Una resolución judicial en Estados Unidos reactivó las sospechas sobre el origen y los posibles beneficiarios del proyecto cripto $LIBRA, luego de que la jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, emitiera un fallo con implicancias políticas y financieras para la Argentina. Aunque la magistrada rechazó el pedido de cuatro fondos de inversión que pretendían acceder a pruebas en territorio norteamericano para vincular al Estado argentino con los activos generados por la criptomoneda, dejó abierta una hipótesis inesperada: que los fondos podrían estar relacionados con el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei o el empresario Hayden Davis.

Rochon concluyó que las evidencias aportadas por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, entre ellas, artículos periodísticos, publicaciones en redes sociales y un supuesto acuerdo entre el Gobierno y una plataforma de intercambio, no alcanzan para demostrar que el dinero de $LIBRA pertenezca al Estado argentino. En su dictamen, publicado por Lanacion.com, la jueza señaló que “las pruebas podrían sugerir” que los beneficiarios serían “el propio Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis”, quien habría retenido parte de las ganancias “con el eventual propósito de invertirlos en la economía argentina”.

La resolución, de 33 páginas, también hace referencia a las declaraciones del fiscal argentino Eduardo Taiano, quien había planteado la posibilidad de que el Estado nacional reclamara el decomiso de los fondos si se acreditaba que provenían de maniobras ilícitas. Sin embargo, Rochon aclaró que “las pruebas no permiten sostener que la República Argentina sea actualmente titular de los activos”, al tiempo que expresó sus dudas sobre la solidez de la teoría argentina, de acuerdo con la publicación del diario porteño, que lleva la firma del periodista Hugo Alconada Mon.

La magistrada cuestionó, además, la estrategia de los fondos demandantes, a la que definió como una “excursión de pesca”, por la amplitud de la documentación solicitada. Entre los pedidos figuraban registros de la plataforma virtual Meteora, utilizada para el lanzamiento del token, y citaciones a más de una decena de “influencers”, ingenieros y empresarios del sector tecnológico. Según la jueza, ese intento evidenciaba “una búsqueda general sobre el universo cripto más que un esfuerzo por obtener pruebas concretas”.

En su fallo, Rochon subrayó que, incluso si existieran vínculos financieros entre $LIBRA y allegados a Javier Milei, la vía judicial apropiada no sería la estadounidense, sino la inglesa o la argentina. Además, recordó que la sección 1782 del Código de los Estados Unidos, utilizada para solicitar la cooperación judicial, “no puede aplicarse a exploraciones especulativas ni usarse para presionar a un Estado soberano mediante conjeturas”.

El caso se origina en el reclamo de los fondos acreedores del default de 2001, que en 2023 obtuvieron un fallo favorable en Londres por más de 1.500 millones de euros. Al detectar que la Argentina no había cumplido esa sentencia, iniciaron una búsqueda global de activos para embargar. En ese contexto, intentaron asociar al Estado con el token $LIBRA, lanzado en febrero por Hayden Davis y promocionado por Javier Milei en redes sociales, lo que generó un alza abrupta y pérdidas estimadas en U$S 251 millones.

La jueza también consideró un informe de la Oficina Anticorrupción que calificó la difusión del proyecto como una “actividad personal” del Presidente, no institucional. Esa interpretación coincide con la postura oficial de la Casa Rosada, que niega cualquier participación de Milei o Karina Milei en la creación o gestión de $LIBRA. Es por eso que el propio fallo dejó una conclusión incómoda: si el proyecto fue efectivamente personal, los beneficios podrían haber alcanzado al mandatario o a su entorno, y no al Estado argentino.