El Gobierno nacional decidió apelar el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 que ordenó dejar sin efecto la aplicación del protocolo antipiquetes, al considerar que se trata de una herramienta legítima, respaldada por la mayoría de la sociedad y necesaria para garantizar el derecho constitucional a la protesta sin afectar la libre circulación.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la apelación será presentada en los próximos días ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Desde el Ejecutivo sostienen que los operativos de seguridad “garantizan la paz social” y rechazan el argumento del juez Martín Cormick, quien consideró que el protocolo carece de legitimidad.

“El 70% de los argentinos está a favor del protocolo. Esto es político. Se va a apelar. No vamos a dar un paso atrás. Vamos a ir contra esta medida que va en contra de los argentinos. Sin protocolo vuelve el desorden. Sin protocolo, no hay orden”, señalaron desde la Casa Rosada.

El fallo cuestionado hizo lugar a una acción de amparo y determinó que el procedimiento antipiquetes presenta vicios en su conformación, al entender que el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades que la Constitución reserva al Congreso. En particular, el magistrado consideró que la Resolución 943/2023, mediante la cual se puso en marcha el protocolo, avanzó sobre materias penales y procesales que no le corresponden al Ministerio de Seguridad.

El mismo juez había rechazado en marzo suspender estos operativos y que incluso asistió personalmente a una marcha de jubilados para supervisar su implementación. En esta oportunidad, sin embargo, falló a favor del recurso presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Desde el Gobierno rechazaron de plano esa interpretación y remarcaron que “la Justicia ya ha validado en reiteradas ocasiones” la constitucionalidad de los operativos policiales cuando se cuestionó su legalidad. En ese sentido, insistieron en que el protocolo no limita derechos sino que “ordena la metodología” de las manifestaciones y garantiza el ejercicio del derecho a protestar.

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, emitió además un comunicado en el que confirmó la apelación y advirtió que, de dejarse sin efecto la herramienta, “vuelve el caos”. En el texto, la cartera sostuvo que el procedimiento “es legítimo”, cuenta con “fundamentos técnicos, jurídicos y operativos” y permitió “garantizar la libre circulación y que las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar, circular y vivir en libertad”.

La propia Monteoliva se expresó a través de su cuenta de X, donde afirmó que “este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”. “Vamos a defenderlo a toda costa, porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, escribió la funcionaria, en un mensaje que luego fue replicado por el presidente Javier Milei.

Desde el oficialismo también recordaron que el mismo magistrado había ordenado recientemente implementar la Ley de Financiamiento Universitario, al igual que la Emergencia en Discapacidad, ambas actualmente suspendidas pese a haber sido aprobadas por el Congreso.

En esa línea se expresó la ex ministra de Seguridad y actual diputada nacional, Patricia Bullrich, quien también insinuó una motivación política detrás del fallo y remarcó que el protocolo fue avalado por numerosos jueces y cuenta con respaldo social.

“¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización. Los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”, escribió la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta.