Con 142 votos afirmativos, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que establece un aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios, junto con la actualización del bono extraordinario y la restitución de la moratoria previsional. La iniciativa fue impulsada por bloques opositores y ahora deberá ser debatida en el Senado. Desde el Gobierno nacional, el presidente Javier Milei anticipó que vetará la norma en caso de que avance.
El proyecto contempla además la suba del bono mensual de $70.000 a $110.000, con actualización automática por índice de movilidad, y establece que la Anses deberá transferir fondos de forma automática y ajustada por inflación a las provincias que conservan sus propias cajas previsionales.
Durante el tratamiento, la oposición argumentó que la propuesta cuenta con alternativas de financiamiento, entre ellas la eliminación de ciertos beneficios fiscales considerados regresivos y el redireccionamiento de partidas presupuestarias asignadas a organismos como la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El oficialismo, sin embargo, advirtió que la medida representa un gasto adicional estimado en U$S 12.000 millones, equivalente al 1,8% del PBI, lo que comprometería el equilibrio fiscal.
La votación mostró divisiones internas en varios bloques. Mientras que Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda votaron en favor, el PRO y buena parte de la UCR se abstuvieron. En cuanto a los representantes tucumanos, acompañaron la medida Pablo Yedlin y Carlos Cisneros, así como también el bloque Independencia —alineado con el gobernador Osvaldo Jaldo— y el diputado radical Roberto Sánchez, lo que fue interpretado como un gesto político significativo.
Además, el kirchnerismo logró aprobar otra medida clave: la prórroga por dos años de la moratoria previsional que había vencido el 31 de marzo. Esta iniciativa fue respaldada por 111 votos positivos frente a 100 negativos, aunque al igual que el proyecto anterior, no alcanzó los dos tercios necesarios para sortear un eventual veto presidencial.
La reacción del presidente Milei no se hizo esperar. A través de su cuenta de X, calificó la propuesta como “demagogia populista” y reafirmó que vetará cualquier ley que, a su criterio, atente contra el déficit cero. En la misma línea se pronunció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al recordar ante empresarios que el Gobierno desmanteló programas y recortó fondos justamente para sostener el equilibrio fiscal.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también cuestionó la decisión del recinto. “Se esconden detrás de causas nobles para romper el equilibrio fiscal que tanto costó conseguir”, escribió en redes sociales.
El futuro de la ley ahora dependerá del Senado, donde aún no está garantizada su aprobación. Incluso si se aprueba, el presidente puede ejercer su poder de veto, y el Congreso necesitaría una mayoría especial para revertirlo. Por ahora, la oposición festeja un avance legislativo, mientras el oficialismo refuerza su narrativa del ajuste como único camino posible.
