Una denuncia penal fue presentada en los tribunales federales contra el presidente Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el excanciller Gerardo Werthein y el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, por presuntos delitos contra la soberanía nacional. Según la presentación, los funcionarios habrían delegado de manera “ilegal y de facto” la ejecución de la política cambiaria argentina a los Estados Unidos.

De acuerdo con la denuncia, los hechos se habrían concretado mediante la “intervención fáctica” de una potencia extranjera en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), ámbito bajo la órbita del BCRA, con el objetivo de influir en la cotización del dólar oficial y financiero (CCL).

La presentación fue impulsada por el economista Claudio Lozano, el abogado Jonatán Baldiviezo, la ingeniera María Eva Koutsovitis y el abogado Marcos Zelaya, junto a Unidad Popular, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el colectivo La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. El expediente recayó en el Juzgado Federal12, actualmente vacante y subrogado por el juez Julián Ercolini.

Los denunciantes sostienen que Milei habría “negociado con Donald Trump la delegación de la política cambiaria” y que Caputo habría acordado su implementación con Scott Bessent, mientras el Banco Central “permitía la continuidad de la intervención extranjera”. Aseguran que la participación del Tesoro de los Estados Unidos en el MULC se realizó por medio de entidades financieras como Santander, Citi y JP Morgan, con operaciones destinadas a influir en el valor del peso argentino.

En el texto judicial se advierte sobre la “gravedad institucional” del caso, afirmando que no existen antecedentes de una cesión tan explícita de facultades soberanas, ni siquiera durante gobiernos de facto. Además, los denunciantes sostienen que la intervención extranjera habría estado acompañada por condiciones y exigencias en sectores estratégicos como energía, minería, uranio, litio y petróleo, a cambio de apoyo económico, consignó el diario «Ámbito».

Entre los delitos imputados se incluyen Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Infidelidad Diplomática, Abuso de autoridad, Violación de los deberes de funcionario público, Fraude contra la Administración Pública y Agiotaje financiero, todos previstos en el Código Penal.

La denuncia acusa a los funcionarios de incumplir su juramento de lealtad y patriotismo, calificándolos de “traidores a la patria” por haber permitido la injerencia extranjera en la política monetaria. 

Finalmente, se advierte que esta “delegación ilegal” habría transferido a una potencia extranjera la capacidad de determinar el valor del peso, el sistema de precios y la competitividad de la economía argentina, afectando directamente los intereses nacionales.