Durante su última gira en Washington, además de cerrar la instancia técnica de la segunda revisión del acuerdo con el FMI, el ministro de Economía, Luis Caputo, empezó a relevar su estrategia financiera para cubrir los próximos vencimientos de deuda e hizo referencia a las privatizaciones como una alternativa para sumar dólares este año.
En paralelo, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas está trabajando en los pormenores para publicar el contrato de concesión y luego llamar a la licitación para ofrecer al sector privado las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa). Según pudo saber TN a través de dos fuentes con conocimiento del tema, la intención del Ejecutivo es oficializar esas instancias administrativas antes de fin de mes y conseguir a través de esta operación una recaudación estimada de US$500 millones.
Lo cierto es que el proceso para concretar las privatizaciones viene demorado. De hecho, en el caso de Aysa, originalmente estaba previsto lanzar el llamado a licitación antes de fin de año y luego se habló de materializar ese objetivo durante el primer trimestre de 2026. En ese contexto es que los funcionarios esperan definir la convocatoria en los próximos días.
De todos modos, el traspaso a manos privadas no será inmediato. Después de publicar la licitación se deben conocer las ofertas y evaluar luego las capacidades técnicas y la solvencia económica de las empresas participantes. Hasta que finalmente se adjudique, se calculan unos tres meses más.
En el Ejecutivo aseguran, además, que existen grupos empresariales interesados. Entre ellos, mencionan a Sabesp, la empresa de gestión de aguas y residuos con sede en San Pablo; la francesa Veolia; el grupo Roggio e incluso se habla de un holding que cuenta con una parte de su negocio en la Argentina y otra en el exterior.
La privatización de Aysa se definió en la Ley Bases y permite que un operador privado maneje el paquete accionario que el Estado tiene en la compañía, equivalente a 90% del total, y que el 10% restante quede en manos de los trabajadores.
Más adelante, en julio del año pasado, se autorizó el procedimiento de privatización y se definió que la concesión abarcará el 51% de las acciones que tiene el Estado, mientras que en una segunda etapa, la empresa tiene planificado lanzar una oferta pública inicial para colocar el 39% restante de las acciones en la Bolsa.
En ese entonces también se oficializó el marco regulatorio para la prestación del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A través de esa normativa, se habilitó a que la empresa que se quede las acciones de Aysa pueda, por ejemplo, cortar el suministro en caso de mora en el pago.
En su objetivo por volver más atractivo el negocio para la privatización, el Gobierno aprobó hace unos días el presupuesto 2026 para Aysa. Allí prevé que este año, la firma cerrará con un superávit financiero de $4886 millones.
Privatizaciones para cubrir vencimientos de deuda
Así como Aysa, la Ley Bases habilitó el proceso de privatización de Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE), Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Hace unos días, durante su participación en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, Caputo habló sobre las opciones con las que planifica cubrir los próximos vencimientos de deuda y aseguró que podría captar unos US$2000 millones a través de las privatizaciones. El compromiso más exigente que tiene por delante es el de julio, cuando se deben pagar US$4200 millones a los bonistas.
Más allá de esto, el equipo económico avanzó en negociaciones para obtener una garantía de US$2000 millones con el Banco Mundial y otra de US$550 millones con el BID. También se espera un aporte similar por parte de la CAF. A esto se sumarían fondos recaudados a través de las emisiones de deuda en dólares en el mercado local. Con todo, Caputo apunta a sumar unos US$10.000 millones.
“La magnitud de esta estrategia cobra relevancia al considerar el calendario de vencimientos: hasta fin de 2026, el Tesoro enfrenta compromisos en moneda extranjera por cerca de US$9000 millones. Por eso el fondeo fuera del mercado internacional, todavía oneroso, es vital», consideraron los analistas de GMA Capital.
