El ambicioso proyecto de modernización del edificio central del Registro Civil de Tucumán enfrenta un cambio de rumbo. Según anunció el ministro de Obras Públicas de la provincia, Marcelo Nazur, el Gobierno provincial necesita la autorización de la Nación para reformular y reducir el alcance de la obra, inicialmente planificada como una torre de siete pisos con un subsuelo de más de 5.000 metros cuadrados.Desde fines de 2023, los trabajos a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Alfa y Queñoa quedaron paralizados, tras alcanzar solo un 10% de avance físico. Esto incluye excavaciones y la compra de materiales, pero dejó un enorme pozo en el patio del histórico edificio de la calle 24 de Septiembre al 800.El proyecto original, financiado por un presupuesto nacional de $1.100 millones, sufrió interrupciones por falta de continuidad en los fondos federales. Sin embargo, la UTE ya había recibido un anticipo del 20% del presupuesto, equivalente a $200 millones. Ante este panorama, la provincia busca una alternativa: rellenar el pozo y construir una planta baja y un primer piso, adaptando la obra al contexto económico actual.

La importancia de la ley de emergencia en obra pública

El reciente marco de emergencia sancionado por la Legislatura de Tucumán permite reformular contratos existentes, facilitando una reducción en los ítems acordados. “Sin la ley sería imposible, porque existe un contrato de obra firmado que hoy está técnicamente neutralizado”, explicó Nazur.

Además, el aval de la Nación resulta indispensable para avanzar en la reformulación del proyecto. En diciembre, el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, firmaron un Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas que incluye mecanismos para ordenar las cuentas públicas y destrabar financiamiento para obras clave en la provincia, como el Procrear II y el acueducto de Vipos.

Un cambio necesario para garantizar la continuidad

Nazur destacó que la intención es realizar una obra “realizable” y en línea con la situación económica del país. La reformulación, además de optimizar el uso del anticipo ya desembolsado, busca garantizar que el proyecto no quede en el abandono.

El diseño original incluía la remodelación y preservación del sector histórico, junto con la construcción de una plaza seca de 500 metros cuadrados en la parte trasera. Ahora, el objetivo inmediato es asegurar un uso práctico y funcional del espacio, mientras se trabaja en el proceso de aprobación y adaptación del proyecto.

Con esta estrategia, el Gobierno provincial espera no solo avanzar en una obra de gran valor simbólico e histórico, sino también optimizar recursos en un escenario económico desafiante.