El secretario de Energía de Tucumán, Martín Viola, fue convocado a declarar como imputado ante la Justicia Federal en una causa penal que investiga una presunta maniobra de suplantación de identidad. La medida fue dispuesta por el juez subrogante Guillermo Díaz Martínez, tras un pedido del Ministerio Público Fiscal.
La pesquisa, impulsada por el fiscal federal Agustín Chit, apunta al supuesto uso indebido del Documento Nacional de Identidad de otra persona para abrir una cuenta digital paga y publicar mensajes ofensivos en un medio de comunicación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, se habrían empleado datos personales ajenos para registrar la suscripción y realizar comentarios que luego fueron atribuidos a la víctima.
El expediente se inició en agosto de 2025, luego de una denuncia presentada por la apoderada de Julián Echazú Toneatti, quien advirtió que estaban utilizando su identidad sin autorización. El hombre sostuvo que había perdido su DNI tiempo atrás y que tomó conocimiento de la situación cuando el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad capitalina, Alejandro Sangenis, lo contactó para consultarle por publicaciones realizadas con su nombre y número de documento, autoría que negó de manera tajante.
A partir de la denuncia, la Fiscalía solicitó informes técnicos para rastrear la cuenta desde la cual se emitieron los mensajes investigados. Los datos obtenidos permitieron reconstruir el alta del perfil digital, posteriores cambios en la información personal y el método de pago utilizado para sostener la suscripción. Según el dictamen fiscal, el abono se habría efectuado con una tarjeta de crédito a nombre de Viola, elemento que fue considerado clave para vincularlo con la operatoria.
Durante la instrucción también se incorporaron reportes de organismos oficiales y bases de datos nacionales, entre ellas el Renaper, que revelaron que el funcionario y el denunciante vivían en el mismo edificio. Para el Ministerio Público, ese dato refuerza la sospecha de que pudo existir acceso al documento extraviado y que la utilización de la identidad habría sido intencional.
En su encuadre preliminar, el fiscal entendió que los hechos podrían configurar el delito de uso ilegítimo de documento previsto en la Ley 20.974, al considerar que el DNI no solo tiene validez física sino también digital cuando se emplea para generar efectos jurídicos. Mientras tanto, la parte denunciante rechazó cualquier instancia conciliatoria y pidió que la investigación continúe hasta esclarecer responsabilidades. Desde la defensa de Viola señalaron que el funcionario “está a derecho” y que aún no recibieron notificación formal sobre la citación a indagatoria.
