El presidente Javier Milei desató una fuerte controversia tras la publicación de un mensaje en la red social X en el que mencionaba la criptomoneda $LIBRA. La publicación encendió el debate sobre si un jefe de Estado puede promocionar un activo financiero volátil y si este tipo de acción podría constituir un ilícito.
Mientras algunos analistas y usuarios de redes sociales lo acusaron de incurrir en fraude, el abogado y presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht, descartó que, a simple vista, la conducta del mandatario represente un delito.
¿Es delito promocionar una criptomoneda?
La discusión gira en torno a dos posibles maniobras fraudulentas en el mundo cripto:
- Pump and Dump: consiste en inflar artificialmente el precio de un activo con promoción excesiva para luego vender masivamente, provocando una caída en la cotización y dejando perjudicados a los inversores.
- Rug Pull: implica la creación de un proyecto cripto con el único fin de recaudar fondos y desaparecer, dejando a los inversores sin posibilidad de recuperar su dinero.
Según Licht, el tuit de Milei no encajaría en ninguna de estas figuras, ya que la volatilidad por sí sola no implica un fraude. Para que exista delito, debería probarse una intención de engaño y ocultamiento de información.
El rol del Estado y el debate sobre la regulación
El mercado de criptomonedas no está regulado en Argentina, lo que deja a los inversores sin protección legal ante posibles fraudes. Según Licht, el desafío del Estado no es prohibir estos activos, sino establecer un marco normativo que diferencie los proyectos legítimos de las estafas.
Entidades como el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores podrían intervenir exigiendo mayor transparencia y supervisando las plataformas de inversión. Sin embargo, hasta el momento, no hay regulaciones claras en el país.
Conclusión: ¿riesgo o fraude?
Mientras el debate sigue abierto, la polémica en torno a $LIBRA expone la falta de un marco legal sólido para las criptomonedas en Argentina. La cuestión no es si un presidente puede hablar de estos activos, sino si existen regulaciones que protejan a los inversores de posibles engaños.
Por ahora, la promoción de una criptomoneda no es delito en sí mismo, pero el caso reaviva la discusión sobre el papel del Estado en un mercado de alto riesgo.
