A través del Decreto 28/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó el inicio de la privatización
de rutas nacionales, una política anunciada previamente por el presidente Javier Milei.
La medida delega en el sector privado la administración, mantenimiento y explotación de diversos tramos estratégicos del corredor vial 18,
con el objetivo de optimizar su gestión y reducir el gasto público.
La iniciativa abarca rutas nacionales de gran relevancia para la conectividad terrestre del país y del Mercosur. Entre los segmentos incluidos en la concesión figuran:
- Ruta Nacional 12: Zárate-Ceibas y Ceibas-Gualeguay.
- Ruta Nacional 14: Ceibas-Paso de los Libres.
- Ruta Nacional 135: Colón-General Artigas.
- Ruta A-015: Concordia-Represa Salto Grande.
- Ruta Nacional 117: Paso de los Libres-límite con Brasil.
- Ruta Nacional 174: Rosario-Victoria.
El corredor vial 18 conecta regiones clave del litoral argentino y vincula a tres países del Mercosur: Argentina, Brasil y Uruguay. Además, integra puntos estratégicos como la Represa Binacional Salto Grande y el puente internacional Agustín P. Justo.
Motivaciones del Ejecutivo
El Gobierno justificó la medida destacando que las rutas actualmente gestionadas por la Dirección Nacional de Vialidad presentan un alto costo de mantenimiento y operatividad que impacta negativamente en el presupuesto nacional. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, la administración pública “ha operado de manera deficitaria” en este sector.
“Esto permitirá reducir el gasto público y garantizar un mantenimiento más eficiente a través de la participación del sector privado”, aseguró Adorni, quien también enfatizó que el esquema eliminará monopolios y fomentará la competitividad entre empresas interesadas en las concesiones.
Detalles del proceso
El Decreto 28/2025 otorga al Ministerio de Economía la responsabilidad de organizar el proceso licitatorio. Esto incluye la elaboración de pliegos, la definición de especificaciones técnicas y la adjudicación final de las concesiones.
La concesión por peaje no solo contempla la construcción y el mantenimiento de los tramos asignados, sino también la habilitación de explotaciones complementarias para generar ingresos adicionales.
La decisión de privatizar el corredor vial 18 no solo tiene implicancias económicas, sino también logísticas y geopolíticas, al consolidar una red vial fundamental para el comercio internacional del Mercosur. “Es una infraestructura de suma importancia para el desarrollo regional y la integración del país con sus vecinos”, remarcaron fuentes oficiales.
Sin embargo, la medida también genera interrogantes respecto al acceso y la equidad, especialmente para las comunidades que dependen de estas rutas y podrían verse afectadas por los peajes que establezcan las nuevas concesionarias.
El Gobierno se comprometió a completar el proceso licitatorio en el plazo de un año, marcando un punto de inflexión en la administración de rutas nacionales. La medida busca establecer un modelo sustentable que combine eficiencia económica, competitividad y conectividad estratégica.
Con esta privatización, el Poder Ejecutivo avanza en la implementación de políticas orientadas a la reducción del gasto público y la transferencia de responsabilidades al sector privado, en línea con los objetivos anunciados por el presidente Javier Milei al asumir su mandato.
