La ministra Bullrich presentó una resolución que otorga asistencia legal para el personal de las fuerzas federales: «Junto con el presidente, hay una decisión de proteger el trabajo fundamental de las fuerzas de seguridad»

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, detalló hoy los puntos más importantes sobre la Resolución que modifica la asistencia legal para personal de las fuerzas federales en causas que resulten consecuencias del ejercicio de sus funciones.

En la conferencia de prensa, llevada a cabo en la sede ministerial de la calle Gelly y Obes, la funcionaria estuvo acompañada por su Jefe de Gabinete, Dr. Carlos Manfroni, el Secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro y el Director de Jurídicos del ministerio, Dr. Diego Goldman.

Dicha resolución deroga la anterior, publicada el 14 de julio de 2023 y establece que la Policía De Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina y el Servicio Penitenciario Federal brindarán a su personal, tanto en situación de actividad como de retiro, la asistencia legal, patrocinio o defensa jurídica que sean necesarias cuando los agentes se vean envueltos en causas judiciales como consecuencia del ejercicio de sus funciones.

A propósito de la modificación, la ministra comentó: “El Dr. Diego Goldman, el director de jurídicos del Ministerio de Seguridad, junto al Dr. Manfroni trabajaron en la necesidad de brindarle a las fuerzas de seguridad el apoyo legal necesario cuando estas trabajan en cumplimiento de su deber”. Esto, según la ministra, contrasta con la situación de desamparo en la que se encontraban los efectivos, y señaló que “ha habido una infinidad de casos en los que han sido dejadas a su propia suerte a partir de una resolución que salió en el año 2023”, en referencia a la Resolución del Ministerio De Seguridad N° 477 del 14 de julio de ese año.

La nueva reglamentación considera que el Estado tiene el deber de contener legalmente a los agentes que deben afrontar procesos judiciales relacionados a su accionar en el cumplimiento de su deber. “Por esta razón”, continuó la funcionaria, “revisamos las normas vigentes y encontramos que aquellas que aseguraban la asistencia jurídica institucional del personal de las Fuerzas en estos casos, habían sido derogadas por el gobierno de Alberto Fernández”.

Para argumentar este cambio, Bullrich recurrió a estadísticas. Según la ministra, “las cifras son claras: en el período comprendido entre los años 2016 y 2019 -durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri-, la Policía Federal Argentina ejerció la defensa en un total de 927 casos; la Gendarmería Nacional, en un total de 29 casos; el Servicio Penitenciario Federal, en 276 casos y la Prefectura Naval Argentina en 36 casos. Sin embargo, estos números se redujeron drásticamente en el período posterior: entre los años 2020 y 2023 esas intervenciones resultaron en un total de 235, 21, 150 y 11 casos respectivamente”. Pero advirtió: “No es porque hubiera una visible reducción del delito, al contrario. Mientras la inseguridad aumentaba, la protección a los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales se reducía”, agregó la ministra.

La ministra consideró que “el criterio adoptado por la Resolución N° 477 resultaba excesivo y arbitrario” lo cual perjudicaba los derechos del personal de las distintas fuerzas y menoscababa el respaldo institucional necesario para el adecuado ejercicio de sus funciones, “por eso consideramos imperativa su derogación”, prosiguió Bullrich. Aunque aclaró: “Por supuesto, esto no ocurrirá cuando los hechos acontecidos hubieran violado los deberes y obligaciones inherentes al estado policial, militar de gendarme o penitenciario, de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias de cada fuerza”.

Finalmente, concluyó su alocución dirigiéndose a los uniformados: “Sepa cada oficial de cada Fuerza que se encuentre bajo el ala del Ministerio que hoy me toca encabezar, que tiene un respaldo sólido, que puede ejercer la tarea que se le ha encomendado sin temor a que el Estado lo abandone o lo señale”.