza plena, debe aplicarse el principio de “in dubio pro reo”, es decir, fallar a favor del acusado ante la duda.
Más allá del veredicto, el fallo tendrá un peso histórico. La resolución no solo definirá el futuro de César Soto, sino que también volverá a poner en discusión uno de los casos más emblemáticos de Tucumán, atravesado por sospechas de encubrimiento y preguntas que aún no encuentran respuesta.
En los tribunales, tres palabras resumen la expectativa: “perpetua”, “condena menor” o “absolución”. Una de ellas marcará el cierre judicial de una causa que, para la sociedad, sigue abierta.

