Tras una semana revolucionada para el Gobierno nacional, por las derrotas en el Congreso de la Nación y el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la oposición prepara un proyecto para limitar el uso de los decretos presidenciales, en un intento de restringir la actuación del presidente Javier Milei.
La iniciativa ya tiene dictamen de comisión y se intenta asentarla en el recinto; es clave en este escenario el apoyo del kirchnerismo y de los gobernadores. El propósito es convocar a una sesión para la primera semana de septiembre, consignó el diario Clarín, con un temario que no solo incluiría a la reforma de la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), sino también los posibles vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. También se podría incluir el veto al proyecto de coparticipación de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), que convirtió en ley Diputados.
El Senado aprobó el jueves la ley de financiamiento universitario y recomposición de los salarios docentes y no docentes, como también la ley que declara la emergencia pediátrica y de las residencias nacionales en el Hospital Garrahan. En la misma sesión, la Cámara alta también rechazó de manera definitiva cuatro decretos delegados y un DNU.
El proyecto dictaminado esta semana por todos los bloques -a excepción de La Libertad Avanza (LLA)- plantea que un DNU deberá incluir una única materia a fin de ser tratados individualmente. De esta manera, el Congreso de la Nación busca no repetir lo ocurrido con la Ley Bases en el arranque de la gestión de Milei.
La norma actual establece que solo es necesario el apoyo de una de las cámaras para ratificarlo como ley. El proyecto que analiza el Senado establece que ambas cámaras están habilitadas a tratar los DNU aún en período de receso. Pero, una de las principales reformas que se incluye es que debe tener la aprobación del Senado y de Diputados.
La propuesta también fija un plazo de 90 días corridos desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial para su aprobación. Cumplido ese plazo, el decreto quedará derogado, es decir, que se obliga al Congreso a tratar la normativa para ser ratificada y no dejarla sin ser tratada por la comisión de Trámite Legislativo. Y en caso de ser rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro sobre la misma materia durante ese año parlamentario. Sucede que al presidente de la comisión de Trámite Legislativo, Oscar Zago (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), le cuestionan que no avance con los DNU que generen “ruido” en la oposición.
