La comisión investigadora de la Cámara de Diputados controlada por la oposición presentó su informe final con conclusiones que apuntan directamente al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según el documento, ambos habrían tenido un rol decisivo, por acción u omisión, en el esquema que derivó en una presunta estafa internacional vinculada con la promoción de la cripto $LIBRA. A partir de esos hallazgos, los legisladores recomiendan que el Congreso analice si el mandatario incurrió en mal desempeño de sus funciones.

En el texto, firmado por 15 diputados opositores y encabezado por el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), se afirma que “$LIBRA constituye un caso de alta gravedad institucional”. Los legisladores sostienen que “Javier Milei utilizó la investidura presidencial, y Karina Milei, cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del gobierno nacional para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”.

La comisión no solo atribuye responsabilidades políticas al Presidente y a su hermana: también anticipa denuncias penales contra funcionarios del Poder Ejecutivo que rechazaron colaborar con la investigación parlamentaria. Entre ellos menciona al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y a la ex titular de la Unidad de Investigación de $LIBRA, Florencia Zicavo.

Los cuestionamientos también alcanzan al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano, encargados de la investigación judicial. Según el escrito, ambos “sistemáticamente se negaron a colaborar con la investigación, entorpeciendo el ejercicio de nuestras facultades constitucionales”, motivo por el cual los diputados opositores anunciaron que también los denunciarán.

Las reacciones desde LLA

La respuesta del oficialismo llegó en medio de la presentación. Los legisladores que integran La Libertad Avanza rechazaron de plano las conclusiones del documento y calificaron el trabajo de la comisión como “un delirio”. Para Nicolás Mayoraz, la actuación de los opositores “incurrió en un decálogo de todos los excesos posibles, entre ellos el de autoritarismo”. En su intervención agregó: “La apoteosis llega cuando se pelea con la Justicia, y después dicen que quieren colaborar con la investigación judicial. Insólito”.

El informe final —un documento de 205 páginas— es resultado de tres meses de trabajo legislativo centrado en analizar la trama detrás del caso $LIBRA, desde su lanzamiento el 14 de febrero hasta los movimientos posteriores de la criptomoneda. La comisión examinó el rol de los distintos actores involucrados, desde el propio Presidente —que difundió en la red X el contrato necesario para adquirir la cripto— hasta los lobistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, junto con el principal impulsor del proyecto, el empresario estadounidense Hayden Davis.

Según los legisladores, Karina Milei intervino facilitando encuentros entre su hermano, los lobistas y los desarrolladores del proyecto. La Secretaría General de la Presidencia quedó registrada como la oficina que autorizaba los ingresos de los empresarios vinculados al lanzamiento de la criptomoneda.

La oposición no afirma que la operatoria haya sido formalmente una estafa, pero la caracteriza como un “esquema de fraude planificado”, de acuerdo con los términos empleados en el informe. Aunque no se precisa un monto exacto, los diputados estiman que las transacciones asociadas rondaron entre U$S100 y U$S 120 millones.

Dentro del análisis técnico incluido en el texto, sobresale la explicación del diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) sobre el mecanismo que, según él, habría operado en la operatoria: “Creemos que hubo ardid y engaño con una típica figura, que es la de rug pull, un patrón de estafa muy común en el mundo de las criptomonedas donde hay una alta concentración inicial de ofertas; posteo de una persona pública que hace conocida la existencia de la criptomoneda; la entrada de compradores y luego un retiro de fondos por parte de quienes fondearon la cripto. Automáticamente su valor se desploma y los compradores se quedan sin nada. Este modus operandi ha sido comprobado en esta investigación”.

Los diputados remarcan que el aporte del Presidente fue “una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra” y que el número de contrato que Milei publicó “no era de acceso público”. En el informe señalan además: “Al día de hoy, el Presidente sigue sin explicar cómo lo obtuvo”.

El documento también subraya que la eventual responsabilidad de Milei no se limita a la promoción de la moneda digital. Según la comisión, la maniobra expuso una serie de omisiones estatales que evitaron cualquier tipo de control previo. “No hubo una evaluación previa del Estado argentino sobre $LIBRA antes de su promoción presidencial”, advierten.

La investigación legislativa detalla además el impacto económico del lanzamiento de la criptomoneda. Conforme a los registros recopilados, “un total de 114.410 billeteras sufrieron pérdidas: 498 perdieron más de U$S100.000; otras 3.144 billeteras perdieron entre U$S10.000 y U$S100.000 y solo 36 ganaron más de U$S1 millón cada una”. La disparidad entre quienes perdieron y quienes ganaron refuerza, según los diputados, la hipótesis de un esquema deliberado que benefició a un grupo selecto mientras perjudicó a miles de inversores.

Entre las conclusiones principales del informe aparecen elementos que, para la oposición, refuerzan la gravedad institucional del caso. Entre ellos, la detección de un patrón de conducta semejante entre $LIBRA y $KIP, otra criptomoneda promovida por Milei, con presuntas maniobras tipo “rug pull”; la existencia de vínculos económicos entre los actores centrales de la operatoria —entre ellos Davis, Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales—; y la confirmación de reuniones no registradas facilitadas por la Secretaría General de la Presidencia.

El informe sostiene además que la promoción de la cripto por parte del Presidente “comprometió su investidura”, al difuminar los límites entre lo público y lo privado, y que, según los legisladores, podría haber implicado violaciones a la Ley de Ética Pública y a los deberes propios del cargo.

En el capítulo final, referido a las recomendaciones, la comisión sugiere que el Congreso evalúe el posible mal desempeño de Milei en sus funciones, un procedimiento que, de prosperar, debería ser analizado por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.