La Legislatura dio otro paso en la lucha contra el narcomenudeo, política que es estandarte de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo. Se aprobó en la sesión de ayer una modificación a la Ley de Protección de Testigos (7.860), para crear en dicha norma un régimen especial de protección integral de testigos en causas vinculadas a la venta de drogas en menor escala. Se busca de este modo garantizar la seguridad, el anonimato y la integridad física, psicológica y social de personas que colaboren en causas judiciales de estos delitos, así como de sus familiares.

La iniciativa impulsada por el legislador Carlos Najar sobresalió entre la docena de temas que se trataron en la sesión de ayer, que fue presidida por el presidente subrogante, Sergio Mansilla. La propuesta del presidente de la comisión de Seguridad y Justicia se presentó también con las firmas de sus pares del comité: Gerónimo Vargas Aignasse, Ricardo Bussi, José Cano, Matías Figueroa y Maia Martínez.

El talitense expuso en el recinto que se trata de una herramienta extra para tener la contundencia necesaria de modo que, quienes delinquen, puedan ser condenados. “Busca blindar al sistema”, remarcó.

Mejoras en la norma

Entre las modificaciones sancionadas está la incorporación de un artículo 11 en la norma, en el que se detalla que estarán comprendidas en el régimen: las personas que hayan testificado o denunciado hechos vinculados al narcomenudeo, conforme a las leyes 23.737 (nacional) y 9.188 (provincial); los denunciantes de redes locales de comercialización; y los familiares convivientes o directos del testigo principal.

A su vez, con el dictamen sancionado se incluye un artículo 12 que reza que el juez competente podría disponer de medidas como: omisión de datos personales en toda documentación pública o judicial; declaración mediante videoconferencia con distorsión de imagen y voz; exclusión de público en audiencias; prohibición expresa de difusión de la identidad del testigo; medidas de resguardo físico, custodia, relocalización y subsidios; y asistencia médica, psicológica, legal y social integral.

El parlamentario Vargas Aginasse, por su parte, remarcó que la nueva herramienta para el Poder Judicial va en la misma dirección que se inició en el 2020 con el nuevo Código Procesal Penal (8.933), para cerrar la puerta giratoria. Remarcó que cada quiosco de droga es una célula delictiva instalada en un barrio popular del conurbano de la ciudad, y que se va extendiendo cada vez más en el Tucumán profundo. “Dar esta herramienta que permita fundamentalmente a familiares de adictos de este flagelo poder avanzar con denuncias desde la cobertura anónima es un gran paso y una gran herramienta”, expuso.

Punta del iceberg

El bancario Hugo Ledesma resaltó que la iniciativa busca defender a los testigos y a los denunciantes. Acto seguido, hilvanó las novedades del caso Vélez, algo a lo que también se sumaron otros parlamentarios (ver aparte).

Silvia Elías de Pérez, por su parte, mencionó que la ordenanza sancionada “viene a dar una respuesta focalizada que hacía falta”. “Cuando hablamos de testigos aberrantes siempre se necesita proteger a los testigos, y el narcomenudeo es un delito que necesita que se proteja a los testigos”, dijo. Cuestionó que la Justicia Federal esté diezmada por falta de designación de jueces por parte de la Nación.

El radical José Cano, en tanto, señaló que todo lo que se pueda hacer es positivo para combatir un flagelo que tiene distintas aristas. Señaló que el narcomenudeo es una parte de la lucha contra el narcotráfico y que el principal pilar de esto es la prevención, la disminución de la oferta y la rehabilitación. “Muchas veces una denuncia por narcomenudeo es la punta del iceberg para empezar a investigar organizaciones narcocriminales que operan en la provincia”, marcó.

La legisladora oficialista Martínez puso énfasis en que uno de los pilares fundamentales contra el narcomenudeo es la provención. “Tenemos que luchar contra los que venden, pero también la prevención”, dijo, y consideró que se debe pedir que el presupuesto sea mayor para el cuidado de niños y adolescentes. Roque Tobías Álvarez, en el cierre, consideró que los cambios tratados representaban una mejora en la ley.

Resonaron en el recinto el caso Vélez y reproches al MPF

Uno de los pasajes más tensos de la sesión de ayer se dio cuando el legislador bancario Hugo Ledesma lanzó duros cuestionamientos por las novedades que surgieron del caso Vélez. Reprochó el accionar de funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF), principalmente del ministro Edmundo Jiménez, y repudió la denuncia en contra del diputado nacional Carlos Cisneros, los abogados Patricia Neme y Franco Venditti, la denunciante y su padre, las testigos y otras dos personas, así cómo un intento de allanamiento al medio de prensa Enterate. “Es un apriete armado desde la cabeza del MPF”, disparó ante la presencia de mujeres de la Asociación Bancaria y de colectivos feministas que se manifestaron en el palacio espejado.

Silvia Elías de Pérez, José Cano y José Seleme, entre otros, se sumaron a los cuestionamientos. “El MPF no puede ser un instrumento para intereses judiciales. Lo que ocurrió remite una enorme gravedad”, dijo el ex diputado. Walter Berarducci mocionó que las acusaciones sean remitidas a la comisión de Juicio Político debido a la gravedad de lo expresado, pero no hubo votos suficientes.

El presidente del bloque Justicialista, Roque Tobías Álvarez, aclaró que cualquier legislador puede pedir un juicio político contra otro funcionario, con o sin debate, y expresó su repudio por lo sucedido en las oficinas de Enterate. “Lo repudiamos, así como repudiamos hace unos años la quema de toda la edición de un diario”, concluyó.

La sesión cayó por falta de quórum cuando se iban a tratar los asuntos reservados; entre ellos, dos proyectos de resolución en repudio por el intento de ingreso al medio de comunicación.

Jaldo vetó la ley que promovía los autos eléctricos

El gobernador Osvaldo Jaldo vetó en forma total el proyecto de ley sancionado por la Legislatura en la sesión anterior, que establecía un régimen de exención y reducción progresiva del Impuesto a los Automotores y Rodados para vehículos eléctricos e híbridos. El objetivo de la norma, que fue impulsada por la radical Silvia Elías de Pérez, era fomentar la producción, comercialización y uso de estas unidades en toda la provincia.

Mediante el Decreto N° 2815/13 (MEyP), que también firmó el ministro Daniel Abad (Economía y Producción), se fundamentó en la incompatibilidad de la iniciativa con la estrategia provincial de transición energética. Según lo expuesto, Tucumán ha definido una política pública clara orientada a los biocombustibles, en particular al bioetanol producido a partir de la caña de azúcar.

La parlamentaria opositora se expresó en desacuerdo con la determinación que tomó el Poder Ejecutivo y lo dejó saber en el debate de ayer, al respaldar una iniciativa para promover el turismo sostenible y sustentable en la provincia (impulsada por Francisco Serra), con el fin de desarrollar las economías regionales garantizando el equilibrio con los recursos naturales. Al hacer uso de la palabra, reprochó que el Gobernador haya vetado la ley para promover el uso de autos no contaminantes y que, anteriormente, haya hecho algo similar con un proyecto para una ley de guardaparques.

La propuesta vetada establecía una exención total del impuesto a la patente durante los dos primeros años desde la inscripción del vehículo eléctrico o híbrido, con un aumento paulatino lo años siguientes.