El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de la administración de 6.000 kilómetros de la red vial nacional. La medida, formalizada a través de la Resolución 1284/2025 del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial, establece un plazo de 12 meses para transferir la gestión de estas rutas a operadores privados y disolver la compañía estatal.
Esta decisión va de la mano con la política de reducción del sector público impulsada por Javier Milei y se basa en la Ley 27.742 (Ley Bases) y los decretos reglamentarios 695/2024 y 97/2025, que incluyen a Corredores Viales S.A. en el listado de empresas sujetas a privatización.
El proceso de privatización estará coordinado por el Ministerio de Economía, con la participación de la Secretaría de Transporte y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. El plan contempla la rescisión de los contratos de concesión vigentes, la adjudicación de los corredores a nuevos operadores privados y la posterior disolución y liquidación de la empresa estatal.
La extinción de contratos
La resolución ministerial otorga a la Secretaría de Transporte la responsabilidad de inventariar los bienes que deberán ser restituidos al Ministerio de Economía, elaborar la documentación necesaria para la extinción de contratos, definir la nueva conformación de los tramos de la red nacional, evaluar el estado de las obras e infraestructura y solicitar la rescisión de convenios no prioritarios.
El decreto 416/2025 estipula que todo el proceso de licitación y adjudicación de las concesiones se realizará a través de la plataforma digital Contrat.AR. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas se encargará de coordinar las acciones para cumplir con el cronograma establecido, incluyendo la valuación de los flujos de fondos futuros derivados de la explotación por peaje y la tasación de los bienes de la compañía, tarea que estará a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nación u otro organismo público competente.
La Secretaría de Transporte, con el apoyo técnico de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, preparará la documentación técnica, contractual y licitatoria, pudiendo solicitar apoyo técnico a Corredores Viales S.A. durante la transición.
La medida abre la puerta a la participación de operadores privados, tanto nacionales como internacionales, en la concesión de rutas y autopistas bajo el régimen de obra pública por peaje, impactando directamente en la gestión de la red vial nacional. Según datos oficiales disponibles hasta junio de 2024, Corredores Viales contaba con 3.307 empleados y registró un superávit financiero de $5.200 millones en el primer semestre de ese año, lo que le permitió operar sin necesidad de recibir transferencias del Tesoro Nacional.
