La investigación impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) contra varios municipios tucumanos fue puesta en el centro del debate tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como en la Legislatura provincial. Fueron detectadas operaciones bancarias sospechosas por aproximadamente $37.000 millones entre 2023 y 2024, involucrando a las administraciones de Banda del Río Salí, Famaillá, Lules y Monteros.
El diputado radical Roberto Sánchez llevó la denuncia al recinto de la Cámara Baja, donde fueron planteadas serias dudas sobre el destino de los fondos.
“Se ha revelado que en algunos municipios oficialistas fueron extraídas sumas millonarias mediante cheques al portador. Sólo en Banda del Río Salí, fueron emitidos cheques por $17.000 millones, que equivaldrían hoy a unos $75.000 millones”, expuso el legislador.
Además, fue enfatizado que ese dinero habría sido suficiente para dotar a la ciudad de gas natural, cloacas y mejoras en el suministro de agua potable. “Debe investigarse hasta el final para que sea esclarecido el destino real de los recursos de los contribuyentes tucumanos”, reclamó Sánchez.
Impacto en la Legislatura Provincial
El tema también fue abordado en la Legislatura provincial, donde el legislador Ricardo Bussi expresó su preocupación por lo que consideró un manejo irregular de fondos públicos.
“Un despilfarro increíble ha sido detectado en Tucumán”, señaló. Fueron denunciados movimientos sospechosos por $40.000 millones, incluyendo los $17.000 millones extraídos en Banda del Río Salí.
Bussi también hizo hincapié en que, hasta el momento, no han sido presentados recibos ni documentación que respalde el uso de esos fondos.
“De solo recorrer estos municipios, puede observarse que los recursos no han sido invertidos en infraestructura, salud ni seguridad. Se han encontrado cinturones de pobreza cada vez más críticos y se ha agravado la situación de inseguridad”, afirmó el legislador.
Vinculación con el Ministerio de Gobierno
Asimismo, fue relacionada esta operatoria con una partida de $7.500 millones que habría sido asignada al Ministerio de Gobierno, a cargo de Regino Amado.
“Se ha identificado un decreto publicado en el Boletín Oficial, donde se establece la entrega de esta suma millonaria. No ha sido aclarado el destino de estos fondos, y se ha señalado la falta de transparencia en la ejecución presupuestaria”, concluyó Bussi.
La denuncia de la Procelac ha generado un fuerte revuelo político y se espera que en los próximos días sean avanzadas las investigaciones judiciales para determinar responsabilidades.
