Luego de una serie de irregularidades detectadas por los primeros relevamientos y auditorías realizados por la Agencia Nacional de Discapacidad en el otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez laboral, la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS comenzó a auditar el 100% de los casos otorgados, comenzando por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguirán por las 300.000 de provincia de Buenos Aires y las casi 99.000 de la Provincia de Chaco, continuando luego por el resto del país.

La Agencia Nacional de Discapacidad, en la República Argentina, luego de realizar un relevamiento integral exhaustivo de las estructuras, los procesos, procedimientos, normas, los sistemas y base de datos de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, ha encontrado severas anomalías en su otorgamiento y gestión, por lo que ha comenzado un proceso de auditoría de todas las pensiones otorgadas en el país.

“Con estas auditorías, buscamos dar transparencia al sistema de pensiones no contributivas por invalidez laboral para que las mantengan y reciban quienes realmente lo necesiten y estén avalados por la ley”, puntualizó el director ejecutivo de la ANDIS, Dr. Diego Spagnuolo, a través de su cuenta de X.

El funcionario aclaró que el objetivo es que no se quite ningún beneficio a quien verdaderamente le corresponda, sino solamente a aquellas personas a las que le fueron otorgadas de manera fraudulenta durante las últimas gestiones, las cuales, del 2003 hasta la actualidad, pasaron de 80.000 a un poco más de 1.2 millones en todo el país.

En Capital Federal son casi 27.000 las pensiones, que comenzaron a ser auditadas esta semana. A continuación, se auditarán las más de 300 mil otorgadas en toda la provincia de Buenos Aires y luego las casi 99 mil en la provincia de Chaco, para seguidamente continuar este trabajo en todo el país.

“Todo este inmenso trabajo lo hacemos, no solo para reordenar el sistema de pensiones por invalidez laboral, sino para que, además, rindan cuentas en el ámbito que corresponda, todos aquellos funcionarios y profesionales que hayan formado parte del otorgamiento indiscriminado e irregular de estas pensiones, en perjuicio del Estado Nacional y de quienes son, en definitiva, los verdaderos destinatarios de este beneficio”, enfatizó Spagnuolo.

Cabe recordar, que el primer muestreo realizado durante este año, arrojó que, de una muestra piloto de 2.559 casos, solo el 7% de las pensiones no contributivas por invalidez laboral cumplían realmente con los requisitos establecidos para su otorgamiento. Teniendo en cuenta que los marcos normativos, así como el proceso de otorgamiento se fueron modificando y flexibilizando en anteriores gestiones, los casos van a ser estudiados uno por uno para no perjudicar a nadie.

“El gobierno del Presidente Milei vino para hacer los cambios que nadie se animó a hacer”, finalizó.