La reciente inauguración de una obra de pavimentación sobre la avenida William Cross en Las Talitas desató una fuerte polémica entre la gestión municipal y dos concejales de la oposición. Juan Ángel García y Miguel Ramos, ediles opositores a la intendenta Marta Najar (PJ), acusaron al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) de haber ejecutado la obra sin respetar los procedimientos legales de contratación. Según los concejales, la obra –que estiman supera los $600 millones– fue adjudicada mediante contratación directa sin intervención previa del Concejo Deliberante, lo que contraviene las normativas vigentes. “La avenida ya está inaugurada, y el Ejecutivo ya obtuvo su rédito político”, expresó García durante una entrevista televisiva. Por su parte, Ramos anunció que solicitarán la intervención del Tribunal de Cuentas y de la Legislatura. El cuestionamiento central radica en que el Concejo no autorizó la contratación directa antes del inicio de los trabajos. Durante la sesión en la que se trató el tema, el dictamen para pedir explicaciones fue rechazado tras un empate 5 a 5, resuelto por el voto doble del presidente del cuerpo, afín al oficialismo. “Lo único que pedíamos era que se dé claridad al proceso”, remarcó Ramos, integrante de La Libertad Avanza. García, en tanto, señaló que el municipio continúa utilizando una ordenanza desactualizada desde 2017 para regular contrataciones, lo que permite que las obras se ejecuten sin licitación y que las empresas cobren luego, sin auditoría previa. “Es una vieja maña de los intendentes. Arman el club de amigos del sobre papel madera, generan una mayoría afín, y nunca podemos controlar lo que hacen”, denunció. En contraste, desde la Municipalidad de Las Talitas defendieron la transparencia del proceso. En publicaciones en redes sociales, la gestión de Marta Najar destacó que la obra fue posible “gracias a una gestión municipal transparente, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia”. La controversia promete escalar, ya que los concejales anticiparon nuevas acciones legislativas y administrativas para auditar la legalidad del proceso.