El Consejo Federal del Comité Contra la Tortura exigió a las autoridades de Tucumán investigar abusos policiales y mejorar las condiciones de detención. La demanda se hizo pública tras la primera sesión ordinaria del 2025, realizada el 15 de abril en la UNT, con participación de representantes de 14 provincias.

Durante el encuentro, se señalaron graves obstrucciones al trabajo de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. “Funcionarios legislativos no pueden acceder a lugares de detención”, afirmó Kevin Nelsen, integrante del Consejo. Esta situación fue atribuida a una decisión del Poder Ejecutivo, que restringió el acceso a comisarías y cárceles desde fines de 2024.

Fernando Korstanje, comisionado civil, explicó que la medida fue justificada por la falta de integrantes del Ministerio Público y la Legislatura en la Comisión. Sin embargo, remarcó que nunca antes se les había negado el ingreso, y advirtió que eso impide tomar contacto con personas detenidas.

Uno de los puntos más alarmantes fue la denuncia de violencia institucional cometida por la Policía de Tucumán. Se hizo foco en los operativos conocidos como «trencito», realizados en barrios populares del Gran San Miguel de Tucumán. “Allanamientos sin orden, golpes y detenciones arbitrarias fueron reportados”, denunció Korstanje. Las víctimas fueron trasladadas sin notificación a comisarías, mientras las denuncias fueron desestimadas por el Ministerio Público Fiscal.

El Consejo Federal responsabilizó a la Legislatura, por no derogar la Ley de Contravenciones, que permite arrestos arbitrarios y facilita los abusos.

En cuanto a la situación carcelaria, se advirtió sobre hacinamiento extremo, falta de alimentación adecuada, y ausencia de atención médica en el penal de Benjamín Paz. “Escuchamos testimonios desgarradores de madres y esposas de presos”, indicó Korstanje. A los internos no se les permite el contacto con sus hijos, y los familiares graban las denuncias de espaldas por miedo a represalias.

También se alertó sobre la propagación de enfermedades como sarna y tuberculosis. Según un médico del Siprosa, “nunca se habían registrado tantos casos”. La falta de atención médica ya provocó muertes. Korstanje advirtió que esto representa un riesgo sanitario para guardias, policías y familiares.

El Consejo pidió al Ejecutivo provincial que cese con los impedimentos al accionar de la Comisión. También exigió a la Legislatura completar la integración del organismo. Al Ministerio Público de la Defensa, se le solicitó impulsar acciones judiciales. Al MPF, investigar denuncias de tortura y muertes bajo custodia. Al Poder Judicial, se le pidió que controle y sancione hechos de violencia institucional.

“Las violaciones a los derechos humanos no pueden seguir siendo ignoradas”, concluyó el Consejo.