El proceso fue encabezado por el fiscal titular, Carlos Picón, con la participación del auxiliar fiscal Benjamín Zavalía, y tuvo como eje un violento hecho ocurrido el 27 de julio de 2025 en un domicilio de San Miguel de Tucumán.

De acuerdo a la investigación fiscal, dos hermanas, junto a un tercer sujeto masculino, actuaron de manera conjunta, coordinada y con un claro acuerdo previo para ingresar a una vivienda durante la madrugada. Aprovechando que el inmueble no contaba con medidas de seguridad en su acceso, las imputadas ingresaron al interior del domicilio con el objetivo de apoderarse de bienes ajenos.
Una vez en el interior, amenazaron de muerte a la persona que se encontraba en el lugar, ejercieron una violencia extrema, propinándole golpes de puño, patadas y pisotones, lo que le provocó diversas lesiones que requirieron atención médica y generaron días de incapacidad. Bajo un clima de constante intimidación, las agresoras lograron sustraer dinero en efectivo, un teléfono celular, prendas de vestir, perfumes, calzado y otros elementos personales. Tras consumar el robo, las imputadas escaparon del lugar en un automóvil que las aguardaba en las inmediaciones, conducido por el tercer partícipe del hecho. A partir de la denuncia, la Fiscalía impulsó una investigación que incluyó entrevistas testimoniales, informes médicos, registros fílmicos de cámaras de seguridad, allanamientos en distintos domicilios y el secuestro de elementos vinculados a la causa.

El cúmulo probatorio reunido permitió reconstruir con precisión la secuencia delictiva y acreditar tanto la participación activa de las imputadas como la existencia de un acuerdo previo y distribución de tareas, circunstancias que configuraron el agravante de haber actuado en banda.

En el marco del juicio abreviado, las imputadas reconocieron expresamente su responsabilidad penal y aceptaron la calificación legal propuesta por el Ministerio Fiscal. Como consecuencia, se resolvió condenarlas a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, en calidad de coautoras del delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda.
La sentencia también estableció una serie de reglas de conducta, entre ellas la obligación de fijar residencia, someterse al control de un patronato, la prohibición de acercamiento a la víctima y a su domicilio, la abstención del consumo de estupefacientes o del abuso de bebidas alcohólicas y la prohibición de portar armas.

Como parte del acuerdo, las imputadas realizaron además una reparación económica por la suma de dos millones de pesos, abonada en sede fiscal con anterioridad a la audiencia.