Aunque la causa por el homicidio de Esteban Brito Chía ya se cerró judicialmente, sigue abierta una segunda investigación en la Justicia Federal por presunta comercialización de marihuana. El episodio, ocurrido en mayo de 2021 y conocido como “el crimen de las flores”, ahora está en el centro de una disputa legal que reflota el debate sobre el uso, producción y venta de cannabis en Argentina.

El hecho ocurrió cuando Santiago Haywaard intentaba concretar una venta de 300 gramos de flores de marihuana. Brito Chía, acompañado por dos personas, lo abordó con un arma de juguete para robarle. Su hermano Mariano intervino y disparó, provocándole la muerte. En un juicio abreviado, Mariano fue condenado a tres años de prisión condicional por homicidio con exceso en la legítima defensa.

En paralelo, el fiscal federal Pablo Camuña investiga si los hermanos vendían cannabis de forma ilegal. Sostiene que existen pruebas suficientes para acusarlos de comercialización de estupefacientes. El abogado defensor, Patricio Char, lo niega y pidió el sobreseimiento argumentando que no se comprobó el nivel de THC del material incautado, requisito clave según la legislación actual.

Char también apeló a las nuevas leyes de regulación del cannabis y aseguró que, sin esa pericia, no se puede considerar que los acusados hayan traficado droga. Destacó que el marco legal cambió y que las normas deben aplicarse de manera retroactiva si resultan más favorables.

El fiscal Camuña respondió que el régimen legal actual es administrativo y no penal, y que no aplica a este caso. Afirmó que no hay constancia de que los acusados tuvieran permisos para cultivar, transportar o vender cannabis bajo el Reprocann o cualquier otro programa estatal.

La jueza Ana Carina Farías aceptó la apelación y el expediente fue elevado a Comodoro Py, donde se definirá si la causa va a juicio o si se dicta el sobreseimiento. El fallo podría demorar varios meses y sentar un precedente importante en el tratamiento legal del cannabis en la provincia.